Caracterización del narcomenudeo

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Edson Manuel Muñoz Herrera

Luis Alejandro Palacio García

Es posible entender el Narcomenudeo como la interacción entre el expendedor y el consumidor final de drogas ilícitas, y se ha utilizado este concepto con el fin de marcar las especificidades de esta actividad frente a las complejidades que se pueden presentar al considerar el problema del narcotráfico en todas sus dimensiones. En este sentido, antes de abordar el problema del Narcomenudeo es importante hacer una revisión general de los fundamentos teóricos que serán utilizados a lo largo de la investigación.

En términos generales, en economía se han estudiado las transacciones ilícitas y los determinantes de la criminalidad a partir del enfoque conceptual de la Economía del Crimen, la cual aborda este tipo de actividades de no mercado dentro de un gran conjunto de ideas conocido como Análisis Económico del Derecho. En este sentido, esta forma de entender el crimen ha creado nexos cada vez más estrechos entre derecho y economía, y a su vez, ha generado caminos que divergen de la conciencia tradicional que tanto legisladores como economistas pueden tener de la relación entre la ley y el comportamiento de las personas.

El análisis propuesto por la economía del crimen está fundamentado en el supuesto de racionalidad de los individuos, lo cual no necesariamente implica cálculos exactos ni resolución de todo tipo de problemas, sino una capacidad restringida de razonamiento conocida como racionalidad limitada. De esta forma, se considera que algunas personas perciben un costo de oportunidad por permanecer dentro de la legalidad, el cual hace parte de sus consideraciones al momento de escoger si se realiza un acto delictivo o no. En el caso del consumidor de droga, por ejemplo, puede resultarle más costoso obedecer la norma de prohibición del consumo que transgredirla. Así mismo, el potencial expendedor puede considerar como mejor opción, para alcanzar un ingreso alto, dedicarse a la actividad ilegal, en muchas ocasiones porque el salario de oportunidad tiende a cero dadas las posibilidades reales de obtener un trabajo formal.

Es claro que quienes optan por la ilegalidad asumen un costo impuesto por la legislación, el cual se materializa a través de la persecución y castigos que el Estado le puede imponer por sus acciones. De esta manera, el potencial criminal realiza una comparación proporcional y subjetiva de la probabilidad de condena y el castigo por sus actos, pero como sólo los delincuentes condenados son castigados, no siempre se incurre efectivamente en el costo de la ilegalidad. Así, el delincuente percibe el valor del castigo representado en multas, años de prisión o trabajo comunitario en caso de ser condenado, pero es claro que este castigo no se hace efectivo cuando se logra evadir a la policía. Tomando en consideración lo expuesto, se espera que el número de crímenes tienda a disminuir si se incrementa la probabilidad de captura o el castigo, al dar como resultado una reducción en la utilidad esperada del criminal. Entonces, si una persona decide no cometer un acto delictivo de acuerdo a estos postulados, se dirá que el potencial infractor fue disuadido (Shavell, 1985).

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado tiene la posibilidad de disuadir la producción, distribución y consumo de drogas por medio de leyes que prohíben y castigan estos actos. Además, tiene a su disposición a la policía para la observancia de la ley, intentando asegurar que sus medidas se cumplan. De esta argumentación se desprende que este enfoque rompe con la percepción jurídica tradicional de individuos que ajustan su comportamiento al patrón establecido por la norma. En otras palabras, para abordar las actividades criminales no se puede presuponer obediencia a la ley, y por ende, hay que tener en consideración los gastos, tanto públicos como privados, en que se incurre con el fin de prevenir daños y aprehender a los agresores.

En esta medida, se encuentra un contexto que busca anular el intercambio pero también individuos que se relacionan sin seguir los lineamientos legales. Para ellos, la decisión de cometer un agravio dependerá de si la utilidad esperada excede la que obtendrían empleando su tiempo y recursos en otras actividades. Por lo tanto, algunas personas se convierten en delincuentes no porque su motivación básica difiera de la de los demás, sino porque sus beneficios y costos lo hacen (Becker, 1968). Así, los individuos que deciden consumir droga y quienes intercambian con estos como expendedores realizan una transacción ilícita que, en términos generales, puede ser entendida por medio de las herramientas que ha desarrollado la economía para abordar los intercambios de mercado.

Siguiendo los planteamientos de Coase, “Para llevar a cabo transacciones de mercado es necesario descubrir con quién deseamos transar, informar a la gente que deseamos intercambiar y en qué términos, conducir negociaciones que lleven a un convenio, redactar el contrato, llevar a cabo la inspección necesaria para asegurarnos de que los términos del contrato se observan, y demás.” (Coase, 1960; 526) En este sentido, la particularidad del Narcomenudeo consiste en que la búsqueda, negociación y seguimiento deben hacerse fuera de la legalidad.

No se cuenta con un marco formal que regule la interacción, y por el contrario, en cuestiones criminales el derecho pretende anular las transacciones haciéndolas mucho más costosas. Esto lleva a que comúnmente las personas desarrollen un sistema de reglas propio, una normatividad extralegal que incluye todo tipo de alianzas entre las partes para hacer cumplir los acuerdos, algunos se apoyan en la violencia y las amenazas, pero en la medida que logran reducir la fuerza hacen que las transacciones se optimicen (Ghersi, 2001).

Referencias

BECKER, Gary S. Crimen y Castigo: Una aproximación Económica. Journal of Political Economy, vol.76, núm. 3, 1968.

COASE, Ronald. El Problema Del Costo Social. Journal of Law and Economics, vol. 3, octubre de 1960, pp. 1-44. © 1960 The University of Chicago. Traducción tomada de William Breit y Harold M. Mochman, Editorial Latinoamericana, México, 1973.

GHERSI, Enrique. El Costo De La Ilegalidad. 2002. (www.cepchile.cl)

SHAVELL, Steven. Criminal Law And The Optimal Use Of Nonmonetary Sanctions As A Deterrent. Columbia Law Review, vol. 85, 1985, p. 1232. Traducido por José Casarrubias.
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