Nuevas perspectivas sobre la violencia

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Resumen realizado por: Karen Lizeth Perez Picón

¿Cómo las preferencias sociales y los comportamientos individuales, en particular el problema de las creencias hacia lo que puede suceder como norma social y del estado, va a ser fundamental en la efectividad de las instituciones, y en particular referente al tema de la justicia transicional?

La posición de los ciudadanos frente a una política redistributiva depende de sus creencias, pues si un individuo tiende a creer que la riqueza o la pobreza depende de la mala suerte, este se encuentra más a favor de políticas redistributivas; mientras que, si e individuo está más a favor de las oportunidades para todos y la meritocracia como algo valioso y efectivo, este individuo tiende a estar en contra de políticas redistributivas. En ese sentido la creencia de los individuos va a marcar el apoyo a las acciones sociales o el apoyo a una política redistributiva social.

Los estudios que han realizado evidencian como las preferencias sociales pueden entrar en disonancia con las políticas del Estado, así mismo estos estudios muestran cuales serían los efectos de dicha diferencia y como pueden incidir en los procesos institucionales asociados, en particular a una justicia transicional que está tratando, por ejemplo, de reparar víctimas o el perdón y la reincorporación de desmovilizados

Algunos estudios realizados para Planeación Nacional sobre las preferencias y las percepciones individuales de los excombatientes frente a su reincorporación a la vida civil han mostrado que pareciera que entre los excombatientes hay una mayor importancia y preferencia por sentirse aceptados y reincorporados a la sociedad, pero una menor aceptación a participar en ejercicios de compensación a víctimas. Evidenciándose un permanente debate entre lo normativo y lo positivo, en cuanto al tema de políticas redistributivas.

Para analizar las diferencias en entre lo que la gente está pensando y lo que se quiere hacer, se presenta un ejercicio de justicia redistributiva con experimentos que se hizo para 500 habitantes de Bogotá, la mitad de ella pertenecientes a grupos vulnerables, entre ellos grupos de desplazados, personas con discapacidades, indígenas, excombatientes, recicladores, vendedores de la calle, comunidades negras y grupos que están recibiendo los beneficios del SISBEN.

Se reclutaron en varios centros de Bogotá donde suelen recibir esos beneficios sociales. Posteriormente fueron llevados al consultorio jurídico en la universidad de los Andes para que participaran en una serie de juegos económicos y esas personas iban tomando decisiones que involucraban transferencias monetarias reales entre ellos y otras personas. También se quería observar cómo se comportaban los funcionarios públicos en las agencias de Bogotá, de salud, educación, cuidado de niños y educación hacia estas personas de grupos vulnerables.

El primer juego es el de dictador, donde se le pedía a una persona (jugador 1), que podía ser un funcionario público o un ciudadano común y corriente que no tuviera la afiliación a una entidad pública, que dividiera 20 mil pesos entre él mismo y otra persona (jugador 2), que era mostrada al jugador 1 mediante una foto y unos datos básicos de la persona (edad, educación, si tenían o no ocupación) incluyendo la categoría de vulnerabilidad en que se encontraba (reciclador, excombatiente, desplazado, etc). El jugador 1 decidía cuanto le daba de los 20 mil pesos al jugador 2, si el jugador 2 recibía 0, quería decir que el jugador 1 tomo todos los 20 mil para sí mismo. Así se le informaba al jugador 2 que había recibido determinada cantidad del jugador 1.

El segundo juego llamado ultimátum, el mismo jugador 1 decide dividir 20 mil pesos, pero el jugador 2 tiene ahora la oportunidad de aceptar o rechazar. Si el jugador 2 acepta, recibe el dinero que le han enviado, pero si rechaza ninguno de los dos jugadores recibirá nada y el dinero se pierde.

El tercer juego sanción de terceros, de nuevo el jugador 1 es quien decide como dividir los 20 mil pesos entre ellos, pero ahora hay un tercer jugador que es el observador parcial que está viendo toda la información de las condiciones de los dos jugadores. Este jugador 3 decide si paga parte de su dinero o no para sancionar al jugador 1 y quitarle dinero si cree que la decisión fue injusta entre el 1 hacia el 2.

