Los aportes de las mujeres del municipio de Sucre, Santander: Una importante contribución al diseño de la política pública de equidad de género

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Ingrid Yineth Marin Cubides

La Violencia es un problema de gran magnitud y que demanda total atención, pues su erradicación debe asumirse como un compromiso por todos los actores sociales, generando un proceso de reflexión y sensibilización desde todas las áreas, disciplinas y escenarios; pues reconocer las diferentes expresiones y manifestaciones de la violencia, permite vislumbrar una realidad que es producto de una devenir histórico, social y  cultural, que ha emergido de las relaciones de poder que son inherentes a la humanidad.

La violencia continúa siendo un fenómeno vigente, que se vale de estrategias de transmisión cultural y social, multiplicadas a través de la comunicación, valores, normas, costumbres y formas de crianza imperantes en la sociedad, que se reproducen desde el interior de los hogares convirtiéndose en el núcleo que naturaliza y cristaliza un flagelo desde un ámbito privado u oculto. Una muestra de ello son las cifras recientes y alarmantes, las cuales refieren que “el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida.”

En este sentido, la violencia contra la mujer es un problema de carácter global, en el que la vida e integridad se encuentra en riesgo permanente, no solo por los hechos que provienen de los victimarios, que en la mayoría de los casos no son ajenos a su entorno, sino que dichos actos son ejercidos por sus parejas o ex parejas, generando mayores niveles de vulnerabilidad; sino por la falta de eficacia y eficiencia en las medidas de prevención, protección y promoción desde la estructura Estatal en todos sus niveles de Gobierno.

Sin embargo, en este punto vale la pena reconocer los avances y postulados en materia jurídica que en Colombia se consolidan como una conquista para proporcionar garantías a  las mujeres víctimas de violencia. Es así como la Ley 1257 del 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”. Lo anterior se percibe como un avance político que merece enaltecerse por ser producto de las innumerables luchas y logros que han alcanzado los movimientos de mujeres, consiguiendo la identificación de la violencia como un delito y que se brinden medidas por la defensa, sanción y reivindicación de sus derechos, buscando desmontar fronteras, imaginarios, estereotipos de la cotidianidad, normalizadores de violencias; y cuestionando modelos patriarcales en los que se reproduce la imagen de las mujeres en roles definidos, desde objetos sexuales, hasta ser encasilladas en su función reproductora.

Como se ha dicho hasta el momento, las mujeres en su rol de sujetos políticos les corresponde continuar vinculándose como protagonistas indiscutibles en el alcance de su bienestar, “tienen que posicionarse como actores sociales y políticos en todos los ámbitos de la sociedad”; de esta manera podrán exigir al Estado mayor voluntad abordar el cumplimiento de los derechos constitucionales y el reconocimiento en la vida de las mujeres de un sufrimiento socialmente construido, generado por la acción humana, y enmarcado por estructuras económicas, sociales, culturales, políticas y jurídicas; demandando que se construyan colectivamente respuestas y acompañamientos solidarios para quienes, como producto de la violencia son receptoras de la injusticia.

Por tal razón, es de vital importancia que puedan llevarse a cada territorio las iniciativas, donde la formulación de políticas públicas entendida como “una construcción social, que tiene su campo de intervención propio, es una hipótesis para la transformación social de determinado problema, que se valida a través de su implementación” sea un objetivo irrenunciable  en cada una de los regiones. Es por esto que atendiendo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, surgen los Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, constituyéndose en el referente para el diseño y puesta en marcha de acciones sostenibles para las mujeres”.

En la actualidad, en el Departamento de Santander, dichas iniciativas para la garantía de los derechos de las mujeres, un ejemplo de ello es que de 87municipios, 42 que pertenecen a la región cuentan con la Política Pública, infortunadamente el Municipio de Sucre Santander  el cual nos convoca en este análisis, no es uno de ellos, pero es relevante señalar que desde la Administración se ha comprendido la importancia de acoger este proceso de cambio social y por tanto se ha plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal “Desarrollo con Sentido Humano” la necesidad de diseñar e implementar dicha política en el cuatrienio (2016-2019). Para tal efecto valdría la pena preguntarse cuáles podrían ser los aportes de las mujeres del Municipio de Sucre en el diseño de la política pública de equidad de género para las mujeres en el territorio desde un enfoque participativo.

Para dar respuesta a dicha inquietud, sería importante desarrollar un trabajo de aplicación que permita indagar cuáles son sus  experiencias, saberes, acciones que han emprendido, sus aciertos, sus obstáculos, contribuciones e intereses de las mujeres Sucreñas; siendo los insumos fundamentales para generar espacios de participación, reconocimiento e identificación, que favorezcan el conocimiento y empoderamiento de las mujeres como base de la emergencia de procesos de autogestión y movilización, al interior de sus comunidades.

Referencias bibliográficas

EL ABEDUL. Diario Oficial LEY 1257 DEL 2008, [en linea].

FASSLER, C. Participación de las Mujeres. Mitos y Realidades: Ponencia Plenario Nacional de la CNS.

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014: Prosperidad para Todos.

ANDRÉ, Conferencia, seminario de Políticas Públicas, doctorado en Salud Pública.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: Departamento de Salud Reproductiva e Investigación.
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