Informe de gestión sobre política TIC: Un breve análisis a la luz de la teoría económica y el plan de desarrollo

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Bryan Snehider Díaz

La importancia de las tecnologías de la información y comunicación ha escalado hasta convertirse en paradigma dentro de la construcción de políticas públicas, la literatura que abarca su estudio es tan basta que se ha convertido en una realidad en los planes de desarrollo, y en sentido común para los ciudadanos. El presente escrito tiene como objetivo explicar brevemente los ejes fundamentales de la política TIC en el plan de desarrollo de la ciudad de Bucaramanga, sus ejes y los desarrollos teóricos que acompañan la visión propuesta, enmarcado en el informe de gestión presentado por la oficina de asesoría TIC para el primer trimestre del año 2018. Este gira en torno a tres líneas principales: 1) Gobernanza democrática, 2) sostenibilidad ambiental y 3) infraestructura y conectividad, que corresponden a tres de las seis líneas construidas en el plan de desarrollo de la ciudad.

El plan de desarrollo fue construido bajo la guía de la primera evaluación para la prosperidad en las ciudades de Bucaramanga, desarrollado por ONU-Habitat. Este permite evaluar el estado de las ciudades de Colombia en distintas dimensiones, comparándolas unas con otras. La evaluación sitúa a la ciudad de Bucaramanga como punto de referencia en cuestiones como productividad o equidad, no obstante esta ocupa el cuarto lugar en infraestructura, conectividad y en calidad de vida, y ocupa el puesto 13 en desarrollo ambiental, siendo esta última el área más débil a juicio de la evaluación. Dicho informe marca la pauta sobre la que la alcaldía municipal establecería sus objetivos de desarrollo, en un plan ambicioso y multidimensional que está estructurado alrededor de 6 líneas, divididas a su vez en componentes. En ese sentido el informe de gestión en tecnologías de la información tiene relación con tres de las seis líneas mencionadas, y está desagregado en los componentes de cada línea a los que pretende dar cumplimiento.

El informe de gestión sobre el avance en materia TIC está jerarquizado para cumplir con metas y componentes del plan de desarrollo de manera clara, a cada meta le corresponde uno o varios indicadores, y luego en base a la cantidad de indicadores se puede ponderar el cumplimiento de las metas, de los componentes y de las líneas subyacentes. Si se analiza detenidamente el informe es posible resaltar que en ciertas ocasiones la presentación de resultados es incoherente y no queda claro el modo en que las ponderaciones de los indicadores aportan para entender el nivel total de cumplimiento de cada línea. Por otro lado, en algunos casos los componentes se establecen teniendo en cuenta los objetivos del plan mientras que en otro, se trabaja en función de programas cuyo funcionamiento u objetivos solo aparece indicado. El objetivo principal es dar informe del cumplimiento de cada una de estas líneas, no obstante las razones epistemológicas y teóricas de cada línea y su análisis solo pueden ser identificados directamente en el plan de desarrollo. A continuación pasamos a analizar cada una de las líneas y su nivel de cumplimiento.

La línea de gobernanza democrática nos habla de la comprensión del gobierno como el motor de una democracia renovada, más participativa, abierta, profunda y permanente; vale la pena recordar que según Munévar (2010) la gobernanza es la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público. La relación entre gobernanza democrática y tecnologías de la información y comunicación por tanto está en sintonía con la facilidad que tienen las tecnologías de la información y comunicación para irrumpir en el contexto socio político marcado por la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia representativa y apuntar a una reivindicación de una democracia fuerte (Barber, 1984), esta línea destaca por ser el eje fundamental del plan con un nivel de cumplimiento declarado en el informe del 100%

La segunda línea denominada como sostenibilidad ambiental se concentra en el cumplimiento del componente de ruralidad con equidad que busca cerrar la brecha existente entre la zona rural y urbana del municipio de Bucaramanga. La oficina TIC propicia acciones en conjunto con los actores del ecosistema TIC que permita el acceso a herramientas tecnológicas e informáticas. En la práctica la línea se concentra sustancialmente en la obtención de plataformas para la comercialización y la construcción de comercio electrónico, de paquetes tecnológicos de agro industria y la generación de infraestructura para que las empresas prestadoras de servicios de internet puedan acceder a los corregimientos, el nivel de cumplimiento de esta línea es del 20%, mostrando el rendimiento más bajo de las tres.

La última línea a la que apunta el componente TIC es la línea de infraestructura y conectividad, que tiene como objetivo generar iniciativas alrededor de la temática de ciudades inteligentes, mediante el uso de tecnologías como internet y convenios con el sector privado. En estas se persigue el cumplimiento de metas tales como la generación de redes de carpooling (carro compartido), modelos de tele trabajo y modelos de seguridad ciudadana desarrollados en general. El objetivo de esta línea por lo general es genérico y registra un cumplimiento del 60%. La línea de infraestructura puede resaltarse debido a su importancia orgánica en el cumplimiento de los demás objetivos sustancialmente porque según datos ofrecidos por la revista Semana solo cerca del 64% de la población posee acceso a internet, mientras que según Alcides et al (2010) el problema fundamental de la brecha digital se ha agravado en los recientes años.

Del informe se pueden extraer varias conclusiones. Los sectores que mostraron mayor debilidad en la evaluación propuesta por la ONU son a su vez los mismos sectores que muestran mayor debilidad en el informe presentado por la gestión TIC. Con un agravante especial en el caso de infraestructura y sobre todo en el caso rural, que se convierte en un objetivo transversal para el sector público. No obstante, respecto al informe destaca la cuidadosa sistematización de información y contextualización a un marco analítico fuerte como es el provisto por los informes de las naciones unidas para el desarrollo, el sector de tecnologías de la información destaca por un sector que a la luz de la teoría económica permite reducir los costos de transacción; es decir permitir que las personas logren y mantengan acuerdos con facilidad. En ese sentido las soluciones tangibles requieren de instrumentos y sistemas de medición claros y específicos que permitan una evolución orgánica y cuidadosa de la plataforma TIC en la ciudad. Los resultados presentados en el informe hablan por sí solos y permiten observar las áreas que deben ser afrontadas por las siguientes administraciones de modo acuciante.

