Agencias reguladoras: Marco teórico

1759

Angélica María Zambrano Mantilla

Luis Alejandro Palacio García

La regulación económica nace de la necesidad de incentivar y monitorear las decisiones de los agentes que participan en situaciones donde existen fallas de mercado. Siempre y cuando se obtengan beneficios netos positivos, el objetivo de la actividad reguladora es promover la competencia -siempre que sea posible- y disminuir los efectos perjudiciales del monopolio natural, acercando sus resultados a los que se obtendrían en situaciones competitivas. Para ello, se deben diseñar políticas de precios, de calidad, y de provisión, así como medidas para evitar que la empresa privada aproveche su situación dominante en el mercado para perjudicar a sus rivales a través de mecanismos anticompetitivos.

Según Páez y Silva (2010), la teoría de la regulación y de los procesos de regulación estatal ha sido estudiada desde tres enfoques: el primero basado en las teorías del interés público (normativo), el segundo, desde el enfoque del interés privado (positivo) y, por último, desde la nueva economía de la regulación, basada en la posición de la nueva economía institucional. Los autores indican que el enfoque normativo pretende, primordialmente, promover el interés público. De este modo, se hace posible regular las fallas de mercado que afectan los hechos de la realidad, entre ellos la competencia imperfecta, la información asimétrica y las externalidades. Así lo demuestra Marshall (1998), quien afirma que se logra una provisión de servicios públicos eficiente cuando el Estado se vale de las herramientas que le brinda la ley para identificar la mejor situación en términos de competencia.

Samuelson (1990), por su parte, argumenta que la regulación económica consiste simplemente en diseñar normas para alterar o controlar las acciones de las empresas, valiéndose del control de precios, de los tipos de productos, de las condiciones de entrada y salida, y de la calidad del servicio de una industria determinada. Este tipo de regulación restringe el incontrolado poder de mercado de las empresas.

El enfoque positivo, para Páez y Silva (2010), nace por cuestionamientos al enfoque tradicional de la regulación, centrados en la posibilidad de captura de los reguladores por parte de los grupos de interés, lo cual terminaría por favorecer a los grupos influyentes en el proceso regulatorio. Entre los principales exponentes de este enfoque se encuentra Stigler (1992), quien define que el problema consiste en detectar por qué una industria es capaz de utilizar al Estado para alcanzar sus fines y propone un amplio abanico de políticas tales como los subsidios, las cuotas, las importaciones, las modalidades de empresas públicas o privadas, e incluso, la creación de nuevos derechos de propiedad y de mercados específicos para lograr proteger la producción y explicar los beneficios y las cargas de la regulación.

Para Galetovic y Sanhueza (2002) el mercado debe privilegiarse por sobre la intervención gubernamental siempre que sea posible. El Estado debe limitarse a definir y salvaguardar los derechos de propiedad, proveer una institucionalidad jurídica que permita zanjar los conflictos que pudieran ocurrir entre privados o con el gobierno y evitar establecer barreras legales que limiten la competencia o impidan el ingreso de nuevos oferentes.

Finalmente, Páez y Silva (2010) definen que la nueva economía de la regulación se ocupa del problema de agencia que surge de la estructura asimétrica entre el principal y el agente, donde el Estado es el Principal, quien no posee toda la información y el agente es el operador del servicio, la parte informada sobre los detalles de sus contenidos específicos. Relacionando el problema de la regulación con los costos de transacción, los problemas de economía política y con la información incompleta.

Según el modelo principal-agente, tres elementos juegan un papel decisivo en el momento de garantizar el funcionamiento eficiente de la relación Estado-operador: la información, los incentivos y el diseño eficiente de los contratos. Para hacer esto posible, es necesario establecer, como premisa central, la separación entre los actores que operan en el sector y la entidad que tiene el poder de regular el mismo, se considera que permitir las situaciones ambiguas, como la adscripción, generarían un funcionamiento incorrecto del ente regulador (Carniel, 2010).

Referencias

Carniel, R. (2010). Las actuaciones de organismos independientes en la regulación de la televisión pública: los casos de Reino Unido y España. Estudos em comunicação, 2(7): 43-62.

Galetovic, A., & Sanhueza, R. (2002). Regulación de servicios públicos: ¿Hacia dónde debemos ir? Estudios Públicos, 85(verano 2002).

Marshall, J. (1998). Orientaciones para la acción reguladora del estado. Estudios Públicos, 71, 191–201.

Páez, P., & Silva, J. (2010). Las teorías de la regulación y privatización de los servicios públicos. Administración & Desarrollo, 52(38), 39 – 56.

Samuelson, P. (1990). Economía. México: Editorial Mc Graw Hill.

Stigler, G. (1992). El economista y el Estado. Estudios Públicos, 47, 159–180.

Columnas relacionadas

551. La regulación de concesiones viales

1511. Bancos: Su papel en el comportamiento económico actual

1757. Agencias reguladoras: Planteamiento del problema

logo-emar3.jpg

Anuncios

2 pensamientos en “Agencias reguladoras: Marco teórico

  1. Pingback: Regulación económica de los servicios públicos. El papel de las agencias reguladoras | Racionalidad Ltda

  2. Pingback: El monstruo regulador | Racionalidad Ltda

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s