Reseña: la reciprocidad y la paradoja del votante

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Bryan Snehider Díaz

La economía y el estudio de la racionalidad siempre se han interesado por entender el comportamiento del electorado ante las elecciones. En ese sentido, la hipótesis principal es que no es racional hacer parte del sufragio salvo que el voto que uno va a emitir sea decisivo. En esencia un votante racional siempre decidirá votar siempre y cuando la utilidad esperada sea mayor que la de no votar, por ello la decisión de votar o no votar dependerá de la probabilidad que este le asigne a que su voto sea o no decisivo. Esta probabilidad dependerá evidentemente de la cantidad de personas que salgan a votar, pues cuanto mayor sea dicho número, menos incentivos tendrá el agente. Esta es la paradoja del votante: entre más personas salgan a votar menos racional es para el individuo hacer parte de los comicios electorales. No obstante, al comparar esta teoría con los niveles de participación electoral es evidente que las personas tienen motivaciones más profundas que el cálculo costo/beneficio.

A este fenómeno surgen explicaciones en las cuales intenta modificarse la función de utilidad esperada incluyendo otros aspectos que el votante racional podría tener en cuenta. En algunos casos se habla de que el votante no intenta necesariamente maximizar su utilidad esperada, sino que más bien intentan minimizar la probabilidad de arrepentimiento, o simplemente son persuadidos por el alto nivel de presión social, sin tener en cuenta la interacción estratégica. Estas teorías no obstante tienen como elemento común que parten de la lógica del homus economicus, donde la persona intenta maximizar sus beneficios finales y por lo tanto no tiene en cuenta los posibles beneficios de los demás, o ningún tipo de preferencias sociales.

Otras explicaciones entienden el voto como un fenómeno institucional y cultural, determinado por hábitos y costumbres humanas, donde estas evolucionan a lo largo del tiempo. Estos procesos se complementan mediante aprendizaje y la adaptación alimentando así los procesos de racionalidad implícitos en las elecciones. El artículo intenta dar una visión alternativa de este fenómeno donde ciertos sentimientos morales como la reciprocidad es importante en lo que respecta a dar respuesta a esta paradoja, donde se busca premiar la cooperación y castigar el egoísmo aún si eso tiene costos particulares para el individuo. Esta perspectiva se refuerza con la idea de que el voto también es entendido como un acto cultural reforzado socialmente; en ese sentido se busca entender la paradoja del votante incorporando preferencias sociales e instituciones evolutivas en el proceso.

La reciprocidad como concepto aparece en la literatura gracias al juego del Ultimatum, en donde una de las explicaciones potenciales a los rechazos de propuestas injustas es la existencia de reciprocidad, y por tanto el deseo de castigar comportamientos socialmente indeseables aun cuando esto tenga un costo. Otra explicación viable se da mediante la aversión a la desigualdad, donde los seres humanos han desarrollado ciertas reglas para resolver conflictos desde épocas ancestrales que los han acompañado a lo largo de la historia. El juego del Ultimatum ha servido para demostrar la existencia de dichas preferencias y también la relación entre reciprocidad, cultura y entorno socioeconómico.

Para modelar la reciprocidad, esta se mide en torno a la interacción entre un componente de amabilidad, que a su vez depende de los resultados a los que lleguen (en términos desigualdad), y la intencionalidad percibida (que mide hasta qué punto el jugador tuvo la intención de llegar a los resultados concretos). Un componente que representa el bienestar que le genera el acto motivado por la reciprocidad, que está definido por el modo en que la acción del jugador modifica los cambios en los pagos del otro, y un componente que mide la importancia que este le da a la reciprocidad; todo esto en función de las creencias que tienen los jugadores (definiendo las creencias como: Una creencia de primer orden es una creencia sobre lo que hará el jugador contrario. Una creencia de segundo orden es una creencia sobre las creencias del jugador contrario).

En ese sentido la función de utilidad que incluye reciprocidad lleva a un concepto solución perfecto en subjuegos, con preferencias reciprocas o equilibrio reciproco, alcanzable por inducción hacia atrás siempre que la información sea completa y perfecta. En donde el alcanzar una solución equitativa depende de que el jugador 1 tenga unas creencias acertadas sobre la importancia que le da a la reciprocidad el otro jugador. La función de utilidad del jugador como podemos ver es tal que, si la persona le da un valor a la reciprocidad mayor que cero, percibe que el otro jugador no fue amable con toda la intencionalidad, puede aumentar su utilidad dañando al otro jugador mediante una acción de castigo, esta utilidad puede ser mayor que la utilidad material propiamente y por tanto explicar la participación en las elecciones.

La existencia de preferencias sociales es evidente en muchos aspectos de las decisiones humanas. Esta puede entenderse como una serie de sentimientos morales que condicionan la conducta individual. Por reciprocidad fuerte se entiende la predisposición a cooperar con individuos y de castigar a quienes no cooperan aun cuando no haya incentivos individuales para hacerlo. La existencia de reciprocidad es evidente en ciertos fenómenos como la actitud del electorado ante programas de redistribución de la riqueza, o la misma actitud de los votantes ante las elecciones que es perfectamente explicada gracias a la reciprocidad ante acciones pasadas de los candidatos.

Si se espera que el ciudadano tenga una función de utilidad reciproca, este evalúa las acciones del candidato en el pasado en función de lo que él esperaba recibir y lo que efectivamente recibió. Es decir, el factor amabilidad está determinado por dicha diferencia. En el artículo se demuestra paso a paso que votar se convierte en una acción plenamente racional siempre y cuando el factor de reciprocidad sea tan alto como para ser mayor que el costo de hacer parte de los comicios, y por tanto bajo ciertas condiciones votar puede ser una acción plenamente racional. Este tipo de modelos desde luego se basan en el supuesto de que las personas tienen una elevada capacidad de cálculo y son capaces de contemplar todos y cada uno de estos elementos.

Otra posible explicación es que las personas están institucionalmente programadas para participar de los comicios independiente de sus ganancias. Estar programado implica que tanto políticos como votantes han elegido de antemano. Para entender esto el artículo hace uso de un modelo evolutivo multipoblacional, en los que se supone de que las personas están inducidas a jugar ciertas estrategias y donde el aprendizaje de los individuos tiene un papel notorio en la evolución de las normas sociales, hábitos, patrones culturales e institucionales. El artículo analiza los cambios en la proporción de la población que se abstiene mediante la dinámica del replicador.