Referencias

Munévar, V. (2010.). ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve ? 2010, 219–235.

BARBER, B. R. (1984): Strong democracy: Participatory politics for a new age.

Berkeley, University of California Press.

Alcaldía de Bucaramanga. (2016). Plan de Desarrollo.

Colombia, O.-H. (2015). Reporte del estado de las ciudades de colombia: Camino hacia la prosperidad urbana.

Alcides, H., Cuartas, K., & Tarazona, G. (2010). LA BRECHA DIGITAL EN COLOMBIA: UN ANALISIS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES PARA SU DISMINUCIÓN, 59–71.

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La evolución del pensamiento económico sobre la decisión humana

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Desde el trabajo fundacional de Adam Smith, los economistas han analizado los elementos psicológicos y sociales que influyen en las decisiones humanas. John Maynard Keynes reconoció “la ilusión monetaria” (la tendencia a pensar en el dinero en términos nominales y no reales) y la usó en la solución que propuso para el desempleo. También reconoció que muchas de nuestras inversiones de largo plazo reflejan “espíritus animales” (intuiciones y emociones), no un cálculo frío. Gunnar Myrdal fue un estudioso del estancamiento cultural. Herbert Simon y F. A. Hayek basaron gran parte de su trabajo en el reconocimiento de que las personas solo pueden procesar un cúmulo determinado de información cada vez y no son capaces de sopesar cuidadosamente los costos y los beneficios de todos los posibles resultados de sus decisiones. Albert Hirschman sostuvo que es útil recordar que las personas tienen motivos complejos, y valoran la cooperación y la lealtad.

Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, a través del trabajo de Paul Samuelson y de muchos otros, surgió un movimiento progresivo hacia el rechazo de los elementos hedonísticos, introspectivos y psicológicos. Milton Friedman, en su famoso ensayo titulado La metodología de la economía positiva, y otros académicos durante la década de 1950 argumentaron de manera convincente, a partir de las evidencias disponibles en ese momento, que los economistas podían ignorar sin temor a equivocarse los factores psicológicos al realizar predicciones sobre los resultados del mercado. El actor económico individual podía entenderse como un agente desapasionado, racional y centrado puramente en su propio interés, puesto que quien no se comportara de ese modo sería expulsado del mercado por los que sí lo hacían. Los supuestos acerca del cálculo perfecto y de las preferencias fijas y completamente centradas en el propio interés de los modelos económicos convencionales se convirtieron en creencias que se daban por sentado en muchos círculos.

Los últimos 30 años de investigaciones sobre los procesos de toma de decisiones realizadas en diversas ciencias sociales y conductuales han llevado a los economistas a una etapa en la que miden y formalizan aquellos aspectos psicológicos y sociales de las decisiones que muchos de los estudiosos fundacionales de la economía consideraban importantes. La labor empírica muestra que cuando las personas toman decisiones, no tienen en cuenta todos los costos y los beneficios. Quieren cumplir con las expectativas sociales. Sus gustos no son invariables ni varían de manera arbitraria. Sus preferencias dependen del contexto en el que se ponen en juego y de las instituciones sociales que han formado los marcos interpretativos a través de los cuales ven el mundo.

La economía, de este modo, ha cerrado el círculo y regresado al punto de partida. Después de una tregua de unos 40 años, se está reinventando una economía asentada en una comprensión más realista de los seres humanos. Pero esta vez, se basa en un importante cúmulo de pruebas empíricas: evidencias de nivel micro extraídas de diversas disciplinas de las ciencias sociales y del comportamiento. La mente, a diferencia de una computadora, es psicológica, no lógica; maleable, no fija. Sin duda es racional abordar problemas idénticos de forma idéntica, pero a menudo la gente no lo hace; sus elecciones cambian cuando se modifican las opciones predeterminadas o el orden de las alternativas. Para interpretar experiencias y tomar decisiones, las personas utilizan modelos mentales que dependen de la situación y de la cultura. En este informe se muestra que, si se analiza la conducta humana desde una perspectiva más interdisciplinaria, se puede mejorar el poder predictivo de la economía y generar nuevas herramientas para las políticas de desarrollo.

Nota. Este texto es tomado de: Grupo Banco Mundial. (2015). Informe sobre el desarrollo mundial 2015: Mente, sociedad y conducta. https://doi.org/10.1787/leo-2014-6-es
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Las mujeres sufren más la pobreza y sus consecuencias. Midiendo la pobreza en Colombia bajo el enfoque de género 2010-2016

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Alexandra Cortés Aguilar

Karen Perez Picón

Brian Barrios Barrera

En Colombia, como en la mayoría de naciones, la pobreza ha sido un fenómeno que ha repercutido de manera constante en la población, reduciendo su calidad de vida y su bienestar. Desde una perspectiva unidimensional, la pobreza se puede considerar como una situación de insuficiencia o carencia de un único atributo con relación a un umbral, habitualmente en referencia con la renta-ingreso o gasto del hogar. La pobreza multidimensional, por su parte, da una explicación más amplia en términos de la inclusión de más atributos, tales como educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos.

No obstante, en el país tradicionalmente las mediciones oficiales de la incidencia de la pobreza se basan en la perspectiva unidimensional. Bajo esta perspectiva, se identifican dos umbrales: la línea de pobreza y la línea de la pobreza extrema [1]. La primera hace referencia al costo mínimo que necesita una persona para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado en un país determinado. La segunda constituye el costo mínimo necesario para obtener únicamente la canasta de bienes alimentarios que permiten un nivel de sobrevivencia.

