Planteamiento del problema. Análisis de los incentivos a la entrega de sobornos en el marco de la licitación pública en Colombia: un aporte experimental

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Álvaro Javier Vargas Villamizar

La corrupción es uno de los grandes problemas que afectan las economías de todo el mundo, de hecho, de acuerdo con Transparencia Internacional con base en el Corruption Perceptions Index 2016 ningún país del mundo se encuentra exento de la corrupción. Dos terceras partes de los países del mundo poseen una puntuación por debajo de la escala de calificación. Dentro de este ranking Colombia ocupa el puesto 90, mostrando de esta forma que en cuanto a percepción se refiere. El país se encuentra entre la mitad peor calificada en cuanto a sus niveles de corrupción, logrando un puntaje de 36 sobre 100 que es realmente preocupante debido a que se ubica en el mismo nivel que algunos países del Sudeste Asiático y África Subsahariana.

La corrupción en Colombia representa un gran lastre para el crecimiento y desarrollo económico, de hecho, según datos entregados al diario El Tiempo el 26 de febrero de 2017 por el Contralor General de la República Edgardo Maya Villazón se calcula que en el país se pierden cerca de 50 billones de pesos al año por este fenómeno. Cada semana salen a la luz diversos casos en los cuales diferentes prácticas corruptas como casos de nepotismo o sobornos se llevaron a cabo para asegurar la adjudicación arbitraria de un contrato.

Las causas de la corrupción son generalmente muchas, pero entre las que se pueden destacar principalmente se encuentran: La primera es que los costos de realizar controles y auditorias de todos los procesos de contratación y gasto del presupuesto público son prohibitivos. La segunda radica en la debilidad institucional en cuanto a la penalización de estos delitos, que en la mayoría de casos terminan en vencimiento de términos o casa por cárcel sin la devolución de los dineros robados. Y la tercera se encuentra en el mal diseño de los mecanismos de contratación, que poseen en sí mismos un alto componente burocrático y el mecanismo de selección posee un alto peso discrecional, lo que redunda en la entrega de dádivas y sobornos a los funcionarios públicos para favorecer a una firma en particular a través de la adjudicación de jugosos contratos estatales.

Un ejemplo de ello es el caso de los sobornos entregados por la multinacional brasilera Odebrecht, que según información divulgada por la Revista Semana el 21 de diciembre de 2016 ascendieron a 11 millones de dólares, y salpicaron a un alto número de altos funcionarios del Estado colombiano y de otros países latinoamericanos. Tampoco se puede dejar de lado el caso de Reficar, que hasta el momento ha sido considerado el peor caso de corrupción del país, relacionado particularmente con sobrecostos por malversación de fondos que llevó a que el Estado pagara 4.000 millones de dólares en adicionales.

Estas cantidades de dinero son muy grandes, tanto así que, para poder dimensionar el problema, es necesario acudir a comparaciones relativas con otros rubros presupuestales, para de esta forma conocer algunos de los posibles costos de oportunidad. De acuerdo con el Decreto 2170 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017, se encuentra que el presupuesto total para la vigencia presente asciende a 224.4 billones de pesos, por lo que en principio podrían inferirse con base en la información entregada por el Contralor General de la República que en el 2017 aproximadamente el 22,3 % del presupuesto será malversado, cayendo en manos privadas de terceros de manera fraudulenta.

Para tener una idea relativa de la magnitud del desfalco, este monto pagaría casi el total del servicio de la deuda que asciende a 51.5 billones, o financiar la totalidad de gastos de funcionamiento e inversión del FOSYGA, Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional. A través de lo anterior, es evidente que el impacto de la malversación de fondos es negativamente significativo en las finanzas públicas de la Nación.

En este sentido, para Gorbaneff (2003) el problema de la contratación pública radica en la forma de crear una estructura organización óptima. Particularmente, los contratos públicos pueden tener una tendencia de funcionamiento ineficiente en la medida que el mecanismo de asignación diseñado falla y no elige al contratista más óptimo.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, si no se buscan alternativas para buscar reducir los problemas de corrupción, particularmente los relacionados con la contratación estatal, se espera que tomando como referencia el 2017, aproximadamente en el 2020 se haya perdido gracias a la corrupción el equivalente al Presupuesto General de la Nación del 2017, o en el 2028 se haya malversado una cantidad equivalente al todo el Producto Interno Bruto colombiano del 2016.

La teoría económica tradicional plantea que el Estado debe delegar sus funciones en un tercero cuando la realización de éstas por sí mismo represente un costo mayor que la delegación. De hecho, según Coase (1994), una empresa se expandirá hasta que el costo marginal de realizar una transacción adicional dentro de ella sea igual al costo marginal de organizarla en el mercado. En este sentido, el Estado se verá obligado a contratar algunas de sus funciones por parte de terceros, dado que el costo de asumirlas es superior que el valor del contrato de adjudicación de las mismas.

Pero este proceso de contratación generalmente está permeado por actos desleales y corruptos, que atentan contra los principios de la Administración Pública plasmados en el Artículo 23 de la Ley 80 1993 de transparencia, economía y responsabilidad bajos los cuales deben ser realizados los procesos contractuales en el marco de la moralidad y ética pública para dar cumplimiento a asignaciones eficientes y eficaces.

Un ejemplo de ello son los Resultados del Observatorio de Contratación 2016 de la Cámara Colombiana de Infraestructura en donde se hizo seguimiento a 45 entidades públicas, en donde se revisaron 45.001 procesos de selección y se tomó una muestra de 1.180 procesos de licitación en el sector de infraestructura de transporte que representó el seguimiento a 1.246 contratos adjudicados cuyo monto ascendió a 1,52 billones de pesos. En él se presenta un escalafón de las mejores y peores entidades territoriales y nacionales de acuerdo a sus procesos de contratación, en donde se evidenció que en los municipios el 87% de los contratos se adjudicaron en un proceso con único oferente y en el caso de los departamentos este fenómeno ascendió al 71%.

