Columnas sobre economía, organización y gestión de la empresa

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19. ¿Qué es una organización?

21. En busca de la eficiencia

23. Coordinación y motivación

25. El análisis de costos de transacción

27. Límites del enfoque de los costos de transacción

29. El enfoque de los costos de transacción frente a puntos de vista alternativos

31. La construcción de modelos de la motivación y el comportamiento humano

35. Efectos de la contratación incompleta

37. Información privada y oportunismo precontractual

39. Costos de negociación

42. Señales, criba y autoselección

44. El concepto de propiedad

46. La relación del control con los rendimientos residuales

48. Reconsideración del teorema de Coase

50. La tragedia de los bienes comunes

52. Costos de negociación y limitaciones del teorema de Coase

83. Los costos de transacción y la asignación eficiente de los derechos de propiedad

122. Conceptos básicos en gestión de recursos humanos

126. Especificidad del activo y el problema de la retención

150. La propiedad de activos complejos

158. ¿Qué intereses son los que cuentan?

184. El concepto de riesgo moral

185. Empleo: contratos, retribuciones y carreras

237. Deuda, títulos de propiedad y quiebra

240. El control del riesgo moral

265. Contratos de incentivos explícitos

269. Hágalo usted mismo: Cambios de propiedad y rediseños organizativos

2210. Señales y discriminación en el empleo

2274. Organización del texto

2388. El presente y el futuro de la empresa

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Buscadores de rentas

2401

Bryan Snehider Díaz

El manejo y la administración de la riqueza y los recursos materiales es una cuestión que nos afecta a todos de un modo muy directo. Es muy común pensar en el manejo de recursos como una tarea que solo es importante para grandes empresarios, poseedores de capital, políticos, inversionistas, etc. Esto muchas veces nos lleva a ignorar la importancia que tiene la administración de todo tipo de recursos en el acervo de decisiones que debemos tomar todos los días: ¿deberíamos pasar una hora más viendo televisión o levantarnos a trabajar? ¿Vale la pena esperar que el semáforo se ponga en rojo? ¿Deberíamos llevar sombrilla hoy? Todas estas decisiones nos obligan a tomar decisiones y nos obligan a sopesar entre costos y beneficios en un ambiente donde muchas veces los costos y los beneficios no son claros, sino que pueden o no suceder con cierta probabilidad.

Hace unos días cuando un amigo intentaba venderme un sistema de seguridad para mi hogar, entramos en una interesante discusión. Intentaba explicarme porqué debía adquirir urgentemente su producto, según él un par de días atrás una amiga suya muy cercana había sido víctima de un robo, adicionalmente todas las personas hablaban constantemente sobre lo mucho que la inseguridad estaba aumentando; sin lugar a dudas muchos otros clientes habrán cedido ante sus argumentos y habrán adquirido el producto, pero en mi caso la respuesta fue diferente. Yo soy consciente de que las estadísticas sobre robos implican que la posibilidad de ser víctima de uno es demasiado baja, independiente de que a la amiga de mi amigo hubiese podido sucederle uno, la probabilidad objetiva de que me sucediera a mí era tan baja que los argumentos de mi amigo no surtieron ningún efecto. O como diría un aplicado estudiante de estadística: un caso aislado jamás es representativo de toda la población.

De esto pueden extraerse dos conclusiones muy interesantes: la primera es que sin darme cuenta estaba tomando una decisión con contenido económico, estaba sopesando lo que me costaría la alarma, contra la posibilidad de que efectivamente yo fuera víctima de un robo, la segunda es que muy a mi pesar mi bienestar como individuo depende de la naturaleza, del azar y de las acciones de otras personas. Mi bienestar estaba relacionado con que ningún ladrón decidiera robarme o con no contar con el infortunio de que una noche las cámaras de seguridad de mi conjunto dejaran de funcionar. La mayoría de las decisiones en la vida no pueden tomarse con la facilidad que se hacen los cálculos para irnos de compras. La sensatez de una decisión está directamente relacionada con lo que las demás personas decidan y con factores aleatorios que no podemos controlar.

Es por ello por lo que a los economistas el concepto de eficiencia en la asignación de recursos les ha interesado desde siempre. Una asignación de recursos es eficiente cuando se ha llegado a un punto donde nadie puede mejorar sin que otro empeore, es decir que los recursos están siendo tan útiles como es humanamente posible. La eficiencia no es solo una cuestión de obtener más dinero para los empresarios, la eficiencia es el modo en que por ejemplo, si no existiera un ladrón yo no tendría que comprar nunca una alarma, mi amigo no se dedicaría  a venderlas, y todo ese tiempo esfuerzo y recursos estarían mejor utilizados en alguna otra labor, mi amigo podría producir helados, y yo estaría más que a gusto pagando por ellos.

Los recursos pueden asignarse haciendo uso de un amplio arsenal de mecanismos. Esta parte puede ser un poco abstracta, así que intentaré valerme de un ejemplo para hacerlo lo más sencillo posible. El gobierno de un país desea subastar el derecho a la explotación de un recurso natural; para ello invita a todos los posibles interesados a hacer parte de una subasta inglesa clásica (esas donde gana el que haga la puja más alta). Dada la naturaleza de la subasta es claro que como máximo cada uno de los participantes estará dispuesto a pujar la cantidad en que el valore dicho derecho, y por tanto al final la subasta la ganará quien lo valore en mayor medida, generando de paso la mayor ganancia posible para el gobierno. Es una situación eficiente donde todos han alcanzado el mayor bienestar posible con los recursos que existen.