En esta dinámica el autor demuestra que, dependiendo de las condiciones iniciales del sistema, y de la proporción de votantes y candidatos de cierto tipo, el sistema converge a un equilibrio de abstencionismo o a uno de votación. Esto no significa que en el mediano plazo todos voten o se abstengan ya que en plazos cortos de tiempo la población puede encontrarse en desequilibrio. Por otro lado, la dinámica de votación disminuirá cuando los costos de votar aumenten o disminuya el sentimiento de reciprocidad, de manera análoga los candidatos también pueden aumentar la participación aumentando el gasto público en épocas cercanas a las elecciones. La oposición juega un papel importante ya que esta también puede afectar el feedback percibido hacia los partidos en el gobierno y por tanto reducir la participación agregada.

Nota. Este texto es un resumen de las ideas expuestas en: Gallego, J. (2007). La reciprocidad y la paradoja del votante. Revista de Economía Institucional, 9(16), 149–188.
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Resumen. Propiedad y derechos de propiedad

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En términos económicos la propiedad es distinta de otras formas de contratación sólo cuando los contratos que determinan los derechos de decisión específicos sobre un activo y asignar sus rendimientos son imperfectos e incompletos. Entonces, la propiedad puede ser identificada con el derecho a ejercer el control residual allí donde los contratos (o las leyes) nada dicen sobre los derechos de decisión o con el derecho a recibir todo rendimiento residual remanente después de satisfacer las obligaciones contractuales (y legales). Para los activos simples, puede ser ventajoso que la misma persona que recibe los rendimientos residuales esté investida de tantos derechos de decisión como sea posible, porque la búsqueda de los máximos rendimientos personales, usualmente conducirá también al máximo valor total.

Cuando los derechos de propiedad son negociables y aplicables las condiciones del teorema de Coase, la asignación inicial de los derechos de propiedad no afecta a la eficiencia de los acuerdos, puesto que los derechos serían intercambiados según se requiriera para restaurar la eficiencia. Sin embargo, cuando los derechos no son negociables, pueden caer en las manos equivocadas. Las limitaciones al comercio de los derechos sobre el agua, en California, son un ejemplo. Cuando los agricultores que tienen derecho al agua barata no pueden venderla a las ciudades que la valoran más, el agua es frecuentemente dirigida a usos de bajo valor (tal como cultivar arroz en el desierto). De modo similar, cuando los derechos sobre un activo no quedan garantizados, al propietario puede no resultarle provechoso preservar y aumentar el valor del activo, puesto que tal vez no disfrute de los beneficios de su esfuerzo.

Algunos activos suelen ser compartidos por una comunidad. El resultado es con frecuencia, lo que se conoce como la “tragedia de los bienes comunes”: los miembros de la comunidad abusan de los recursos compartidos, pues los costes de ello son ampliamente distribuidos. Analizamos este problema en relación con los derechos de pesca local y vimos que un análisis similar puede ser aplicado a los yacimientos de petróleo y a los manantiales de agua subterráneos. En el caso de los derechos de pesca varias eran las formas de propiedad que podían intentarse para mejorar la situación. La comunidad podría ser propietaria del activo, pero, a menos que sea completamente homogénea, ello daría lugar a grandes costos de influencia. Por otra parte, debe resolverse el problema de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de la comunidad. La propiedad individual es otra alternativa, pero si los rendimientos del activo no pueden ser dirigidos enteramente al propietario, puede conducir a una distorsión de los incentivos. En los países socialistas, hasta los establecimientos agrícolas y las fábricas son considerados recursos compartidos y, por tanto, no son adecuadamente mantenidos. La experiencia china (en particular con la agricultura privada) durante la década de los años ochenta demuestra cómo los incentivos asociados a la propiedad pueden mejorar espectacularmente las actuaciones individuales.

Cuando los derechos de propiedad están garantizados y son negociables, y los costes de negociación son bajos, el teorema de Coase sugiere que la gente intercambiará los derechos hasta que la nueva forma de propiedad sea eficiente. Algunos han argumentado que deberíamos presuponer que todas las formas que observamos son siempre eficientes, si tenemos en cuenta todos los costes relevantes, porque los derechos no negociados no hacen más que el intercambio no compensaba el coste en que se habría incurrido. Cuando los acuerdos alcanzados entre dos (o más) partes afectan a terceros que no participan en las negociaciones, sin embargo, no suele ser verdad que todo intercambio deba incrementar el valor. Puede ser simplemente la apropiación del valor de quienes no participan. En circunstancias semejantes, la simple asignación de los derechos de propiedad a quienes probablemente los valorarán más puede ser ventajosa.

Los derechos de propiedad continúan cambiando en nuestros días, piénsese en los derechos al aire limpio, de propiedad intelectual, de acceso a las playas, sobre los minerales del fondo del mar o los derechos de pesca. Los derechos a la utilización de nuevos fármacos nos recuerdan que la asignación de los derechos de propiedad tiene una dimensión ética y distributiva, adicionales a la eficiencia.

Cuando los costes de negociación son bajos, la teoría predice que los derechos de propiedad serán asignados eficientemente. Cuando un activo es altamente específico para un uso particular, significando con ello que es mucho menos valioso en su mejor utilización alternativa, hay ganancias si se asignan los derechos de propiedad al usuario final a fin de evitar el problema de la retención. En el problema de la retención el usuario amenaza con dejar de utilizar el activo para obtener del propietario mejores condiciones. La razón de que ello sea un problema desde el punto de vista de la eficiencia es que desalienta la inversión en activos específicos de gran productividad. Cuando dos activos son específicos para la misma transacción, están coespecializados, y la teoría predice que generalmente serán ambos propiedad de la misma persona. La dificultad de medición del desempeño en el mantenimiento de un activo favorece la transferencia de la propiedad al usuario del mismo, pero una dificultad similar para medir la actuación con relación a otras responsabilidades importantes puede hacer que la transferencia de la propiedad del activo se realice de modo diferente, a otra persona.

Otras características de la transacción influyen también sobre la forma de propiedad más adecuada hacia la búsqueda del valor máximo. Las transacciones simples pueden ser realizadas mediante contratos casi completos, en cuyo caso el problema de la retención es de menor importancia. El arrendamiento del activo, por ejemplo, puede ser un buen sustituto de la propiedad. La larga duración del activo y la complejidad de la transacción hacen que esta alternativa sea menos eficaz y favorecen la solución de la propiedad antes mencionada.