En este sentido, dados los problemas de corrupción que se manifiestan en la contratación se han creado una serie de instituciones que buscan contrarrestar este fenómeno, pero un inconveniente es que la mayoría de políticas que buscan disminuir la corrupción parten del supuesto de la economía neoclásica que los seres humanos son homoeconomicus. Este agente representativo teórico es alguien capaz de hacer cálculos matemáticos complejos instantáneamente, maximizando todas y cada una de las decisiones. Sin embargo, si se piensa en las personas del mundo real es claro que ninguna de ellas posee dicha capacidad de análisis y es allí donde estás políticas pierden efectividad en la realidad.

Un factor fundamental en el cual la economía del comportamiento ha aportado evidencia es en el hecho que los seres humanos no poseen racionalidad cartesiana, sino que tienen una racionalidad limitada. Comprender que las personas son irracionales en ciertas circunstancias es vital para entender el comportamiento humano. Ariely (2008) afirma que las personas son previsiblemente irracionales, en otras palabras, que la irracionalidad se produce siempre del mismo modo una y otra vez. Por lo cual independientemente de si se es consumidor, empresario, funcionario público, decisor de políticas o legislador, entender en qué forma funciona la irracionalidad es indispensable para mejorar la capacidad de tomar buenas decisiones.

Dentro de las causas de corrupción anteriormente expuestas, el problema que aborda la presente investigación es el de la ineficiencia del mecanismo de asignación de la licitación pública en Colombia. Ello debido a que el proceso de licitación posee un alto componente burocrático donde la elaboración de los pliegos de condiciones que definen el criterio de selección recae en la discrecionalidad del funcionario público delegado para llevar a cabo el proceso de contratación. Esta situación conlleva a que se generen incentivos a la entrega de dádivas y sobornos a dichos funcionarios, para así favorecer a una firma en particular a través de la imposición de barreras de entrada al proceso de adjudicación a otras firmas competidoras, para así garantizar la postulación de un solo proponente y asignar de manera arbitraria el contrato.

Es decir, la economía del comportamiento permite abordar el problema de tener modelos teóricos alejados de la realidad y permite generar mecanismos que logren de manera más efectiva disminuir la probabilidad que surja la corrupción. En ese sentido la pregunta concreta que se quiere responder en esta investigación es: ¿Cuál la incidencia del pliego de condiciones de la licitación pública en Colombia como incentivo a la entrega de sobornos a los funcionarios públicos por parte de contratistas privados?

Referencias

Ariely, D. (2008). Predictably Irrational. New York: HarperCollins Publishers.

Cámara Colombiana de Infraestructura. (2016). Resultados del Observatorio de Contratación 2016. Recuperado el 26 de marzo de 2017, de https://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/ObservatorioContratacion/Resultados%20Observatorio%20Contratacion%20-2016-.pdf

Coase, R. (1994). La naturaleza de la empresa, La empresa, el mercado y la ley, Madrid, Alianza, 1994, p. 33-49.

Decreto 2170. (2016). Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017. 27 de diciembre del 2016. [Ministerio de Hacienda y Crédito Público].

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2017). Cuentas Económicas Nacionales Trimestrales, Producto Interno Bruto – PIB. Recuperado el 12 de abril de 2017, de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales#pib-oferta-y-demanda

El Tiempo. (2017). Saqueo de la corrupción equivale a casi un billón de pesos por semana. Recuperado el 24 de marzo de 2017, de http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/precio-de-la-corrupcion-en-colombia-61749

Gorbaneff, Y. (2003). Problemas teóricos en la contratación pública en Colombia. Cuadernos de Administración, 16(25), 91–107.

Ley 80. (1993). Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 28 de octubre del 1993. Diario Oficial No. (desconocido).

Revista Semana. (2016). Odebrecht pagó 11 millones de dólares en sobornos en Colombia. Recuperado el 26 de marzo de 2017, de http://www.semana.com/mundo/articulo/odebrecht-11-millones-de-dolares-en-sobornos-en-colombia/510210

Transparencia Internacional. (2016). Corruption Perceptions Index. Recuperado el 27 de marzo de 2017, de https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_ind ex_2016
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Para aprender a nadar, hay que arrojarse al agua

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Luis Rangel

Las negociaciones de paz son solo una parte de lo que bien podríamos llamar procesos de paz.  En el caso Colombiano podríamos situarlas en la fase dos de la estructura del proceso que propone el gobierno, que consta a su vez de tres fases: Una exploratoria donde se elaboró una hoja de ruta para el proceso y se firmó el documento “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una segunda fase catalogada “fin del conflicto” que tuvo lugar en la Habana y comprendió formalmente la negociación, o la previa formal a un “acuerdo final” que se terminó cuando todo estuvo acordado; y una tercera fase que han llamado, a riesgo de pasar por slogan, Construcción de paz. En aquella fase dos efectivamente se llegó a un Acuerdo Final, pero este era el pitazo inicial de una disputa entre poderes alrededor de tales resultados que terminó en su no refrendación electoral, remodelando aquí y allá lo que consideraron los voceros de un no victorioso por cantidades ínfimas, y cerrando el paso a todo mecanismo de refrendación futura. El país se polarizo momentáneamente hasta que fue útil electoralmente.

