El proceso de la contratación pública: Una visión a la ley

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Bryan Snehider Díaz

El diseño de las estructuras jurídicas es de vital importancia para el desarrollo de la vida económica. Las instituciones y los derechos de propiedad definen la capacidad que tienen los mercados y las organizaciones humanas para cumplir eficazmente con su tarea de asignar los recursos escasos. Por eso es que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica, de la relación entre el estado y las personas a las que gobierna. En el presente texto pretendo explorar los principales elementos y requisitos contemplados por la ley colombiana en lo que respecta al proceso de contratación pública, las restricciones, los procedimientos y los mecanismos económicos subyacentes.

Para entender el proceso de contratación pública es necesario enfocarse primero en los organismos e instituciones que la ley ha erigido para regularla. En primera estancia, gracias al decreto de ley 4170 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en reconocimiento de la importancia de la compra y contratación pública decide crear Colombia Compra Eficiente (CCE), en función de la necesidad de crear políticas guía para la administración y compras y tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado a los planes de desarrollo. CCE está adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP), un departamento administrativo que pertenece a la rama ejecutiva y que como entidad técnica impulsa la planeación de una visión estratégica del país.

Según este mismo decreto de ley los participantes del sistema de compras y licitación pública son grosso modo: las entidades estatales que adelantan procesos de contratación, CCE, los oferentes, contratistas, supervisores e interventores. Estos interactúan al interior del plan nacional de adquisiciones, un documento que debe contener la lista de bienes, obras y servicios que los organismos públicos pretenden adquirir durante el año, según el Decreto 1510 del 2013. Este plan no es vinculante en tanto que las entidades pueden modificar sus compras según las necesidades, y el cambio en las circunstancias. Lo que la ley si obliga es a publicitar dicho presupuesto en la plataforma virtual: SECOP.

La participación en el proceso de licitación  pública está regulada por el registro único de proponentes (RUP), tal y como lo contempla el decreto 1082 del 2015, en esta las personas jurídicas, naturales, nacionales o extranjeras interesadas en participar en procesos de contratación deben registrarse, cumpliendo un listado de requisitos, descrita en una considerable cantidad de documentos que varían si se trata de una persona natural o una persona jurídica; donde se contemplan cosas como los bienes, obras y servicios que pretende ofrecer al estado, certificados de experiencia,  capacidad jurídica, estados financieros,  y demás contratos privados  o públicos de los que haga parte el sujeto de derecho.

Las cámaras de comercio posteriormente verificarán la validez de la información contenida y expedirán el formulario, y los requisitos habilitantes para permitir la participación de los sujetos en los procesos de contratación. Además el interesado en celebrar contratos debe acreditar su capacidad residual o de contratación, en relación con los contratos suscritos con entidades estatales o privadas, y el balance general auditado del año inmediatamente anterior. Para poder participar, el proponente debe acreditar una capacidad residual superior o igual a la capacidad residual establecida en los documentos del proceso, en conformidad con lo citado en los dos anteriores decretos.

El primer paso en el proceso de creación de un contrato de licitación es el análisis del sector económico en cuestión por parte de las entidades estatales. En este la entidad estatal primero está obligada a realizar una etapa de planeación y el análisis necesario para conocer el sector relativo, objeto del proceso, desde una enorme multiplicidad de perspectivas. Hecho esto, la entidad estatal debe determinar los requisitos habilitantes, que contiene grosso modo en el riesgo inherente al proceso de contratación, el valor del contrato, el análisis anteriormente realizado y el conocimiento de los  posibles oferentes.

Una vez realizado y sobre la base de planeación y evaluación económica del sector, se pasa a la elaboración del proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones del contrato, que tiene su base en las necesidades y restricciones identificadas durante el proceso de evaluación económica. Los pliegos de condiciones representan como tal, un documento contractual, en el cual se establecen las cláusulas que se aceptan en un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa o una subasta.

Una vez hecho esto se abre el aviso de convocatoria, donde los interesados en participar en el proceso, que se encuentren acreditados por el RUP, deben manifestar su interés en el proceso, según el aviso de convocatoria publicado en el organismo en cuestión. En el aviso de convocatoria se publicará también la primera versión de los pliegos de condiciones que deben contener la descripción técnica y detallada del contrato, la modalidad del proceso, las condiciones de costo y/o calidad que el estado desea obtener, las reglas y los mecanismos de selección, el valor y los riesgos asociados al contrato, los términos de supervisión y el cronograma. Los participantes podrán entonces hacer observaciones en un periodo determinado de días según la modalidad de selección y el estado podrá realizar modificaciones a los pliegos de condiciones, hasta que se cierre oficialmente el plazo de realización de las ofertas.

Una vez se han cerrado las ofertas da inicio al periodo de selección. La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista, teniendo en cuenta factores como las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta, tanto mínimas como ideales y el valor en dinero que la entidad estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional.

La entidad designará un comité evaluador, conformado por servidores públicos, para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés de cada uno. Para evitar la colusión entre oferentes, el estado podrá exigir explicaciones de los oferentes que considere han pujado con un valor artificialmente bajo. Una vez seleccionado un ganador y celebrado el contrato, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la superintendencia financiera, contrato que estará contemplado claramente en los pliegos de condiciones anteriormente mencionados.

Bibliografía

North, D. C. (1995). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. (F. de C. Económica., Ed.). México D.F.

Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015.

Decreto 1510 del 17 de julio del 2013.

Ley 80 de octubre 28 de 1993
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¿Y usted en dónde quiere estar?

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Lukas Francisco Muñoz Rueda

El sol salía en la ciudad, iluminando poco a poco las frías calles que comenzaban a llenarse de somnolientas personas, todas ellas rumbo a sus lugares de trabajo o estudio. A pesar del ajetreo inherente de las grandes urbes, el ambiente allí era de absoluta serenidad, calma que sólo podía ser entendida como la confianza en el otro, la seguridad de que se llegará a destino sin mayor contratiempo. Sin duda alguna la implementación de un sistema de vigilancia capaz de medir el coeficiente criminal de cada individuo había sido el mayor avance en cuanto a convivencia respecta.

