Implicaciones, efectos y consecuencias reales del proceso de rendición de cuentas en Colombia

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Isaí Fuentes Galván

“Hacia la construcción de una metodología de verificación de la información en los procesos de rendición de cuentas de los entes territoriales.” 

En mi columna anterior, les había presentado como probable problema de investigación de mi trabajo de aplicación, el tema “Hacia la construcción de una política pública de parques urbanos como eje de desarrollo de cultura ciudadana en Bucaramanga”. No obstante su importancia, por la que considero imperiosa necesidad encontrar o diseñar espacios y  estrategias pedagógicas que asuman la cultura y el arte, como ejes de desarrollo de nuestras ciudades; luego  de revisar la literatura existente al respecto, pero ante  todo, luego de cursar las primeras materias de la maestría, como política pública I, Métodos de planeación, Metodología de la investigación, y Análisis de datos; he decidido cambiar de tema.

Seguramente a varios nos pasó que el mismo curso fue haciéndonos desistir de un tema e interesarnos en otro. En mi caso, ocurrió que el conocimiento nuevo adquirido hasta ahora en la maestría me fue dando herramientas para sopesar más pragmáticamente la utilidad, pertinencia y oportunidad del problema de  investigación y analizar el alcance práctico que este puede llegar a tener dentro del área de la gestión pública.

Tenía entre el tintero otro tema de mi interés: ¿cómo construir jurídicamente un sistema de responsabilidad política para los servidores públicos en Colombia? Que por razón de mi formación como abogado debería facilitarme las cosas, si de profundizar en el conocimiento del derecho público y de graduarme de esta maestría únicamente se tratara. Pero como no es así, sino que también aspiro a que mi trabajo de aplicación sea útil y provechoso para mi país, mi ciudad y mi universidad;  que sea como un pequeño ladrillo más en la  interminable pirámide del conocimiento, he resuelto (espero que definitivamente) abordar un problema que puede resultar más útil y práctico que los dos anteriores.

Se trata del proceso de rendición de cuentas, que por disposición de la ley deben hacer las entidades públicas periódicamente para –se supone–  informar y explicar a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión encomendada y someterse al control social. En Colombia la Constitución Política [1] de 1991 adoptó la democracia participativa, contemplando la oportunidad de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos. Por ello los gobernantes deben abrirse a la inspección pública y responder por sus actos.

La Constitución del 91 surgió en un momento en el cual se venían ejerciendo en el país una serie de presiones tendientes a lograr la apertura a mayores espacios democráticos. Es importante entonces conocer los rasgos característicos de una democracia participativa, a partir de la cual se establece la posibilidad para el ciudadano de pedir cuentas y para el gobernante de rendirlas.

La Corte Constitucional [2] señala que tal finalidad es otorgar al ciudadano la certidumbre de que no será excluido del debate, del análisis, ni de la resolución de los factores que inciden en su vida diaria. La participación se concibe como principio fundante del estado y fin esencial de su actividad, lo que implica para sus autoridades el deber de promoverla.

La Corte Constitucional teóricamente resalta la importancia de la participación ciudadana y no duda en aseverar que “el fortalecimiento y la profundización de la democracia participativa fue el designio inequívoco de la Asamblea Nacional Constituyente…”[3] La Constitución Política [4] dispone que el estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias, de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

Uno de esos mecanismos de control y vigilancia de la gestión pública es: la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es el deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder públicamente, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.

La ley 489 de 1998 [5] establece entre otros los principios y finalidades de la función administrativa, en su capítulo VIII creó los mecanismos de democratización y control social de la gestión pública, desarrolló el principio constitucional de la democracia participativa y creó las audiencias públicas de rendición de cuentas y el sistema general de información administrativa del sector público.

Uno de los reparos que se hace al proceso de rendición de cuentas, y quizá el más importante, es que no está cumpliendo su finalidad, y que se ha convertido más en un instrumento de promoción política de los gobernantes y administradores de turno, que en un auténtico  mecanismo de control y debate de la gestión pública, pues no existe una metodología, ni un proceso de verificación por la ciudadanía de la información que allí se presenta, ni se rinde cuentas sobre lo que queda  pendiente de hacer, sino solamente sobre lo que supuestamente ya se hizo.

Es necesario entonces verificar si: ¿Existen posibilidades reales de acceso a la información para el ciudadano común? ¿De dónde proviene ésta? ¿Qué grado de certeza tiene esa información? ¿A quiénes se les están rindiendo las cuentas? Y en general determinar ¿Qué implicaciones, efectos y consecuencias reales tiene hoy el proceso de rendición de cuentas en Colombia. ¡Sería bueno saber si las cuentas así rendidas nos están sirviendo para algo!

Notas

[1] Preámbulo de la constitución política de 1991.  (…) dentro de un marco jurídico, democrático y participativo  (…)

[2] Sentencia C-021 de enero de 1996, Corte Constitucional, Bogotá, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

[3] Sentencia C-180 de abril 14 de 1994, Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.

[4] Artículo 103 C.P. de Colombia.

[5] Ley de modernización de la función pública. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
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