El dilema de los recursos de uso común: Caso de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad

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Leidy Tatiana Rodríguez Torres*

La gestión sostenible de la biodiversidad** debe ser una prioridad para los gobiernos locales, nacionales e internacionales de cara a las altas tasas de pérdida de diversidad biológica que están afectando directamente la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. Colombia como parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) a través de la Ley 165 de 1994, debe velar por la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como por la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de ésta. En este sentido, el Estado ha implantado estrategias tales como la titulación colectiva de tierras para comunidades indígenas y negras así como las creación de parques nacionales naturales, las cuales han estado encaminadas primordialmente a la conservación de la diversidad biológica y cultural así como al uso sostenible de los recursos naturales.

No obstante, cuando aparece un espacio colectivo y un grupo de individuos que pueden interactuar y derivar su bienestar del uso y aprovechamiento de recursos de uso común, se abre la posibilidad del dilema social entre los beneficios privados del aprovechamiento y los beneficios sociales de su conservación (este dilema fue popularizado por Hardin en 1968 como la denominada “Tragedia de los Comunes”). Los recursos de uso común presentan dos características principales que dificultan su gestión. Por un lado, son recursos que al ser usados se pueden agotar o sobreexplotar de forma que se reducen las posibilidades de consumo de los demás, las tasas de regeneración natural y la prestación de otros servicios ecosistémicos derivados de su valor de no uso. Por otro lado, existen dificultades para excluir a los individuos que hacen uso de estos bienes y servicios para su beneficio [1].

Por ejemplo, cuando un individuo tala un árbol reduce la cantidad disponible para la tala por parte de los demás. Así mismo, afecta la provisión de bienes y servicios derivados de la conservación de los bosques tales como el control de la erosión, el almacenamiento de dióxido de carbono y demás beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas (enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración artística e intelectual, recreación) [2].

En este sentido, el caso de la biodiversidad se enfrenta a dos dilemas paralelamente: uno dentro de la comunidad que hace uso del bien local que contiene la diversidad biológica y otro entre la comunidad y los usuarios potenciales (regionales o internacionales) externos que también derivan directa o indirectamente beneficios de esta biodiversidad. En el primer caso, existe el riesgo que dentro de la comunidad no se generen suficientes incentivos para cooperar en la acción colectiva de conservación y algunos prefieran sobreexplotar lo cual genera externalidades para los demás integrantes. En el segundo caso, al no existir una forma directa de coordinación, monitoreo o contrato que internalice las posibles externalidades entre unos y otros, surgen también riesgos de sobreexplotación que generan problemas de eficiencia social [3].

La solución a estos dilemas de acción colectiva deberá necesariamente alinear los intereses e incentivos individuales con los colectivos, de manera que la suma de las decisiones individuales genere una solución individual y socialmente deseable para todos los involucrados. Por ello, se requieren herramientas sencillas y efectivas para recolectar y analizar la información sobre cómo los individuos y las comunidades interactúan a través de decisiones cotidianas de aprovechamiento y de conservación de los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad. De acuerdo con Cárdenas [3], es necesario recurrir a investigación directa en campo donde cotidianamente sus habitantes enfrentan el dilema permanente entre aprovechar los recursos naturales y conservarlos para sostener una de sus fuentes principales de trabajo, ingreso y sobrevivencia.

Lo anterior está alineado con la obra de Elinor Ostrom (nobel de economía) cuya tesis fundamental se sintetiza en que no existe nadie mejor para gestionar sosteniblemente un recurso de uso común que sus propios implicados. Esta investigación en campo es esencial para comprender los incentivos individuales y condicionantes institucionales que influencian la toma de decisiones de los individuos de forma que se puedan diseñar intervenciones que favorezcan objetivos de desarrollo de las naciones [4].

En el tema en cuestión, se pueden responder a interrogantes como: ¿qué tipo de institución, regulación, incentivo o norma social se debe crear para lograr que alguna porción importante de la población actúe acorde con la conservación de un bosque? Para ello, el análisis es principalmente microeconómico, en el sentido en que gran cantidad de las causas que generan la conservación o explotación de un bosque surgen de decisiones de individuos, bien sean agricultores, madereros o consumidores. Sin embargo, el análisis también implica que los individuos en los ámbitos comunitario, regional, nacional o incluso global se involucren para definir las instituciones o reglas que restringen o posibilitan las alternativas para quien toma la decisión individual [3]. En términos metodológicos, es posible acudir a los experimentos o juegos económicos, los cuales son herramientas de la economía experimental, cuya aplicación a temas relacionados con el manejo de los Recursos de Uso Común (RUC), permiten comprender las decisiones económicas tomadas por los actores sociales que dependen de estos recursos [5]

Lo que emerge de estas nuevas metodologías de investigación e intervención es la propuesta de que los individuos pueden superar el dilema de la acción colectiva actuando individualmente de forma que el resultado colectivo sea también óptimo. A su vez, se abren posibilidades desde la institucionalidad para lograr este resultado, las cuales van mucho más allá de la propiedad privada de los recursos (imposible para algunos recursos naturales), del Estado omnipresente inefectivo en muchos contextos y del mercado que no pueden incluir en sus precios la totalidad de los costos sociales asociados al uso de los recursos naturales [3].

Referencias

[1] J. Fernández, «El problema de los recursos de uso común. Un enfoque de teoría de juegos», Estud. Demogr. Urbanos Col. Mex., n.o 50, pp. 381-409, 2002.

[2] A. Rincón-Ruíz, M. Echeverry-Duque, A. M. Piñeros, C. H. Tapia, A. David, P. Arias-Arévalo, y P. A. Zuluaga, Valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: Aspectos conceptuales y metodológicos. Bogotá D.C.: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2014.

[3] J. C. Cárdenas, Dilemas de lo colectivo. Instituciones, pobreza y cooperación en el manejo local de los recursos de uso común. Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, 2009.

[4] Banco Mundial, «Informe sobre el desarrollo mundial 2015: Mente, sociedad y conducta», Washington DC, 2015.

[5] J. C. Cárdenas, J. L. Castañeda, D. Castillo, C. Laverde, M. F. Pereira, y L. Á. Rodríguez, «Métodos complementarios para la valoración de la biodiversidad: una aproximación interdisciplinar», Bogotá D.C., 2012.

Notas

* Ingeniera Industrial. Especialista en Preservación y Conservación de los Recursos Naturales. Estudiante de Maestría en Economía y Desarrollo.

** “La diversidad se define como la variación de las formas de vida y se manifiesta en la diversidad genética, de poblaciones, espe­cies, comunidades, ecosistemas y paisajes”
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