Este coeficiente, medido como un valor en una escala numérica, exponía la propensión de un ser a cometer un crimen, importante herramienta que permitía poner bajo custodia a aquellos que, independientemente de si habían o no cometido una violación a la ley, mostraban valores superiores a los permitidos. Así la elección de obrar de cierta manera se veía imposibilitada por el sistema, y el tomar ventaja de otros o cualquier acción netamente egoísta era evitada por el miedo a elevar su grado de maldad y terminar así preso, o peor.

Con todo lo anterior, los días allí transcurrían a paso seguro, predecible, controlado. Aquellos aptos para gozar de “libertad”, entendida esta únicamente aquí como no estar preso, tenían trabajos asignados por el omnipotente sistema, y en él se desempeñaban hasta el ocaso de sus vidas. Es este el hipotético futuro que presenta el anime Psycho Pass (2012), escrito por Gen Urobuchi, que permite a su espectador sumergirse en un debate interesante acerca del papel de la voluntad y la toma de decisiones del individuo.

Visto superficialmente, el sistema absoluto que rige la “utópica” nación podría ser alabado como el fin de las preocupaciones sociales, una vida asegurada, para bien o para mal, por una fuerza externa a las voluntades humanas. En una estructura tan organizada, profesiones como la abogacía desaparecen, ya que el software emite un juicio definitivo, sin posibilidad de apelación. De igual manera, el trabajo policiaco se transforma en un rol de verdugo que se encarga de ejecutar las sentencias que el sistema dicta.

Sin embargo, semejante nivel organizacional resulta en una terrible pérdida para los seres humanos, ya que la capacidad de elección se ve diezmada. Se nota aquí la imposibilidad de pensarse a sí mismo. El elegir un rumbo y darle un significado a la vida se presenta como un absurdo, y lo único importante es mantenerse dentro del sistema, para poder así gozar de sus beneficios. Quizá un mundo así donde no se tenga un poder de elección, a pesar de los beneficios, carezca de todo sentido, sobre todo si se es profesor de teoría de juegos.

Pero el debate sobre la renuncia de ciertas libertades a favor de un bienestar social no es cosa reciente: ya la necesidad de reglas sociales y la abolición de las “libertades naturales” fueron expuestas por los contractualistas del siglo XIX, quienes afirmaban unos valores comunes para la convivencia (Fabra, et al. 2015). Ahora bien, el derecho que impone limitantes, se debe aclarar, no regulan ni la moral ni las creencias particulares, sino que se limita únicamente al estudio de la norma jurídica válida desde la razón como fundamento del estado. Por consiguiente, el accionar humano, a pesar de las limitaciones que impone la norma, aún decide sobre su moral, sus preferencias y su comportamiento propio.

Entonces, la pregunta así se muestra centrada sobre si es conveniente condicionar y someter la libre elección a favor de un mundo como el presentado en la serie tomada a manera de ejemplo. Este tema se sale ya de las manos del derecho, y la responsabilidad de llevar a cabo un análisis recae más bien en ciencias sociales como la economía, sociología y la filosofía. Así, desde esta nueva óptica, lo primero sería encontrar cómo la estructura social repercute en la formación de un único ente, para luego determinar o intentar hacer una aproximación a una respuesta para este tema.

Y respecto a esto se encuentran un sinnúmero de ejemplos que demuestran la compleja relación entre el uno y la totalidad. Así, como interesante ejemplo desde la psicología, la universidad de Harvard ha encontrado luego de décadas de estudio poblacional, que las relaciones sociales les proporcionan a los seres humanos una mejor y mayor calidad de vida a largo plazo (Waldinger, 2014). Así mismo, desde la economía resultan evidentes las necesidades de la convivencia en grupos.

Sólo basta con ver la obra de Adam Smith quien en su libro investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones (1776) explica las bondades de la división de trabajo para aumentar los niveles de producción, lo que implica la necesidad de aglomeraciones. Empero, esto no le significa a la comunidad un papel absoluto dentro del desarrollo humano, y así lo demuestra Levitt (2005) en su libro freakocomics, donde, luego de un estudio que pretendía investigar sobre un posible vínculo entre el desempeño académico y las condiciones de vida de estudiantes en Estados Unidos, no logró encontrar una correlación entre las calificaciones y el estrato socioeconómico.

Dado lo anterior se puede deducir que la sociedad, a pesar de establecer una serie de parámetros para todos (dada a la existencia de la norma jurídica) y de ser necesaria por las ventajas que ofrece frente al aislamiento total, no le impone al individuo que tome por sí mismo las decisiones de su vida, siempre y cuando estas se encuentren dentro del marco normativo. Sin embargo, sí se aprecia en la realidad un sometimiento voluntario de la unidad frente a la masa, y esto se debe a la sensación de protección y a la simplificación de las decisiones al estar con el grupo.

Respecto a esto, curiosamente en el mismo texto de freakonomics, y tal vez a manera de mostrar que no existe un parámetro absoluto social, el autor narra la historia de dos hermanos viviendo en condiciones paupérrimas, pero que a pesar de las adversidades uno de ellos logra superarse, salir adelante y convertirse en un destacado economista, mientras que el otro termina en el mundo de crimen, alimentando así ese contexto en el cual creció (Levitt y Dubner, 2005).

Igualmente, y a manera quizá de ejemplo más cercano a la realidad colombiana, hace poco un post publicado en Facebook, en una página de estudiantes de la universidad Nacional, preguntaba por el motivo por el cual los lectores de la publicación seguían viviendo. Fue muy sorpresivo encontrar que, a pesar del nivel de formación de los integrantes del grupo, un poco más de la mitad de los que respondieron (50 estudiantes) argumentaban no haber pesado sobre ello, o bien esgrimían una respuesta de conformismo con su situación actual. ¿Qué significa esto? Un rechazo a salir de la zona de confort, donde los contextos y la sociedad tienen mucho peso y facilitan la toma de decisiones. Parece ser que resulta más fácil dejarse llevar por la corriente que atreverse a moverse más allá. No sin motivo la filosofía de Nietzsche propone, aunque ya de manera algo radical, un rechazo a la imposición de valores dados por un sistema, a favor de la búsqueda individual de principios. (Lopez, 2013)

Ya no hace falta nada más para entender que es imposible homogeneizar a la población en cuanto a una única manera como la sociedad ejerce su influencia. Aquel grado de dominio de sí mismo aparece entonces como diferenciador que permite observar la existencia de dos grandes grupos: aquellos que se dejan llevar por las fuerzas de las mayorías y aquellos que desean imponerse sobre estas. Dirigentes y dirigidos, pues, interactúan a diario, pero son los primeros quienes dan las pautas que crean y comandan las acciones de los otros o, en otras palabras, forman en mayor o menor medida valores. Y estos que comandan acciones lo hacen movidos o bien para su propio beneficio, o bien para el beneficio tanto suyo como de un grupo en general.