De esta manera, con base en las mediciones de pobreza se han implementado una serie de estrategias para impulsar el crecimiento económico, y por esta vía disminuir los niveles de pobreza. Sin embargo, la efectividad en la implementación de las mismas no ha resultado contundente (Kabeer, 2006), pues se dejan de lado las diferencias existentes dentro de los hogares cuando se busca medir la magnitud real de la pobreza. Esto evidencia la necesidad de estudiar la pobreza desde un enfoque de desigualdades, teniendo en cuenta que el sexo de las personas puede determinar su nivel de pobreza y/o el riesgo de padecerla (CEPAL & UNIFEM, 2004; Gasparini & Marchionni, 2015).

Por esta razón, con el propósito de analizar y entender esta problemática, desde el grupo de investigación Estudios en Microeconomía Aplicada y Regulación – EMAR, de la Escuela de Economía y Administración, con el apoyo financiero de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión – VIE de la Universidad Industrial de Santander – UIS, se ha ejecutado el proyecto de investigación titulado “Discriminación salarial y pobreza en Colombia”.

El objetivo del proyecto ha sido el análisis del fenómeno de la pobreza en los hogares colombianos a partir del año 2010, desde una perspectiva de género en relación con la discriminación salarial. Para ello, se analiza la evolución de la pobreza a través de la descomposición de los índices propuestos por Foster, Greer y Thorbecke (1984, 2010), que buscan mostrar la proporción de pobres que hay (riesgo), qué tan pobres son (incidencia) y cómo es la distribución del ingreso dentro de los mismos (severidad).

Tradicionalmente el cálculo de la pobreza ha supuesto equidad intrafamiliar y, por ende, al medir la pobreza a partir de los ingresos del hogar se supone que éstos son distribuidos por igual. Sin embargo, estimar la pobreza sin contar con las desigualdades al interior del hogar se traduce en “un retrato incompleto del problema (…) de la pobreza de la mujer en relación con la del hombre dentro del mismo hogar” (Kabeer, 2006). Es por esto que han surgido recomendaciones desde la CEPAL (2016) para la generación de mecanismos que incrementen la sensibilidad del ingreso, en aras de un acercamiento al cálculo real de la pobreza, prescindiendo del supuesto de distribución equitativa de los ingresos en los hogares (Ponthieux & Meurs, 2015). A partir de este nuevo atributo de bienestar, que llamaremos Ingreso per cápita ajustado, y la utilización de los índices FGT, en la investigación se analizó la evolución de la pobreza a nivel individual para Colombia desde el año 2010 al 2016, evidenciando las diferencias entre las mediciones del ingreso tanto tradicional como ajustado a nivel nacional, urbano y rural.

Del 2010 al 2016 la pobreza en Colombia se ha reducido un 9.31%. Aunque esta reducción ha sido del 13.5% en los hogares de la zona rural, los niveles de pobreza aún siguen siendo muy superiores (48.56%) a los presentados en zonas urbanas (15.36%).

Gráfica 1. Distribución de la pobreza por zona de residencia según el sexo del jefe de hogar

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Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH 2016

Específicamente para el año 2016, los resultados muestran que el 22.58% de los hogares colombianos se encontraba en situación de pobreza, concentrándose el 48.56% en zonas rurales, en comparación con el área urbana que tenía el 15.36% de sus hogares en esta condición. Por otra parte, el 17.6% de los hogares colombianos en las zonas rurales estaban en situación de pobreza extrema, siendo esta cifra de 7.01% a nivel nacional.

Al observar los hogares que se encuentran en situación de pobreza, se encuentra que para el año 2016, el 23.16% de los hogares que tienen como jefe de hogar a una mujer se encuentran en pobreza. Al desagregar por zona de residencia, se evidenció que tanto para la zona rural y urbana la tendencia se mantiene. En hogares rurales con jefatura masculina, 47.17% se encuentran en situación de pobreza, mientras aquellos con jefatura femenina tienen una cifra 5.91 puntos porcentuales más alta (53.08%). También los hogares urbanos encabezados por mujeres tienen mayores índices de pobreza (18.11%) que aquellos encabezados por hombres (13.63%).

Además, existe relación entre los hogares que tienen hijos menores de 6 años y la probabilidad de los mismos de sufrir pobreza. El 35.65% de los hogares con niños menores de 6 años se encuentran en situación de pobreza, mientras el 16.69% de los hogares que no tienen menores de 6 años padecen de este fenómeno. Con respecto a la pobreza extrema se mantiene esta tendencia y los hogares con niños menores de 6 años duplican el riesgo de pobreza de aquellos hogares en donde no los hay.

Gráfica 2: Presencia de pobreza y pobreza extrema en hogares con y sin niños menores de 6 años

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Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH 2016.

Cuando se supone un ingreso per cápita equitativo para los miembros del hogar, el riesgo de pobreza para los hombres es de 32.83% y el de las mujeres 33.43% en promedio para el periodo estudiado, siendo la brecha entre hombres y mujeres de 0.6%, en desventaja para las mujeres. Las áreas metropolitanas que presentaron los índices más altos de riesgo de pobreza para el año 2016 fueron: Cúcuta, Montería, Cartagena y Pasto, con datos por encima del 20%. Bogotá y Bucaramanga, por su parte, tienen las menores cifras en este índice.

Sin embargo, la información es más diciente si se deja de lado la medición tradicional y se tiene en cuenta el ingreso per cápita ajustado propuesto por la CEPAL (2016). Bajo esta metodología, el riesgo de pobreza para los hombres fue de 14.59%, mientras para las mujeres fue de 44.51% en promedio para el periodo estudiado, generando una brecha de riesgo de pobreza de 29.92%. En este caso, las áreas metropolitanas con mayor riesgo de pobreza a 2016 son: Cúcuta, Montería, Cartagena y Barranquilla, con porcentajes por encima del 27%. Bogotá y Bucaramanga continúan teniendo las menores cifras de riesgo.

