Tema de investigación: Análisis del impacto del endeudamiento en el sector agua potable y saneamiento básico en el municipio de Onzaga, a través del mecanismo “Plan Carrasquilla”

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Isaura Plata Díaz

El tema propuesto para el   trabajo de investigación “Análisis del Impacto del endeudamiento en el sector de agua potable y saneamiento básico en el Municipio de Onzaga, a través del Mecanismo  Plan Carrasquilla”. El objetivo es analizar cómo este modelo de financiación ha incidido en la calidad de vida, y en la prestación del servicio público de agua potable tanto en el sector urbano como rural de los  habitantes del municipio.

La Constitución Política de 1991 establece como uno de los fines principales del estado la solución de necesidades básicas insatisfechas, y como un derecho fundamental está garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio del agua. (Corte Constitucional, Sentencia  T-740/11).

El agua y su calidad es considerada como un componente importante en la definición de calidad de vida, además que permite medir el índice de necesidades básicas insatisfechas, que un territorio es capaz de satisfacer para con sus habitantes. El agua es un bien, que sin ser público en términos económicos, tiene características legales, pero existen fundamentos que justifican el control público de estos servicios, (Art. 365 de la Constitución Política),  donde el agua potable y el saneamiento básico son considerados servicios públicos esenciales (Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento básico, 2001).

La Naciones Unidas, en la Asamblea General del 28 de Julio de 2010, reconoce como un derecho humano, el acceso al agua y el saneamiento básico y el alcance de las obligaciones que los Estados tienen de atender con prioridad este sector. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento [1].

En Colombia el suministro de agua potable y las soluciones de saneamiento básico en zonas rurales estuvieron a cargo de la Nación hasta la década de los ochenta, momento en el cual pasaron a ser responsabilidad de las administraciones municipales a partir de la descentralización política administrativa.

A partir del año 2006, el Gobierno Nacional adoptó como política sectorial la implementación de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) orientados a regionalizar, fortalecer el manejo empresarial de los servicios y articular los recursos de inversión provenientes de la Nación, departamentos, distritos, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR); los cuales se han concentrado en la atención de la población urbana brindando apoyo para la ejecución de inversiones y pago de subsidios [2].

Con la expedición de la Ley 1151 de 2007 “Por medio del cual se expide el Plan de Desarrollo 2006-2010,  en el Programa de Inversión  “Reducción de la Pobreza y promoción del empleo y la equidad”, se definió como estrategia en agua potable y saneamiento básico el manejo empresarial y los esquemas regionales a través de la implementación de los planes departamentales , así mismo en conjunto con las entidades territoriales y demás entidades del Gobierno Central se apoyaría la gestión de las medidas necesarias incluyendo la gestión de recursos presupuestales y/o del crédito con el fin de asegurar el abastecimiento de agua.

Bajo este esquema es que nacen los llamados bonos de Agua o conocido coloquialmente como “Plan Carrasquilla”, aludiendo este apelativo al Ministro de Hacienda para la época Alberto Carrasquilla. Este esquema le permitió a 117 municipios de todo el país la adquisición de créditos con la banca privada a largo plazo, pignorando en altos porcentajes la transferencia del SGP en agua potable y saneamiento básico, para nuestro caso pignorando el 70% de la asignación.

Con este esquema de organización, se prioriza el sector urbano, quedando el sector rural,  con pocos recursos para el cumplimiento del abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, el cual incluye construcción de acueductos veredales, mantenimiento de acueductos,  programa de saneamiento básico rural (manejo de aguas servidas en el sector rural).

Marco teórico

Para la construcción del marco teórico se procedió a recopilar la información de diferentes fuentes, se consultó con informes de ejecuciones presupuestales de la entidad durante los últimos 5 años, informes de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios y publicaciones de las diferentes entes de control sobre cobertura en el sector de agua potable y saneamiento básico, y de esta forma tener información de tipo cuantitativo. El marco teórico se estructura de la siguiente forma:

  1. Contenido del Marco Teórico

1.1 Destinación de los recursos del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, competencia de los municipios según Ley 1176 de 2007.

1.2. Esquemas de Financiamiento para el sector de Agua potable y Saneamiento Básico.

1.3 Revisión de Planes de Desarrollo desde la vigencia 2009 hasta 2015 del municipio de Onzaga, frente a la política pública de Agua potable y Saneamiento Básico.

1.4 Informes de Coberturas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

  1. Informe de Inversión de los Recursos del Crédito, del Plan Carrasquilla, Plan de Inversión y estado de las Obras.
  2. Cuantificación de los recursos cancelados a través del Esquema Fiduciario y revisión de las inversiones, desde la vigencia fiscal 2009 hasta el 2015, con los recursos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
  3. Estado Actual de los acueductos veredales y esquema de organización.
  4. Informes anuales de la Contraloría General.

Bibliografía

Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico, (2001). La Regulación de los servicios públicos  de agua potable y saneamiento básico en Colombia. Tercer mundo Editores, El Estado del arte de la regulación (pp 199-205). Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Documento  CONPES 3018, 2014

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. McGraw Hill.

Ley 1176 de 2007, “Por medio del cual se desarrollan los arts. 356 y 357 de la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones.

Ley 715 de 2001, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007, Resolución 2115.

Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, 2010.

Notas

[1] Organización Mundial Naciones Unidas, 2010

[2] Documento CONPES 3810 de 2014.

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