Ahora, luego de la puesta en marcha de los mecanismos de implementación de los acuerdos, continúan visiones encontradas sobre las ventajas para las partes, que aún restan relevancia a los acuerdos de paz en su esperanzadora esencia, el cese de las muertes y el dolor a causa del combate. Por un lado están los que afirman que los acuerdos son una capitulación de las Farc o el acuerdo de entrega de sus filas; por otro lado, la sensacionalista  versión de quienes han visto la entrega del estado a manos de la insurgencia. Si bien las Farc han declinado de su estrategia general de Toma del poder por las armas, es justamente dado que reconocen sus fines más allá de sus medios además de reconocer sucesivos cambios políticos por la vía electoral en el continente.

Según el grupo insurgente, el conflicto inherente a la aplicación de su estrategia  ha llegado a un estancamiento político-militar que no les permitiría alcanzar sus fines socialistas. Esto se traduce para algunos en la entrega al Estado y su capitulación. Para los que están al otro lado del campo, más cerca a sectores contrainsurgentes, ha resultado electoralmente efectivo afirmar que resulta siendo al contrario, que el Estado ha obrado injustamente otorgando sus afectos y poderes políticos a representantes del grupo ilegal que participarán de la política. Lo cierto es que ambas visiones olvidan esencialmente que cada negociador actuó conforme los intereses de su parte y llegaron a acuerdos que aceptaron voluntariamente; afirmar tajantemente una u otra visión no es más que parcializar los hechos y politizar el proceso de paz donde resulta siendo innecesario. A pesar de la politización/polarización que sufre el proceso de paz, avanza la implementación de sus acuerdos, sin que nos fijemos en aquello que nos ha hecho esperar tanto para solucionar un conflicto, aquello que se olvida cuando se estima que por lo que varios países han terminado conflictos mucho más largos, la terminación de este por la vía negociada debe darse, es la cuestión por: ¿Qué hace que seamos de los últimos países en darle vías de solución a su conflicto armado?

Para responder esto, debemos saber que si bien la paz como una forma de humanización de los conflictos resulta siendo en cada sociedad una garantía de avance y evolución, vale la pena mirar a otras latitudes para comprobar qué procesos de negociación inauguradores de la paz lograron cambios profundos. En Suráfrica el proceso de paz tomó una profundidad espiritual garantizando las implementaciones que hicieron del país para una democracia electoral efectiva, donde Mandela se alzó con la presidencia como prueba y efecto del cambio. En Irlanda las diferencias religiosas lograron perder sus implicaciones mortales después de 500 años de conflicto, una sociedad sensiblemente más democrática broto de tales tratados de paz. En otras latitudes más cercanas como Guatemala la paz se firmó después de un proceso de gran participación civil, pero no fue exitosa la fase de implementación de los acuerdos más allá de una reforma agraria parcial. En cada proceso se avanzó en solucionar el conflicto que dio origen a un alzamiento armado.

En Colombia conforme los resultados del proceso, esa pregunta sobre nuestra demora en alcanzar la paz tiene que ver con la  garantía de las vías democráticas. Y es que en Colombia el origen del conflicto radicó en que el estado auspicio la muerte de sus detractores políticos, primero con hordas Chulavitas y bombas sobre Marquetalia, después con Paramilitares al servicio de los grandes capitales. Hacer política desde la organización popular oponiéndose al gran capital había sido sentencia de muerte para miles y miles de campesinos y obreros, no por nada ocupamos primeros lugares en países con mayor asesinato de sindicalistas y periodistas. La cuestión en Colombia ha girado en torno a la falta de garantías para participar en la democracia.

Siguiendo la tendencia general que han mostrado los procesos de paz en el mundo, uno esperaría que avancemos en la resolución del conflicto que dio origen al conflicto armado, y este es un conflicto social derivado de la falta de garantías democráticas. Este es el principal compromiso que tiene el Estado para con su contraparte, garantizar que ya no es necesario que sigan portando el fusil y escondiéndose, ahora nadie los va a matar y no tendrán que matar a nadie para trabajar por un programa político. Contando con esto es que encontramos la esperanza grande que alumbra los corazones de quienes apoyan la paz, la esperanza de que en Colombia ya no sea necesario hacer política esperando que llegue alguien a darle bala a causa de su posición. Pero también encontramos acá el mayor temor, y esto ya que los líderes campesinos siguen muriendo a manos de grupos de ultraderecha, las organizaciones que resisten a los proyectos multinacionales siguen siendo amenazadas.

Un temor fundado también en la historia reciente del país donde desde Guadalupe Salcedo, traicionado después del tratado de paz que entrego las guerrillas liberales; hasta Pizarro, líder del movimiento político del M-19 muerto en campaña presidencial; o el genocidio de la Unión Patriótica recuerdan que la guerra no ha sido capricho de los disidentes, sino refugio ante la intolerancia. A pesar de estos temores, no aprenderemos a ser un país en paz si no lo intentamos, y ahora las Farc han decidido arriesgarse a hacerlo, a servir nuevamente de catalizadores en este intento para probar si en Colombia se puede desligar la política de la muerte. Definitivamente para aprender a nadar debemos conocer la técnica, pero más importante aún, debemos tener el valor de arrojarnos al agua.

Nota. Columna motivada por el video: Dejemos de matarnos: el espíritu del acuerdo de paz (con Diana Uribe).