No obstante, imaginemos que el gobierno decide asignar el derecho al azar o que por el contrario decide entregar el derecho al azar o que el criterio de decisión contrario a la puja, es el favor obtenido por el subastador, es decir que el subastador puede entregar el derecho a quien mejor le parezca, sin lugar a dudas el resultado sería muy diferente y probablemente dejaría de ser eficiente. En ese sentido podríamos definir un mecanismo como un conjunto de reglas establecidas sobre el modo en que se debe distribuir un recurso, los mecanismos existen en una gran cantidad de ambientes: cuando se elige el beneficiario de una donación de órganos, cuando una aerolínea decide asignarnos un nuevo vuelo porque el anterior se ha retrasado, o cuando decidimos invertir nuestros ahorros siguiendo alguna simpe regla de inversión, los mecanismos son esenciales para asegurar la eficiencia en la distribución de dichos recursos.

Un elemento adicional pero no de menor importancia en la eficiencia a la hora de asignar recursos es la competencia. Si observamos cuidadosamente el mecanismo de subasta podremos apreciar que es útil principalmente porque es altamente competitivo, los participantes compiten por sus pujas hasta que tenemos finalmente un ganador, en ese sentido la competencia incentivaría a las personas a utilizar de manera eficaz los recursos de que disponen. Si pensamos en un conglomerado de empresas la lógica sería la misma, aquella que decida destruir irracionalmente todos los recursos de que dispone, probablemente no perdurará durante mucho tiempo.

No obstante, el papel de la competencia no será siempre el mejor, la competencia sin lugar a duda también tiene un lado oscuro. Competir no viene sin un costo, los participantes deben incurrir muchas veces en todo tipo de costos, llenar formatos, contratar nuevos empleados, adquirir nuevo capital. El problema fundamental que deberíamos plantearnos es ¿podría llegarse a un punto donde los competidores invirtieran una mayor cantidad de recursos que el premio por el que compiten? Recordemos que todos y cada uno de los participantes muchas veces no poseen la información sobre las acciones de los demás, como yo no puedo saber si un ladrón me observa en este preciso instante pensando en robar mi casa.
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Regulación económica de los servicios públicos. El papel de las agencias reguladoras

2154

Resumen elaborado por: Ana María Jaimes Moreno

El mercado y el Estado desempeñan roles de organización económica; dicha acción del mercado parte de una información pública relevante que provee mecanismos eficientes y descentralizados de incentivos. Por su parte el Estado está en capacidad de diseñar reglas y aplicar su cumplimiento, así facilitará la coordinación de los miembros de toda una sociedad (Stiglitz, 2010).

La regulación económica nace de  incentivar y monitorear decisiones de los agentes participantes del mercado permitiendo que todas las partes que intervienen obtengan mayores beneficios. Así lo demuestra Marshall (1998), quien afirma que se logra una provisión de servicios públicos eficiente cuando el estado se vale de herramientas que le brinda la ley para identificar la mejor situación en términos de competencia.

Por su parte Samuelson (1990) argumenta que la regulación económica consiste en diseñar normas que alteren o controlen las acciones de las empresas, valiéndose del control de precios, de los tipos de productos, de las condiciones de entrada y salida y de la calidad del servicio de una industria determinada restringiendo el incontrolado poder de mercado de las empresas.

Entonces tres elementos juegan un papel decisivo en el momento de garantizar el funcionamiento eficiente de la relación Estado – operador: la información, los incentivos y el diseño eficiente de los contratos. Para hacer esto posible es necesario la separación entre los actores que operan en el sector y quién tiene el poder de regular el mismo. Se considera que permitir las situaciones ambiguas, como la adscripción, generarían un funcionamiento incorrecto del regulador (Carniel, 2010).

Una vez consolidada la agencia reguladora, estas deben tener características  que le permitan cumplir con una organización y llevar a cabo sus propósitos. La primera tiene que ver con la claridad en los objetivos globales de política, la segunda característica es la necesidad de consolidar mecanismos externos de control que se fundamenten en sistemas de información adecuados para conocer las preocupaciones de los afectados por la regulación, establecer una comunicación fluida con otras agencias estatales preservando la memoria institucional y finalmente disponer de mecanismos de apelación a las decisiones de las autoridades reguladoras e instancias que resuelven los conflictos que se presenten entre éstas y los agentes regulados.  Así mismo las agencias deben tener características específicas como:

Independencia: Al establecer organismos reguladores independientes, el Estado delega en una agencia especializada el ejercicio de acciones específicas, generalmente definidas en la ley. Para que la tarea de supervisión y regulación sea eficaz los organismos reguladores deben ser autónomos fundamentalmente en cuatro áreas: independencia reglamentaria,  independencia en la supervisión, independencia institucional y la independencia presupuestaria que da a la agencia la libertad para determinar sus necesidades de personal, capacitación y remuneración. La independencia se hace efectiva si se tiene cierto grado de discrecionalidad en sus decisiones y si se es responsable de las consecuencias de las decisiones y acciones.