Gráfica 3: Brecha de riesgo de pobreza entre hombres y mujeres bajo el ingreso per cápita ajustado y tradicional, por áreas metropolitanas

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Fuente: Elaboración propia con datos de la GEIH 2016

Además, cabe resaltar que cifras bajas de riesgo no vienen necesariamente con menores brechas entre el riesgo de pobreza para hombres y mujeres. Tal es el caso de Bogotá y Bucaramanga, ciudades que bajo las dos metodologías tuvieron los índices de riesgo de pobreza más bajos pero ocuparon las posiciones cuarta y quinta cuando se midió la brecha de riesgo de pobreza entre hombres y mujeres bajo la metodología ajustada. Bajo la metodología tradicional, Bogotá ocupó el primer lugar con mayor brecha de pobreza entre hombres y mujeres, mientras Bucaramanga ocupó el tercer lugar en este ranking.

Los resultados obtenidos resaltan la importancia de los estudios de pobreza con enfoque de género, reconociendo que, como muchos otros fenómenos, la pobreza también afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, siendo sus principales manifestaciones la segregación y discriminación en el mercado laboral. Adicionalmente, si bien de acuerdo a los resultados, al menos para el periodo de estudio, no existe evidencia que sustente la hipótesis de un proceso de feminización de la pobreza [2] en el país, es evidente la existencia de una sobrerrepresentación de las mujeres entre los pobres, con un incremento de las brechas de pobreza en los dominios nacional, urbano y las 13 áreas metropolitanas de 2010 a 2016. Por último, es importante hacer énfasis en la situación en las zonas rurales donde la pobreza y la pobreza extrema parecen no estar siendo afectadas por los distintos esfuerzos de política pública, y su brecha con respecto a los hogares ubicados en zonas urbanas sigue en aumento.

Notas

[1] En Colombia, el cálculo de estas dos medidas está a cargo del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE)

[2] Se entiende la feminización de la pobreza como el aumento a través del tiempo de la proporción de mujeres que se mantienen a sí mismas o a sus familias en los grupos de mayor pobreza (Medeiros & Costa, 2008). En otras palabras, la consecución de un proceso sistemático de empobrecimiento de las mujeres en comparación con los hombres en un periodo de tiempo determinado.

Bibliografía

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL & UNIFEM. (2004). Entender la pobreza desde la perspectiva de género. serie Mujer y desarrollo, (52). 1-73.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. (2016). Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Recuperado de: http://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-igualdad-centro-desarrollo-sostenible.

Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures. Econometrica, (3). 761.

Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (2010). The Foster-Greer-Thorbecke (FGT) poverty measures: 25 years later. Journal Of Economic Inequality,8(4), 491-524. doi:10.1007/s10888-010-9136-1

Gasparini, L., & Marchionni, M. (Ed.) (2015). Bridging gender gaps? The rise and deceleration of female labor force participation in Latin America. La Plata: Center for Distributive, Labor and Social Studies -CEDLAS y Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/archivos_upload/doc_cedlas185.pdf

Kabeer, N. (2006). Lugar preponderante del género en la erradicación de la pobreza y las metas de desarrollo del milenio. Ottawa: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo – IDRC. Recuperado de https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/26748/26/IDL-26748.pdf

Medeiros, M., & Costa, J. (2008). Is There a Feminization of Poverty in Latin America? World Development, 36, 115-127. doi:10.1016/j.worlddev.2007.02.011.

Meurs, D., & Ponthieux, S. (2015). Gender inequality (No. hal-01410766).
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Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación

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La crisis del aprendizaje es una crisis moral. Un sistema educativo incluyente se traduce en libertad individual y bienestar social. En el caso de las personas, fomenta el empleo, incrementa el ingreso, mejora la salud y reduce la pobreza. A nivel social, la educación de calidad impulsa el crecimiento económico de largo plazo, estimula la innovación, fortalece las instituciones y promueve la cohesión social. Sin embargo, estos beneficios dependen en gran medida del aprendizaje. La escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad desaprovechada, sino también una gran injusticia: los niños de hogares marginados son los que más necesitan de una buena educación para prosperar en la vida.

Todos los países pueden mejorar en este aspecto si con sus acciones demuestran que el aprendizaje es realmente importante. Esto puede parecer obvio: después de todo, ¿qué otro objetivo puede tener la educación? No obstante, aun cuando el apoyo retórico a los objetivos de aprendizaje se ha incrementado, en la práctica, muchas de las características de los sistemas educativos conspiran contra el aprendizaje. En este informe se sostiene que los países pueden lograr mejoras si avanzan en tres frentes:

  1. Aprender más sobre el nivel de aprendizaje para que su mejora sea un objetivo formal y medible. Esto significa utilizar evaluaciones de estudiantes bien diseñadas con el fin de determinar el estado de los sistemas educativos (y no principalmente como herramientas para establecer recompensas y castigos). También implica emplear los resultados para poner de relieve la exclusión oculta, tomar decisiones y evaluar los avances.
  2. Basar el diseño de políticas en la evidencia para lograr que las escuelas estén al servicio del aprendizaje de los estudiantes. En las últimas décadas, se ha incrementado exponencialmente el cúmulo de evidencia sobre el modo en que las personas aprenden, y han proliferado también las innovaciones educativas. Los países pueden sacar mucho mayor provecho de esa información para establecer prioridades en sus propias prácticas e innovaciones.
  3. Construir coaliciones y alinear a los actores para que todo el sistema favorezca el aprendizaje. Los países deben reconocer que, por más innovaciones que incorporen en las aulas, no lograrán un impacto significativo si, debido a la presencia de obstáculos técnicos o políticos, el sistema en su totalidad no favorece el aprendizaje. Si toman en cuenta estos aspectos del mundo real y movilizan a todas las partes interesadas, los países pueden respaldar la labor de los docentes innovadores en las aulas.