Aunque esta diferenciación de la población pueda resultar algo incómoda, parece ser la particularidad de las interacciones humanas. Es así como los conceptos de puntualidad, listas de asistencia y muchas otras medidas suelen ser, por un lado, impuestas por aquellos con el poder y la voluntad de hacerlo (cada quien con su motivo particular) y, por otro lado, aceptadas sin mayor problema por parte de la multitud. Las ventajas de admitir estos mandatos sin mayor oposición resultan claras, en el sentido en que simplifican la toma de decisiones hasta el punto de que resolver entre opciones tales como asistir / no asistir terminan por ser un mero cálculo de utilidades impuestas por un sistema de incentivos o castigos, mas no el resultado de una valoración propia y a conciencia.

Ahora bien, una vez planteada la estructura, sólo falta nombrar a la herramienta que permite a un pequeño grupo dominar en cuanto a sus valores, comportamiento y moral a uno tan grande. El responsable: nada más y nada menos que la teoría de juegos y le economía conductual, que al descubrir en qué se basan los ítems anteriormente nombrados, deja la posibilidad de su manipulación. Derecho y economía se muestran, entonces, como las formas eficaces de control, que parecen complementarse y hasta abrir la puerta al imaginario mundo del anime Psycho Pass.

Finalmente, y para responder la pregunta sobre si es mejor o no un sistema que limite las posibilidades de elecciones y estrategias, parece prudente afirmar como beneficioso socialmente el mantener a la gran mayoría, que parece así desearlo, en la paz que proporciona la implementación de los valores, aquel ideario del “coeficiente de criminalidad”.

Bibliografía:

Levitt, S. D., & Dubner, S. J. (2005). Freakonomics: A rogue economist explores the hidden side of everything. New York: William Morrow.

López, F., (2013) Metafísica y nihilismo. Bucaramanga, Publicaciones UIS.

Escritor G. Urobuchi; Director N. Shiotani; (2012) Psycho Pass. Fuji TV

Smith, A., & Wight, J. B. (2007). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Petersfield Hampshire, England: Harriman House LTD.

Fabra, J., Núñez, A., (2015) Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, volumen uno. México D.F. UNAM.

Waldinger, R. J., Cohen, S., Schulz, M. S., & Crowell, J. A. (2014). Security of attachment to spouses in late life: Concurrent and prospective links with cognitive and emotional wellbeing. Clinical Psychological Science August 18

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El dilema de la asignación de derechos de propiedad bajo la perspectiva del Teorema de Coase

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Álvaro Javier Vargas Villamizar

El presente texto busca analizar ligeramente la relación existente entre los fallos de la Corte Constitucional, desde su creación en año 1992, y el Teorema de Coase. Ello con la finalidad de demostrar que de manera implícita e inadvertida la Corte ha aplicado supuestos económicos a sus fallos, realizando análisis similares a los propuestos por Coase (1960) en el artículo “The problem of social cost”.

El Teorema de Coase surge a partir del análisis del Problema del Costo Social, donde se evidencia que dicha dificultad surge debido a la asignación ineficiente e inmodificable de recursos, aunado a la causación recíproca de un daño surgido entre las partes en conflicto. Este Costo Social genera problemas que se pueden analizar desde la perspectiva económica y la jurídica; desde lo económico se analizan los costos de previsión y reparación del daño y desde lo jurídico se analiza a partir de la ley quién está facultado para causar el daño y por tanto sobre quién recae el daño jurídicamente aceptable. El Teorema de Coase plantea dos postulados: la asignación de recursos y los costos de transacción. Respecto a la asignación de recursos afirma que, si bien se puede hablar de una asignación inicial de recursos dada por la ley o el juez, también existe la posibilidad de que las partes en conflicto mediante un acuerdo modifiquen esa asignación inicial, logrando de esta forma una asignación eficiente. Sobre los costos de transacción, Coase propone que deben ser lo más bajos posibles para poder llegar a un acuerdo sostenible y eficiente entre las partes, pues tratándose de costos altos las partes no se verán motivadas a negociar.

Gaviria y Plata (2012) realizan un análisis de nueve sentencias de tutela de la Corte Constitucional, en las cuales es posible observar que dependiendo del caso y de las partes en conflicto la Corte realiza una asignación de derechos. A pesar de no estar mencionando explícitamente los supuestos de Coase, se observa cómo se aplican de manera implícita algunos conceptos económicos para dar solución a determinados casos. Entre los conceptos adoptados por la Corte se encuentran: la necesidad de internalizar las externalidades, el término cheapest cost avoider: que afirma que debe prevenir el riesgo a quien le sea menos costoso, la definición coming to the nuisance: que plantea el principio ‘primero en tiempo primero en derecho’, es decir, quien primero adquiere el derecho será a quien haya que garantizársele el ejercicio del mismo.

Gaviria y Plata (2012) también realizan un comparativo entre las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional y los postulados del Teorema de Coase. Las respuestas de la Corte se pueden agrupar en tres categorías. La primera, posición en la que la Corte asigna derechos específicamente, sea al demandado o demandante, a partir de esta decisión se logra una asignación eficiente por cuanto al haber claridad en la asignación inicial de derechos las partes podrían convenir una reasignación mediante acuerdos. La segunda, en la cual la Corte únicamente sugiere soluciones, más no asigna derechos de manera clara, esta postura genera ineficiencias por cuanto las partes al no observar sus derechos claramente delimitados asumirían que la obligación de reparar es del otro y por tanto no invertirían esfuerzos en llegar a un acuerdo. La tercera categoría hace referencia a la posibilidad desde el derecho de continuar con la causación de perjuicios bajo la condición de compensación al perjudicado, teniendo en cuenta el principio económico de reparación monetaria.