El capital humano planea un problema especial porque: 1) representa una fracción importante del capital de todo país de industria avanzada, 2) generalmente no es negociable, y 3) suele estar bastante coespeciaiizado entre diferentes personas. Con frecuencia se observan complejas disposiciones organizativas destinadas a proteger las inversiones en capital humano.

Aunque el concepto de propiedad parece razonablemente claro en muchos de los casos aquí expuestos, los conceptos de control residual y rendimientos residuales que definen la propiedad son en realidad bastante difusos. Para las grandes sociedades anónimas sostuvimos que no hay realmente nadie que sea dueño tanto del control residual como de los rendimientos residuales, ambos necesarios para que la propiedad funcione de acuerdo con la teoría simple. En las organizaciones sin fines de lucro no hay nadie con derecho a recoger los rendimientos residuales y, por tanto, diríamos que carecen de propietario. En el caso de este libro, hay varias clases de rendimientos, no todos financieros, y éstos van en diferentes proporciones, a los dos autores y a la editorial: no hay un único acreedor residual.

Pese a estas matizaciones, la propiedad es clara e indudablemente el medio más común y eficaz para motivar a la gente a crear, mantener y mejorar los activos, y su importancia en la práctica empresarial difícilmente pueda ser expresada con exageración.

Reseña bibliográfica

Como en tantos otros aspectos de la teoría económica de la organización, Ronald Coase hizo las aportaciones iniciales al moderno análisis económico de los derechos de propiedad, subrayando que el centro de la teoría yace en la capacidad de la gente para negociar y contratar. A partir de allí, el análisis económico de los derechos de propiedad atrajo la atención de muchos eruditos; las obras de Yoran Barzel y Harold Demsetz ofrecen una introducción al trabajo de dos de los más importantes entre ellos. Robert Cooter y Joseph Farrell presentan útiles discusiones sobre el pensamiento corriente acerca del teorema de Coase.

La importancia de los rendimientos residuales en la teoría de la empresa fue desarrollada con mayor amplitud por Armen Alchian y Demsetz; el control residual como una definición virtual de la propiedad fue defendido por Sanford Grossman y Oliver Hart. Oliver Williamson, Grossman y Hart conjuntamente, Hart y John Moore han hecho aportaciones especialmente importantes al análisis de las formas eficientes de propiedad.

La importancia de las inversiones específicas fue primeramente desarrollada en el contexto de la teoría del capital humano por Gary Becker, y fue elaborada dentro de la teoría de la empresa por Williamsom y por Benjamín Klein, Robert Crawford y Armen Alchian.

Nota. Este texto fue tomado de: Milgrom, P., & Roberts, J. (1993). Economía, organización y gestión de la empresa (p.729). Barcelona: Ariel Economía. Capítulo 9: Propiedad y derechos de propiedad.
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La búsqueda de rentas en los sectores público y privado

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Las decisiones gubernamentales que garantizan un monopolio, determinan los precios de suministros, o establecen tarifas y otras barreras comerciales, pueden crear rentas o cuasirrentas para las empresas. Las empresas intentan captar estas rentas para sí, antes de que se vayan a otro lado: y lo hacen tanto participando legítimamente en los procesos políticos y normativos como pagando a veces sobornos. El resultado es un costoso problema de política general, porque los intentos conducen en ocasiones a decisiones tergiversadas y porque se gasta mucho tiempo y esfuerzo en un proceso que sólo produce transferencias, sin ninguna ganancia social. Las actividades que no sirven a ningún interés social más que a la transferencia de rentas o cuasirrentas han sido llamadas de búsqueda de renta y, cuando ocurren en el sector público la búsqueda directa de beneficios improductivos, los costes de los recursos empleados y de las decisiones distorsionadas son costos de influencia.

Según algunos analistas, los costos de influencia son unos de los mayores costes de las grandes administraciones estatales. Cuando se están tomando muchas decisiones y cada una de ellas tiene grandes consecuencias redistributivas, muchos de los individuos más brillantes y capaces comprobarán, entonces, que lo más rentable es emplear su tiempo en intentar influir sobre esas decisiones, ya sea en su propio interés o en el de sus clientes. Ésta es la causa de muchas de las ineficiencias en la adopción de decisiones en el sector público. Los grupos privados gastan recursos solamente para modificar el impacto de las decisiones públicas.

Así sucede cuando se movilizan grupos de presión y se gastan enormes esfuerzos en conseguir la concesión de una cadena de televisión de pago, sacrificando la eficiencia para fines políticos o distributivos. Y así también sucede cuando una instalación pública (un parque, un museo, etc.) es situada en el distrito de un senador importante y no donde sería de mayor provecho. Los gastos directos del gobierno son sólo la punta del iceberg: los recursos gastados por otros para influir sobre jueces y jurados, legisladores y funcionarios, consejeros, responsables de compras, inspectores, auditores, responsables de impuestos y otros empleados del gobierno, pueden exceder en mucho a los del propio gobierno en tomar y aun en implementar las decisiones sobre las que se influye.

La razón por la que el tamaño de la administración del Estado entra en el análisis es que cuanto mayor sea la administración, tendrá mayores programas, más responsables de decisiones y más asuntos que resolver. Las oportunidades para influir sobre las decisiones del gobierno crecen con el tamaño y el alcance del aparato del Estado que el gobierno controla. Esto no significa que la anarquía sea la forma óptima de gobierno; la existencia de costes no niega la posibilidad de beneficios aún mayores. Por otra parte, las decisiones adoptadas por el sector privado pueden a veces reflejar un conjunto de intereses demasiado estrecho, por tanto sólo el sector público puede determinar algunas cuestiones equitativa y eficientemente.

Las diversas actividades de influencia

Son necesarias dos condiciones para hacer posibles las actividades de influencia y sus costes asociados: 1) debe haber un conjunto de decisiones a adoptar que pueda influir sobre la distribución de los costes y beneficios en la organización, y 2) las partes afectadas deben haber abierto canales de comunicación con los responsables de las decisiones e identificado los medios para influir en ellas, durante el período en que éstas están siendo adoptadas.