Autonomía: Las agencias de regulación deben disponer de sus propias fuentes de ingresos y su tamaño debe depender de las tareas específicas que se encarguen al organismo, empleando sólo el personal necesario para llevarlas a cabo. Además la agencia reguladora debe disponer de cierto grado de discrecionalidad en sus decisiones, contando con el poder suficiente para tomarlas sin riesgos de interferencia.

Responsabilidad: La responsabilidad requiere de un entorno operativo que funcione con reglas de procedimientos simples y claras, que incluyan períodos conocidos para la toma de decisiones, obligación de presentar justificaciones para las decisiones adoptadas, y que éstas puedan ser revisadas independientemente, brindando oportunidad para las partes afectadas de expresar sus opiniones en audiencias públicas y mecanismos de apelación.

Rendición de cuentas: Las acciones regulatorias del Estado deben estar formuladas de tal manera, que se haga más fácil su evaluación y control por parte de otras instituciones del Estado, así como de la opinión pública. Dichas acciones deben ser informadas a la sociedad logrando el cumplimiento del contrato, estas variables deben ser observables y verificables por terceros.

Ámbito de actuación: La cuestión relevante es tener una visión de cuáles son las necesidades para tener una agencia óptima, y diseñar un plan políticamente sostenible para su implementación, que puede realizarse sector por sector, en caso necesario.

Acceso a la información: El objetivo claro del regulador debe resumirse en la fijación de tarifas socialmente óptimas que permitan al concesionario recuperar su inversión y obtener una rentabilidad normal, además que la calidad del servicio y el mantenimiento del sistema sean adecuados para lograr hacerse responsable ante la opinión pública y en especial ante los usuarios.

Nota. Este texto es un resumen de: Palacio, L., & Zambrano, A. (2012). Regulación económica de los servicios públicos. El papel de las agencias reguladoras. Revista UIS Humanidades, 40(1), 101–115.
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Una revaluación de las políticas públicas de los mercados ilícitos

1869

Bryan Snehider Diaz

¿Por qué escribir sobre criminalidad? Sobre monopolios, carteles, asesinatos, abortos, crímenes de lesa humanidad, etc. Desde una visión puritana del asunto podría decirse que sentir curiosidad hacia esta clase de situaciones es poco normal, pero deformando un poco la frase de Silvio Rodríguez: “He decidido escribir sobre las cosas ocultas, porque sobre las cosas conocidas se sabe demasiado”.

Los mercados prohibidos analizados desde la teoría económica nos brindan un mejor entendimiento sobre la naturaleza humana, como lo diría Tim Harford son fenómenos adonde ni todo el conocimiento que tienen nuestros “Sabios” es suficiente para generar comprensión y entendimiento. La complejidad que reviste el diseño de política pública requiere de unas categorías claras, y de un fuerte trabajo de documentación, sustancialmente porque no existe ninguna fórmula universal y el único modo de ser eficiente es reinventarse constantemente.

La primera particularidad sobre la que se delimitan los mercados prohibidos, o para ser más explícito, los mercados de drogas ilícitas es que en cada país y para cada narcótico en particular la situación es muy diferente, de modo que no existen ni siquiera la aspiración de sistematizar el fenómeno. Según (Roemer, 2001) “Una política pública eficiente dependerá del tipo de droga, del consumidor, de la cultura existente, así como del grado de educación y de aceptación social de la población. No hay recetas únicas sino políticas públicas consensadas y dentro de arreglos institucionales sistémicos”.

Según (Muggah, 2016) “En primer lugar, la seguridad pública y las políticas y programas de seguridad deben basarse en datos, en evidencia y con una orientación a la resolución de problemas. Increíblemente, menos del 6 por ciento de las medidas en el campo de inseguridad y justicia que se llevan a cabo en América Latina y el Caribe se basan en alguna evidencia concreta de su efectividad. No obstante puntualiza que existen casos como el de Serena Chile adonde el adecuado uso de la política pública puede generar resultados eficientes. Muggah puntualiza “hay un mayor entendimiento que las estrategias basadas en información confiable y en tiempo real, que se fundamentan en prácticas científicas robustas (es decir, enfocadas en disuasión, terapia cognitiva de comportamiento, intervenciones en temprana edad), son esenciales.

A pesar de esto la teoría económica nos brinda ciertos instrumentos que permiten analizar los mercados prohibidos y todos los fenómenos de interés social que sean susceptibles a ser traducidos al lenguaje de la política pública. El problema no es ni de cerca que el fenómeno sea imposible de comprender, sino que como he podido constatar en la mayoría de los casos los problemas de política pública no se abordan con un rigor tal que sea necesario estudiarlo y comprenderlo, muchas veces, como veremos, las políticas están diseñadas para generar réditos políticos, o simplemente porque “así se ha hecho siempre”.

