Evaluación ex ante de la política de primera infancia del departamento de Arauca

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Jorge Andres Acuña Mora

En 1979 mediante Ley 7 el Gobierno Colombiano creo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF con el propósito de articular y coordinar el conjunto de actividades del Estado relacionadas con la protección a la niñez más desfavorecida y con la promoción de la integración y realización armónica de la familia.

A posteriori, en 1989 la Convención Internacional de los Derechos del Niño reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la cual fue ratificada por el Estado colombiano mediante Ley 12 de 1991 “por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989” y en la cual acepta la obligación de adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos allí reconocidos y destinar los recursos para garantizar su cumplimiento. De igual manera, mediante el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el país estableció normas para asegurar la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes y garantizar el goce efectivo de sus derechos y libertades.

Este Código establece que tanto el nivel nacional como en los territorios el gobierno deberá establecer políticas públicas diferenciales y prioritarias de infancia y adolescencia, las cuales constituyen el principal instrumento de gestión para materializar de la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes. A su vez, señala que los Planes Territoriales de Desarrollo establecerán acciones para garantizar los derechos de esta población, para lo cual el Gobierno Nacional deberá definir los lineamientos técnicos respectivos.

A su vez, en 2004 Unicef Colombia [1] creó conjuntamente la Estrategia Hechos y Derechos, la cual contó con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia Joven y la Federación Nacional de Departamentos, con miras a fortalecer las capacidades de los gobernantes para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.  Con esta estrategia se entregaron a los gobernadores, el informe de la situación de niños, niñas y adolescentes en sus zonas geográficas, con base en el análisis de la rendición pública de cuentas realizada por los gobernadores y alcaldes de todos los departamentos y los municipios, con el fin de fijar nuevas metas y asignar presupuestos dirigidos a la niñez en los planes de desarrollo 2012 – 2015.

Por lo anterior y con el objetivo de que se continuará fortaleciendo la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, el Gobierno Nacional en 2007 expidió el documento “Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio – Guía para los Alcaldes” y en 2009 estableció una política nacional denominada “Plan  Decenal  para  la  Infancia  y  la Adolescencia 2009-2019”; estas herramientas se han convertido en las guías de navegación para los mandatarios en cuanto a formulación de políticas públicas para la infancia y la adolescencia y su inclusión en los Planes de Desarrollo Territoriales.

Posteriormente, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” se instauró e implementó la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, con el objetivo de reforzar las herramientas técnicas e institucionales para la formulación de las políticas y programas dirigidos a la primera infancia en todos los departamentos y municipios del país.

Seguidamente en 2013 se expidió el Decreto 936 “por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones”; a su vez este decreto establece cuatro instancias de coordinación y articulación: decisión y orientación, operación, desarrollo técnico y participación:

Instancias de decisión y orientación: son espacios en los que se define la política pública, se movilizan y apropian recursos presupuestales y se dictan líneas de acción. Estos son los Consejos de Política Social en los distintos ámbitos de acción del SNBF. Instancias de operación: son espacios de planificación, coordinación y evaluación de la operación del SNBF. En el ámbito nacional será el Comité Ejecutivo del SNBF y en los ámbitos territoriales, las Mesas de Infancia, Adolescencia y Familia.

Instancias de desarrollo técnico: son espacios de diseño, articulación, concertación y asesoría en la formulación y ajuste de políticas y estrategias, programas y proyectos. Estos espacios además toman decisiones de carácter técnico sobre los temas de su competencia.

Instancias de participación: son espacios que propician la participación y movilización de las niñas, niños y adolescentes como actores fundamentales en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a ellos. Son las mesas de participación que se conformarán en municipios, departamentos y Nación, con las orientaciones metodológicas del SNBF.

Estas instancias han conllevado a consolidar acciones continuas a favor de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar, en las cuales se han ido concretando y desarrollando políticas públicas articuladas con los planes de desarrollo territoriales. En virtud de lo expuesto, el Departamento de Arauca en la vigencia 2015, diseño la política pública de primera infancia para un periodo de 10 años. En consecuencia se propone el siguiente método para organizar y estructurar el marco teórico:

La evaluación ex ante: La evaluación ex ante [2] es la que se realiza antes de poner en ejecución el programa a evaluar. Su objetivo es determinar las posibilidades reales de que  las  decisiones  que  se  pretenden  poner  en  práctica  generen  el  mayor impacto social posible (Pichardo Muñiz, 1989). Esta evaluación se realiza para contar con criterios racionales que permitan responder a la Siguiente pregunta: ¿la iniciativa debe implementarse? (Cohen y Franco, 1988).

La evaluación ex ante permite determinar: La viabilidad de la intervención, es decir, la posibilidad real de que pueda ser implementada con éxito. La trascendencia social de la política, programa o proyecto, esto es, su idoneidad y pertinencia para generar impacto social.

Para determinar la viabilidad de una intervención, la evaluación ex ante pone el foco en la capacidad para movilizar recursos (ya sean estos de poder, humanos, materiales, de tiempo, etc.), en las capacidades organizacionales de la institución que la implementará y en la disposición actitudinal de los actores involucrados directa o indirectamente en la implementación. Este es el momento indicado para intuir posibles logros a partir de las fortalezas y oportunidades, y potenciales problemas sobre la base de debilidades y amenazas (Pichardo Muñiz, 1989).

Notas

[1] UNICEF Colombia. Recuperado el 02 de Junio de 2016, en http://unicef.org.co/politicas-derechos-infancia

[2] Di Virgilio, M. M. y Solano, R. (2012). Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales. Buenos Aires: CIPPEC y UNICEF. Recuperado el 20 de Mayo de 2016, en http://www.unicef.org/argentina/spanish/cippec_uni_monitoreo_evaluacion.pdf

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