Un breve análisis de la importancia de la educación

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Bryan Snehider Díaz

La relevancia de la educación para el funcionamiento de la sociedad hoy por hoy es uno de los tópicos más sonados en el análisis económico, ya que en el fondo la economía ha ido entendiendo que en muchos sentidos es una disciplina conductual; es decir que más allá de analizar la producción de bienes y servicios, fenómenos, como el intercambio, la distribución y el consumo tienen componentes sociológicos, antropológicos y políticos sin los cuales es imposible entender el vasto espectro de la actividad económica. En ese sentido la educación comprendida como el proceso facilitador del aprendizaje, mediante la adquisición de conocimiento, habilidades, valores y hábitos gracias a la transferencia realizada de una persona a un grupo de personas tiene un papel preponderante en el funcionamiento de las instituciones y el aparato productivo.

Para el presidente del Banco Mundial el señor Jim Yong Kim, la educación de funcionar como es debido fomenta el empleo, incrementa los ingresos, mejora la salud y reduce la pobreza. No obstante, la comprensión de la educación como un fenómeno de naturaleza económica plantea ciertos interrogantes de difícil solución y esto se debe a que la eficiencia de la educación en su misión social depende de los intereses motivación y coordinación de una cantidad considerable de agentes económicos, sometidos a incentivos diferentes y con una amalgama de preferencias exageradamente amplia. En síntesis, lo que en muchos sentidos dificulta el funcionamiento del sistema político es lo que vulgarmente llamamos como “voluntad política”; que no es otra cosa sino el proceso donde un grupo de personas son capaces de organizarse detrás de un líder de manera efectiva de modo tal que los problemas de coordinación se resuelvan y los objetivos que antes parecían imposibles estén ahora al alcance.

¿Cómo lograr que el sistema educativo funcione adecuadamente y qué implicaciones tiene esto? Lo primero que uno tomaría como lección de la ciencia económica es que no necesariamente la inversión de cantidades ingentes de recursos asegura el éxito de una organización, más allá del stock invertido lo verdaderamente importante es invertir los recursos en aquellos rubros que mayor impacto tienen, es decir maximizar el beneficio dada una asignación de recursos haciendo que pueda llegarse al punto donde el costo marginal y el ingreso marginal sean equivalentes. Evidentemente lograr semejante proeza en la práctica es sumamente complejo, debido a que uno simplemente no dispone de un sistema de ecuaciones que maximizar, por esto el Banco Mundial recomienda que ante todo proceso innovador se desarrollen instrumentos de medición adecuado para que la implementación pueda permitir un correcto seguimiento de los resultados y por tanto hacer lo más efectiva posible la inversión recursos.

Por ello el economista Paul Roemer afirmó que: “la única forma es buscar la verdad a partir de los hechos y en ese sentido los hechos relacionados con la educación revelan una verdad dolorosa. Para muchos niños, escolarización no significa aprendizaje”. Por ello el informe de desarrollo del banco mundial se enfoca al menos en su primera parte en hacer ciertas sugerencias estructurales que pueden servir para solucionar parcialmente este problema. Según este, acciones tales como establecer condiciones equitativas, reduciendo el retraso del crecimiento y promoviendo el desarrollo cerebral a través de la nutrición en los primeros años de vida; atraer personas idóneas al ámbito de la enseñanza y mantenerlas motivadas; utilizar tecnologías que ayuden a los docentes a enseñar al nivel del estudiante y fortalecer la capacidad de gestión y las facultades de los directores de escuela podrían ayudar en este sentido.

El informe no escatima en términos de hacer recomendaciones de política de todo tipo que me sería imposible, así que intentando parafrasear un informe de más de un centenar de página, gráficos, datos, y análisis, el eje estructural de todas y cada una de ellas es: hacer que cada centavo invertido valga. Las herramientas que pueden ser utilizadas tales como: la generación de bases de datos interactivas y disponibles, la creación de mecanismos de transparencia, etc representan por si mismas líneas de investigación independientes con  sus pros y sus contras y que deben ser aplicadas de manera discrecional en contexto con la medición apropiada para cada país.

El fenómeno más preocupante sin lugar a dudas es que se ha observado que escolarización no necesariamente implica un impacto mayor de la educación en términos agregados, esto implica que como ha sucedido en muchas áreas del sector público el aumento de cobertura puede desencadenar problemas debido a los costos de transacción tan elevados que la estructura organizacional que está detrás se vea obligada a disminuir a niveles inaceptables la eficiencia en los servicios que presta. Es por ello que el banco es especialmente enfático en que el verdadero objetivo de la educación es generar competencias y habilidades, ya que estas son la columna vertebral de la adquisición de capital humano. La educación debe ofrecer a los estudiantes las habilidades necesarias para estar saludables, ser productivos y felices. Estas habilidades incluyen la capacidad de lograr tareas tan diferentes como entender una prescripción médica o escribir líneas complejas de software. Así como la adquisición de competencias sociales y emocionales necesarias para encajar dentro de las reglas de la sociedad moderna.