Gaviria y Plata (2012) relacionan la forma de asignar derechos con el Teorema de Coase, proponiendo tres posibles alternativas frente al conflicto de las partes. La primera consiste en la integración de las partes en conflicto, es decir, la unificación de las partes con el fin de evitar la perpetuación de los daños. Por ejemplo, si se tratara de dos firmas en conflicto, se sugiere la posibilidad que una adquiera la propiedad de la otra por medio de la compra de la empresa, así siendo de un mismo dueño no habrá lugar a disputas. La segunda forma trata de asignar derechos mediante la transferencia de derechos reales, esto es, la constitución de servidumbres que traen consigo beneficios implícitos, dado que condiciona tanto al propietario actual como a los futuros y se constituye mediante documento público registrado en el certificado de libertad y tradición. Éstas permiten una asignación eficiente de los derechos de propiedad y revela las preferencias de quienes intervienen: predio dominante y predio sirviente. Finalmente propone una reasignación de derechos por vía contractual, esto es mediante el acuerdo de las partes de lograr un pacto que las beneficie y las condicione a actuar de determinada manera en pro de un bienestar mutuo.

La importancia del análisis de Gaviria y Plata (2012) radica en la visualización de la utilidad del análisis económico del derecho para solucionar situaciones prácticas, no se centra únicamente en hablar de la teoría y las propiedades del método, sino que lo implementa en el análisis de la jurisprudencia colombiana. El resultado del estudio realizado es satisfactorio por cuanto evidencia un avance en la implementación de políticas económicas que pueden propender por generar una asignación eficiente de recursos entre las partes de diversos conflictos.

Referencias

Coase, R. (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics, 3, 1-44.

Gaviria Gil, J. A., & Plata López, L. C. (2012). El conflicto en la asignación de derechos desde la Perspectiva del análisis económico del derecho: El Teorema de Coase y la jurisprudencia de la corte constitucional colombiana. Revista de Derecho, 330-370.
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Contratación estatal: Grupo Nule, corrupción y manejo administrativo

2036

Myriam Edith Monsalve Rondón

Hola en clase de Teoría de Juegos mi profesor me ha pedido que escoja un tema para escribir un documento y he decidido que les voy a hablar de la corrupción en la contratación estatal, caso específico: la caída del Grupo Nule. Este caso nos amplía y acerca a un entender del concepto corrupción en la realidad y práctica de la contratación estatal como un fenómeno cíclico que se autorrefuerza en sus causas y consecuencias.

Componentes como la desigualdad social, los inadecuados diseños administrativos, los impunidad frente a las prácticas corruptas; al igual que la aceptación social de la misma, dada en diferentes momentos y entidades son el ejemplo claro de un fenómeno que hace retroalimentación y que contempla el accionar irresponsable de quienes componen una parte de la comunidad y solo se preocupan egoístamente por sus intereses, sin importar que para sus beneficios personales haya gente que resulte injustamente perjudicada.

El Grupo Nule nació en Sucre en 1992 y llegó a Bogotá en 1998 cuando ganó un contrato con el IDU para hacer la ciclo ruta de Fontibón. En el 2002, se ganaron un contrato del Acueducto de Bogotá con el consorcio Aguas Kapital. Pero fue en el 2004 cuando entraron en grande en el escenario nacional y comenzaron a competir en serio con los contratistas de mayor trayectoria. Inclusive alcanzaron la cima de los medios de comunicación, cuando se volvieron socios de Cambio, la segunda revista más importante del país [1].

En ese mismo año, con una estrategia de romper precios y también de ofrecer coimas, los Nule se ganaron concesiones viales, de prestación de servicios públicos y de energía. Un proyecto en particular los catapultó como los Nuevos Cacaos de la contratación: la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot, el mayor proyecto vial del país en su momento.

El Gobierno de Uribe se los adjudicó pese a que el Procurador de entonces pidió que se declarara desierta la licitación por falencias en el pliego de condiciones y porque no era conveniente financieramente. Cuatro días después de adjudicada la concesión, como lo denunció Norbey Quevedo en El Espectador [2] el gobierno aceptó las primeras modificaciones de 18 que fueron aprobadas en los siguientes meses con una adición al contrato por casi 27 mil millones de pesos para la variante en Melgar. Y a pesar de sus retrasos e incumplimientos iniciales, la Dirección Nacional de Estupefacientes les prestó 25.980 millones de pesos para financiar esta concesión.

La historia del escándalo comienza el 28 de diciembre de 2007, así como lo narran en la Revista Semana del 2010 y 2011, cuando se ganaron la licitación de uno de los tramos de la troncal de TransMilenio de la 26, con la ayuda especial de Germán Olano y el contratista Julio Gómez.

“Julio Gómez es quien me ayuda a lograr la adjudicación de TransMilenio”, le dijo Miguel a la Corte. Y en su testimonio deja claro que en retribución por esa ayuda les dio al contratista Gómez y al congresista Olano contratos de 1.750 millones de pesos.

La Fase III de TransMilenio costaba en promedio un billón 153.000 millones y llegó a aumentar cerca de medio billón más, pero lo dividieron en cinco etapas y la de los Nule era la mejor tajada: 318.300 millones de pesos. El contrato fue asignado el 28 de diciembre de 2007; es decir, tres días antes de que Luis Eduardo Garzón terminara su periodo como alcalde. Pero la obra solo comenzó seis meses después, en junio de 2008, según el acta de inicio. Los Nule dicen que cuando les adjudicaron la obra no tenían todos los diseños, ni se había comprado siquiera la mitad de los predios.

En ese mismo 2008, según contó a la Procuraduría, Miguel Nule conoció al senador Iván Moreno en Miami. Esa reunión la concertó Álvaro Dávila abogado conocido en los círculos sociales de Bogotá, socio de la firma Dávila y Dávila Asociados, la cual se celebró con el propósito de escuchar del senador Iván Moreno que podían confiar en lo que les decía Dávila, se refiere a que en diciembre de ese año, 2008, iba a darse otra gran repartición de contratos del Distrito. Esta vez, los de mantenimiento de malla vial por cerca de 700.000 millones de pesos. El IDU dividió en seis zonas a Bogotá, y empresas de los Nule (en consorcio con empresas del ya mencionado Julio Gómez) se quedaron con dos de ellas y les fueron entregados 187.400 millones de pesos para hacer reparcheo de calles en el centro y el sur de Bogotá y a cambio los Nule deberían pagar una comisión del 6% del total del contrato a los Hermanos Moreno equivalente a 10.800 millones de pesos y del 2% cerca de 3.500 al contralor Miguel Ángel Moralesrussi.