La primera de estas condiciones es normalmente inevitable en las organizaciones. ¿A quién se ascenderá a un puesto clave con mayor salario, beneficios adicionales y estatus? Cuando la asignación de recursos significa el desarrollo del proyecto que los obtenga y, por tanto, mayor seguridad en el puesto y mejores oportunidades de promoción para el personal involucrado, ¿se asignarán los recursos al proyecto de una división o al de otra? ¿Debería utilizarse a subcontratistas, cuando hacerlo puede sacar buenos puestos de trabajo fuera de la empresa? ¿Se implementará una reorganización interna que prometa ganancia de eficiencia, pero que requerirá el despido de algunos empleados, y la necesidad de aprender nuevos modos y la pérdida del poder de otros?

En las decisiones de este tipo los ganadores y perdedores potenciales buscarán influir sobre el resultado, gastando para ello sus propios recursos y, si pueden, los de la organización. Por ejemplo, los candidatos a una promoción pueden restar tiempo de sus responsabilidades habituales para mejorar sus cualificaciones aparentes para el puesto, o para intentar congraciarse con el jefe. Los proponentes de un proyecto pueden dedicar sus esfuerzos a presentarlo como la mejor de las inversiones, ocultando las dificultades potenciales y resaltando sus aspectos positivos e intentando, al mismo tiempo, rebajar las propuestas alternativas.

En el caso de la refinanciación, los ganadores y perdedores potenciales, en sus intentos de influir sobre el resultado, pueden gastar millones de dólares en consultores, abogados, asesorías de bancos de inversión y en publicidad. Aquellos que estén amenazados por la propuesta de subcontratación pueden urdir argumentos sobre la confiabilidad, el oportunismo ex post o la moral, que sirvan a sus intereses. Quienes teman la reorganización se resistirán a los cambios, escondiendo o tergiversando la información, cooperando con reticencia e intentando preocupar a otros para convertirlos en aliados. Todo ello es en esencia una competición política por las rentas y cuasirrentas, como tal, es un fenómeno paralelo al de la búsqueda de rentas en el sector público.

Los empleados no son los únicos afectados por las decisiones de la empresa. Una amplia gama de decisiones afecta a los beneficios de los accionistas, incluyendo en ella a las inversiones, la cuantía de los salarios, la política de dividendos, las fusiones y la política de precios. Para los acreedores crediticios, la seguridad de sus préstamos dependerá del riesgo en las inversiones de la empresa, de los salarios que se paguen a los trabajadores y de los dividendos distribuidos a los accionistas.

Las decisiones de la empresa sobre el diseño y la localización de sus fábricas pueden afectar a la valoración de las viviendas de la comunidad, al tráfico de vehículos y a las condiciones del medio ambiente. Su elección de suministradores puede modificar la distribución de salarios y beneficios de los candidatos potenciales; y su política de precios puede afectar tanto a la competencia como a los consumidores. Hay frecuentes controversias sobre cuáles de estos intereses deberían ser legítimamente considerados en el proceso de adopción de decisiones. Si el mayor empleador de una pequeña comunidad decide cerrar su planta, ¿tiene derecho la comunidad a bloquear la decisión? Si se instala una sucursal de una cadena que vende con descuentos en la periferia de la ciudad, ¿debe protegerse a los comercios del centro y a sus empleados? Cuando la ampliación del centro hospitalario de una comunidad intensifica el tráfico en un barrio, ¿debería permitirse que los vecinos exigiesen medidas compensatorias o paliativas?

Nota. Este texto fue tomado de: Milgrom, P., & Roberts, J. (1993). Economía, organización y gestión de la empresa (p.729). Barcelona: Ariel Economía. Capítulo 8: Rentas y eficiencia.
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Resumen. Rentas y eficiencia

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La reputación tiene un valor económico en la medida que facilita a su poseedor los compromisos en el trabajo, el comercio y en otras actividades valiosas. Una actividad es valiosa si genera cuasirrentas, rendimientos en exceso de los que se obtendrían en otras actividades. Las cuasirrentas son normalmente creadas por los costes asociados a los cambios en el negocio, en el empleo o en las carreras profesionales, por ejemplo, los costes del cambio de sector o de trabajo, o los de una formación particular. El deseo de mantener el empleo o los clientes es la base de los incentivos del mercado para el trabajo duro y honrado y los productos de alta calidad. El incentivo para adquirir y mantener una buena reputación es más fuerte cuanto mayor sea la frecuencia de su utilización y mayor el período en que pueda ser utilizada.

Las empresas pueden, cuando no estén haciendo inversiones específicas, pagar salarios de eficiencia (salarios mayores que el salario de oportunidad del trabajador y que, por tanto, tienen un componente de renta) en conjunción con un cierto control sobre el trabajador, para proveer incentivos al buen comportamiento. En el problema de la implementación, los incentivos y el control son sustitutivos entre sí; un mayor salario puede compensar la ausencia de oportunidades de control. No obstante, ello no significa que aumento del control deba necesariamente conducir a menores salarios. En vez de sustituir salario por control, la empresa puede encontrar que cuando el control se hace más fácilmente, es más rentable buscar un mejor desempeño de los trabajadores.

La visión marxista es que los capitalistas desperdician recursos en controles innecesarios, a fin de mantener bajos los salarios. Esta crítica es, en cualquier caso, problemática ya que los incentivos dependen de los salarios relativos; ni siquiera una economía socialista puede pagar salarios relativos altos a todos los trabajadores.

La gente que desee ser merecedora de confianza puede obtener beneficios construyéndose la reputación de respetar la palabra empeñada. Si la reputación opera sin el apoyo de una institución especializada, sólo será eficaz cuando el comportamiento sea directamente observable por quienes confíen en ella. Por lo tanto, es más efectiva en una relación bilateral a largo plazo, en la que las partes son conscientes del comportamiento anterior de cada una de ellas. Es más problemática en una gran comunidad de mercaderes, puesto que un tercero, ajeno a la transacción, raramente podrá saber quién tiene razón en una disputa de negocios. Para superar este problema los mercaderes desarrollaron en el pasado prácticas e instituciones destinadas a establecer normas de comportamiento y a determinar los hechos y resolver las disputas. En la actualidad, las agencias de registro de morosos, las asociaciones de defensa del consumidor y las culturas empresariales pueden ser entendidas, en parte, en los mismos términos, aunque estas instituciones tienen también otras funciones.

Un problema adicional de los mecanismos de reputación es que los terceros pueden no tener interés en participar en las sanciones impuestas contra aquellos con quienes aun habiéndose comportado incorrectamente, se podrían tener relaciones comerciales. Históricamente, algunas instituciones han surgido para mantener la disciplina en la aplicación de sanciones. Un ejemplo es la Hansa, una coalición de gremios de mercaderes del norte de Europa, que apareció en el siglo XIII para imponer entre los mercaderes el cumplimiento de las sanciones aplicadas a las ciudades que renegaban de sus compromisos.

