Infancia y adolescencia

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Yeni Yurley Gutierrez Esparza

De acuerdo a la Ley 1098 de 2006 y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña, las personas entre los 0 y los 12 años de edad, y por adolescente las personas entre los 13 y los 18 años de edad, los cuales son sujetos titulares de derecho. El principal marco normativo internacional que orienta las acciones de Colombia y de los 190 países que la firmaron en 1989, es la convención internacional de los derechos del niño, la cual fue ratificada en el país por medio de la ley 12 de 1991 (DNP, 2016).

Cuando los gobiernos, sus asociados internacionales, las empresas y las comunidades han aportado dinero y energía para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención, han salvado y mejorado las vidas de cientos de millones de niños. Aunque la magnitud de los avances han sido profundos en ámbitos esenciales, como la supervivencia infantil, la educación o el acceso al agua potable, siguen habiendo niños y niñas, que aún hacen frente al futuro sin que se hayan resuelto sus necesidades o materializado sus derechos, y con todo su potencial frustrado (Unicef, 2015).

El 20% de los niños más pobres del mundo tienen alrededor del doble de probabilidades que el 20% de los más ricos de sufrir retraso en el crecimiento debido a la mala alimentación, y de morir antes de su quinto cumpleaños. Los niños de las zonas rurales sufren una desventaja similar en comparación con los que viven en las zonas urbanas. Casi 9 de cada 10 niños del 20% de los hogares más ricos de los países menos adelantados del mundo van a la escuela primaria, en comparación con sólo cerca de 6 de cada 10 de los hogares más pobres (Unicef, 2015).

A nivel nacional, el marco que orienta las acciones de política es la Constitución de 1991, que introduce una revaloración de los niños, niñas y adolescentes. Los artículos 44 y 45, consagran sus derechos fundamentales, la obligación de protección y asistencia en cabeza del Estado, la sociedad y la familia y la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás. Igualmente, el Código de la Infancia y la Adolescencia ley 1098 de 2006, contempla la garantía de los derechos y libertades consagrados en distintos instrumentos como la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. A su vez, mediante la Ley 1295 de 2009 se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisben. (DNP, 2016).

Según la convención de los derechos del niño, los Estados deben garantizar el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y hacer tomados en cuenta ya sean individuos o colectivos, y deben crear los mecanismos necesarios para que este derecho se ejerza bajo las condiciones óptimas. La convención y su ratificación creó un sistema que institucionalizo, mediante pautas vinculantes, el monitoreo de los Estados Partes. Otro aspecto relevante al cual hace hincapié el comité es la inclusión de la voz de niños y niñas en los procesos de monitoreo, el derecho a la participación a ser escuchados y ser tenidos en cuenta, en la familia, en las instituciones educativas y por el Estado (Liwski, 2010).

Los Países han innovado en estrategias para garantizar los derechos y las condiciones óptimas de los niños y las niñas, una de ellas consiste en el conocimiento de la situación actual, indicadores, recolección de información en ámbitos relacionados con la infancia. Donde se cuenten con información clave sobre niñez y adolescencia, mejorando sus capacidades de diseño, movilización, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia.

Por lo cual la propuesta de un Observatorio de infancia y adolescencia resulta siendo una herramienta de producción de conocimiento que permita incidir en el sistema como propulsor de políticas públicas entendidas éstas como un proceso social  entre actores, que apunta a velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes  (Unicef, 2014).

El comité de los derechos del niño define la importancia de la recolección de datos, desde el enfoque de derechos, este tiene algunos elementos como: la importancia de promover debates amplios frente a la inversión para la infancia y adolescencia, con base en el artículo cuarto de la convención que expresa que los Estados deben adoptar medidas para la garantía de derechos. Los Estados están obligados a asumir a través de los informes periódicos, la retroalimentación con el comité y dar cuenta cada cinco años de lo que han realizado (Liwski, 2010).