La educación debe equipar a los estudiantes con las competencias que necesitan para llevar una vida saludable, productiva y significativa. Los países definen esas competencias de modos diversos, pero todos comparten ciertas aspiraciones esenciales, que se reflejan en sus programas académicos. Sea cual fuere el lugar donde viven, todos los estudiantes deben aprender a interpretar numerosos tipos de textos escritos, desde etiquetas de medicamentos hasta ofertas de empleo, desde estados de cuenta bancarios hasta grandes obras literarias. Tienen que saber hacer cuentas, de modo de poder comprar y vender productos en los mercados, elaborar presupuestos familiares, interpretar convenios de préstamo o escribir códigos de ingeniería de software. Requieren también de los razonamientos complejos y de la creatividad que se desarrollan a partir de esas habilidades básicas. Y necesitan las competencias socioemocionales (como la perseverancia y la capacidad para el trabajo en equipo) que los ayuden a adquirir y aplicar esas capacidades básicas y otras habilidades.

Muchos países aún no logran estos objetivos. En primer lugar, el aprendizaje que se supone debería garantizar la escuela a menudo no ocurre. Y, lo que es aún más preocupante, muchos países no brindan aprendizaje para todos. Las personas que ya se encuentran en desventaja en la sociedad son los que menos aprenden. De este modo, los sistemas educativos pueden ampliar las brechas sociales en lugar de reducirlas. Los factores que generan las deficiencias en el aprendizaje han comenzado a identificarse con mayor claridad gracias a nuevos análisis que destacan tanto la causa inmediata, como los problemas sistémicos más profundos que perpetúan la escolarización de baja calidad.

Los docentes son el principal factor que afecta el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, la mayoría de los sistemas educativos no atraen postulantes con perfiles sólidos. A menudo los docentes no tienen las competencias ni la motivación para enseñar de manera eficaz. Adicionalmente, con frecuencia los insumos no llegan a las aulas o, cuando se cuenta con ellos, no tienen un efecto en el aprendizaje.

Destinar recursos suficientes a la educación es fundamental, pero en algunos países esos recursos no se han incrementado al mismo ritmo que el rápido aumento de la matrícula. Sin embargo, por varias razones, la escasez de insumos explica solo una pequeña parte de la crisis del aprendizaje. En primer lugar, al analizar los sistemas educativos y las escuelas, a menudo se observan niveles similares de recursos asociados con importantes diferencias en los resultados de aprendizaje. En segundo término, el incremento de los insumos en un determinado entorno suele tener poco efecto en los resultados de aprendizaje. Esto se debe, en parte, a que, con frecuencia, los insumos no llegan a las aulas.

Nota. Este texto fue tomado de: Grupo Banco Mundial. (2018). Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación.

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
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Álvaro Javier Vargas Villamizar

La corrupción es uno de los grandes problemas que afectan las economías de todo el mundo, de hecho, de acuerdo con Transparencia Internacional con base en el Corruption Perceptions Index 2016 ningún país del mundo se encuentra exento de la corrupción. Dos terceras partes de los países del mundo poseen una puntuación por debajo de la escala de calificación. Dentro de este ranking Colombia ocupa el puesto 90, mostrando de esta forma que en cuanto a percepción se refiere. El país se encuentra entre la mitad peor calificada en cuanto a sus niveles de corrupción, logrando un puntaje de 36 sobre 100 que es realmente preocupante debido a que se ubica en el mismo nivel que algunos países del Sudeste Asiático y África Subsahariana.

La corrupción en Colombia representa un gran lastre para el crecimiento y desarrollo económico, de hecho, según datos entregados al diario El Tiempo el 26 de febrero de 2017 por el Contralor General de la República Edgardo Maya Villazón se calcula que en el país se pierden cerca de 50 billones de pesos al año por este fenómeno. Cada semana salen a la luz diversos casos en los cuales diferentes prácticas corruptas como casos de nepotismo o sobornos se llevaron a cabo para asegurar la adjudicación arbitraria de un contrato.

Las causas de la corrupción son generalmente muchas, pero entre las que se pueden destacar principalmente se encuentran: La primera es que los costos de realizar controles y auditorias de todos los procesos de contratación y gasto del presupuesto público son prohibitivos. La segunda radica en la debilidad institucional en cuanto a la penalización de estos delitos, que en la mayoría de casos terminan en vencimiento de términos o casa por cárcel sin la devolución de los dineros robados. Y la tercera se encuentra en el mal diseño de los mecanismos de contratación, que poseen en sí mismos un alto componente burocrático y el mecanismo de selección posee un alto peso discrecional, lo que redunda en la entrega de dádivas y sobornos a los funcionarios públicos para favorecer a una firma en particular a través de la adjudicación de jugosos contratos estatales.

Un ejemplo de ello es el caso de los sobornos entregados por la multinacional brasilera Odebrecht, que según información divulgada por la Revista Semana el 21 de diciembre de 2016 ascendieron a 11 millones de dólares, y salpicaron a un alto número de altos funcionarios del Estado colombiano y de otros países latinoamericanos. Tampoco se puede dejar de lado el caso de Reficar, que hasta el momento ha sido considerado el peor caso de corrupción del país, relacionado particularmente con sobrecostos por malversación de fondos que llevó a que el Estado pagara 4.000 millones de dólares en adicionales.

Estas cantidades de dinero son muy grandes, tanto así que, para poder dimensionar el problema, es necesario acudir a comparaciones relativas con otros rubros presupuestales, para de esta forma conocer algunos de los posibles costos de oportunidad. De acuerdo con el Decreto 2170 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017, se encuentra que el presupuesto total para la vigencia presente asciende a 224.4 billones de pesos, por lo que en principio podrían inferirse con base en la información entregada por el Contralor General de la República que en el 2017 aproximadamente el 22,3 % del presupuesto será malversado, cayendo en manos privadas de terceros de manera fraudulenta.