Es ahí donde Miguel revela la manera como se fraguaba el pago de la “mordida” que viene a ser la nuez del modus operandi del llamado cartel de la contratación, donde la coima se cancela es a través de una triangulación sencilla: Los Nule les pagan a uno o a varios contratistas de la obra, que pueden ser de fachada y solo sirven de canal, para hacerles llegar la “mordida” a sus destinatarios.

En enero de 2010 se descubrió que más de ochenta mil millones de pesos provenientes de anticipos de obras habían sido desviados a otros intereses de dicho conglomerado, algo que causó gran indignación dentro de la opinión pública. Como respuesta, el alcalde de la ciudad Samuel Moreno Rojas ordenó la cesión del contrato a las empresas Transvial y Conalvías, la cual se llevó a cabo el 2 de febrero de ese año.

La polémica estalló el 25 de junio de dicho año cuando salieron a la luz pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte de Germán Olano, ex congresista de la República, al empresario Miguel Nule Velilla, y a su vez se agudizaron problemas tales como:  Liquidez, Cesación de pagos, elevado endeudamiento y retrazo en las obras.

En el año 2010, los tres integrantes del Grupe Nule, fueron privados de su libertad y a medida que los procesos fueron avanzando se establecieron pliego de cargos en contra de Ivan Moreno (Senador), Samuel Moreno (Alcalde de Bogotá), funcionarios públicos, representantes a la Cámara, concejales y contratistas a quienes les llevaron sus procesos y hoy pagan las respectivas condenas.

Referencias bibliográficas

EL CASO NULE.  Documental completo realizado por RCN Televisión.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION.  Colombia

PERIODICO EL ESPECTADOR.  2010, 2011.

PERIODICO EL TIEMPO.  http://www.eltiempo.com/noticias/grupo-nule

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.  Colombia.

REVISTA DE HISTORIA.  Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Comahue.  Argentina.

REVISTA SEMANA.  Colombia.  Septiembre 2011

Notas

[1] PERIODICO EL TIEMPO.  2013, 2014. 2015. 2016

[2] QUEVEDO, Norbey.  El Espectador.  2010.
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Una revaluación de las políticas públicas de los mercados ilícitos

1869

Bryan Snehider Diaz

¿Por qué escribir sobre criminalidad? Sobre monopolios, carteles, asesinatos, abortos, crímenes de lesa humanidad, etc. Desde una visión puritana del asunto podría decirse que sentir curiosidad hacia esta clase de situaciones es poco normal, pero deformando un poco la frase de Silvio Rodríguez: “He decidido escribir sobre las cosas ocultas, porque sobre las cosas conocidas se sabe demasiado”.

Los mercados prohibidos analizados desde la teoría económica nos brindan un mejor entendimiento sobre la naturaleza humana, como lo diría Tim Harford son fenómenos adonde ni todo el conocimiento que tienen nuestros “Sabios” es suficiente para generar comprensión y entendimiento. La complejidad que reviste el diseño de política pública requiere de unas categorías claras, y de un fuerte trabajo de documentación, sustancialmente porque no existe ninguna fórmula universal y el único modo de ser eficiente es reinventarse constantemente.

La primera particularidad sobre la que se delimitan los mercados prohibidos, o para ser más explícito, los mercados de drogas ilícitas es que en cada país y para cada narcótico en particular la situación es muy diferente, de modo que no existen ni siquiera la aspiración de sistematizar el fenómeno. Según (Roemer, 2001) “Una política pública eficiente dependerá del tipo de droga, del consumidor, de la cultura existente, así como del grado de educación y de aceptación social de la población. No hay recetas únicas sino políticas públicas consensadas y dentro de arreglos institucionales sistémicos”.

Según (Muggah, 2016) “En primer lugar, la seguridad pública y las políticas y programas de seguridad deben basarse en datos, en evidencia y con una orientación a la resolución de problemas. Increíblemente, menos del 6 por ciento de las medidas en el campo de inseguridad y justicia que se llevan a cabo en América Latina y el Caribe se basan en alguna evidencia concreta de su efectividad. No obstante puntualiza que existen casos como el de Serena Chile adonde el adecuado uso de la política pública puede generar resultados eficientes. Muggah puntualiza “hay un mayor entendimiento que las estrategias basadas en información confiable y en tiempo real, que se fundamentan en prácticas científicas robustas (es decir, enfocadas en disuasión, terapia cognitiva de comportamiento, intervenciones en temprana edad), son esenciales.

A pesar de esto la teoría económica nos brinda ciertos instrumentos que permiten analizar los mercados prohibidos y todos los fenómenos de interés social que sean susceptibles a ser traducidos al lenguaje de la política pública. El problema no es ni de cerca que el fenómeno sea imposible de comprender, sino que como he podido constatar en la mayoría de los casos los problemas de política pública no se abordan con un rigor tal que sea necesario estudiarlo y comprenderlo, muchas veces, como veremos, las políticas están diseñadas para generar réditos políticos, o simplemente porque “así se ha hecho siempre”.

En escritos anteriores hemos definido los elementos constitutivos de un mercado prohibido, además de explicar la racionalidad esperada del agente económico, como hemos mencionado el enfoque parte de la idea de que los agentes racionales realizan un cálculo de utilidad para tomar decisiones. Así “El mejor modo para entender lo que hará un agente es entender que gana y que pierde si lo hace”. Este enfoque explicativo parte de una premisa fundamental, si podemos entender los incentivos que enfrentan los sujetos para elegir una conducta criminal, y los costos de modificar dicha conducta será posible para nosotros desincentivar dicha conducta por medio de la política pública adecuada.

Definiendo la eficiencia en política pública como aquella donde los beneficios percibidos superan ampliamente los costos de implementación y los costos exógenos, bajo este paradigma el objetivo principal es evaluar las acciones de política pública usando la perspectiva de la economía del crimen y las organizaciones. Lo primero es redactar unas categorías exactas de los lineamientos de política pública que pueden ser abordables para incidir desde el estado en los mercados de drogas ilícitas.