En escritos anteriores hemos definido los elementos constitutivos de un mercado prohibido, además de explicar la racionalidad esperada del agente económico, como hemos mencionado el enfoque parte de la idea de que los agentes racionales realizan un cálculo de utilidad para tomar decisiones. Así “El mejor modo para entender lo que hará un agente es entender que gana y que pierde si lo hace”. Este enfoque explicativo parte de una premisa fundamental, si podemos entender los incentivos que enfrentan los sujetos para elegir una conducta criminal, y los costos de modificar dicha conducta será posible para nosotros desincentivar dicha conducta por medio de la política pública adecuada.

Definiendo la eficiencia en política pública como aquella donde los beneficios percibidos superan ampliamente los costos de implementación y los costos exógenos, bajo este paradigma el objetivo principal es evaluar las acciones de política pública usando la perspectiva de la economía del crimen y las organizaciones. Lo primero es redactar unas categorías exactas de los lineamientos de política pública que pueden ser abordables para incidir desde el estado en los mercados de drogas ilícitas.

El primer objetivo es definir categorías claras con las que contrastar y comparar datos, nuestras categorías buscan agrupar las acciones de política pública conocidas en la literatura académica con respecto a los mercados de drogas ilícitas. Inicialmente no se va a estudiar la eficiencia relativa de cada uno, simplemente se busca sistematizar las posibles acciones para tener un marco general con el que hacer comparaciones futuras.

Las acciones que el estado puede llevar acabo se definen básicamente en tres categorías fundamentales (aunque no inseparables) eficiencia de administración, que es la forma en que las instituciones pueden invertir un presupuesto fijo para aumentar la eficiencia de su tarea, leyes y regulación que se definirá como la infinita cantidad de políticas que pueden implementarse entre la prohibición y la liberalización de una mercancía (Muggah, 2016) y por último políticas de disuasión, que como su nombre lo dice y a veces como efecto colateral de la regulación de un mercado buscan evitar que las transacciones que las leyes prohíben se lleven a cabo; de momento nos centraremos solo en las dos últimas como objetivo de investigación.

Como se ha definido la regulación es la interferencia en las transacciones de mercado realizadas por el estado, la regulación es en esencia un lineamiento político profundamente complejo. Tal y como se ha observado en el experimento de Brestrom y Miller (2000), existe un impacto teórico de la prohibición sobre la utilidad de los individuos, los precios y las cantidades. No obstante más allá del efecto microeconómico la particularidad más importante de la regulación es que afecta otra gran cantidad de variables y a su vez es afectada por ellas.

Muchos países han empezado ya a experimentar con políticas de regulación variable, tal y como lo mencionábamos atrás, los países latino americanos han empezado a hacerse conscientes de la necesidad de evaluar la eficiencia de la política pública, no solo con respecto a los mercados de drogas ilícitas sino incluso una reevaluación de la regulación existente en otras mercancías como por ejemplo el caso del tabaco. García (2016) explica que incluso en casos de no prohibición es posible que existan políticas cuyos lineamientos deben ser revaluados.

Según Roemer la propensión de los países más desarrollados a participar en los mercados prohibidos está en relación con la baja proporción de posibilidades, por lo cual es evidente que la realidad institucional y económica es una variable importante; Además de esto el aumento de los precios producto de regulaciones más fuertes puede a su vez ayudar a perpetuar estas condiciones básicas de pobreza; la pobreza producida por la necesidad de consumo terminará afectando la seguridad y esta terminará afectando la producción y el comercio de modo que una de las dificultades más elevadas es conocer el efecto exógeno de la regulación.

Además de la pobreza, la regulación ha demostrado que cuando se aplica en mercancías con niveles muy bajos de elasticidad, generan ganancias más que beneficiosas a un punto tal que puede crear imperios al margen de la ley capaces de enfrentarse directamente al poder de coerción del estado. De modo que según varios estudios existe una correlación entre niveles de violencia y producción de estupefacientes, la violencia también desincentiva la producción y la inversión, reduce el poder y confiabilidad del estado y termina en prácticas de deterioro institucional y corrupción estatal.

Para habla en favor de la regulación, según se hizo evidente en el experimento de Brestrom y Miller (2000) “Mercados prohibidos” es patente que la regulación es eficiente a la hora de reducir al consumo, la lógica es la misma que usa el derecho para intentar lidiar con los mercados prohibidos, mayores precios, gracias a una contracción en la curva de oferta finalizarán en una reducción de la cantidad de equilibrio.

En conclusión podemos matizar que los efectos de la regulación se caracterizan por generar lo que anteriormente llamábamos costos exógenos; pero a su vez son plenamente eficientes para reducir el consumo y las cantidades, de modo que la pregunta que todo diseño de políticas públicas debe hacerse con respecto a cada mercancía, es qué tanto beneficio genera la reducción en el consumo comparado con estos daños exógenos esperables. Está claro que mercancías con ciertas propiedades (muy poco elásticas) o exageradamente nocivas para la salud deben analizarse de un modo completamente diferente.

Referencias

García., R. A. (2016). El efecto de las leyes anti-tabaco en América latina. Retrieved from http://blogs.iadb.org/salud/2016/06/06/leyes-anti-tabaco/

Muggah, R. (2016). En crimen y violencia, debemos aprender de los éxitos de América Latina. Retrieved from http://blogs.iadb.org/sinmiedos/2016/06/03/lecciones-de-las-ciudades-mas-seguras-de-america-latina/

Roemer, A. (2001). La economía del Crimen. (Editorial Limusa, Ed.) (1st ed.). México D.F.

