Análisis económico de la Ley

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Resumen elaborado por: Luis Alejandro Palacio García

En un mundo con costos de transacción positivos la determinación de los derechos de propiedad por parte de la Ley es esencial para el funcionamiento de los intercambios económicos. De esta forma, los derechos que poseen los agentes no están determinados por “las libres fuerzas del mercado”, sino por un intrincado sistema legal que delimita las posesiones y da forma a las transacciones y transformaciones que se pueden llevar a cabo de forma descentralizada por el mercado. Esto es debido a que en el análisis de Coase, una vez que se han definido los derechos legales de las partes, se puede negociar para que se modifiquen los arreglos en la disposición legal, siempre y cuando la posibilidad de llegar a un acuerdo haga rentable incurrir en los costes que implica tal negociación.

Lo que pretendía Coase al incluir explícitamente en el análisis económico las implicaciones de los costos de transacción era demostrar que las conclusiones que se deducen del mundo ideal de los economistas no se aplican a las realidades concretas de las sociedades. A tal punto que muchas de las negociaciones que podrían mejorar la situación de las partes no se llevaran a cabo y en algunos casos la mejor política puede ser no hacer nada debido a que no es óptimo incurrir en los costos.

En un mundo real con costes de transacción positivos, gran parte de las negociaciones sobre la legislación serían extremadamente onerosas, aun cuando fueran permitidas.  Por esta razón, los derechos de los individuos, con sus deberes y privilegios, estarán en gran medida determinados por la Ley. De ello resulta que el sistema legal tiene una gran influencia en el funcionamiento del sistema económico, y en algún sentido, puede decirse que lo controla. Es por lo tanto deseable que estos derechos le sean concedidos a quienes los puedan ejercer de la manera más productiva, además de ofrecerles incentivos para que así lo hagan. Para alcanzar y mantener esta distribución de derechos, los costes de transferencia deberán ser bajos, mediante una Ley transparente que haga que los requerimientos legales necesarios para dichas transferencias no sean onerosos.

De estas afirmaciones se puede extraer que los economistas no han sido conscientes de que la política económica está sujeta a un marco institucional que condiciona los resultados de las decisiones de los agentes, tanto privados como públicos, al extremo de convertirse el diseño de las instituciones en una política por sí misma. Los incentivos que se desprenden de las diversas reglas modifican los comportamientos y por lo tanto el cambio en la Ley o en su administración se consolida como un medio concreto para conseguir diversos objetivos.

Es importante tener claro que hasta el momento solo se ha planteado que la decisión entre Estado o mercado no es fácil de tomar y que la respuesta es más difícil de elaborar de lo que comúnmente se ha creído.  En este sentido, y de acuerdo con Coase, si ésta delimitación debe ser el resultado de una estricta regulación, o de unas transacciones de mercado, es un asunto que sólo puede ser contestado tomando como base la experiencia práctica.

Coase plantea algunos de los elementos que son pertinentes para encontrar una solución a este complicado dilema. En realidad, si la eficiencia con que funciona el sistema económico fuera independiente de la situación legal, esto sería todo lo que importaría resolver. Pero no es así. En primer lugar, las leyes pueden ser tales como para impedir ciertas transacciones mercantiles deseables. En segundo lugar, la delimitación legal de los derechos provee el punto inicial de partida para la modificación de los mismos a través de transacciones mercantiles. Dichas transacciones implican costes, con el resultado de que la delimitación inicial de derechos puede ser mantenida aunque otra alternativa pudiera ser más eficiente. O, aun si se modificara la situación original, la delimitación de derechos más eficiente podría no alcanzarse. Finalmente, puede darse un desperdicio de recursos cuando los criterios empleados por los tribunales para delimitar los derechos conducen a una situación de utilización de los recursos sólo para establecer una demanda.

Como se puede ver, los elementos involucrados en la elaboración de una política, que realmente tenga en cuenta las serias limitaciones que impone la Ley, tienen que pasar primero por un estudio serio del marco institucional para no caer en las usuales “recetas de prosperidad” que se han formulado comúnmente. Por esto, aunque tenemos algunas pistas sobre cómo debe ser el camino a seguir, aún nos falta un análisis riguroso acerca de cómo funcionan los intercambios políticos que dan forma a las instituciones. Al respecto la realidad nos muestra que cuando se conceden derechos por valor de millones de dólares a unos y se le niegan a otros, no es extraño que algunos solicitantes se sientan especialmente ansiosos e intenten recurrir a cualquier clase de influencias, sobre todo porque nunca pueden estar seguros de qué tipo de presiones ejercerán sus competidores.

Por último, es importante tener claro que el gobierno es una gran organización que concentra el poder suficiente para llevar a cabo algunas acciones a menor costo que una organización privada, aunque esto no implica que su administración sea gratuita y que sus acciones estén blindadas ante posibles fallos.  De acuerdo con Coase, todas las soluciones implican costes, y no existe ninguna razón para suponer que una regulación gubernamental es necesaria sencillamente porque el problema no es bien tratado por el mercado o la empresa.

El estudio de los diversos sistemas políticos y los problemas que hay que afrontar al momento de diseñar un cambio en el marco institucional son indudablemente un espacio abierto para la investigación económica. Más aún cuando el diagnostico pueda ser que las instituciones son tan complejas que imponen costos excesivos al funcionamiento del Estado y promueven conductas oportunistas por parte de los agentes. Aunque Coase realizo un gran aporte con sus ideas, las respuestas a estos nuevos retos aún no están claras, por lo tanto, el camino está por recorrer.

Nota: Esta columna es un resumen de las ideas expuestas en: Coase, R. (1995). La empresa, el mercado y la ley (p. 244). Alianza Editorial.

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