Políticas públicas y marco normativo sobre asistencia y protección a víctimas de trata de personas. Un estudio comparativo

1836

Johana Marcela Reyes

La trata de personas tiene su precedente histórico en la esclavitud, un fenómeno social que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemorables. El comercio de seres humanos fue el rasgo característico de muchas sociedades y la base de sus economías. La falta de reconocimiento de principios intrínsecos a los seres humanos como la igualdad, la libertad y la dignidad permitían y avalaban a la esclavitud como una institución en la que primaba la cosificación o materialización del hombre.

Las grandes crisis humanas llevaron al reconocimiento de dichos principios y a la abolición de la esclavitud en 1927 a través de la convención sobre la esclavitud (Sociedad de Naciones). Sin embargo, pese a su rechazo internacional este fenómeno continúo y se diversifico de acuerdo a las nuevas necesidades humanas. Reflejo de esta situación, nace un fenómeno en el siglo XVIII denominado trata de blancas.

La trata de blancas consistió en el comercio de mujeres blancas especialmente de Rusia o países nórdicos hacia países árabes, con el fin de ejercer la prostitución, en muchas ocasiones forzadas o secuestradas para ello. Este término se usó para denominar todas las formas de trata y al mismo tiempo para invisivilizarlas puesto que excluía las otras formas de esclavitud que pudiesen existir y no reconocía a los hombres como sujetos vulnerables o víctimas del delito. Es por esto que en el 2000 se crea el principal referente conceptual y teórico para definir actualmente a la trata de personas denominado Protocolo de Palermo (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 2000). A partir de su promulgación los países adoptaron todos los elementos de este concepto dentro de sus legislaciones internas. Tanto Chile como Colombia han adoptado esta definición, la cual ha sido considerada compleja en materia jurídica por contener los siguientes elementos:

–   Acciones: Hace referencia a los actos o verbos por los que está conformado el delito “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas”

–  Los medios: Son las herramientas o mecanismos usados para lograr la trata de personas “recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”.

–   Finalidad: con fines de explotación, esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

En concordancia con la definición anterior, las personas consideradas víctimas gozaran de determinadas protecciones y una asistencia especial, basada en ciertos enfoques o perspectivas de abordaje, principalmente el enfoque de derechos humanos ya que la trata de personas debe ser considerado como un delito que vulnera los más altos principios en específico los Artículos 3, 4 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hacen referencia específica a que toda persona tiene derecho a la vida y la libertad, y que ninguna persona debe estar sometida a la esclavitud, la tortura o la servidumbre (Meeuwissen, 2012, P. 37).

Tal y como lo expresa Correa (2014), este proceso de protección y asistencia a víctimas también debe estar orientado por otros enfoques, como lo son el enfoque de género al entender este fenómeno como la discriminación contra la mujer, como consecuencia de un sistema desigual que propicia que sea causa y consecuencia de la trata de mujeres.

Teóricamente junto con los enfoques anteriormente mencionados la asistencia también debe verse enmarcada por otros principios como lo son el derecho a la verdad, derecho a la justicia y el derecho a la reparación, los cuales implican por parte del Estado una serie de responsabilidades y el deber de no discriminar a las mismas durante su reinserción en la sociedad. El gobierno por tanto tiene el deber de brindar una asistencia mediata e inmediata de manera integral con sujeción a los más altos principios humanos evitando ante todo procesos de revictimización (OIM, 2012).

En Colombia este proceso de asistencia a víctimas es relativamente nuevo puesto que solo fue explícitamente reglamentado en el 2014 a través del Decreto 1069, razón por la cual, tanto antes de la ley como después existen innumerables vacíos e inconvenientes en estos procesos que evidencian el no cumplimiento de estas directrices de derechos humanos dadas a través de los años (Londoño, Varón y Luna, 2011).

Respecto a las respuestas institucionales para combatir y dar solución a este fenómeno, hay que señalar que el principal instrumento con el que cuenta el Estado y la sociedad son las políticas públicas y su construcción debe desarrollarse a lo largo de diversas fases, lo cual garantiza su efectividad. El proceso comienza con la formulación de un problema social que necesita una intervención por parte del Estado y una inscripción en la agenda pública (Roth, 2007). Es evidente que un fenómeno como la trata de personas que presentó aproximadamente 259 casos en el país entre los años 2009 a 2010 según cifras del Gobierno Nacional, debe hacer parte de la agenda pública y exige del Estado un esfuerzo por atender las múltiples causas estructurales del delito (Trujillo, Flórez & Mendoza, 2011).

En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, se establece una forma de planificación pública orientada a la atención de problemas socialmente relevantes, es decir se apuntaba a la construcción de políticas públicas. Este proceso de planeación conlleva a que el gobierno realice una serie de actividades fundamentales, orientando el comportamiento de diversos actores sociales, con el fin de resolver y atender situaciones de relevancia social. Para el caso de la trata de personas esta planeación ha sido diseñada en cuatro niveles asociados de acción: el primero, está conformado por la estrategia, que señala qué se debe hacer; en el segundo está el plan, que hace referencia al cómo se va hacer; el tercero, el programa, es a través de qué; y el cuarto son las acciones, que es la ejecución de lo que hay que hacer (OIM, 2012).

Referentes bibliográficos

Asamblea General de la ONU. (1985). Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Resolución 40/34. Disponible enhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2028.pdf

Correa, W. (2014) Que se rompan los grilletes. La cooperación internacional para la protección de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas desde el Consejo de Europa. Revista Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas. Vol. 44, No. 120 / p. 221-269 Medellín – Colombia.

Enciso, G. M. (2012). Manual para la formulación de políticas públicas de lucha contra la trata de personas y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales. Bogotá: Ministerio del Interior y Organización Internacional para las Migraciones.

Meeuwissen, A. M. (2012). Respuestas locales a casos de trata de personas: Un análisis de la asistencia brindada a víctimas de trata de personas por instituciones del Estado y de la sociedad civíl en Lima e Iquitos (Perú).

OIM. (2012). Manual para la formulación de políticas públicas de lucha contra la trata de personas y el diseño y ejecución de planes de acción departamentales, distritales y/o municipales. Grupo de lucha contra la trata de personas, Ministerio del Interior. Colombia. Disponible en file:///D:/Users/Usuario/Desktop/DOCUMENTOS%20UIS/3.%20Primer%20M%C3%B3dulo/Seminario%20de%20Investigaci%C3%B3n/REVISI%C3%93N%20DE%20LA%20LITERATURA/3.%20DOCUMENTOS%20NACIONALES/COL%20375%20(1).pdf

OIM. (2013). Evaluación de la estrategia nacional integral de lucha contra la trata de personas 2007-2012: avances y desafíos. Ministerio del Interior, Colombia. Disponible enhttp://intranet1.unab.edu.co/Adjuntos/PRESENTACION%20EVALUACION%20ESTRATEGIA%20NACIONAL_88796673.pdf

Columnas relacionadas

1657. ¿El dinero realmente nos da felicidad?

1751. Políticas públicas y marco normativo sobre asistencia y protección a víctimas de trata de personas. Un estudio comparativo

1830. Infancia, derechos y políticas públicas

logo-emar3.jpg

Anuncios

Un pensamiento en “Políticas públicas y marco normativo sobre asistencia y protección a víctimas de trata de personas. Un estudio comparativo

  1. Pingback: Análisis del programa acompañamiento financiero en victimas indemnizadas en Bucaramanga, 2012-2015 | Racionalidad Ltda

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s