Theodore Brestrom, & Miller, J. (2000). Experimentos con los principios económicos. (Antoni Bosch, Ed.) (2nd ed.). Barcelona.

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304. Instituciones colombianas y el crimen organizado

1634. La economía entendida como una forma de mirar

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Experimentación con mercados prohibidos: ¿Siempre tan prohibidos?

1867

Bryan Snehider Diaz

Para un estudiante, cursar una asignatura de economía experimental es un poco como estar invitado a comer en casa de un caníbal. Puede ocurrir que sea simplemente un comensal, que sea parte de la cena o que sea ambas cosas a la vez.” (Brestrom & Miller, 2000)

Los mercados prohibidos representan uno de los múltiples entornos económicos que pueden ser modelados y comprendidos por la economía experimental. En el texto de Bergstrom y Miller encontraremos un sin número de experimentos diferentes concernientes a áreas muy diversas. Con respecto a cada uno de ellos podemos estudiar su planteamiento, la teoría sobre la que se sustenta, el análisis del fenómeno, las predicciones teóricas, etc.

En el caso particular de los mercados prohibidos nos interesa conocer el efecto que la prohibición tiene en las variables de mercado. Está claro que a grandes rasgos existen muchos elementos que pueden ser evaluados en el contexto de un mercado prohibido; más específicamente del mercado de drogas ilícitas, no obstante nos concentraremos en los elementos microeconómicos que la economía experimental nos permite entender, tales como el precio, el equilibrio de mercado o el efecto sobre las partes que participan en la transacción.

En el diseño del experimento de los mercados se compone de dos unidades experimentales, el oferente y el demandante, que serán emparejados aleatoriamente en cada una de las sesiones del juego. Los oferentes son aquellos que producen y venden la mercancía, que tendrá un costo C, y adonde producir y comercializar un máximo Q a un precio P. Como es obvio los pagos básicos para el oferente son dados por los ingresos menos los costos; este supuesto se reformará después para cuantificar el coste de la prohibición.

En el caso de los demandantes están diferenciados en dos grupos; drogadictos y consumidores esporádicos, ambos valoran el beneficio subjetivo de la mercancía en V, y sus pagos están medidos por V-P. La diferencia más importante es que los drogadictos percibirán una pérdida durante cada sesión que no consuma, lo cual intenta simular un agudo síndrome de abstinencia.

Los sujetos serán sometidos a un diseño intra-sujetos con tres tratamientos diferenciados; en el primer tratamiento los participantes son libres para realizar transacciones, en el segundo tratamiento en la mitad de las transacciones las mercancías son confiscadas y destruidas por la policía, en el tercero en vez de destruir las mercancías la policía revende estas de vuelta al mercado.

En términos microeconómicos sabemos que durante el primer tratamiento el mercado asignará los recursos eficientemente, los costos y los beneficios y la utilidad llevarán a un equilibrio eficiente en el sentido de Pareto. No obstante lo interesante surge en el segundo tratamiento ¿Cómo responde el mercado ante la prohibición? Intuitivamente podemos suponer que el precio de mercado subirá y no estaremos equivocados, pero en el caso de los mercados prohibidos, existen algunos efectos exógenos apreciables.

El experimento supone una tasa de capturas 1/t. Esta tasa afecta directamente la utilidad creando un nuevo concepto: el “Coste de la ilegalidad”, para ejemplificar la utilidad del oferente que en un inicio era P-C tendrá que tener en cuenta el coste de la ilegalidad, adonde con una multa que representa el coste de la captura M podríamos modelar el nuevo beneficio como (1-1/t P – 1/t M – C). Esto a grosso modo lo que indica es que la utilidad por un lado dependerá en buena medida del propensión o aversión al riesgo de los participantes convirtiendo la transacción en una lotería. En el experimento por efecto simplificador se suponen agentes neutrales al riesgo; en la práctica lo que sucederá es que el oferente percibirá las perdidas producto de la confiscación como un costo que cargará al producto.

Suponiendo que conocemos la proporción 1/t, el precio al que el vendedor estará dispuesto a ofrecer su mercancía será el despeje de P en la ecuación; o dicho de una forma más sencilla, será aquel precio donde teniendo en cuenta la posibilidad de que incauten la mercancía, en promedio el vendedor pueda seguir obteniendo ganancias. Este cambio en el precio de equilibrio además destruirá parte de la mercancía Q que los vendedores pueden cambiar reduciéndola en una proporción.

En el tercer tratamiento se podría suponer que al ser las cantidades las mismas dado que la policía revende lo que confisca se mantendrán los precios, la cuestión es que dado que la utilidad esperada de los vendedores es modificada por la prohibición y la multa, los precios seguirán traduciéndose en un coste más alto y por ello el precio de equilibrio seguirá siendo más elevado que el precio normal de mercado, la diferencia es que la cantidad que se intercambia y que puede ser ofrecida, será la misma que sin la intervención del gobierno.

Ahora si analizamos un poco a la inversa, este procedimiento no tiene ningún efecto en la demanda, pero no es así, en primera estancia el aumento del precio de equilibrio seguramente disuadirá de consumir a los consumidores esporádicos pero no a los consumidores habituales, y dada la poca elasticidad de la demanda seguramente aumentará el ingreso de los expendedores fenómeno que explica el enorme poder que posee el narcotráfico en el mundo moderno.