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Retos y oportunidades de la investigación en Ciencias Sociales y Humanas

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Laura Fernanda Santander Gualdrón

Para los países del mundo que han logrado mayor progreso, el papel fundamental de la ciencia está muy claro. La receta que han aplicado estas naciones más potentes para lograr su crecimiento se resume en: inversión en educación, investigación y desarrollo. Fórmula sensata y que pareciera fácil de aplicar, pero para países como Colombia es ambiciosa aún. Corea del Sur se dio cuenta de la importancia de invertir en la investigación desde la década de los 70 del siglo pasado, y hoy todos hablan de este gigante asiático que resalta por su industria y su alto nivel educativo. Colombia, por primera vez desde el 2007, asignó a la educación un presupuesto superior al de defensa: 28,9 billones de pesos. Y para el 2025, se trazó el reto de ser el país más educado de América Latina. Al menos en teoría, el camino planteado es similar al que llevó al éxito a Corea del Sur (El Tiempo, 2015).

Si bien es cierto que Colombia investiga poco, es conveniente destacar la importancia dada a ciertas áreas de investigación dentro de este reducido papel de la ciencia en el país. La más reciente clasificación de grupos de investigación publicada por Colciencias, muestra que la mayor concentración de grupos está en el área de las ciencias sociales y humanas con un 38%, luego se ubica el área de conocimiento de las ciencias naturales con un 20% y pese a tratarse de un país con vocación agrícola, en este campo resultaron solo el 5% del total los grupos de investigación del país (Colciencias, 2015).

Frente a la situación descrita anteriormente, para el caso particular de la Universidad Industrial de Santander los datos arrojan que la Facultad de Ciencias Humanas no resalta entre las 5 facultades pertenecientes a la Universidad en cuanto a número de grupos de investigación. Para el año 2015 a la Facultad de Ciencias Humanas pertenecía el 17% de los grupos de la universidad, siendo la segunda facultad con menor número de grupos reconocidos por COLCIENCIAS (Vicerrectoría de Investigación y Extesión, 2015).

Por otra parte,  en cuanto a la calidad investigativa, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander se encontraba en mejor posición en comparación con la situación del país en general. Para el 2015, la mayoría de los grupos – 61% – de las Ciencias Sociales y Humanas en el país se ubicaban en las categorías C y D, las más bajas asignadas por COLCIENCIAS. Mientras que en la universidad el mismo porcentaje de grupos adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas hacían parte de las categorías A y B (Vicerrectoría de Investigación y Extesión, 2015).

Dentro del panorama de la Universidad Industrial de Santander, la Facultad de Ciencias Humanas cuenta con menor cantidad de grupos de investigación lo que se ve reflejado en la cantidad de docentes con estudios de doctorado. Para el año 2015, Ciencias Humanas contaba con 28 doctores y 13 grupos de investigación, dos de ellos pertenecientes a la categoría A. Mientras que Ciencias sobresale con 20 grupos reconocidos por COLCIENCIAS, de los que 13 pertenecen a las categorías A y A1 (Vicerrectoría de Investigación y Extesión, 2015).

De manera general, la Facultad de Ciencias Humanas se encuentra en una posición inferior en cuanto a financiación tanto interna como externa. Teniendo en cuenta la naturaleza del área de estudio, los recursos no desembolsables para la actividad investigativa asignados a la facultad internamente representan una proporción menor comparada con las demás facultades, es decir, la dotación de espacios, insumos y laboratorios en las demás facultades parece comprometer una cantidad de recursos superior. Del mismo modo, las alternativas para acceder a recursos externos se ven limitadas por la naturaleza del área de estudio, teniendo en cuenta que entidades como el ICP-Ecopetrol, financia proyectos de áreas afines a sus intereses.

Si bien, la investigación social demanda recursos, la financiación no es lo único. En muchos casos no se comprende aún la importancia de las Ciencias Sociales y Humanas. En general ha existido un desprecio o un complejo de superioridad desde las ciencias exactas hacia las ciencias sociales y humanidades que se ve reflejado en la carente atención brindada a la Facultad de Ciencia Humanas en la Universidad Industrial de Santander.

Bibliografía

Colciencias. (2015). Obtenido de http://www.colciencias.gov.co/atencion/datosabiertos

El Tiempo. (28 de Mayo de 2015). Obtenido de http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/en-ciencia-colombia-debe-pisar-el-acelerador/15841437

Vicerrectoría de Investigación y Extesión. (2015). Obtenido de http://www.uis.edu.co/planeacion/plantillas/detalleCifras.jsp?codigoPeriodo=48

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Políticas y programas de Colciencias

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Valeria Vásquez Marín

Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Es el encargado de promover políticas públicas que fomenten la Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I), de crear sinergias e interacciones que promuevan una cultura científica tecnológica e innovadora; y de unir todas las regiones del país, los diferentes sectores productivos y poblacionales en las estrategias y agendas de investigación y desarrollo (Colciencias, s.f.). Sumado a la tarea de generar conocimiento, hace grandes esfuerzos por integrarlo al desarrollo social, económico, cultural y territorial del país, teniendo como visión posicionarlo como uno de los tres países más innovadores de América Latina (Colciencias, s.f.).

La institución actúa en sintonía con los propósitos de la Presidencia de la República, mediante un Plan de Acción Institucional. Este identifica  las áreas que delinean los propósitos gubernamentales e idea los planes de acción que permiten cumplir estos propósitos. Cada área, se formula cuidadosamente para un destinatario o beneficiario específico. El fin último es fortalecer de forma integral todos los posibles campos donde la ciencia y tecnología pueden dar su aporte.

Es por esto que Colciencias ha generado políticas que van desde el impulso de la generación de nuevo conocimiento, el fortalecimiento de publicaciones y patentes nacionales, la conexión de la academia con el sector empresarial, hasta la divulgación por medios electrónicos de logros científicos con el fin de incentivar hacia una cultura científica.