Para tener una idea relativa de la magnitud del desfalco, este monto pagaría casi el total del servicio de la deuda que asciende a 51.5 billones, o financiar la totalidad de gastos de funcionamiento e inversión del FOSYGA, Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional. A través de lo anterior, es evidente que el impacto de la malversación de fondos es negativamente significativo en las finanzas públicas de la Nación.

En este sentido, para Gorbaneff (2003) el problema de la contratación pública radica en la forma de crear una estructura organización óptima. Particularmente, los contratos públicos pueden tener una tendencia de funcionamiento ineficiente en la medida que el mecanismo de asignación diseñado falla y no elige al contratista más óptimo.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, si no se buscan alternativas para buscar reducir los problemas de corrupción, particularmente los relacionados con la contratación estatal, se espera que tomando como referencia el 2017, aproximadamente en el 2020 se haya perdido gracias a la corrupción el equivalente al Presupuesto General de la Nación del 2017, o en el 2028 se haya malversado una cantidad equivalente al todo el Producto Interno Bruto colombiano del 2016.

La teoría económica tradicional plantea que el Estado debe delegar sus funciones en un tercero cuando la realización de éstas por sí mismo represente un costo mayor que la delegación. De hecho, según Coase (1994), una empresa se expandirá hasta que el costo marginal de realizar una transacción adicional dentro de ella sea igual al costo marginal de organizarla en el mercado. En este sentido, el Estado se verá obligado a contratar algunas de sus funciones por parte de terceros, dado que el costo de asumirlas es superior que el valor del contrato de adjudicación de las mismas.

Pero este proceso de contratación generalmente está permeado por actos desleales y corruptos, que atentan contra los principios de la Administración Pública plasmados en el Artículo 23 de la Ley 80 1993 de transparencia, economía y responsabilidad bajos los cuales deben ser realizados los procesos contractuales en el marco de la moralidad y ética pública para dar cumplimiento a asignaciones eficientes y eficaces.

Un ejemplo de ello son los Resultados del Observatorio de Contratación 2016 de la Cámara Colombiana de Infraestructura en donde se hizo seguimiento a 45 entidades públicas, en donde se revisaron 45.001 procesos de selección y se tomó una muestra de 1.180 procesos de licitación en el sector de infraestructura de transporte que representó el seguimiento a 1.246 contratos adjudicados cuyo monto ascendió a 1,52 billones de pesos. En él se presenta un escalafón de las mejores y peores entidades territoriales y nacionales de acuerdo a sus procesos de contratación, en donde se evidenció que en los municipios el 87% de los contratos se adjudicaron en un proceso con único oferente y en el caso de los departamentos este fenómeno ascendió al 71%.

En este sentido, dados los problemas de corrupción que se manifiestan en la contratación se han creado una serie de instituciones que buscan contrarrestar este fenómeno, pero un inconveniente es que la mayoría de políticas que buscan disminuir la corrupción parten del supuesto de la economía neoclásica que los seres humanos son homoeconomicus. Este agente representativo teórico es alguien capaz de hacer cálculos matemáticos complejos instantáneamente, maximizando todas y cada una de las decisiones. Sin embargo, si se piensa en las personas del mundo real es claro que ninguna de ellas posee dicha capacidad de análisis y es allí donde estás políticas pierden efectividad en la realidad.

Un factor fundamental en el cual la economía del comportamiento ha aportado evidencia es en el hecho que los seres humanos no poseen racionalidad cartesiana, sino que tienen una racionalidad limitada. Comprender que las personas son irracionales en ciertas circunstancias es vital para entender el comportamiento humano. Ariely (2008) afirma que las personas son previsiblemente irracionales, en otras palabras, que la irracionalidad se produce siempre del mismo modo una y otra vez. Por lo cual independientemente de si se es consumidor, empresario, funcionario público, decisor de políticas o legislador, entender en qué forma funciona la irracionalidad es indispensable para mejorar la capacidad de tomar buenas decisiones.

Dentro de las causas de corrupción anteriormente expuestas, el problema que aborda la presente investigación es el de la ineficiencia del mecanismo de asignación de la licitación pública en Colombia. Ello debido a que el proceso de licitación posee un alto componente burocrático donde la elaboración de los pliegos de condiciones que definen el criterio de selección recae en la discrecionalidad del funcionario público delegado para llevar a cabo el proceso de contratación. Esta situación conlleva a que se generen incentivos a la entrega de dádivas y sobornos a dichos funcionarios, para así favorecer a una firma en particular a través de la imposición de barreras de entrada al proceso de adjudicación a otras firmas competidoras, para así garantizar la postulación de un solo proponente y asignar de manera arbitraria el contrato.

Es decir, la economía del comportamiento permite abordar el problema de tener modelos teóricos alejados de la realidad y permite generar mecanismos que logren de manera más efectiva disminuir la probabilidad que surja la corrupción. En ese sentido la pregunta concreta que se quiere responder en esta investigación es: ¿Cuál la incidencia del pliego de condiciones de la licitación pública en Colombia como incentivo a la entrega de sobornos a los funcionarios públicos por parte de contratistas privados?

Referencias

Ariely, D. (2008). Predictably Irrational. New York: HarperCollins Publishers.

Cámara Colombiana de Infraestructura. (2016). Resultados del Observatorio de Contratación 2016. Recuperado el 26 de marzo de 2017, de https://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/ObservatorioContratacion/Resultados%20Observatorio%20Contratacion%20-2016-.pdf

Coase, R. (1994). La naturaleza de la empresa, La empresa, el mercado y la ley, Madrid, Alianza, 1994, p. 33-49.

Decreto 2170. (2016). Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017. 27 de diciembre del 2016. [Ministerio de Hacienda y Crédito Público].