En la práctica los estados tienen un considerable arsenal de políticas tributarias, informativas, etc que tienen el objetivo reducir la demanda de los productos. Expresándolo en términos microeconómicos se puede abordar enfoques que reduzcan el consumo contrayendo la oferta (y aumentando el precio) o contrayendo la demanda (y disminuyendo el precio) la lógica es evidente en una de ellas el drogadicto se verá más perjudicado en la otra menos, alejándonos un poco de los prejuicios sociales hacia los drogadictos el aumento de precio solo significa menos bienestar para el drogadicto pero también para la sociedad, dado que esto generará incentivos a otros comportamientos como la delincuencia.

En el experimento de los mercados prohibidos no se modela ninguna forma de castigo al demandante; los costos de la prohibición son cargados completamente a los vendedores. En la vida real las cosas no funcionan necesariamente así. Muchos países tiene políticas de castigo para ambos lados, esto convierte la utilidad del demandante en una lotería también; además de esto modifica por ello la curva de la demanda logrando un desplazamiento que reduce la cantidad de equilibrio dado que su utilidad esperada además de tener en cuenta el precio ahora también tendrá en cuenta el coste de la ilegalidad.

En conclusión, en la investigación sobre la prohibición en mercados prohibidos existen dos grandes categorías que pueden ser objeto de política pública; la oferta (por medio del castigo, las multas, la confiscación, la regulación) y la demanda (por medio de la prevención, la educación, la publicidad, los impuestos, el castigo). Cada una de estas categorías y de sus subdivisiones tiene costos y resultados muy diversos, afectando los precios, el consumo y el bienestar tanto de los sujetos que incurren en la transacción como también de aquellos que no.

Las políticas de regulación por el lado de la oferta a menudo son eficientes para reducir el consumo, aumentando los costos percibidos por los oferentes, obligándolos a incurrir en costes más elevados, esto es causa suficiente para generar una modificación en la curva de la oferta y reducir las cantidades que se consumen, por otro lado, en el caso de los consumidores más frecuentes (drogadictos) la elasticidad del bien es limitada por lo que en primera estancia este aumento de costo se trasladará en mayor medida al demandante y aumentará a su vez el ingreso del oferente, lo que tiene impactos considerables en otros aspectos de la sociedad.

El segundo medio de regulación es la demanda, en este sentido se pueden adoptar políticas no tan coercitivas sino implementar programas de reeducación que intenten afectan la percepción que tiene los sujetos de los daños que pueden generar los estupefacientes; además de esto también pueden aplicarse políticas de castigo que disminuyan los beneficios esperados de los demandantes y por ello reduzcan la curva de demanda.

En el caso de las políticas que buscan aumentar los costos no por medio de la prohibición sino de la tributación tienen como ventaja que el aumento de los precios generará un ingreso fiscal que podrá ser reutilizado por el estado, a su vez los precios más altos percibidos por los consumidores pueden en el caso de ciertas mercancía (al menos las menos adictivas) generar una buena disuasión para que las personas no las consuman. La cuestión en contra parte es que al no enfrentar un coste de ilegalidad la oferta producirá cantidades mucho más elevadas de las socialmente deseables. Pero a diferencia de los métodos de regulación coercitivos que generan un costo en este caso se genera un beneficio tributario.

Puntualizando lo más importante a resaltar es que la eficiencia y los costos en que se incurre en cada uno de estos lineamientos de regulación dependen poderosamente de la droga de la que estemos hablando, no son comparables los costos de las drogas ilícitas, el tabaco, el alcohol, la prostitución, etc… como tampoco son comparables las formas en que estos reaccionan a las distintas formas de regulación. Drogas más adictivas, por ejemplo, podrían implicar que la prohibición solo generaría un mayor malestar social colocando mayores incentivos a la criminalidad, aumentando a su vez el poder económico y quizás político de las organizaciones al margen de la ley.

Es vital resaltar que para los diseñadores de política pública se hace prioritario una mayor comprensión del fenómeno que exceda el uso de la fuerza, aplicar la política adecuada puede permitir combatirla más eficiente. Esto hace aconsejable desde todo punto de vista mayor inversión en programas de prevención y reeducación así como mayor inversión en investigación que busque comprender y entender los panoramas de regulación, su conducta y sus resultados.

Tomando como ejemplo a los Estados Unidos en la década de los ochenta, las políticas de prohibición se mostraron sumamente eficientes para reducir el consumo de estupefacientes, no obstante si cuantificamos la eficiencia de esta política en torno a la reducción de daños generalizados en la sociedad es difícil tenerlo tan claro, si los costos fuesen los mismos es evidente que  programas que buscaran la reducción de la demanda sería mucho más eficaces, pero la cuestión es que tenemos una idea muy limitada del costo de los mismos.

Referencias.

Brestrom, & Miller, J. (2000). Experimentos con los principios económicos. (Antoni Bosch, Ed.) (2nd ed.). Barcelona.