Para la sociedad, entendida como el grupo poblacional no académico ni científico, existen dos tipos de programas: uno de apropiación social de Ciencia, Tecnología e Innovación y  otro de difusión. De manera general, ambos pretenden promover la participación activa de la comunidad no académica a través de un intercambio de conocimiento y experiencias, que sean potencialmente replicables. Compartir experiencias es el primer paso para incentivar hacia una sociedad que perciba en la ciencia una solución práctica y tangible a muchas de las dificultades cotidianas, es decir, dejar de lado el tabú de ligar la ciencia de manera exclusiva a los países del primer mundo. De hecho, en ese punto reside uno de los mayores retos: crear una mentalidad científica.

Para otros sectores sociales específicos, Colciencias ha diseñado de igual forma políticas y programas que los aproximen a este objetivo. El sector industrial tiene una atención especial, puesto que el gobierno busca encadenar de manera específica las pequeñas y medianas empresas con la producción intelectual. La modernización empresarial exige tanto la transferencia de activos de propiedad intelectual, como acuerdos de colaboración,  y la generación de nuevas empresas a base tecnológica. Es decir, se busca que la investigación este tan ligada a la industria como a la academia.

Sin embargo, como es de esperarse, cuando se habla de ciencia y tecnología el enfoque está puesto sobre la academia, como “materia prima”, básica y esencial para la investigación. Con academia se hace referencia a todos los peldaños institucionales, que incluye desde la educación primaria hasta los estudios de posgrados. Para este sector social, la diversidad de programas se hace mucho más evidente. En las escuelas y colegios, se ofrece el primer acercamiento a la investigación a través del programa “Ondas”. Este consiste en la creación de semilleros conformados por estudiantes y maestros, que a partir de problemáticas o necesidades locales y cercanas, construyen proyectos de investigación en busca de soluciones prácticas (Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI, 2016).

Con este tipo de iniciativas se evidencia el interés que existe desde el ente gubernamental por formar capacidades y habilidades investigativas desde una temprana edad. Sin embargo, más importante que formar las herramientas que necesitará como investigador, está la necesidad de despertar un interés genuino por la academia, de incentivar la búsqueda de conocimiento y cultivar un sentimiento de amor -y no de deber- por la ciencia. Teniendo en cuenta el propósito ya establecido de crear una cultura y mentalidad científica, sin duda, la mejor manera es iniciar con quienes están en una etapa completamente receptiva, la población infantil y adolescente.

Para la etapa académica posterior, la de pregrado, se han diseñado dos programas. El primero, “Nexo Global”, está enfocado en los jóvenes universitarios impulsando la movilidad internacional para pasantías de investigación. La finalidad es promover la vocación científica en los jóvenes, fortalecer el bilingüismo y facilitar su inserción en las mejores universidades y centros de investigación del mundo (Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI, 2016). Nexo Global, como una experiencia internacional, desarrolla nuevas habilidades específicamente investigativas, crea conexiones en una red científica y ofrece al estudiante un panorama más amplio y globalizado del mundo. La especificidad del programa, al estar dirigido a la internacionalización con el propósito exclusivo de realizar pasantías de investigación en pregrado, permite catalogarlo como un segundo esfuerzo de Colciencias, enfocado hacia la formación para la investigación.

El segundo programa proyectado para este sector social es denominado Jóvenes Investigadores. Por medio de este se hace entrega de becas para el desarrollo de pasantías profesionales en investigación e innovación, bajo la tutoría y seguimiento de grupos de investigación e investigadores reconocidos por Colciencias (Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI, 2016). Este, al igual que el programa anterior focaliza estudiantes universitarios, incentivándolos con apoyo económico para desarrollar investigación. De igual manera, encuadra adecuadamente entre las políticas dirigidas a formar investigadores.

Finalmente, siguiendo el principio de crear una cultura científica, es importante resaltar un último esfuerzo gubernamental dirigido en el mismo sentido. Cada año se realizan dos grandes convocatorias bajo el programa “Formación de Capital Humano para CTeI  a nivel de Doctorado y Maestría”. Por medio de este, se otorga un crédito educativo 100% condonable en casos de estudios de doctorado a nivel nacional e internacional o 50% condonable para formación en maestrías (Colciencias, s.f.).  El desarrollo de este programa, es de suma importancia, puesto que no se limita a incentivar el desarrollo de herramientas científicas. Los estudios de posgrado, ciertamente forman una masa crítica de investigadores que contribuyan a fortalecer el sistema de generación y transferencia de conocimiento, a incrementar la productividad y por ende el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.

Como se ha hecho evidente a través de estas líneas, para Colciencias de la mano de la autoridades nacionales, constituye un verdadero desafío crear una cultura y mentalidad científica; no solo como generadores de conocimiento sino también como apropiadores de este. Sin embargo, la estrategia central sigue siendo formar investigadores desde todos los ámbitos académicos y sectoriales. Con muchas fortalezas como la pluralidad de programas o su diseño bajo un enfoque y acciones específicas según el receptor; también salen a la luz algunas falencias y debilidades en las que es necesario seguir trabajando.

Entre otras, referenciando de manera concreta la formación para la investigación, los programas de Colciencias están limitados a estudiantes que tengan la cobertura de un grupo de investigación reconocido y ojala bien clasificado por la entidad. Es decir, quedan radicalmente excluidos de la posibilidad de ser apoyados los semilleros de investigación. Aun teniendo en cuenta que funcionan como entes formadores de investigadores, la figura de “semilleros” se halla contemplada en las políticas de Colciencias, de manera exclusiva para las escuelas y colegios. En este sentido, las universidades deben marchar al ritmo de los grupos de investigación, y los estudiantes que deseen postularse a beneficios de financiamiento pertenecer a uno; que por la dinámica de demanda y oferta, exige a su vez que esté en la mejor clasificación.

