¿Quién es el verdadero dueño de lo público?

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Bryan Snehider Díaz

La teoría económica se ha ocupado de entender y construir todo un arsenal de conceptos para entender la propiedad, los bienes, y el uso de las mercancías; entre los cuales aparecen los bienes públicos. La naturaleza de lo público puede entenderse perfectamente desde dos concepciones aisladas y complementarias: una más antropológica (Harris, 1991) que aboga por la creación de códigos de comunidad, de vínculos y lazos de responsabilidad colectiva que nos obligan a interesarnos por el bienestar de los demás y que obligan a desdibujar los límites de lo privado, y una económica que explica la existencia de bienes públicos como una falla del mercado en forma de externalidad: es decir, una situación donde es difícil definir quien es el dueño de algo, y donde una transacción genera efectos incontenibles que afectan a otras personas sin que podamos evitarlo. La principal diferencia entre la explicación de corte económico y la explicación de corte antropológico yace en a cuál faceta del hombre se apela, si al hombre social o al hombre económico.

Lo importante en ambos casos es que existen espacios que nos pertenecen a los seres humanos como conjunto, que no se pueden dividir ni asignar a nadie: un ejemplo muy concreto de eso es el conocimiento, el agua o la religión; se trata en todos los casos de creaciones humanas que no pueden ser evitadas y que de uno u otro modo nos afectan a todos. Estos espacios compartidos tienen una importancia central en las sociedades modernas, pues es en su interior que se construyen las leyes, los gobiernos, las identidades, los sueños y por lo general esa compleja amalgama compuesta de arte y sentimientos a la que llamamos historia; y es por ello por lo que hemos decidido protegerlos y darles un trato especial.

Una de las formas más conocidas de los bienes públicos es el espacio urbano, destinado específicamente para dichos fines, mejor conocido como espacio público. Según Bellet-Sanfeliu (2009) el espacio público es aquel que es abierto todos, accesible y multifuncional. Para el caso colombiano la ley 9 de 1989 define el espacio público como el conjunto de inmuebles (…) destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas y su defensa se encuentra consagrada en el primer artículo de la ley 338 de 1997, a la luz de las razones que ya hemos enunciado, y es que el espacio público representa uno de los elementos más importantes a la hora de construir para nosotros una identidad como sociedad.

El asunto de fondo es que por definición el espacio público no le pertenece a nadie, y la responsabilidad de su protección se difumina en una decisión de carácter colectivo. Esto quiere decir que en principio cualquiera puede hacer uso de un bien público, si con este no hace usufructo total del mismo y no impide su utilización por parte de otra persona. El problema con esta concepción es que como bien sabemos los contratos son incompletos y la ley no puede hacer una interpretación absoluta de la realidad por tanto es sumamente difícil establecer a partir de que punto el bien público pasa de un uso aceptado, a la completa apropiación de este, pues por ejemplo: ¿Qué diferencia hay entre alguien que se sienta toda una tarde a jugar con sus amigos en un parque de un habitante de la calle que decide utilizar una banca para dormir por la noche?

Otra particularidad de los bienes públicos es que su naturaleza ofrece muchos incentivos a la apropiación, si una persona decidiera apropiarse de la parte central de un parque, por ejemplo para ofrecer sus productos al público, podría obtener ganancias más que proporcionales y a un costo nulo. El fenómeno es especialmente acuciante cuando este incentivo se ofrece en un ambiente donde una considerable cantidad de personas tienen dificultades para asegurarse la satisfacción de sus necesidades más básicas, por lo que pueden encontrar en esta particularidad un excelente modo para garantizar uno de los derechos plasmados en el artículo 25 de la constitución política: el derecho al trabajo.

Visto desde esta óptica la apropiación del espacio público por parte de las personas necesitadas implica un dilema entre dos valores con su respectiva base legal: la protección de los bienes públicos y el derecho al trabajo. En esta contraposición de ideas quiero exponer como base referente y una potencial solución el fallo de la corte constitucional, cuando en mayo del 2015 ordenó a la alcaldía de Santa Marta suspender el proceso de restitución del espacio público hasta que se garantice que dicha reubicación no afectará la situación socio económica de los comerciantes allí implicados.

En ese sentido el fallo de la corte básicamente obedecía a dos razones particulares: proteger a las personas de cambios intempestivos que puedan afectar la provisión de un mínimo vital y la superioridad jerárquica del derecho al trabajo, sobre el derecho al espacio público, en términos de que una es un mandato constitucional y la otra es una ley. En ese sentido el fallo de la corte constitucional no pretende una vulneración del uso del espacio público, sino que establece un grupo de procedimientos que deben seguirse para asegurar que si se persigue preservar lo público, se haga dentro de un margen que no vulnere otros derechos de igual o mayor importancia.

Referencias:

Harris, M. (1991). Nuestra especie (Alianza Ed).

Bellet-Sanfeliu, C.  (Noviembre, 2009). Reflexiones sobre el espacio público. El caso de las ciudades intermedias. Trabajo presentado en el IV Seminario de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. Recuperado de http://goo.gl/2CE9ma

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