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Agencias reguladoras: Marco teórico

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Angélica María Zambrano Mantilla

Luis Alejandro Palacio García

La regulación económica nace de la necesidad de incentivar y monitorear las decisiones de los agentes que participan en situaciones donde existen fallas de mercado. Siempre y cuando se obtengan beneficios netos positivos, el objetivo de la actividad reguladora es promover la competencia -siempre que sea posible- y disminuir los efectos perjudiciales del monopolio natural, acercando sus resultados a los que se obtendrían en situaciones competitivas. Para ello, se deben diseñar políticas de precios, de calidad, y de provisión, así como medidas para evitar que la empresa privada aproveche su situación dominante en el mercado para perjudicar a sus rivales a través de mecanismos anticompetitivos.

Según Páez y Silva (2010), la teoría de la regulación y de los procesos de regulación estatal ha sido estudiada desde tres enfoques: el primero basado en las teorías del interés público (normativo), el segundo, desde el enfoque del interés privado (positivo) y, por último, desde la nueva economía de la regulación, basada en la posición de la nueva economía institucional. Los autores indican que el enfoque normativo pretende, primordialmente, promover el interés público. De este modo, se hace posible regular las fallas de mercado que afectan los hechos de la realidad, entre ellos la competencia imperfecta, la información asimétrica y las externalidades. Así lo demuestra Marshall (1998), quien afirma que se logra una provisión de servicios públicos eficiente cuando el Estado se vale de las herramientas que le brinda la ley para identificar la mejor situación en términos de competencia.

Samuelson (1990), por su parte, argumenta que la regulación económica consiste simplemente en diseñar normas para alterar o controlar las acciones de las empresas, valiéndose del control de precios, de los tipos de productos, de las condiciones de entrada y salida, y de la calidad del servicio de una industria determinada. Este tipo de regulación restringe el incontrolado poder de mercado de las empresas.

El enfoque positivo, para Páez y Silva (2010), nace por cuestionamientos al enfoque tradicional de la regulación, centrados en la posibilidad de captura de los reguladores por parte de los grupos de interés, lo cual terminaría por favorecer a los grupos influyentes en el proceso regulatorio. Entre los principales exponentes de este enfoque se encuentra Stigler (1992), quien define que el problema consiste en detectar por qué una industria es capaz de utilizar al Estado para alcanzar sus fines y propone un amplio abanico de políticas tales como los subsidios, las cuotas, las importaciones, las modalidades de empresas públicas o privadas, e incluso, la creación de nuevos derechos de propiedad y de mercados específicos para lograr proteger la producción y explicar los beneficios y las cargas de la regulación.

Para Galetovic y Sanhueza (2002) el mercado debe privilegiarse por sobre la intervención gubernamental siempre que sea posible. El Estado debe limitarse a definir y salvaguardar los derechos de propiedad, proveer una institucionalidad jurídica que permita zanjar los conflictos que pudieran ocurrir entre privados o con el gobierno y evitar establecer barreras legales que limiten la competencia o impidan el ingreso de nuevos oferentes.

Finalmente, Páez y Silva (2010) definen que la nueva economía de la regulación se ocupa del problema de agencia que surge de la estructura asimétrica entre el principal y el agente, donde el Estado es el Principal, quien no posee toda la información y el agente es el operador del servicio, la parte informada sobre los detalles de sus contenidos específicos. Relacionando el problema de la regulación con los costos de transacción, los problemas de economía política y con la información incompleta.

Según el modelo principal-agente, tres elementos juegan un papel decisivo en el momento de garantizar el funcionamiento eficiente de la relación Estado-operador: la información, los incentivos y el diseño eficiente de los contratos. Para hacer esto posible, es necesario establecer, como premisa central, la separación entre los actores que operan en el sector y la entidad que tiene el poder de regular el mismo, se considera que permitir las situaciones ambiguas, como la adscripción, generarían un funcionamiento incorrecto del ente regulador (Carniel, 2010).

Referencias

Carniel, R. (2010). Las actuaciones de organismos independientes en la regulación de la televisión pública: los casos de Reino Unido y España. Estudos em comunicação, 2(7): 43-62.

Galetovic, A., & Sanhueza, R. (2002). Regulación de servicios públicos: ¿Hacia dónde debemos ir? Estudios Públicos, 85(verano 2002).

Marshall, J. (1998). Orientaciones para la acción reguladora del estado. Estudios Públicos, 71, 191–201.

Páez, P., & Silva, J. (2010). Las teorías de la regulación y privatización de los servicios públicos. Administración & Desarrollo, 52(38), 39 – 56.

Samuelson, P. (1990). Economía. México: Editorial Mc Graw Hill.

Stigler, G. (1992). El economista y el Estado. Estudios Públicos, 47, 159–180.

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Agencias reguladoras: Planteamiento del problema

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Angélica María Zambrano Mantilla

Luis Alejandro Palacio García

Desde el punto de vista económico los mercados competitivos brindan ventajas en términos de eficiencia en la asignación de los recursos, puesto que cuando existe un gran número de empresas precio-aceptantes que producen y comercializan productos homogéneos es posible garantizar la satisfacción de los consumidores sin ningún tipo de intervención externa. Sin embargo, en la práctica los mercados fallan cuando las empresas tienen grandes costos hundidos, cuando existen economías de escala a nivel de la industria y cuando se presentan externalidades (Cahuc, 2001). En estas circunstancias es común que cuando los individuos toman decisiones racionales se generen pérdidas de bienestar para la sociedad.

