El proceso de la contratación pública: Una visión a la ley

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Bryan Snehider Díaz

El diseño de las estructuras jurídicas es de vital importancia para el desarrollo de la vida económica. Las instituciones y los derechos de propiedad definen la capacidad que tienen los mercados y las organizaciones humanas para cumplir eficazmente con su tarea de asignar los recursos escasos. Por eso es que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica, de la relación entre el estado y las personas a las que gobierna. En el presente texto pretendo explorar los principales elementos y requisitos contemplados por la ley colombiana en lo que respecta al proceso de contratación pública, las restricciones, los procedimientos y los mecanismos económicos subyacentes.

Para entender el proceso de contratación pública es necesario enfocarse primero en los organismos e instituciones que la ley ha erigido para regularla. En primera estancia, gracias al decreto de ley 4170 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en reconocimiento de la importancia de la compra y contratación pública decide crear Colombia Compra Eficiente (CCE), en función de la necesidad de crear políticas guía para la administración y compras y tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado a los planes de desarrollo. CCE está adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP), un departamento administrativo que pertenece a la rama ejecutiva y que como entidad técnica impulsa la planeación de una visión estratégica del país.

Según este mismo decreto de ley los participantes del sistema de compras y licitación pública son grosso modo: las entidades estatales que adelantan procesos de contratación, CCE, los oferentes, contratistas, supervisores e interventores. Estos interactúan al interior del plan nacional de adquisiciones, un documento que debe contener la lista de bienes, obras y servicios que los organismos públicos pretenden adquirir durante el año, según el Decreto 1510 del 2013. Este plan no es vinculante en tanto que las entidades pueden modificar sus compras según las necesidades, y el cambio en las circunstancias. Lo que la ley si obliga es a publicitar dicho presupuesto en la plataforma virtual: SECOP.

La participación en el proceso de licitación  pública está regulada por el registro único de proponentes (RUP), tal y como lo contempla el decreto 1082 del 2015, en esta las personas jurídicas, naturales, nacionales o extranjeras interesadas en participar en procesos de contratación deben registrarse, cumpliendo un listado de requisitos, descrita en una considerable cantidad de documentos que varían si se trata de una persona natural o una persona jurídica; donde se contemplan cosas como los bienes, obras y servicios que pretende ofrecer al estado, certificados de experiencia,  capacidad jurídica, estados financieros,  y demás contratos privados  o públicos de los que haga parte el sujeto de derecho.

Las cámaras de comercio posteriormente verificarán la validez de la información contenida y expedirán el formulario, y los requisitos habilitantes para permitir la participación de los sujetos en los procesos de contratación. Además el interesado en celebrar contratos debe acreditar su capacidad residual o de contratación, en relación con los contratos suscritos con entidades estatales o privadas, y el balance general auditado del año inmediatamente anterior. Para poder participar, el proponente debe acreditar una capacidad residual superior o igual a la capacidad residual establecida en los documentos del proceso, en conformidad con lo citado en los dos anteriores decretos.

El primer paso en el proceso de creación de un contrato de licitación es el análisis del sector económico en cuestión por parte de las entidades estatales. En este la entidad estatal primero está obligada a realizar una etapa de planeación y el análisis necesario para conocer el sector relativo, objeto del proceso, desde una enorme multiplicidad de perspectivas. Hecho esto, la entidad estatal debe determinar los requisitos habilitantes, que contiene grosso modo en el riesgo inherente al proceso de contratación, el valor del contrato, el análisis anteriormente realizado y el conocimiento de los  posibles oferentes.

Una vez realizado y sobre la base de planeación y evaluación económica del sector, se pasa a la elaboración del proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones del contrato, que tiene su base en las necesidades y restricciones identificadas durante el proceso de evaluación económica. Los pliegos de condiciones representan como tal, un documento contractual, en el cual se establecen las cláusulas que se aceptan en un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa o una subasta.

Una vez hecho esto se abre el aviso de convocatoria, donde los interesados en participar en el proceso, que se encuentren acreditados por el RUP, deben manifestar su interés en el proceso, según el aviso de convocatoria publicado en el organismo en cuestión. En el aviso de convocatoria se publicará también la primera versión de los pliegos de condiciones que deben contener la descripción técnica y detallada del contrato, la modalidad del proceso, las condiciones de costo y/o calidad que el estado desea obtener, las reglas y los mecanismos de selección, el valor y los riesgos asociados al contrato, los términos de supervisión y el cronograma. Los participantes podrán entonces hacer observaciones en un periodo determinado de días según la modalidad de selección y el estado podrá realizar modificaciones a los pliegos de condiciones, hasta que se cierre oficialmente el plazo de realización de las ofertas.

Una vez se han cerrado las ofertas da inicio al periodo de selección. La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista, teniendo en cuenta factores como las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta, tanto mínimas como ideales y el valor en dinero que la entidad estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional.

La entidad designará un comité evaluador, conformado por servidores públicos, para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés de cada uno. Para evitar la colusión entre oferentes, el estado podrá exigir explicaciones de los oferentes que considere han pujado con un valor artificialmente bajo. Una vez seleccionado un ganador y celebrado el contrato, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la superintendencia financiera, contrato que estará contemplado claramente en los pliegos de condiciones anteriormente mencionados.

Bibliografía

North, D. C. (1995). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. (F. de C. Económica., Ed.). México D.F.

Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015.

Decreto 1510 del 17 de julio del 2013.

Ley 80 de octubre 28 de 1993
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