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2017). Cuentas Económicas Nacionales Trimestrales, Producto Interno Bruto – PIB. Recuperado el 12 de abril de 2017, de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales#pib-oferta-y-demanda

El Tiempo. (2017). Saqueo de la corrupción equivale a casi un billón de pesos por semana. Recuperado el 24 de marzo de 2017, de http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/precio-de-la-corrupcion-en-colombia-61749

Gorbaneff, Y. (2003). Problemas teóricos en la contratación pública en Colombia. Cuadernos de Administración, 16(25), 91–107.

Ley 80. (1993). Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 28 de octubre del 1993. Diario Oficial No. (desconocido).

Revista Semana. (2016). Odebrecht pagó 11 millones de dólares en sobornos en Colombia. Recuperado el 26 de marzo de 2017, de http://www.semana.com/mundo/articulo/odebrecht-11-millones-de-dolares-en-sobornos-en-colombia/510210

Transparencia Internacional. (2016). Corruption Perceptions Index. Recuperado el 27 de marzo de 2017, de https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_ind ex_2016
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Para aprender a nadar, hay que arrojarse al agua

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Luis Rangel

Las negociaciones de paz son solo una parte de lo que bien podríamos llamar procesos de paz.  En el caso Colombiano podríamos situarlas en la fase dos de la estructura del proceso que propone el gobierno, que consta a su vez de tres fases: Una exploratoria donde se elaboró una hoja de ruta para el proceso y se firmó el documento “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una segunda fase catalogada “fin del conflicto” que tuvo lugar en la Habana y comprendió formalmente la negociación, o la previa formal a un “acuerdo final” que se terminó cuando todo estuvo acordado; y una tercera fase que han llamado, a riesgo de pasar por slogan, Construcción de paz. En aquella fase dos efectivamente se llegó a un Acuerdo Final, pero este era el pitazo inicial de una disputa entre poderes alrededor de tales resultados que terminó en su no refrendación electoral, remodelando aquí y allá lo que consideraron los voceros de un no victorioso por cantidades ínfimas, y cerrando el paso a todo mecanismo de refrendación futura. El país se polarizo momentáneamente hasta que fue útil electoralmente.

Ahora, luego de la puesta en marcha de los mecanismos de implementación de los acuerdos, continúan visiones encontradas sobre las ventajas para las partes, que aún restan relevancia a los acuerdos de paz en su esperanzadora esencia, el cese de las muertes y el dolor a causa del combate. Por un lado están los que afirman que los acuerdos son una capitulación de las Farc o el acuerdo de entrega de sus filas; por otro lado, la sensacionalista  versión de quienes han visto la entrega del estado a manos de la insurgencia. Si bien las Farc han declinado de su estrategia general de Toma del poder por las armas, es justamente dado que reconocen sus fines más allá de sus medios además de reconocer sucesivos cambios políticos por la vía electoral en el continente.

Según el grupo insurgente, el conflicto inherente a la aplicación de su estrategia  ha llegado a un estancamiento político-militar que no les permitiría alcanzar sus fines socialistas. Esto se traduce para algunos en la entrega al Estado y su capitulación. Para los que están al otro lado del campo, más cerca a sectores contrainsurgentes, ha resultado electoralmente efectivo afirmar que resulta siendo al contrario, que el Estado ha obrado injustamente otorgando sus afectos y poderes políticos a representantes del grupo ilegal que participarán de la política. Lo cierto es que ambas visiones olvidan esencialmente que cada negociador actuó conforme los intereses de su parte y llegaron a acuerdos que aceptaron voluntariamente; afirmar tajantemente una u otra visión no es más que parcializar los hechos y politizar el proceso de paz donde resulta siendo innecesario. A pesar de la politización/polarización que sufre el proceso de paz, avanza la implementación de sus acuerdos, sin que nos fijemos en aquello que nos ha hecho esperar tanto para solucionar un conflicto, aquello que se olvida cuando se estima que por lo que varios países han terminado conflictos mucho más largos, la terminación de este por la vía negociada debe darse, es la cuestión por: ¿Qué hace que seamos de los últimos países en darle vías de solución a su conflicto armado?

Para responder esto, debemos saber que si bien la paz como una forma de humanización de los conflictos resulta siendo en cada sociedad una garantía de avance y evolución, vale la pena mirar a otras latitudes para comprobar qué procesos de negociación inauguradores de la paz lograron cambios profundos. En Suráfrica el proceso de paz tomó una profundidad espiritual garantizando las implementaciones que hicieron del país para una democracia electoral efectiva, donde Mandela se alzó con la presidencia como prueba y efecto del cambio. En Irlanda las diferencias religiosas lograron perder sus implicaciones mortales después de 500 años de conflicto, una sociedad sensiblemente más democrática broto de tales tratados de paz. En otras latitudes más cercanas como Guatemala la paz se firmó después de un proceso de gran participación civil, pero no fue exitosa la fase de implementación de los acuerdos más allá de una reforma agraria parcial. En cada proceso se avanzó en solucionar el conflicto que dio origen a un alzamiento armado.

En Colombia conforme los resultados del proceso, esa pregunta sobre nuestra demora en alcanzar la paz tiene que ver con la  garantía de las vías democráticas. Y es que en Colombia el origen del conflicto radicó en que el estado auspicio la muerte de sus detractores políticos, primero con hordas Chulavitas y bombas sobre Marquetalia, después con Paramilitares al servicio de los grandes capitales. Hacer política desde la organización popular oponiéndose al gran capital había sido sentencia de muerte para miles y miles de campesinos y obreros, no por nada ocupamos primeros lugares en países con mayor asesinato de sindicalistas y periodistas. La cuestión en Colombia ha girado en torno a la falta de garantías para participar en la democracia.