UNICEF, ha impulsado la iniciativa de los observatorios, para que las niñas, niños y adolescentes sean priorizados en las políticas públicas y para que ellas y ellos demanden el cumplimiento de sus derechos junto a sus familias y comunidades, para lo cual es “primordial que los formuladores de políticas, los medios de comunicación, las familias y la sociedad en general accedan a un mejor conocimiento sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes así como sobre el estado de cumplimiento de sus derechos (Unicef, 2014).

Los observatorios son clave en la construcción ciudadana, al analizar la realidad y la actuación de los gobiernos y otros actores públicos, y contrastarla con ideales colectivos, los observatorios ciudadanos informan a la sociedad sobre la distancia que separa la realidad de los anhelos compartidos, orientan las políticas públicas, que deben fortalecerse y alertan sobre los desafíos para mejorar las condiciones de vida de la población. Los observatorios ciudadanos son una forma de ejercer y construir ciudadanía, apoyada en el uso y difusión de información y conocimiento (Leyva y Tabares, 2011).

Son espacios de intercambio y de construcción colectiva de conocimiento e información sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para contribuir a la formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos que favorezcan las condiciones de vida de esta población (Duran, 2010).

Hay experiencias de observatorios de infancia y adolescencia en diferentes lugares del mundo, en Colombia ha sido pioneros en Bogotá la universidad Nacional y en Antioquia el observatorio de niñez de Medellín como proyecto de ciudad ejecutado desde el año 2005 por Cinde e implementado en sus dos primeras etapas con la participación de la Alcaldía de Medellín, ICBF, Universidad de Antioquia y el Fondo para la acción ambiental y la niñez, constituyéndose el observatorio es un espacio de intercambio y de construcción colectiva de conocimientos e información sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para contribuir a la formulación de Políticas Públicas, planes, programas y proyectos que favorezcan las condiciones de vida de esta población (Duran, 2010).

La normatividad Colombiana, consagra la protección de los derechos de los niños y niñas y su restablecimiento, a su vez con la vinculación a la convención de los derecho de los niños ratifica el compromiso a nivel internacional, y se obliga a crear mecanismos para el ejercicio pleno de los derechos. Es así que existen Organizaciones públicas y privadas que trabajan por la infancia y adolescencia en el País, su enfoque depende del ciclo de vida y del área de derechos a fortalecer, manejando de manera independiente su información estadística del estado de bienestar y protección integral de los niños y las niñas.

Santander y su capital Bucaramanga no es ajena a esa situación, carecen de un espacio de articulación institucional que permitan el análisis de información referente a la infancia, una propuesta que permiten generar un medio para la recopilación, análisis de información y actuación a favor de la infancia, es el Observatorio de infancia y adolescencia, experiencia  que se ha desarrollado en otros países del mundo y algunas regiones de Colombia con aciertos y desaciertos, que valen la pena ser analizados para orientar el accionar en el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana.

Considerando que la ciudad requieren de un espacio de articulación de instituciones públicas, privadas, comunitarias, académicas, que aúnen esfuerzos para la recolección, análisis y socialización de información de infancia y adolescencia, que oriente la toma de decisiones en materia de Política Pública e impacte positivamente la vida de los niños, niñas y adolescentes del municipio a través del goce efectivo de sus derechos.

Objetivo General

Diseñar un modelo de observatorio de infancia y adolescencia para Bucaramanga y su área metropolitana que permita la recopilación, análisis, socialización de información e incidencia en materia de política pública para la garantía de derechos de los niños y las niñas.

Objetivos específicos:

Analizar la dinámica de interacción interinstitucional en favor del seguimiento a la problemática de los niños y las niñas en Colombia.

Describir experiencias exitosas a nivel internacional, nacional y local, de observatorios de infancia y adolescencia que se hayan implementado en el periodo de 2010-2016.

Formular la estructura funcional y organizativa del observatorio de infancia y adolescencia contextualizado al municipio de Bucaramanga y su área metropolitana.

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3 pensamientos en “Infancia y adolescencia

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