El juego final presenta otro problema para un mecanismo de reputación. La gente que se aproxima a la jubilación o las empresas que están cerca de finalizar una relación contractual tienen menos necesidad de mantener la buena voluntad de sus contrapartes contractuales y, entonces, pueden buscar otras formas de cumplir sus acuerdos. La existencia de rentas y cuasirrentas tienta a la gente a gastar recursos compitiendo por ellas. En la medida en que estos gastos son un derroche, se les llama costo de influencia. Estos costes tienden a ser mayores para aquellas decisiones que tienen consecuencias distributivas más grandes, mientras que los beneficios de las actividades de influencia son mayores para las decisiones complejas, que tienen un gran impacto en los objetivos globales de la organización y que se ven facilitadas por la libre circulación de la información. Los costos de influencia son creados por los esfuerzos de las partes afectadas para manipular la información. Las actividades de influencia pueden ser emprendidas por los empleados, suministradores, clientes, accionistas o miembros de la comunidad, dependiendo de los intereses que se vean potencialmente afectados.

Las organizaciones se enfrentan a los costos de influencia adaptando sus procesos de toma de decisiones al tipo de decisión que deba ser adoptada, limitando la aportación de información de las partes interesadas solo a la de mayor relevancia, haciendo que la solución sea definitiva y no sujeta a revisiones y amortiguando el impacto de los cambios distribuyéndolos entre los miembros de la organización. Para algunas clases de decisiones, si el valor total que se crearía al mejorar las decisiones es pequeño en relación a los costos de influencia que se generarían, las rígidas normas burocráticas pueden ser óptimas. Por esta razón, la distribución de una suma disponible para el pago de salarios suele hacerse según un procedimiento rígido, mientras que el establecimiento de otras variables financieras, tales como el precio de los productos, frecuentemente es más informal.

Vimos un ejemplo en el que, cuando en Japón se contrajo el sector del aluminio, las empresas productoras fueron separadas de sus compañías matrices, para aislar a éstas y a sus subsidiarias de la influencia de las divisiones dedicadas al aluminio. La medida en que se permita a cada parte participar en una decisión dependerá, por lo general, de la información y el análisis que sea capaz de aportar, así como del grado en que la decisión pudiera redistribuir sus recursos, su remuneración o sus beneficios no monetarios. También pueden reducirse los costos de influencia mediante normas que protejan los intereses de los miembros de la organización o compartiendo con ellos los beneficios resultantes de los cambios.

El sistema legal ofrece muchas oportunidades para las actividades de influencia, aunque muchas instituciones legales parecen pensadas con el objetivo de reducir los costos de influencia. Ciertas normas aplicadas en las suspensiones de pagos y las quiebras y los criterios sustentados con respecto a la responsabilidad de los administradores, son ejemplos de ello.

Cuando se desea la participación de los trabajadores en la adopción de decisiones, el sistema de pago en acciones y la distribución de los beneficios contribuyen a reducir los costos de influencia. Las políticas japonesas de personal parecen especialmente adecuadas para alentar la participación de los trabajadores y en Estados Unidos, las empresas con ESOPs encuentran atractiva la inclusión de un amplio grupo de trabajadores en el proceso de adopción de decisiones.

El problema de las influencias es comúnmente considerado más costoso en las decisiones del sector público que en las del sector privado. Una razón de ello es la superposición de jurisdicciones políticas, que permite a las partes interesadas la persecución de sus intereses (o les exige defenderlos) en varios foros diferentes. Una segunda razón es la incapacidad de los gobiernos democráticos para tomar decisiones definitivas que no estén sujetas a revisiones por parte de los electores afectados.

Reseña bibliográfica

Como sugiere nuestra cita inicial de Alfred Marshall, la idea de que la distribución de la renta puede afectar a la eficiencia no es, en modo alguno, nueva en la teoría económica, aunque no recibió mucha atención en la teoría moderna hasta 1980. La teoría moderna se inició con algunos artículos de Carl Shapiro y de Benjamín Klein en colaboración con Keith Leffler, sobre cómo el flujo de rentas provee un incentivo para que las empresas construyan y mantengan una reputación de productos de buena calidad, así como con el modelo del salario de eficiencia de Carl Shapiro y Joseph Stiglitz, que hemos expuesto en el texto. Samuel Bowles y Masahito Okuno-Fujiwara han aplicado el análisis de Shapiro-Stiglitz en diferentes e importantes direcciones, también consideradas en el texto.

Los estudiosos del comportamiento de las organizaciones han resaltado la importancia de la cultura empresarial y de sus anécdotas; puede consultarse al respecto el libro de Joanne Martin o el volumen editado por Peter J. Frost, Larry F. Moore, Craig Lundberg y Martin. Entre los economistas, David Kreps ha subrayado el papel de la reputación en las organizaciones, como sustituto de la contratación, y particularmente en la función de la cultura y los procedimientos de rutina de la organización en el establecimiento de expectativas y normas de comportamiento. Jacques Cremer también ha hecho aportaciones importantes a esta línea de trabajo. El análisis de la reputación y la confianza realizada en el texto utiliza la teoría de juegos, un conjunto de ideas y métodos que ha tenido un impacto importante en los modelos y análisis económicos de los últimos años. Avinash Dixit y Barry Nalenbuff, Robert Gibbons y Eric Rasmusen han publicado recientemente sendos tratamientos de este tema, que son relativamente accesibles para quienes carezcan de formación técnica y matemática sólida. El modelo formal, basado en la teoría de juegos, de las dinámicas de la formación de la reputación y sus implicaciones fue iniciado por Kreps y Rober Wilson, por nosotros mismos (en nuestro artículo de 1982) y por los cuatro conjuntamente (en un artículo publicado, también, en 1982).

Gordon Tullock fue el primer economista en subrayar la existencia de la conducta de búsqueda de renta, que ha sido aplicada por muchos otros al análisis de los costes de las grandes administraciones gubernamentales. Muchos de los artículos clásicos en este campo han sido recopilados en el volumen de James Buchanan, Roben Tollison y Tullock. Nosotros introdujimos los primeros estudios del proceso de influencias en las empresas y sobre cómo son manejados óptimamente, véase el artículo de Milgrorn y los realizados conjuntamente, en 1988 y 1990.