No es tarea fácil cambiar la mentalidad de los habitantes de un país en desarrollo, tampoco diseñar políticas que cubran la totalidad de las necesidades y mucho menos responder a las exigencias de una sociedad globalizada que pide a gritos el fortalecimiento de la ciencia e investigación. Sin embargo, este proceso ya tuvo génesis, y se espera que con el paso de los años, de resultados esperanzadores reflejados en un país que ofrezca a su población calidad de vida.

Referencias

Colciencias. (s.f.). Colciencias. Obtenido de Colciencias: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/sobre_colciencias/mision-vision

Colciencias. (s.f.). Colciencias. Obtenido de http://www.colciencias.gov.co/colciencias/sobre_colciencias/acerca

Colciencias. (s.f.). Colciencias. Obtenido de http://www.colciencias.gov.co/portafolio/fomento_investigacion/fomento/apoyo-nacionales-exterior

Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTeI. (2016). Colciencias. Obtenido de http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/resena-mentalidad-cultura-2016.pdf
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John Carlos Pabón Mantilla

En Colombia, los diferentes gobiernos, han entendido el desarrollo bajo el paradigma de la igualdad entre crecimiento económico y bienestar, por ello la apuesta de los mismos ha sido el fortalecimiento del empresariado y una tendencia a los subsidios focalizados, en lugar de la realización de inversiones en bienes públicos como política. El resultado de la puesta en marcha de este modelo ha sustentado una política pública y una visión del Estado sobre el proceso de modernización, en el que se han desarrollado.

“Ocho características que lo han hecho inadecuado y altamente insatisfactorio para avanzar en el desarrollo humano” (PNUD, 2011), estas características son: 1. No promueve el desarrollo humano y hace más vulnerable la población rural, 2. Es inequitativo y no favorece la convivencia, 3. Invisibiliza las diferencias de género y discrimina las mujeres, 4. Es excluyente, 5. No promueve la sostenibilidad ambiental, 6. Concentra la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos, 7. Es poco democrático y 8. No afianza la institucionalidad rural”.

Los puntos anteriores son los resultados a los que llego el PNUD en su más reciente investigación sobre el campo colombiano, el balance realizado por esta entidad revela que Colombia es más rural de lo que pensamos, y que esa realidad se oculta tras la idea de privilegiar el desarrollo mediante rutas urbanas. Según el informe no el 24% sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupada la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales (PNUD, 2011).

La superación de estas dificultades es planteada desde visiones muy variadas sobre cuál debería ser el puerto de llegada para el campo colombiano, teniendo en cuenta que esto a su vez significa la superación de una de las causas principales del conflicto armado, debido a su nivel de correlación con el tema agrario.

No obstante, a nivel general, prevalece la idea de dar un nuevo enfoque al tema del desarrollo rural, y esta tendencia no solo ocurre en Colombia, donde las zonas rurales han palidecido de un verdadero desarrollo, sino que obedece a una tendencia mundial. Los autores Frank Ellis y Stephen Biggs, señalan que: “si un nuevo paradigma de desarrollo debe emerger, debe ser uno en el cual la agricultura asuma su lugar, junto con un conjunto de otras actividades actuales y potenciales rurales y no rurales” (Ellis & Biggs, 2001).

Por otro lado, y teniendo en cuenta las características propias del campo colombiano, como son: la concentración de tierras, el bajo desarrollo técnico y tecnológico, la pobreza, la inequidad de género, la violencia, el desplazamiento y la baja cobertura en servicios elementales, uno de los paradigmas más aceptados por la academia, las organizaciones campesinas y algunas instituciones del Estado (ej. INCORA), es el “Desarrollo rural con enfoque territorial”, en el cual, el territorio es el primer elemento a contemplar en el diseño e implementación de políticas públicas, es decir, que las políticas deben realizar en primera instancia una valoración del contexto en el que van a ser aplicadas, y aunque eso parece del ABC de la política pública en todos los manuales, en Colombia se ha dejado a un lado para privilegiar el asistencialismo de la pobreza de manera trasversal.

Otra de las particularidades del enfoque territorial es la necesidad de redefinir el papel del Estado, especialmente en lo relativo a la provisión de bienes públicos, regulación de la economía y construcción de democracia e institucionalidad local (Araméndez, 2014).

2209

Tabla 1. Comparativo de Enfoque Tradicional- Enfoque Territorial.

El Desarrollo Rural Territorial debe entenderse como un proceso de trasformación en un espacio determinado, cuyo fin último es la disminución de la pobreza que ha acompañado desde siempre al campo colombiano; tiene además como propósito lograr articular la economía del territorio a mercados dinámicos: El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y concentración de los actores locales entre sí, y entre ellos y los agentes externos relevantes y de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus beneficios (Schejtman & Berdegue, 2003).

El territorio se convierte en un lugar en el que se sintetizan las nuevas estrategias para el desarrollo rural “se encuentra ligado a una forma -que- revindica el ordenamiento territorial como esencia de la propuesta de visión renovada de la ruralidad. La reflexión geográfica, demográfica, económica, social, ambiental y política incorporada constituye un cuerpo integral de ordenamiento territorial” (Rafael & Maria del Pilar, 2007).

Bajo este enfoque se pueden analizar propuestas de políticas públicas como las “Zonas de Reserva Campesina” puesto que ofrece la posibilidad de realizar un análisis espacial y multidimensional, en el que las comunidades asociadas bajo esta figura jurídica establecida por la ley 160 de 1996 han irrumpido de diferentes maneras en la agenda pública y claman el reconocimiento del Estado.