El primer objetivo es definir categorías claras con las que contrastar y comparar datos, nuestras categorías buscan agrupar las acciones de política pública conocidas en la literatura académica con respecto a los mercados de drogas ilícitas. Inicialmente no se va a estudiar la eficiencia relativa de cada uno, simplemente se busca sistematizar las posibles acciones para tener un marco general con el que hacer comparaciones futuras.

Las acciones que el estado puede llevar acabo se definen básicamente en tres categorías fundamentales (aunque no inseparables) eficiencia de administración, que es la forma en que las instituciones pueden invertir un presupuesto fijo para aumentar la eficiencia de su tarea, leyes y regulación que se definirá como la infinita cantidad de políticas que pueden implementarse entre la prohibición y la liberalización de una mercancía (Muggah, 2016) y por último políticas de disuasión, que como su nombre lo dice y a veces como efecto colateral de la regulación de un mercado buscan evitar que las transacciones que las leyes prohíben se lleven a cabo; de momento nos centraremos solo en las dos últimas como objetivo de investigación.

Como se ha definido la regulación es la interferencia en las transacciones de mercado realizadas por el estado, la regulación es en esencia un lineamiento político profundamente complejo. Tal y como se ha observado en el experimento de Brestrom y Miller (2000), existe un impacto teórico de la prohibición sobre la utilidad de los individuos, los precios y las cantidades. No obstante más allá del efecto microeconómico la particularidad más importante de la regulación es que afecta otra gran cantidad de variables y a su vez es afectada por ellas.

Muchos países han empezado ya a experimentar con políticas de regulación variable, tal y como lo mencionábamos atrás, los países latino americanos han empezado a hacerse conscientes de la necesidad de evaluar la eficiencia de la política pública, no solo con respecto a los mercados de drogas ilícitas sino incluso una reevaluación de la regulación existente en otras mercancías como por ejemplo el caso del tabaco. García (2016) explica que incluso en casos de no prohibición es posible que existan políticas cuyos lineamientos deben ser revaluados.

Según Roemer la propensión de los países más desarrollados a participar en los mercados prohibidos está en relación con la baja proporción de posibilidades, por lo cual es evidente que la realidad institucional y económica es una variable importante; Además de esto el aumento de los precios producto de regulaciones más fuertes puede a su vez ayudar a perpetuar estas condiciones básicas de pobreza; la pobreza producida por la necesidad de consumo terminará afectando la seguridad y esta terminará afectando la producción y el comercio de modo que una de las dificultades más elevadas es conocer el efecto exógeno de la regulación.

Además de la pobreza, la regulación ha demostrado que cuando se aplica en mercancías con niveles muy bajos de elasticidad, generan ganancias más que beneficiosas a un punto tal que puede crear imperios al margen de la ley capaces de enfrentarse directamente al poder de coerción del estado. De modo que según varios estudios existe una correlación entre niveles de violencia y producción de estupefacientes, la violencia también desincentiva la producción y la inversión, reduce el poder y confiabilidad del estado y termina en prácticas de deterioro institucional y corrupción estatal.

Para habla en favor de la regulación, según se hizo evidente en el experimento de Brestrom y Miller (2000) “Mercados prohibidos” es patente que la regulación es eficiente a la hora de reducir al consumo, la lógica es la misma que usa el derecho para intentar lidiar con los mercados prohibidos, mayores precios, gracias a una contracción en la curva de oferta finalizarán en una reducción de la cantidad de equilibrio.

En conclusión podemos matizar que los efectos de la regulación se caracterizan por generar lo que anteriormente llamábamos costos exógenos; pero a su vez son plenamente eficientes para reducir el consumo y las cantidades, de modo que la pregunta que todo diseño de políticas públicas debe hacerse con respecto a cada mercancía, es qué tanto beneficio genera la reducción en el consumo comparado con estos daños exógenos esperables. Está claro que mercancías con ciertas propiedades (muy poco elásticas) o exageradamente nocivas para la salud deben analizarse de un modo completamente diferente.

Referencias

García., R. A. (2016). El efecto de las leyes anti-tabaco en América latina. Retrieved from http://blogs.iadb.org/salud/2016/06/06/leyes-anti-tabaco/

Muggah, R. (2016). En crimen y violencia, debemos aprender de los éxitos de América Latina. Retrieved from http://blogs.iadb.org/sinmiedos/2016/06/03/lecciones-de-las-ciudades-mas-seguras-de-america-latina/

Roemer, A. (2001). La economía del Crimen. (Editorial Limusa, Ed.) (1st ed.). México D.F.

Theodore Brestrom, & Miller, J. (2000). Experimentos con los principios económicos. (Antoni Bosch, Ed.) (2nd ed.). Barcelona.

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Un estudio general sobre la prevención del crimen y sus incentivos

1868

Bryan Snehider Diaz

El crimen como idea ha existido desde el inicio de la civilización, ha sido sometido al escrutinio filosófico, investigado, delimitado definido y redefinido. Al igual que la mayoría de los conceptos nace de manera general y abstracta, lo más probable es que los primeros daños contra otros seres humanos fuesen físicos, materiales o psicológicos no hayan sido considerados tal, por lo que la idea misma fue tomando forma, definiéndose y delimitándose, adquiriendo sentido conforme estructurábamos las ideas que serían pilares de nuestra civilización. La ética y la moral durante mucho tiempo han tratado de dar los límites de cómo debería ser el comportamiento humano, independiente del escrutinio del debate las ideas van siendo moldeadas por la práctica, torneadas y perfeccionadas al igual que las costumbres e instituciones. De este mismo modo la idea del crimen ha cambiado y ha adoptado una forma susceptible al análisis y a la investigación.

El nacimiento del estado de derecho, las nuevas formas de organización entorno a la civilización de consumo, producción e intercambio, las ventajas derivadas de la cooperación y el comercio son a grosso modo los grandes responsables de la definición del crimen como lo entendemos hoy en día según (Cooter, 1999).  Para que un acto sea considerado criminal debe estar conformado por cuatro componentes: debe existir intención criminal, un crimen debe asociarse con daños a la paz y a la seguridad pública así como a la moral, debe estar relacionado con alguna forma de castigo y el cuarto elemento es que la verdad debe ser escrutada a la luz de las pruebas.