Nota. Este texto fue tomado de: Milgrom, P., & Roberts, J. (1993). Economía, organización y gestión de la empresa (p.729). Barcelona: Ariel Economía. Capítulo 8: Rentas y eficiencia.
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Resumen. Riesgo moral e incentivos al desempeño

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El término riesgo moral se originó en el sector de seguros para referirse a la tendencia de la gente que suscribe pólizas a alterar su comportamiento, en modos que resultan costosos para la entidad aseguradora, tal como poner menor empeño para evitar pérdidas. En la teoría económica, el término ha venido a referirse a cualquier comportamiento ineficiente dentro de un contrato, que surge de los intereses diferentes de las partes contratantes y sólo persiste porque una de las partes no puede afirmar con rotundidad que la otra esté incumpliendo los términos contractuales. Los problemas de riesgo moral aparecen con frecuencia en las relaciones principal-agente, en las que una de las partes (el agente) es autorizado a actuar en nombre de la otra (el principal), porque normalmente los intereses del agente difieren de los del interesado y éste no puede evaluar ni la bondad del trabajo ni la honradez del agente.

La crisis de las cajas de ahorro norteamericanas ilustra el problema del riesgo moral y cómo es manejado habitualmente en las transacciones de negocios ordinarias. La diferencia de intereses entre los propietarios de las S&L y la entidad estatal que asegura los depósitos (la FSLIC) aparece porque los propietarios se beneficiaban de las inversiones de alto riesgo cuando funcionaban bien, pero los costes del fracaso eran soportados por la entidad aseguradora. Cuando ésta falló en la vigilancia y control de las S&L, los propietarios de las S&L tuvieron un incentivo para las inversiones arriesgadas o, incluso, para el fraude, lo que resultó en enormes costes para los contribuyentes. La competencia por los ahorros de los depositantes no hizo más que intensificar este efecto, elevando los tipos de interés pagados por los depósitos y forzando a los directores más conservadores a buscar inversiones de mayor rendimiento (y, por tanto, más arriesgadas) que las habituales.

La relación de los depositantes con sus S&L es similar a la relación de los acreedores crediticios con empresas de cualquier tipo. Normalmente, éstos protegen su dinero imponiendo controles y pidiendo informes y auditorias de los prestatarios. Lo que distinguió el caso de las S&L es que los depositantes, estando asegurados, tenían pocas razones para vigilar a las instituciones y que el gobierno federal, cuyo dinero estaba en peligro, tampoco las vigiló, en parte debido a que poderosos miembros del congreso protegían a las S&L.

Pueden encontrarse problemas similares de fraude y riesgos excesivos en muchos programas garantizados por el Estado. Entre ellos hemos descrito los programas que garantizan los beneficios de jubilación de los trabajadores, las cosechas de los agricultores, los préstamos hipotecarios y los créditos para estudiantes. Existen problemas análogos en los planes de seguro privados, pero éstos tienden a ser menos severos, en parte porque los aseguradores orientados hacía el beneficio vigilan con mayor atención el comportamiento de los asegurados y en parte porque las entidades aseguradoras privadas rechazan los planes en los que el problema del riesgo moral sea demasiado importante.

Se dispone de varios medios para controlar los problemas de riesgo moral. Uno es el seguimiento y la vigilancia explícitos, que pueden reducir el problema de información que es un componente básico del riesgo moral. Un segundo camino es la utilización de contratos de incentivos que remuneran los resultados de la actuación cuando los inputs no pueden ser medidos. El depósito de un aval o una fianza que es ejecutado si el agente es descubierto en un engaño puede ser efectivo en la relación interesado-agente. Este aval puede estar implícito en la tendencia ascendente de los salarios a lo largo de la carrera del trabajador: un trabajador descubierto en una infracción tras varios años de empleo soporta la pérdida de los salarios más altos pagados por antigüedad en la empresa. Algunas veces el problema puede evitarse por completo mediante la solución de “hágalo usted mismo”, que no depende de un agente con intereses diferentes. Similarmente, una empresa puede eliminar el conflicto de intereses con sus suministradores a través de la integración vertical, aunque ello no elimina las diferencias individuales de intereses con la gerencia de la empresa suministradora, antes independiente y ahora empleada de la empresa compradora.

Una categoría de riesgo moral especialmente importante es la de las actividades de influencia con sus costos asociados, conocidos como costos de influencia. Esto aparece cuando los empleados desvían sus esfuerzos para influir en las decisiones organizativas. Aun si las decisiones no fueran finalmente afectadas, el tiempo, el ingenio y el esfuerzo dedicados a los intentos de influencia son quitados a otras actividades más productivas. Los costos de influencia son uno de los importantes costes asociados al control central y contribuyen a explicar la importancia de las fronteras de la organización. Estos costos están en gran medida ausentes cuando no hay un responsable con autoridad para tomar las decisiones sobre las que los empleados quieren influir; estas condiciones pueden, a veces, crearse mediante fronteras legales o de otro tipo entre las distintas unidades.

Reseña bibliográfica

Como tantos otros aspectos de la economía de las organizaciones, los problemas de la disonancia de incentivos y lo que ahora llamamos riesgo moral ya fue notado y comprendido por Adam Smtth: véase su exposición de los incentivos en las sociedades anónimas en La riqueza de las naciones (libro V, capítulo I, parte III, artículo I) y su análisis de los incentivos para los profesores universitarios (libro V, capítulo I, parte III, artículo II). La naturaleza del riesgo moral y su importancia en el análisis económico fue hecha explícita por Mark Pauly en el contexto de un artículo sobre la teoría económica del seguro de salud de Kenneth Arrow. El modelo principal-agente, que subyace en gran parte del análisis de este capítulo, tiene varios iniciadores, entre los que se incluyen: James Mirrlees, Michael Spence y Richard Zeckhauser, y Steven Ross. En el siguiente capítulo se dan referencias, más recientes. La explicación de la pendiente positiva de la relación edad/salario y de la jubilación obligatoria en términos de un aval implícito se debe a Edward Lazear, Lome Carmichael presenta una exposición y un desarrollo útiles del modelo de Lazear.