Además de esto, se le preguntó al jugador 2 cuanto estaba esperando recibir del jugador 1, antes de que se tome la decisión siendo la pregunta: ¿Cuánto usted cree que el enviaran de los 20 mil pesos?. El jugador 2 observa alguna información del jugador 1 como sexo, edad, donde trabaja, en que entidad, etc. Igualmente, se le pregunta al jugador 1 ¿Qué tal si este jugador 2 fuera un desplazado o un reinsertado?

De los resultados para el juego del dictador y el ultimátum se encontró: En promedio los desplazados estaban esperando que les dieran 13.000 pesos, pero por su parte los reinsertados estaban esperando un poco menos de la mitad. Dada estas expectativas, lo que se encontró fue que en promedio a los desplazados les enviaron 12000 y los reinsertados recibieron en promedio 9000. Esta es una clara confirmación una distribución distinta de las preferencias sociales.

Por su parte en el juego de sanción a terceros se encontró que las ofertas están claramente determinadas, pues cuando se compara con el resto de los jugadores, las personas que no eran reinsertadas o desplazados tenían un claro interés por compensar a las víctimas y sancionar económicamente a los victimarios. Entre más justa fuera la oferta, menos tendencia de sanción por parte del tercero y entre más injusta fuera la oferta, es decir entre más dinero se quede el jugador 1, más probabilidades tenían de ser sancionados. Sin embargo, esta función de sanción es distinta para el tercer jugador si la decisión depende de quién sea el receptor del dinero ya sea reinsertado o un desplazado.

Con esto se observa una función social implícita en las creencias de la gente y en las acciones donde hay efectos diferenciales entre las personas. Esto genera una disonancia con la política social. Evidenciada en los datos que presenta Planeación nacional donde se ha invertido desde el año 1999, 7. 6 billones de pesos para atención al caso de desplazados, y 2 billones de pesos para el caso de los reinsertados. En términos de dinero es una relación de 4 a 1, donde hay una política social claramente determinada hacia el favorecimiento de los desplazados.

El segundo estudio fue realizado para América Latina a 3.100 ciudadanos de 6 ciudades capitales latinoamericanas, siendo datos representativos de todos los estratos, genero, educación edad, etc. Aquí se realizan juegos sobre que tanto un individuo confía en otro extraño, que tanto quiere cooperar con otros que están en su grupo para promover un bien público y que tanto quiere enfrentar el riesgo colectivamente con esos extraños que están ahí. A partir de estas situaciones, lo que se encuentra es que los grupos vulnerables manifiestan que han sido excluidos de acceso a distintos mercados como la negación de un crédito, un trabajo o una cuenta bancaria, entre otras.

Estos grupos pertenecientes a ingresos socioeconómicos más bajos, pero quienes reciben mayores beneficios de programas estatales tienen un menor interés en participar de una acción pro-social. Sin embargo, cuando se toma el contra-factual que es el grupo de ingresos más altos y de personas que manifestaron no haber sido excluidas y que también pueden ser beneficiarios de programas estatales como subsidios de vivienda, subsidios de educación y demás, en este caso la relación que se encuentra es positiva, es decir estas personas tienden a ser más pro-sociales.

En conclusión, lo que se puede evidenciar de los estudios anteriormente mencionados es que la relación donde se busca llegar de la confianza al bienestar, asociada al hecho de que en Colombia existe un paralelo entre la exclusión social y un aparato estatal pro-social, progresivo y de atención a grupos más vulnerables; puede correlacionar la erosión del capital social con el carácter pro-social de la gente. Derivando esto en más exclusión social, donde terminan siendo más aislados los grupos más vulnerables, buscando en el Estado la inclusión de lo que la sociedad en general les ha venido excluyendo, erosionando igualmente el proceso de confianza y de cooperación entre la ciudadanía. Eso tiene detrás el problema de las preferencias sociales, por esto es necesario realizar la distinción entre lo que realmente piensa la ciudadanía y no lo que se quiere que piense o que cree que debería, pues no se están teniendo en cuenta las perspectivas y preferencias que tiene la ciudadanía.

Nota:

Este resumen fue tomado de la conferencia realizada por el profesor Juan Camilo Cárdenas en la Universidad de los Andes

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