Siguiendo la tendencia general que han mostrado los procesos de paz en el mundo, uno esperaría que avancemos en la resolución del conflicto que dio origen al conflicto armado, y este es un conflicto social derivado de la falta de garantías democráticas. Este es el principal compromiso que tiene el Estado para con su contraparte, garantizar que ya no es necesario que sigan portando el fusil y escondiéndose, ahora nadie los va a matar y no tendrán que matar a nadie para trabajar por un programa político. Contando con esto es que encontramos la esperanza grande que alumbra los corazones de quienes apoyan la paz, la esperanza de que en Colombia ya no sea necesario hacer política esperando que llegue alguien a darle bala a causa de su posición. Pero también encontramos acá el mayor temor, y esto ya que los líderes campesinos siguen muriendo a manos de grupos de ultraderecha, las organizaciones que resisten a los proyectos multinacionales siguen siendo amenazadas.

Un temor fundado también en la historia reciente del país donde desde Guadalupe Salcedo, traicionado después del tratado de paz que entrego las guerrillas liberales; hasta Pizarro, líder del movimiento político del M-19 muerto en campaña presidencial; o el genocidio de la Unión Patriótica recuerdan que la guerra no ha sido capricho de los disidentes, sino refugio ante la intolerancia. A pesar de estos temores, no aprenderemos a ser un país en paz si no lo intentamos, y ahora las Farc han decidido arriesgarse a hacerlo, a servir nuevamente de catalizadores en este intento para probar si en Colombia se puede desligar la política de la muerte. Definitivamente para aprender a nadar debemos conocer la técnica, pero más importante aún, debemos tener el valor de arrojarnos al agua.

Nota. Columna motivada por el video: Dejemos de matarnos: el espíritu del acuerdo de paz (con Diana Uribe).

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Laura Fernanda Santander Gualdrón

Para los países del mundo que han logrado mayor progreso, el papel fundamental de la ciencia está muy claro. La receta que han aplicado estas naciones más potentes para lograr su crecimiento se resume en: inversión en educación, investigación y desarrollo. Fórmula sensata y que pareciera fácil de aplicar, pero para países como Colombia es ambiciosa aún. Corea del Sur se dio cuenta de la importancia de invertir en la investigación desde la década de los 70 del siglo pasado, y hoy todos hablan de este gigante asiático que resalta por su industria y su alto nivel educativo. Colombia, por primera vez desde el 2007, asignó a la educación un presupuesto superior al de defensa: 28,9 billones de pesos. Y para el 2025, se trazó el reto de ser el país más educado de América Latina. Al menos en teoría, el camino planteado es similar al que llevó al éxito a Corea del Sur (El Tiempo, 2015).

Si bien es cierto que Colombia investiga poco, es conveniente destacar la importancia dada a ciertas áreas de investigación dentro de este reducido papel de la ciencia en el país. La más reciente clasificación de grupos de investigación publicada por Colciencias, muestra que la mayor concentración de grupos está en el área de las ciencias sociales y humanas con un 38%, luego se ubica el área de conocimiento de las ciencias naturales con un 20% y pese a tratarse de un país con vocación agrícola, en este campo resultaron solo el 5% del total los grupos de investigación del país (Colciencias, 2015).

Frente a la situación descrita anteriormente, para el caso particular de la Universidad Industrial de Santander los datos arrojan que la Facultad de Ciencias Humanas no resalta entre las 5 facultades pertenecientes a la Universidad en cuanto a número de grupos de investigación. Para el año 2015 a la Facultad de Ciencias Humanas pertenecía el 17% de los grupos de la universidad, siendo la segunda facultad con menor número de grupos reconocidos por COLCIENCIAS (Vicerrectoría de Investigación y Extesión, 2015).

Por otra parte,  en cuanto a la calidad investigativa, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander se encontraba en mejor posición en comparación con la situación del país en general. Para el 2015, la mayoría de los grupos – 61% – de las Ciencias Sociales y Humanas en el país se ubicaban en las categorías C y D, las más bajas asignadas por COLCIENCIAS. Mientras que en la universidad el mismo porcentaje de grupos adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas hacían parte de las categorías A y B (Vicerrectoría de Investigación y Extesión, 2015).

Dentro del panorama de la Universidad Industrial de Santander, la Facultad de Ciencias Humanas cuenta con menor cantidad de grupos de investigación lo que se ve reflejado en la cantidad de docentes con estudios de doctorado. Para el año 2015, Ciencias Humanas contaba con 28 doctores y 13 grupos de investigación, dos de ellos pertenecientes a la categoría A. Mientras que Ciencias sobresale con 20 grupos reconocidos por COLCIENCIAS, de los que 13 pertenecen a las categorías A y A1 (Vicerrectoría de Investigación y Extesión, 2015).

De manera general, la Facultad de Ciencias Humanas se encuentra en una posición inferior en cuanto a financiación tanto interna como externa. Teniendo en cuenta la naturaleza del área de estudio, los recursos no desembolsables para la actividad investigativa asignados a la facultad internamente representan una proporción menor comparada con las demás facultades, es decir, la dotación de espacios, insumos y laboratorios en las demás facultades parece comprometer una cantidad de recursos superior. Del mismo modo, las alternativas para acceder a recursos externos se ven limitadas por la naturaleza del área de estudio, teniendo en cuenta que entidades como el ICP-Ecopetrol, financia proyectos de áreas afines a sus intereses.

Si bien, la investigación social demanda recursos, la financiación no es lo único. En muchos casos no se comprende aún la importancia de las Ciencias Sociales y Humanas. En general ha existido un desprecio o un complejo de superioridad desde las ciencias exactas hacia las ciencias sociales y humanidades que se ve reflejado en la carente atención brindada a la Facultad de Ciencia Humanas en la Universidad Industrial de Santander.

Bibliografía

Colciencias. (2015). Obtenido de http://www.colciencias.gov.co/atencion/datosabiertos

El Tiempo. (28 de Mayo de 2015). Obtenido de http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/en-ciencia-colombia-debe-pisar-el-acelerador/15841437

Vicerrectoría de Investigación y Extesión. (2015). Obtenido de http://www.uis.edu.co/planeacion/plantillas/detalleCifras.jsp?codigoPeriodo=48

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