¿Qué intereses son los que cuentan?

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Resumen elaborado por: Luis Alejandro Palacio García

En el conflicto que surge de la concurrencia de intereses desiguales en el seno de la empresa, existen dos bandos diferenciados cuyos ponentes coinciden en afirmar que las empresas, en especial las grandes sociedades anónimas, no deberían ser dirigidas según el interés de sus accionistas propietarios solamente. Uno de los bandos está formado por los gerentes y los empleados de las grandes empresas, frecuentemente respaldados por los suministradores y las autoridades de las localidades donde esas empresas tienen sus operaciones. El otro, por una fauna de académicos y activistas que piensan que la persecución de beneficios es, o bien socialmente inadecuada o directamente inmoral. Ambos grupos están dispuestos a caracterizar a los accionistas como individuos no comprometidos, propietarios distantes sin ninguna fidelidad hacia la empresa y carentes de toda preocupación diferente a sus estrechos intereses egoístas en las ganancias financieras a corto plazo. Individuos que, o bien no merecen que sus intereses sean los predominantes, o bien son incapaces de percibir cuáles son realmente sus intereses a largo plazo. En consecuencia, la empresa debería perseguir objetivos sociales o debería atender los intereses de la gente que está realmente involucrada en la organización.

Contra esta posición hay una tercera alianza constituida por los inversores, tan­to privados como institucionales, junto a los bancos de inversión y al sector de in­termediarios en las operaciones bursátiles así como un conjunto de economistas firmes defensores del mercado libre. Esta alianza argumenta que la búsqueda del máximo valor de la empresa aumenta la eficiencia económica. Los gerentes atrincherados en sus pues­tos, los empleados preocupados en sí mismos, los suministradores que no son competiti­vos y los gobernantes incompetentes, intentan desviar la atención hacia otras preocupa­ciones simplemente porque quieren escapar de la disciplina del mercado y usar los re­cursos de los propietarios para sus propios fines. Permitir que los gerentes y los administradores persigan fines distintos al máximo valor de las empresas que les han sido confiadas es incitarlos al calamitoso riesgo moral de actuar en su propio servicio. El re­sultado es que éstos simplemente perseguirán su propio interés, tal vez teniendo en cuen­ta el de sus aliados.

Sin duda no es éste el lugar para resolver esta disputa. No obstante, podemos ofrecer algunas observaciones basadas en las ideas que hemos desarrollado. En un sistema de mercados competitivos y completos, los argumentos en favor de gestionar la empresa persiguiendo los máximos beneficios o el máximo valor de la em­presa son en gran medida intachables. Análogamente, si los costes de negociación son bajos y los derechos de propiedad están bien definidos, garan­tizados y son negociables, es decir, si el teorema de Coase fuera aplicable, no habría base alguna para quejarse por que la empresa persiga el interés de sus accionistas. Lamenta­blemente, no vivimos en un mundo semejante.

En la realidad, las decisiones adoptadas en las empresas pueden afectar a muchas
personas de diferentes maneras, que no son adecuadamente tratadas por el mercado. Las extenalidades tales como la contaminación son un ejemplo. Una firma que decide conta­minar puede aumentar su valor a expensas de otros, es improbable que este curso de acción promueva la eficiencia general cuando no podemos contar con los mecanismos de la negociación para asegurar que la empresa reconozca la totalidad de los costes y beneficios de sus acciones. De manera similar, si la empresa trata con clientes simples y mal informados, podría ganar disminuyendo la eficiencia al venderles bienes de mala calidad o
incluso peligrosos.

En tales situaciones, un curso de acción socialmente responsable puede ser más efi­ciente. La cuestión es si promover tal comportamiento, suponiendo que ello fuera realista, no acarrearía consecuencias indeseables. Supóngase que los gestores de una empresa deciden promover la eficiencia social. ¿Tienen la información para hacerlo? Si no hay ni precios ni negociaciones explícitas con las partes afectadas, ¿cómo van a conocer los costes y beneficios que los distintos cursos de acción puedan suponer a terceros? ¿Cómo se puede controlar esto en la práctica?, ¿quién lo haría? ¿Quién tiene la información y el incentivo para decidir si los gestores que no están persiguiendo beneficios se comportan adecuadamente, o están sirviendo a sus propios intereses?

Las cuasirrentas dentro de las empresas y las diferentes decisiones empresariales pueden afectar a la distribución de los rendimientos entre los empleados. Sin embargo, los empleados no son los únicos afectados por las decisiones de la empresa. Obviamente, los rendimientos de los accionistas se ven afectados por una amplia variedad de decisiones, entre las que se incluyen las relativas a las inversiones, los salarios, la política de dividendos, las posibles fusiones y los precios. La seguridad de los títulos de deuda de los acreedores, tanto por operaciones de tráfico como crediticios, dependerá del riesgo de las inversiones de la empresa, de los salarios que pague a los trabajadores y de los dividendos que pague a los accionistas.

La decisión de una empresa sobre el diseño y la idealización de sus plantas puede afectar a los valores de las viviendas de la comunidad, a las condiciones del tráfico y a la calidad del medio ambiente; sus elecciones de suministradores, a la distribución de salarios y be­neficios entre los proveedores potenciales y, su política de precios, tanto a los consumi­dores como a la competencia. ¿Tiene derecho una pequeña comunidad a bloquear la de­cisión de cerrar la planta, adoptada por la empresa que emplea a la mayor cantidad de gente en la región? ¿Se debería permitir que los vecinos de una zona residencial exigie­ren compensaciones, cuando un hospital regional expande sus instalaciones, incrementan­do así, el tráfico local con el ruido, problemas de aparcamiento y de seguridad vial que ello comporta? Con mercados incompletos y negociaciones imperfectas el modo en que los dife­rentes intereses sean tenidos en cuenta en la adopción de las decisiones puede tener con­secuencias sobre la eficiencia del sistema económico que no deben ignorarse.

Nota: Esta columna es un resumen de las ideas expuestas en: Milgrom, P., & Roberts, J. (1993). Economía, organización y gestión de la empresa (p.729). Barcelona: Ariel Economía. Capítulo 9: Propiedad y derechos de propiedad.
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