La importancia del impacto del crimen es fundamental en la comprensión de la dinámica económica, la dinámica institucional y el bienestar. Según (Roemer, 2001) el crimen es un problema de la sociedad completa, su daño no se detiene en el individuo sino que se extiende como un sistema complejo desde el individuo, hasta la familia y la sociedad misma, sus efectos son plenamente capaces de frenar el desarrollo económico de una nación; la delincuencia para Roemer impide el desarrollo económico, reduce la formación de capital humano dado que incentiva más el desarrollo de aptitudes criminales en vez de actividades socialmente productivas, también reduce la certidumbre, mina la confianza y desincentiva la inversión nacional. Por ello es importante entender sus dinámicas, encontrar el modo más adecuado y costo efectivo para tratarlo y adoptar políticas públicas eficientes para su prevención.

En ese sentido nace el estudio de los crímenes sin víctimas, para ser más explícitos el mercado de drogas ilícitas cuyo flagelo ha golpeado poderosamente la economía y el bienestar de la república de Colombia. Según explica (Muggah, 2016) en materia de política pública de prevención al crimen, las políticas no siempre surgen de un análisis cuidadoso y sistemático de la realidad sino muchas veces es resultado de la tradición, eufemísticamente “Aquí siempre se han hecho las cosas así”. No obstante las innovaciones en materia de prevención, regulación y disuasión han demostrado que por ensayo y error y aplicando la lógica adecuada es posible regular de manera más eficiente la criminalidad y los bienes socialmente indeseables.

Bajo esta lógica la economía del crimen tiene mucho que aportar, el estudio de las organizaciones y agentes criminales, sus incentivos y el entorno social son una herramienta capaz de brindar conocimiento que permita diseñar políticas públicas más eficientes. Entender el agente económico de los mercados prohibidos como un agente de mercado, y las organizaciones criminales como organizaciones empresariales que a la lógica de Coase existen para reducir los costos de transacción, hace posible en materia económica crear políticas públicas que una vez conocido su impacto desincentive la actividad criminal en cuestión.

Por ello es importante realizar una revisión de literatura sobre lo que se ha hecho en Colombia al respecto, entender el criterio bajo el que se ha diseñado la política pública de lucha contra el narcotráfico y observar hasta qué punto la teoría económica puede aportar soluciones más eficientes que cambien o mejoren las que ya existen.

Objetivo general

Comprender y sistematizar los incentivos que perciben los agentes económicos en el mercado de tráfico de drogas en Colombia, para diseñar lineamientos de política pública costo efectivos en la reducción de los daños endógenos y exógenos de la actividad criminal.

Objetivos específicos

Comprender y sistematizar los incentivos y la racionalidad de los agentes en los mercados prohibidos.

Delimitar y definir todas las categorías de política pública que buscan reducir la actividad criminal en el mercado de drogas ilícitas.

—Medir el impacto y eficiencia relativa que tienen estos lineamientos, tomando como criterio de selección la costó eficiencia de los mismos.

—Usar los incentivos y racionalidad de los agentes para estudiar las categorías existente de política pública en busca de mejorar su costo eficiencia de cara a lo que se ha realizado en la materia en la república de Colombia.

Referencias

Robert Cooter y Thomas Ullen, Derecho y economía, (1998), reimpresión (1999), FCE

Muggah, R. (2016). En crimen y violencia, debemos aprender de los éxitos de América Latina. Retrieved from http://blogs.iadb.org/sinmiedos/2016/06/03/lecciones-de-las-ciudades-mas-seguras-de-america-latina/

Roemer, A. (2001). La economía del Crimen. (Editorial Limusa, Ed.) (1st ed.). México D.F.

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Un estudio general sobre la prevención del crimen y sus incentivos

1821

Bryan Snehider Diaz

La esperanza, la quinta esencia del engaño humano que es al tiempo la fuente de vuestro mayor poder y de vuestra mayor debilidad” El Arquitecto.

En las causas más importantes de la criminalidad existen dos aspectos importantísimos para la conducta criminal, cada uno con sus propios elementos. Por un lado están las causas definidas por el ambiente y por el otro lado están las causas definidas por el individuo. Una gran variedad de disciplinas se han interesado cada una con sus instrumentos en conocer y documentar estas causas, analizando su funcionamiento y sus interrelaciones. En el proceso de creación de políticas públicas si nos interesa solucionar efectivamente el problema no es suficiente con aseverar que se entiende el problema; se debe hacer cuanto esfuerzo sea posible para realmente comprender el mismo. Si la falta de ética en la medicina ha matado a tantos miles de seres humanos, ¿Cuántos habrán muerto por la falta de ética en el diseño de políticas públicas y por la pretensión de saberlo todo?

En la primera sección del libro “La economía del crimen” del economista Andres Roemer se encuentran cada una de las variables consideradas importantes para entender la conducta criminal. Usaré a Roemer para definir y explorar cada uno de estos aspectos aunque más que una transcripción fidedigna buscaré crear mis propias categorías y comentarlas relacionándolas con el tema principal. Sosteniendo nuestro enfoque de política pública ignoraremos aquellos aspectos propios del individuo de los que no podemos decir gran cosa, y nos dedicaremos a comprender las variables del ambiente que inciden en la conducta criminal.

Como mencionaba inicialmente la economía excede en lo absoluto al uso de la fuerza, el tiempo nos ha enseñado lo mucho que ignoramos sobre el mundo, nos falta mucho por aprender para poder diseñar políticas públicas eficientes. Recordando un poco lo dicho por Tim Harford, el objetivo de aceptar esta complejidad y de su reconocimiento no es impartir un mensaje nihilista sobre la realidad, el objetivo que perseguimos es incentivar a la comprensión multidimensional de cada una de estas problemáticas. La exposición que se va a realizar usa elementos de teoría económica pero también observa y estudia ciertos aspectos de importancia que pueden ser entendidos mejor desde la epistemología de áreas como la sociología o la psicología.

El primer ambiente que el ser humano experimenta en cuanto abre los ojos es el hogar. La familia, según la psicología, es un elemento capaz de definir la vida futura de un ser humano. Según Roemer (2001), una situación familiar conflictiva puede incentivar la conducta delictiva. Existen tres elementos que definen el grado de la socialización de un sujeto y que pueden ser magnificados o atenuados por la familia: el apegamiento o adhesión que se define como la fuerza del lazo entre el niño y sus padres. Este elemento es capaz de definir el grado en que se desea la aceptación de los demás; alargamiento del horizonte de planeación o la capacidad que tiene el niño para calcular las consecuencias de una acción y por último la conciencia, mejor definida como la capacidad de aplicarse un cierto nivel de autocastigo o auto premio según nuestras acciones.