Adolphe Berle y Gardner Means iniciaron el debate sobre si la estructura de la propiedad de la sociedad anónima moderna la ha hecho particularmente susceptible de sufrir problemas de riesgo moral en la gestión. Los artículos publicados en Journal of Law and Economcs (25 de junio de 1983) a partir del simposio de la Hoover Institution sobre “Las sociedades anónimas y la propiedad privada” celebrada para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la publicación del libro de Berle y Means, otorgaron a este tema un cierto aire de pensamiento corrientemente aceptado; el tema, a su vez, ha centralizado el debate sobre las absorciones hostiles. El “Symposium on Takeovers” en Journal of Economic Perspectives (2, 1988. pp. 3-82) provee una vista general de las opiniones de los economistas sobre este debate que consideramos en el capítulo 15.

El modelo de la quiebra como un medio de efectuar cambios que potencien la eficiencia es debido a Philippe Aghion y Pairick Bolton. Los determinantes de las decisiones financieras de la empresa se tratarán en los capítulos 14 y 15, en los que se dan referencias más amplias. La importancia de las políticas de intervención selectiva fue resaltada por Oliver Williamson. El concepto de los costos de influencia como un elemento fundamental de los costos de transacción en las organizaciones distintas al mercado fue desarrollado por los autores de este libro. La teoría de la información suministrada por fuentes en competencia está desarrollada en nuestra publicación del Rand Journal of Economics.

Nota. Este texto fue tomado de: Milgrom, P., & Roberts, J. (1993). Economía, organización y gestión de la empresa (p.729). Barcelona: Ariel Economía. Capítulo 6: Riesgo moral e incentivos al desempeño.
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Coordinación y motivación mediante precios

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Incluso en las situaciones más simples, un equipo no puede trabajar eficientemente si sus miembros no actúan de manera coordinada. En una economía moderna, cuando la producción se lleva a cabo en un área geográfica amplia, el problema de suministrar los bienes y servicios adecuados en los momentos y lugares adecuados y a las personas adecuadas, exige una gran proeza de coordinación. Por otra parte, los individuos implicados deben estar motivados para llevar a cabo las partes que les corresponden del plan coordinado.

A veces se pueden usar los precios para conseguir una organización efectiva en un proceso a gran escala de toma de decisiones, al pedirse a quienes deben adoptarlas que valoren los recursos limitados al precio señalado a cada uno de ellos. En nuestro ejemplo central, se aplicaba un precio en términos de vidas a las horas-equipo utilizadas en un proyecto porque estas horas-equipo podían aplicarse a otros proyectos para salvar vidas. Además, con el solo conocimiento del precio y de las características de los proyectos individuales, un equipo descentralizado podía tomar decisiones que, tomadas conjuntamente, constituían un plan eficiente para toda la organización. Los precios que cumplen esta función son precios similares a los del mercado: pueden determinarse como precios a los que la oferta de cada recurso es igual a la demanda.

E1 modelo de equilibrio general neoclásico, de Arrow-Debreu, es capaz de representar con todo detalle las complejas actividades de consumo y producción de las empresas y los consumidores en la economía. Un equilibrio competitivo del modelo es un conjunto de precios y una asignación de recursos tal que los consumidores hacen máximas sus respectivas utilidades, las empresas hacen máximos sus beneficios, y las cantidades que los vendedores desean ofrecer a los precios dados son iguales a las que los compradores desean adquirir. El teorema fundamental de la economía del bienestar sostiene que la asignación competitiva de bienes es eficiente. En un equilibrio competitivo, los precios suministran a los consumidores y a las empresas toda la información que necesitan para saber qué hacer, y sólo piden a las empresas o a los consumidores que hagan máximo su beneficio o su utilidad. En este sentido, teóricamente los mercados pueden resolver tanto el problema de coordinación como el de motivación. La observación empírica de los mercados parece verificar que incluso con un número de participantes relativamente moderado, el comportamiento en los mercados es aproximadamente el que predice el modelo neoclásico.

El modelo neoclásico también subraya varios problemas de las economías reales. Primero, en economías con rendimientos de escala crecientes, pueden no existir precios a los que la demanda iguale a la oferta, en cuyo caso los precios por sí solos no pueden coordinar y motivar para que se elijan las opciones adecuadas. Las economías de escala están también ligadas a la competencia imperfecta, que daña a la eficiencia de la actividad económica. Segundo, puede haber extenalidades o ausencia de mercados, por lo que los individuos responsables de las decisiones pueden encontrarse con que los precios no reflejan exactamente los costos sociales o que determinados intercambios deseados no pueden llevarse a cabo. Como veremos en el capítulo 5, hay buenas razones para que determinados mercados estén ausentes y no sea fácil formarlos.

Históricamente, una de las razones esenciales del crecimiento de las empresas y de otras instituciones distintas al mercado fue que los mercados no regulados no conseguían la eficiencia. Pero las soluciones distintas al mercado suscitan nuevos problemas de coordinación, planificación y control. Como hemos visto, los precios pueden ser muy valiosos, incluso en la organización interna, para evaluar la actuación y guiar las decisiones de los gestores.

Reseña bibliográfica

El modelo neoclásico de una economía de propiedad privada y el teorema fundamental de la economía del bienestar representan la culminación de doscientos años de investigación económica, que comenzaron con la riqueza de las naciones de Adam Smith (1776). El artículo de Roy Weintraub contiene una exposición del desarrollo histórico de la teoría. La versión y la interpretación aquí expuesta se deben en gran medida a Keneth Arrow y Gerard Debreu; ambos consiguieron el Premio Nobel en parte por estos trabajos. En la Theory of Value de Debreu (1959) puede hallarse el tratamiento clásico, pero este volumen es bastante abstracto y fuertemente matemático. Tratamientos más accesibles pueden encontrarse en algunos libros de texto de microeconomía de nivel intermedio y en de Wemer Hildenbrand y Alan Kirman. El informe de Arrow al Congreso de los Estados Unidos (reproducido en el libro de Haveman-Margolis) es una exposición especialmente clara de las ideas claves. Su ensayo incluido en el libro de Margolis desarrolla su idea de considerar las externalidades como ausencias de mercado.

Las áreas activas de la investigación en curso consisten en exploraciones teóricas y experimentales de los incentivos en los mercados y la cuestión de si el equilibrio competitivo se acerca a los resultados de un comportamiento competitivo imperfecto. En los artículos de John Roberts y Vernon Smith en The New Palgrave pueden hallarse breves introducciones a estos temas. Friedrich Hayek, a lo largo del debate sobre la posibilidad de que una economía socialista funcione eficientemente, acentuó las reducidas exigencias informativas del sistema de precios. En The Economics of Control se publica la propuesta de Abba Lerner sobre el socialismo de mercado y su desarrollo de la relación entre un comportamiento de aceptación de los precios y la eficiencia. La formalización de las ideas de Hayek se debe, sobre todo, a Leonid Hurwicz, que presenta una introducción a esta en su artículo de la American Econonic Review.