Otro de los marcos para entender el desarrollo de las zonas de reserva, que no se puede dejar a un lado, son las leyes encargadas de sustentar esta propuesta de desarrollo rural evidentemente territorial, la primera de ellas fue la ya mencionada “Ley 160 de 1996” donde en el Capítulo XIII designado a regular las zonas de colonización y las zonas de desarrollo empresarial, allí se define la figura jurídica y el papel del Estado.

Posteriormente, el Ministerio de Agricultura lanza el Decreto 1777, en el que se logra reglamentar el capítulo de la Ley 160 y, para terminar, el Acuerdo 024 de 1996 de la Junta Directiva del INCORA, se encarga de fijar los criterios y procedimientos para establecer los límites de las Zonas de Reserva Campesina, sus objetivos y procesos administrativos a cursar para la adquisición de tierras.

A modo de conclusión, podemos precisar que el estudio de las Zonas de Reserva Campesina debe realizarse desde el Enfoque Territorial, entendiendo este como un marco teórico relevante para su análisis, y desde la perspectiva legislativa mediante la cual se creó la figura jurídica objeto de estudio.

Bibliografía

Araméndez, C. S. (2014). Colombia: Estado Actual del Debate Dobre el Desarrollo Rural. Bogotá: Desde Abajo-Planeta Paz.

Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving Themes in Rural Development 1950-2000. In Develepment Policy review, 19.

PNUD. (2011). COLOMBIA RURAL: Razones Para la Esperanza. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Rafael, E., & Maria del Pilar, R. (2007). Nueva Ruralidad. Visión del territorio en America Latina y El Caribe. Panama: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Schejtman, A., & Berdegue, J. (2003). Desarrollo Territorial Rural. Santiago de Chile: Rimisp.
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El mercado de la fe

2207

Isaí Fuentes Galván

Cuenta el relato bíblico que Jesús de Nazaret, o Cristo según la tradición cristiana, nada más ni nada menos que el mismísimo fundador de toda la cristiandad, la creencia religiosa con mayor número de seguidores en el mundo, con  aproximadamente 200 millones de fieles, siendo Dios, enfureció al entrar al templo de Salomón en Jerusalén  y encontrar que todo el rito levítico había sido convertido en un negocio,  donde los mercaderes de palomas y machos cabríos, ubicados a la entrada del templo,  habían desvirtuado completamente el carácter solemne y espiritual del rito mosaico, convirtiendo el templo en un verdadero mercado y el rito en un auténtico negocio.

Se enfureció tanto el maestro de galilea que desalojó del templó a los mercaderes, azotándolos mientras les reprendía por haber convertido “la casa de su padre” en un mercado.

Para nadie es un secreto que la religión, a quienes algunos prefieren separar del concepto de espiritualidad, ha venido siendo convertida ya no solo en un instrumento de dominación (Marx decía que era el opio de los pueblos) sino que en plena era moderna, con el renacer de la  ola espiritual,  ha pasado a convertirse en un auténtico negocio,  un mercado de la fé, en el que multinacionales y corporaciones de la fé  ofrecen, compran,   venden e intercambian bienes y servicios religiosos, llegando a  amasar inmensas fortunas.

Por eso llamó mi atención, la investigación realizada por   Cortés, A., Palacio, L., & Rueda, R. (2011). Actividades religiosas en Bucaramanga: una aproximación desde la economía. Cuadernos de Economía, 30(54), 151–169, en la que este grupo de investigación intenta identificar las motivaciones que llevan a los bumangueses mayores de edad, a realizar práctica religiosas tales  como la asistencia al templo y la oración, tarea que abordan a partir de asumir a la religión como un producto y a las iglesias como “firmas”.

El estudio propone  tres pretendidas razones de la práctica religiosa, a saber: la salvación (creencia en la vida después de la muerte); el incentivo social (socializar) y los negocios (incentivo profesional).

La investigación incorpora conceptos como el de “bienes religiosos” y “capital religioso” refiriendo los primeros a los servicios prestados por las iglesias y comunidades religiosas y los segundos a la herencia de ejemplo y tradiciones familiares que imponen o sugieren la práctica religiosa desde la niñez temprana.

El trabajo concluye que existe un debilitamiento del sistema incentivo-castigo (cielo-infierno), que se da una apertura del mercado religioso a la mayor pluralidad, que la “salvación” ya no es la razón primordial de la práctica religiosa, que tampoco lo es el incentivo profesional y que lo más determinante es el incentivo social.

También plantea como conclusiones que 1) los hombres asisten y oran menos que las mujeres 2) que el ejemplo paterno tiene una gran importancia sobre la decisión de asistencia en edad adulta, más que el ejemplo materno, 3) que la compatibilidad religiosa de la pareja con la anterior variable permiten concluir la importancia del motivo social  como determinante de la práctica religiosa (asistencia y oración) 4) que existe un efecto negativo y significativo entre educación y asistencia al templo, en el que a mayor escolaridad menor nivel de oración y asistencia al templo 5) que los padres por la necesidad de inculcar códigos éticos y morales a los hijos recurren a comunidades religiosas como instrumento para la formación de valores.

El estudio analiza el comportamiento religioso desde la denominada “economía de la religión” para tratar de explicar el consumo de bienes religiosos, planteando el concepto de “capital religioso” como una especie de conocimiento de la religión.

La investigación realizada es de carácter cuantitativo e invita al estudio del fenómeno religioso como agente económico dentro de un contexto de mercado, producto, consumidores, que  a mi manera de ver deja por fuera otras posibles  determinantes  motivacionales de la práctica religiosa en la ciudad.