En el extremo opuesto de la competencia perfecta está el monopolio, donde un único vendedor tiene el control absoluto de una industria y no existen buenos sustitutos del bien. Aunque los monopolios exclusivos no son muy comunes en los sistemas económicos actuales, características como los costos hundidos o economías de escala, convierten a los servicios públicos en monopolios naturales (Samuelson, 1990; Boehm, 2005). Según Breyer (2000), en Europa y sudamérica los economistas concluyeron que este tipo de industrias debían ser responsabilidad del Estado. Después de todo, si las características económicas son tales que naturalmente surgiría un monopolio, y si dicho monopolio en manos privadas puede cobrar precios muy altos, no tiene sentido que sea la empresa privada quien se encargue de su provisión. El Estado es entonces, en un principio, proveedor y regulador único de los servicios públicos. No obstante, el Estado falla cuando es difícil tener acceso a la información privada sobre los costos y las funciones de producción de las empresas.

En consecuencia, es claro que ni el mercado ni el Estado por sí solos pueden asegurar asignaciones socialmente óptimas de los recursos. Desde esta perspectiva, se deduce que el Estado y el mercado desempeñan roles complementarios en la organización de la vida económica. La acción exclusiva del mercado hace pública la información relevante y logra proveer un mecanismo eficiente y descentralizado de incentivos. Por su parte, el Estado tiene la capacidad de diseñar sistemas de reglas e imponer su cumplimiento para facilitar la coordinación de los miembros de la sociedad (Stiglitz, 2010).

Esta relación de complementariedad busca dar estabilidad a la competencia en el mercado. Por lo tanto, el Estado debe asumir el rol regulador de la actividad productiva de las firmas mediante el establecimiento de estructuras de incentivos y la ejecución de su poder legal coercitivo. Bajo este marco, alrededor del mundo se han creado diversas agencias reguladoras independientes para garantizar la provisión de los servicios públicos. Estas agencias desempeñan el papel de veedoras de los contratos de concesión, haciendo que el Estado y la entidad privada cumplan con sus obligaciones, beneficiando en último término a los usuarios. En Colombia esta figura se extendió rápidamente, los ejemplos más claros son la Comisión de Regulación de Energía y Gas (GREG), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Comisión de Regulación en Salud, entre otras.

La evidencia empírica demuestra que la principal ventaja del Estado como regulador está en la capacidad de diseñar sistemas de reglas e imponer su cumplimiento, lo cual facilita la coordinación de los agentes económicos. Sin embargo, esa misma experiencia también ha mostrado que el papel del Estado como agente totalmente responsable de la prestación de servicios públicos resulta poco eficiente en términos fiscales y estructurales (Corredor, 1989). El Estado no tiene acceso a la información privada sobre las preferencias de los consumidores, ni tampoco conoce los costos de los productores. Además, dado que los ciudadanos no conocen la información que tienen los funcionarios públicos, surge en ellos la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones. Como resultado de dicha información asimétrica, la intervención puede llevar a que la toma de decisiones que afectan al público general se mezcle con intereses netamente privados (Stiglitz, 2002).

Siguiendo las consideraciones precedentes, es pertinente analizar el papel del Estado en la provisión de servicios públicos e identificar las competencias y capacidades deseables que deben tener las agencias reguladoras. Para ello, se explicará la importancia en términos del diseño institucional que tiene la independencia de la agencia frente al gobierno, la autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones, la rendición de cuentas de forma oportuna y transparente, la definición del ámbito de actuación a nivel de la industria o del sector económico y los diferentes mecanismos de acceso a la información privada tanto de las empresas como de los consumidores.

Objetivo general

Analizar el papel del Estado en la provisión de servicios públicos a la luz de la teoría de la regulación económica, resaltando las competencias y capacidades de las agencias reguladoras.

Objetivos específicos

Realizar una discusión teórica y conceptual sobre el papel del Estado en la provisión de servicios públicos.

Presentar de forma sistemática las principales características de la regulación económica en Colombia.

Identificar las condiciones deseables que deben cumplir las agencias reguladoras de servicios públicos.

Referencias

Boehm, F. (2005). Corrupción y captura en la regulación de los servicios públicos. Revista de Economía Institucional, 7(13), 245–263.

Breyer, S. (2000). Cuándo y cómo regular los servicios de utilidad pública. Estudios Públicos, 78(otoño 2000), 27–44.

Cahuc, P. (2001). La nueva microeconomía. Bogotá: Alfaomega S.A. y Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional.

Corredor, C. (1989). La regulación estatal de la actividad económica a través del gasto público. Cuadernos de Economía, 10(13), 91 – 111.

Samuelson, P. (1990). Economía. México: Editorial Mc Graw Hill.

Stiglitz, J. (2002). Mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta del sector público: Lecciones de la experiencia reciente. Revista Del CLAD: Reforma Y Democracia, 22(22), 1–36.

Stiglitz, J. (2010). Regulación y fallas. Revista de Economía Institucional, 12(23), 13–28.

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