La mayoría de los libros de texto de microeconomía intermedia abordan los problemas con que el sistema de precios se enfrenta ante rendimientos crecientes, competencia imperfecta y externalidades. Nuevamente, se debe a Arrow el acento sobre la ausencia de mercados. Véase otra vez su informe ante el Congreso antes mencionado. George Stigler fue el primero en desarrollar la importancia de la búsqueda. Cuando ganó el premio Nobel se mencionó este trabajo. Otra área muy activa de la investigación actual es la posibilidad de que sean fallos en la coordinación la explicación del desempleo. Peter Diamond ha encabezado esta tendencia. Quizá el modelo más completo construido sobre estas líneas es el artículo de Roberts en la American Econoinic Review, pero es bastante difícil y por el momento no hay una exposición de su trabajo que sea fácilmente accesible. La aproximación más cercana puede ser el artículo de Russell Cooper y Andrew John. En el libro de Arrow se desarrolla la idea de que las organizaciones son una respuesta a los fallos del mercado. La mayoría de los libros de texto sobre contabilidad de costes abordan el tema de los precios de transferencia. El clásico en este campo es el de Charles Horngren y George Foster.

Nota: Este texto fue tomado de: Milgrom, P., & Roberts, J. (1993). Economía, organización y gestión de la empresa (p.729). Barcelona: Ariel Economía. Capítulo 3: Coordinación y motivación mediante precios.
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Sobre mecanismos de asignación de recursos

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Bryan Snehider Díaz

En la vida real existen muchos modos en que se puede llevar a cabo una transacción. Podemos ir y comprar en un mercado, pedirles dinero a nuestros padres, pedir un crédito y recibir una mercancía sin entregar nada de inmediato, o incluso podemos quitarle dinero a un desconocido llevando una pistola en la mano. El elemento común de todas estas acciones es que hay una distribución o asignación de recursos materiales que puede tomar una gran cantidad de formas. La asignación de recursos incluso puede implicar transacciones más abstractas, como la promesa de voto, el ascenso de un nuevo empleado o una promesa de compraventa, lo relevante no es tanto si la mercancía tiene forma física, sino el intercambio de algo a lo que los interlocutores le asignan un valor determinado.

De allí nace el concepto de mecanismo de asignación: cuando se quiere asignar un conjunto determinado de recursos entre múltiples fines alternativos, podemos acudir a una enorme multitud de figuras. Si somos el gerente de una empresa podemos crear reglas para el manejo de los recursos, podemos decidir que los recursos irán a cada subdivisión que estará anclada a la productividad de los trabajadores o a sus necesidades. Si fuésemos una figura política que debe tomar decisiones sobre cómo invertir los impuestos por medio de una gran cantidad de figuras legales. El asunto de fondo es que toda asignación de recursos requiere ciertas reglas para ser llevada a cabo. En economía a esas reglas se les conoce como instituciones, y es lo que diferencia un mecanismo de asignación de recursos de otro.

Cuando queremos vender una mercancía podemos usar como mecanismo de asignación de recursos la subasta inglesa tradicional, que implica asignarle el recurso a aquél que tenga la mayor disponibilidad a pagar. Incluso cuando deseamos comprar un servicio también podemos utilizar un mecanismo semejante para recibir ofertas y quedarnos con quien esté dispuesto a prestar el servicio por la menor cuantía posible, es decir una subasta inversa. Es el caso de las licitaciones públicas realizadas por el estado. En este tipo de mecanismos cabe hacerse dos tipos de preguntas: ¿Cuáles son las reglas que me convendría aplicar si soy el subastador? ¿Cuánto debería yo pujar para no terminar sintiendo que en la adrenalina de la subasta en realidad pagué por el bien más de lo que debería?

El primer mecanismo de subasta que uno se imagina es la subasta inglesa tradicional, donde un emperifollado subastador con la pintoresca actitud de un dandi va aumentando el precio mientras los participantes van aumentando sus pujas. Pero la subasta puede realizarse por internet o sin subastador. Lo que importa son las reglas: un ambiente donde todos usan sus recursos para competir por obtener un premio y donde lo obtiene aquel que haga la puja más alta. Es evidente que en un mecanismo de este tipo las reglas están hechas para que el subastador obtenga la mayor ganancia posible, y que dadas las circunstancias nuestra mejor estrategia siempre será pujar tan alto como sea nuestra valoración de la mercancía. En este caso la definición microeconómica de valor no deja de resultarme sumamente interesante: es ese precio máximo al que el sujeto aún querría conseguir el artículo, pero donde si este aumenta una unidad monetaria más dejaría de quererlo.

Uno podría decir que el mecanismo de asignación de recursos más conocido es el mercado, donde la competencia entre empresas es la que decide quién se queda con qué y cómo. Dados los incentivos que se presentan, los productores harán su mejor esfuerzo para que los insumos de que disponen se utilicen de la manera más sensata posible. La teoría microeconómica expone que los mercados son capaces de asignar los recursos siempre de manera perfecta, al igual que en la subasta inglesa, y esto es parcialmente cierto porque para que la asignación sea efectiva debe existir competencia perfecta entre agentes.

Las organizaciones jerárquicas tienen otro modus operandi. Están sometidas a unas reglas diferentes, en esta es una autoridad central la que toma las decisiones y de la que depende el cauce y desarrollo de las transacciones. Según Coase, las organizaciones jerárquicas nacen en ambientes donde los costos de ponerse de acuerdo son demasiado altos. Por ejemplo, cuando se debe decidir el modo en que un ejército debe asignar sus recursos, no hay tiempo para esperar a que todos se pongan de acuerdo, las decisiones deben tomarse de manera rápida y efectiva. En síntesis podemos decir que los mecanismos son un conjunto de reglas sobre cómo distribuir recursos de manera determinada y donde las reglas establecen los resultados a los que se puede llegar y el bienestar derivado de los mismos.

Referencias

“The Nature of the Firm”, 1937, Economica

Milgrom, P., & Roberts, J. (1993). Economía, organización y gestión de la empresa (p.729). Barcelona: Ariel Economía. Capítulo 1: ¿Importa la organización?
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