Análisis de la Política Pública de las Zonas de Reserva Campesina en el Valle del Rio Cimitarra: “Una Experiencia Para la Protección del Territorio y la Construcción de Escenarios de Paz”

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John Carlos Pabón Mantilla

En Colombia, los diferentes gobiernos, han entendido el desarrollo bajo el paradigma de la igualdad entre crecimiento económico y bienestar, por ello la apuesta de los mismos ha sido el fortalecimiento del empresariado y una tendencia a los subsidios focalizados, en lugar de la realización de inversiones en bienes públicos como política. El resultado de la puesta en marcha de este modelo ha sustentado una política pública y una visión del Estado sobre el proceso de modernización, en el que se han desarrollado.

“Ocho características que lo han hecho inadecuado y altamente insatisfactorio para avanzar en el desarrollo humano” (PNUD, 2011), estas características son: 1. No promueve el desarrollo humano y hace más vulnerable la población rural, 2. Es inequitativo y no favorece la convivencia, 3. Invisibiliza las diferencias de género y discrimina las mujeres, 4. Es excluyente, 5. No promueve la sostenibilidad ambiental, 6. Concentra la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos, 7. Es poco democrático y 8. No afianza la institucionalidad rural”.

Los puntos anteriores son los resultados a los que llego el PNUD en su más reciente investigación sobre el campo colombiano, el balance realizado por esta entidad revela que Colombia es más rural de lo que pensamos, y que esa realidad se oculta tras la idea de privilegiar el desarrollo mediante rutas urbanas. Según el informe no el 24% sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupada la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales (PNUD, 2011).

La superación de estas dificultades es planteada desde visiones muy variadas sobre cuál debería ser el puerto de llegada para el campo colombiano, teniendo en cuenta que esto a su vez significa la superación de una de las causas principales del conflicto armado, debido a su nivel de correlación con el tema agrario.

No obstante, a nivel general, prevalece la idea de dar un nuevo enfoque al tema del desarrollo rural, y esta tendencia no solo ocurre en Colombia, donde las zonas rurales han palidecido de un verdadero desarrollo, sino que obedece a una tendencia mundial. Los autores Frank Ellis y Stephen Biggs, señalan que: “si un nuevo paradigma de desarrollo debe emerger, debe ser uno en el cual la agricultura asuma su lugar, junto con un conjunto de otras actividades actuales y potenciales rurales y no rurales” (Ellis & Biggs, 2001).

Por otro lado, y teniendo en cuenta las características propias del campo colombiano, como son: la concentración de tierras, el bajo desarrollo técnico y tecnológico, la pobreza, la inequidad de género, la violencia, el desplazamiento y la baja cobertura en servicios elementales, uno de los paradigmas más aceptados por la academia, las organizaciones campesinas y algunas instituciones del Estado (ej. INCORA), es el “Desarrollo rural con enfoque territorial”, en el cual, el territorio es el primer elemento a contemplar en el diseño e implementación de políticas públicas, es decir, que las políticas deben realizar en primera instancia una valoración del contexto en el que van a ser aplicadas, y aunque eso parece del ABC de la política pública en todos los manuales, en Colombia se ha dejado a un lado para privilegiar el asistencialismo de la pobreza de manera trasversal.

Otra de las particularidades del enfoque territorial es la necesidad de redefinir el papel del Estado, especialmente en lo relativo a la provisión de bienes públicos, regulación de la economía y construcción de democracia e institucionalidad local (Araméndez, 2014).

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Tabla 1. Comparativo de Enfoque Tradicional- Enfoque Territorial.

El Desarrollo Rural Territorial debe entenderse como un proceso de trasformación en un espacio determinado, cuyo fin último es la disminución de la pobreza que ha acompañado desde siempre al campo colombiano; tiene además como propósito lograr articular la economía del territorio a mercados dinámicos: El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y concentración de los actores locales entre sí, y entre ellos y los agentes externos relevantes y de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus beneficios (Schejtman & Berdegue, 2003).

El territorio se convierte en un lugar en el que se sintetizan las nuevas estrategias para el desarrollo rural “se encuentra ligado a una forma -que- revindica el ordenamiento territorial como esencia de la propuesta de visión renovada de la ruralidad. La reflexión geográfica, demográfica, económica, social, ambiental y política incorporada constituye un cuerpo integral de ordenamiento territorial” (Rafael & Maria del Pilar, 2007).

Bajo este enfoque se pueden analizar propuestas de políticas públicas como las “Zonas de Reserva Campesina” puesto que ofrece la posibilidad de realizar un análisis espacial y multidimensional, en el que las comunidades asociadas bajo esta figura jurídica establecida por la ley 160 de 1996 han irrumpido de diferentes maneras en la agenda pública y claman el reconocimiento del Estado.

Otro de los marcos para entender el desarrollo de las zonas de reserva, que no se puede dejar a un lado, son las leyes encargadas de sustentar esta propuesta de desarrollo rural evidentemente territorial, la primera de ellas fue la ya mencionada “Ley 160 de 1996” donde en el Capítulo XIII designado a regular las zonas de colonización y las zonas de desarrollo empresarial, allí se define la figura jurídica y el papel del Estado.

Posteriormente, el Ministerio de Agricultura lanza el Decreto 1777, en el que se logra reglamentar el capítulo de la Ley 160 y, para terminar, el Acuerdo 024 de 1996 de la Junta Directiva del INCORA, se encarga de fijar los criterios y procedimientos para establecer los límites de las Zonas de Reserva Campesina, sus objetivos y procesos administrativos a cursar para la adquisición de tierras.

A modo de conclusión, podemos precisar que el estudio de las Zonas de Reserva Campesina debe realizarse desde el Enfoque Territorial, entendiendo este como un marco teórico relevante para su análisis, y desde la perspectiva legislativa mediante la cual se creó la figura jurídica objeto de estudio.

Bibliografía

Araméndez, C. S. (2014). Colombia: Estado Actual del Debate Dobre el Desarrollo Rural. Bogotá: Desde Abajo-Planeta Paz.

Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving Themes in Rural Development 1950-2000. In Develepment Policy review, 19.

PNUD. (2011). COLOMBIA RURAL: Razones Para la Esperanza. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Rafael, E., & Maria del Pilar, R. (2007). Nueva Ruralidad. Visión del territorio en America Latina y El Caribe. Panama: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Schejtman, A., & Berdegue, J. (2003). Desarrollo Territorial Rural. Santiago de Chile: Rimisp.
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