Muestra temprana de desarrollo permite limar y crear conceptos, durante nuestra infancia carecemos de la experiencia para elegir por nosotros mismos, de manera que las experiencias y conocimientos que se nos transmiten en esta época, sea por medio de la educación paternal o por las conclusiones a que nos llevan nuestras experiencias se convierten con mucha renuencia en la visión que usaremos en adelante para interpretar el mundo.

Las relaciones humanas tienen su papel en el desarrollo de la conducta, este primer contacto tiene la posibilidad de influir en las conclusiones que obtenemos en otras etapas del crecimiento. El enfoque psicológico nos explica que primero los seres humanos en búsqueda de un yo ideal no intentan decidir bajo un criterio de gustos definido, sino que en realidad el yo ideal surge de un equilibrio entre las experiencias pasadas y el deseo humano de aceptación y cariño influido a su vez por el ambiente, bien o mal conceptualizada la “normalidad” psicológica está determinada por estos enlaces que solo en caso de un fuerte golpe llegan a romperse.

Según Rutter (1978) las escuelas que poseen estudiantes con un nivel intelectual más adecuado y un sistema ético claro y justo tal que se premie el buen desempeño y se utilicen procedimientos de disciplina buenos y justos suelen tener la capacidad de disuadir el comportamiento criminal. Los lineamientos éticos que percibe el individuo pueden formar un sistema de valores social o antisocial según la importancia del ambiente en la escuela y en la casa bajo estos parámetros; son elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas que deseen como hemos mencionado desincentivar la conducta delictiva. Es evidente que una mayor atención al menor en sentido psicológico no solo físico es un elemento que puede limitar los alcances e índices de delincuencia además de generar bienestar social en todo sentido.

Los mecanismos sociales, siguiendo la lógica de Olson (1998), son otra de las variables relacionadas con la conducta criminal, o quizás en vez de otra variable son una explicación de modo en que la interacción con el ambiente funciona. Del mismo modo en que el ambiente temprano puede incentivar la conducta criminal estos incentivos que Olson determina incentivos selectivos pueden aplicarse para incentivar una conducta distinta. Olson explica que hay incentivos que censuran ciertos comportamientos, moral o explícitamente, cuando un niño se roba el lápiz de su compañero la censura posterior es un incentivo selectivo; es decir que se aplica a ciertos casos y ciertas conductas basándose en esta naturaleza de “buscar la aceptación del medio” y usándola para moldear en mayor medida los criterios de selección del ser humano.

El ser humano crece y se relaciona cada vez con más personas, según la mayoría de psicólogos la educación y su funcionamiento depende en gran medida de las labores realizadas en el hogar, pero conforme el ser humano crece sus círculos de interacción se vuelven cada vez más complejos. Lugares tales como el colegio, los primeros amigos, el lugar de trabajo ejercen su papel en la formación de los valores y conducta de la persona. Estos ambientes están definidos sustancialmente porque son lugares de interacción con otros seres humanos y porque como es obvio en estos ambientes existe un orden institucional capaz de compeler al hombre a cierta conducta. Según explica Roemer los ambientes como la escuela proveen en ocasiones un ambiente propicio para expresar el rechazo a los valores y permiten que el individuo empiece a comportarse de manera antisocial.

Una vez el individuo crece y se inserta en la dinámica criminal, más que el individuo mismo lo que se hace realmente importante es la comprensión del fenómeno y de las variables que se relacionan con él. La práctica y experiencia que han dejado el tratamiento del crimen han hecho evidente que como mencioné en un inicio, la respuesta basada en la fuerza no tiene que ser necesariamente la más eficiente, un conocimiento de la situación demostrará que cada variante del problema tiene sus propios motivos y que estos reaccionan a cada política de un modo completamente distinto.

Existen dos situaciones que pueden ser tratadas por las políticas públicas: el miedo al crimen y las tasas de criminalidad misma. El miedo al crimen debe su importancia al impacto que es capaz de generar en la estabilidad institucional y en las convenciones y costumbres relativas a una comunidad. Como economistas sabemos que el modo para llevar acabo la producción y las transacciones es importante y que como es obvio los incentivos son importantes, una sociedad acostumbrada a resolver por sí misma los problemas y con bajos incentivos a la producción será más infeliz y menos productiva. Como economistas más que la percepción de daño sobre las victimas, que es algo que corresponde plenamente al derecho, nos interesa en sobremanera el impacto que tiene el crimen en la estructura económica y por ende los mejores métodos para tratarlo y prevenirlo.

El miedo al crimen puede ser disminuido por darle tratamiento a las variables ambiente, según Roemer apariencia de orden y seguridad pueden mejorar la percepción y disminuir el miedo en la población, incluso si las tasas de inseguridad son exactamente las mismas. Como es evidente es un efecto marcador, incurriendo en costos mucho más bajos que los ataques a las tasas de criminalidad por medio de la fuerza. Una comunidad puede mantener sus calles limpias, mejor iluminadas, pueden estar diseñadas de modo que aumenten la cantidad de “ojos en la calle”, reubicar la indigencia, etc. Según sabemos esto aunque no disminuirá las tasas de delincuencia si transformará la variable más relevante en materia económica, el miedo.

Ahora la prevención misma del crimen que es en últimas la causa máxima del problema que nos compete la situación es mucho más compleja, en primer lugar porque el miedo se retroalimenta de otros problemas y los retroalimenta, problemas que en primer lugar es difícil definir en materia de políticas públicas y difíciles de tratar y comprender. La pobreza, el porte de armas, por ejemplo, son problemas políticos que están relacionados y no mejor delimitados o comprendidos políticamente. En el próximo escrito abordaremos tres elementos que inciden en las tasas de delincuencia: la pobreza, la eficiencia de las cárceles y la coerción política y como no, siendo economistas haremos una comparación en los costos conocidos de cada una de las formas de coerción con las que puede abordarse el problema.

Referencias

Olson, M. (1998). La lógica de la acción colectiva.

Roemer, A. (2001). La economía del Crimen. (Editorial Limusa, Ed.) (1st ed.). México D.F.

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