Agencias reguladoras: Planteamiento del problema

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Angélica María Zambrano Mantilla

Luis Alejandro Palacio García

Desde el punto de vista económico los mercados competitivos brindan ventajas en términos de eficiencia en la asignación de los recursos, puesto que cuando existe un gran número de empresas precio-aceptantes que producen y comercializan productos homogéneos es posible garantizar la satisfacción de los consumidores sin ningún tipo de intervención externa. Sin embargo, en la práctica los mercados fallan cuando las empresas tienen grandes costos hundidos, cuando existen economías de escala a nivel de la industria y cuando se presentan externalidades (Cahuc, 2001). En estas circunstancias es común que cuando los individuos toman decisiones racionales se generen pérdidas de bienestar para la sociedad.

En el extremo opuesto de la competencia perfecta está el monopolio, donde un único vendedor tiene el control absoluto de una industria y no existen buenos sustitutos del bien. Aunque los monopolios exclusivos no son muy comunes en los sistemas económicos actuales, características como los costos hundidos o economías de escala, convierten a los servicios públicos en monopolios naturales (Samuelson, 1990; Boehm, 2005). Según Breyer (2000), en Europa y sudamérica los economistas concluyeron que este tipo de industrias debían ser responsabilidad del Estado. Después de todo, si las características económicas son tales que naturalmente surgiría un monopolio, y si dicho monopolio en manos privadas puede cobrar precios muy altos, no tiene sentido que sea la empresa privada quien se encargue de su provisión. El Estado es entonces, en un principio, proveedor y regulador único de los servicios públicos. No obstante, el Estado falla cuando es difícil tener acceso a la información privada sobre los costos y las funciones de producción de las empresas.

En consecuencia, es claro que ni el mercado ni el Estado por sí solos pueden asegurar asignaciones socialmente óptimas de los recursos. Desde esta perspectiva, se deduce que el Estado y el mercado desempeñan roles complementarios en la organización de la vida económica. La acción exclusiva del mercado hace pública la información relevante y logra proveer un mecanismo eficiente y descentralizado de incentivos. Por su parte, el Estado tiene la capacidad de diseñar sistemas de reglas e imponer su cumplimiento para facilitar la coordinación de los miembros de la sociedad (Stiglitz, 2010).

Esta relación de complementariedad busca dar estabilidad a la competencia en el mercado. Por lo tanto, el Estado debe asumir el rol regulador de la actividad productiva de las firmas mediante el establecimiento de estructuras de incentivos y la ejecución de su poder legal coercitivo. Bajo este marco, alrededor del mundo se han creado diversas agencias reguladoras independientes para garantizar la provisión de los servicios públicos. Estas agencias desempeñan el papel de veedoras de los contratos de concesión, haciendo que el Estado y la entidad privada cumplan con sus obligaciones, beneficiando en último término a los usuarios. En Colombia esta figura se extendió rápidamente, los ejemplos más claros son la Comisión de Regulación de Energía y Gas (GREG), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Comisión de Regulación en Salud, entre otras.

La evidencia empírica demuestra que la principal ventaja del Estado como regulador está en la capacidad de diseñar sistemas de reglas e imponer su cumplimiento, lo cual facilita la coordinación de los agentes económicos. Sin embargo, esa misma experiencia también ha mostrado que el papel del Estado como agente totalmente responsable de la prestación de servicios públicos resulta poco eficiente en términos fiscales y estructurales (Corredor, 1989). El Estado no tiene acceso a la información privada sobre las preferencias de los consumidores, ni tampoco conoce los costos de los productores. Además, dado que los ciudadanos no conocen la información que tienen los funcionarios públicos, surge en ellos la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones. Como resultado de dicha información asimétrica, la intervención puede llevar a que la toma de decisiones que afectan al público general se mezcle con intereses netamente privados (Stiglitz, 2002).

Siguiendo las consideraciones precedentes, es pertinente analizar el papel del Estado en la provisión de servicios públicos e identificar las competencias y capacidades deseables que deben tener las agencias reguladoras. Para ello, se explicará la importancia en términos del diseño institucional que tiene la independencia de la agencia frente al gobierno, la autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones, la rendición de cuentas de forma oportuna y transparente, la definición del ámbito de actuación a nivel de la industria o del sector económico y los diferentes mecanismos de acceso a la información privada tanto de las empresas como de los consumidores.

Objetivo general

Analizar el papel del Estado en la provisión de servicios públicos a la luz de la teoría de la regulación económica, resaltando las competencias y capacidades de las agencias reguladoras.

Objetivos específicos

Realizar una discusión teórica y conceptual sobre el papel del Estado en la provisión de servicios públicos.

Presentar de forma sistemática las principales características de la regulación económica en Colombia.

Identificar las condiciones deseables que deben cumplir las agencias reguladoras de servicios públicos.

Referencias

Boehm, F. (2005). Corrupción y captura en la regulación de los servicios públicos. Revista de Economía Institucional, 7(13), 245–263.

Breyer, S. (2000). Cuándo y cómo regular los servicios de utilidad pública. Estudios Públicos, 78(otoño 2000), 27–44.

Cahuc, P. (2001). La nueva microeconomía. Bogotá: Alfaomega S.A. y Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional.

Corredor, C. (1989). La regulación estatal de la actividad económica a través del gasto público. Cuadernos de Economía, 10(13), 91 – 111.

Samuelson, P. (1990). Economía. México: Editorial Mc Graw Hill.

Stiglitz, J. (2002). Mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta del sector público: Lecciones de la experiencia reciente. Revista Del CLAD: Reforma Y Democracia, 22(22), 1–36.

Stiglitz, J. (2010). Regulación y fallas. Revista de Economía Institucional, 12(23), 13–28.

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