Interesante propuesta académica que amerita ser profundizada, como quiera que pocas veces se asume desde la academia a la religión como agente de la economía, pese a que como se sabe, es una de las principales e históricas determinantes de la vida social.
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Delincuencia a largo plazo

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Lina María Rondón Pedraza

En esta época donde en Colombia se está llevando a cabo un litigio entre los poderes políticos del país para legalizar los derechos de la mujer en lo que concierne a la autonomía sobre su cuerpo, su reproducción y legitimar el aborto. Es bueno recordar un poco las investigaciones del economista Steven Levitt en su libro Freakonomics donde realizó una investigación exhaustiva sobre la correlación que existe entre la disminución de los índices de criminalidad y la legitimación del aborto en Estados Unidos a partir de 1973 después del famoso caso de Roe vs Wade donde Jane Roe alegó haber sido violada y exigió su derecho a elegir sobre su cuerpo.

El aborto es un tema delicado que genera polémica en nuestro país pues en algunos sectores se está imponiendo la falsa moralidad, los dogmas religiosos, los prejuicios sociales y se deja de lado las posibles consecuencias a largo plazo. El economista Steven Levitt menciona que para algunos en el momento de la concepción es cuando comienza una vida, equiparando el valor de un feto al de un recién nacido. Para otros tantos, los fetos no son considerados equivalentes a un recién nacido. La idea de favorecer el derecho de la mujer a abortar supera cualquier otro factor.

A simple vista parece que no exista ningún punto en común entre el número de abortos y el número de criminales. La primera es una variable demográfica que genera polémica entre los conservadores y liberales del país, mientras el segundo es un indicador que preocupa a toda la población en su conjunto. Al leer Freakonomics y analizar la disminución en las tasas de crímenes en Estados Unidos en los años 90 se encuentra una explicación lógica que determina la correlación entre estas dos variables.

Las estrategias para frenar la delincuencia como el control de armas o la excesiva contratación de policías no disminuyeron la criminalidad en Estados Unidos, incluso la bonanza económica que vivía el país no contribuyó a disminuir los niveles de criminalidad. No obstante, la previa legalización del aborto si logró disminuir hasta en un 50% el índice de delincuencia, y la reforma carcelaria logró disminuir otra gran parte de crímenes.

Después que el aborto fue legalizado en Estados Unidos, muchas mujeres acudieron a practicarlo en vista de la libertad total que les concedió el gobierno en sus decisiones. Así, año tras año esta acción aumento, tanto así que en 1980 la cifra de abortos en Estados Unidos ascendía a 1,6 millones. Después de 1990 la delincuencia en las calles estadounidenses disminuyó. Lo curioso es que dicha disminución se presentó justo en el momento en el que muchos de los niños abortados estaban listos para iniciar sus carreras criminales, pues los delincuentes en Estados Unidos en su mayoría eran jóvenes entre 18 y 20 años, al permitir el aborto años atrás también se disminuyó el número de jóvenes con potencial criminal.

Es importante resaltar que antes del caso Roe vs Wade las únicas mujeres que llegaban a abortar eran aquellas adineradas y pertenecientes a clases altas. Sin embargo, después de legalizado el aborto fueron las mujeres de escasos recursos las que más se practicaban este procedimiento, gracias a la libertad que se les había concedido de decidir sobre el futuro. Según el estudio los niños que no nacieron durante los primeros años de legalizado el aborto se salvaron de una vida tortuosa, pues hubiesen sido unos niños con más probabilidades de vivir en la pobreza, sufrir de abusos o abandono de sus padres, variables que casi siempre convierten a los jóvenes en criminales.

En esta situación se puede decir que la legitimidad del aborto sugiere en cierta manera un freno a los potenciales delincuentes en las ciudades, dado que se le da la oportunidad a la mujer de elegir, para que ella se sienta que en un futuro puede proporcionar estabilidad y un ambiente adecuado a sus hijos. Un niño no deseado, aunque suene muy cruel decirlo, supone un constante problema en la vida de muchas jóvenes y adolescentes y a largo plazo este niño por las condiciones sociales a las que se va a ver expuesto tiene una alta probabilidad de convertirse en un criminal.

El aborto da la posibilidad de elegir no traer niños no planeados ni deseados al mundo, estos niños no deseados según la probabilidad en la mayoría de los casos son de mujeres pobres con condiciones sociales muy difíciles, lo cual sienta las bases para que un futuro se conviertan en criminales. De esta manera, la decisión drástica de legalizar el aborto indirectamente genera consecuencias sobre la criminalidad y la seguridad a largo plazo la nación.

Pensar en el aborto como una estrategia para frenar la criminalidad es algo retorcido que provocará sin lugar a dudas el rechazo de nuestra sociedad. Pero cuando se le da la oportunidad a una mujer de tomar una decisión tan importante para su vida, ella tiende a analizar todas las posibles consecuencias de la vida que le puede proporcionar a su futuro hijo y decidir lo que considere más acertado.  Así, una decisión personal de miles de mujeres termina siendo en el largo plazo un beneficio para la sociedad. Sin embargo, esto no quita que la sola idea de pensar en el aborto como estrategia contra la delincuencia es demente, quizá primero se deba pensar en solucionar los problemas de exclusión e inequidad social.

Bibliografía

Dubner, S., & Levitt, S. (2009). Freakonomics: Un economista políticamente incorrecto explora el lado oculto de lo que nos afecta (p. 336). Zeta Bolsillo

Antrópicos. (2014). Aborto y descenso de la delincuencia. Disponible en: http://antropicos.blogspot.com.co/2014/02/aborto-y-descenso-de-la-delincuencia.html

Levitt, S. (2004). Entendiendo por qué se Redujo la Criminalidad en la Década de 1990: Cuatro Factores que lo Explican y Seis que No. Revista Ius et Praxis. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122004000200004
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