Referencias

Bank/Group, W. (2018). Learning to realize education’s promise.

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018

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Del origen del conflicto armado en Colombia (primera parte)

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Luis Roberto Rangel

Avanzar en el intento de establecer un contexto que pudiera determinar, o bien, una situación previa que haya podido definir el conflicto armado actual en Colombia, es una necesidad si lo que se quiere es avanzar en el análisis del proceso de paz en el país y sus episodios de negociación formal.  Es un reto dados dos aspectos a mi modo de ver: No existe un periodo en Colombia de tan siquiera una década para el cual se pueda afirmar que el país permaneció en paz, a pesar de acuerdos y treguas, por lo que el rastreo de un origen, en un sentido riguroso, nos llevaría sin más a la época de la invasión a América por parte de los europeos sin contar con los naturales conflictos entre pueblos indígenas.

Esto ya que desde aquella época se activaron conflictos inherentes al uso de la tierra (incluyendo actividades extractivas), el uso de la fuerza de trabajo de poblaciones e individuos, y la capacidad negada o asumida de la autodeterminación de pueblos y comunidades en sus territorios. Conflictos que no solo han permitido desarrollar en la población la capacidad de aprendizaje de las artes y técnicas propias del conflicto, sino que junto a condiciones económicas y geográficas determinadas ha creado una matriz axiológica en la que la violencia figura como garantía.

El proceso de definir los hechos que sirvan como causas, o bien, puedan dar como resultado ciertos fenómenos sociales, pero siempre será una labor de Sísifo, pues no existe aún un ente biológico o computarizado ni un método capaz de ordenar la casi infinita (si acaso no lo es) cadena causal de algún fenómeno con sus aristas, dimensiones, componentes, y detalles, suficientes para que la probabilidad favoreciera la sucesión del fenómeno A y no de B, aunque siempre será una labor fundamental para el análisis. Es este problema el que se ve en el fondo del abismo, por cuya orilla debe caminar muchas veces quien busca el entendimiento.  Y siendo el propósito avanzar en el análisis racional y comprensión, entonces si habrá que indagar en diferentes fuentes, muchas veces en un bando o el otro, algunas pocas amparadas por la ciencia, para comprender más allá del discurso mediático y de propaganda, más allá de la razón amañada y más cerca de nosotros mismos estos procesos y sus causas.

Es preciso anotar como fenómeno fundamental y trascendente en la historia Colombiana el conflicto de relativa intermitencia bélica que ha subsistido incluso desde antes de ser república y cuya última manifestación concreta es el conflicto armado actual de más de 50 años y sus respectivas negociaciones. Intermitente bélicamente pues en ciertos momentos no ha derivado en el encuentro en batalla, aunque sin lugar a dudas es loable atender a lo que no pocos analistas afirman sobre que Colombia es un país en guerra civil permanente [1], pues entienden la guerra civil no solo como el encuentro en batalla de ciudadanos, sino como la manifestación de esa intrincada red de intereses que se equilibran junto a lo bélico en función de la confrontación y se difunden hacia los diferentes ámbitos de la vida social, por sobre todo en los espacios sociopolíticos. Una concepción ortodoxa de la guerra podría no concordar con esta afirmación aceptada por la profesora María Teresa de Uribe (2003) o el investigador Gonzalo Sánchez (2001), y concordaría esencialmente con lo propuesto por Clausewitz cuando afirma que la guerra es “un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad” y donde es primordialmente un choque de fuerzas vivas. Comúnmente se parafrasea al prusiano al decir que la Guerra es la Política por otros medios, lo que corresponde al concepto de guerra absoluta en el que la guerra “pertenece a la política y adquiere naturalmente su carácter”[3]

Distintas versiones se enfrentan a la hora del rastreo del origen del conflicto colombiano, contando con lo ya dicho sobre lo relativo y difuso de esta búsqueda, se abren paso dos teorías. Una de ellas, de manera exageradamente básica, sitúa el comienzo del actual conflicto con el nacimiento de las guerrillas de primera generación (Farc, Eln, Epl) a partir del año 64 y cuyo influjo ideológico estaba determinado por las revoluciones rusas, cubana y china respectivamente. La otra versión ampliamente aceptada, inclusive por guerrillas en cuestión, sitúa el comienzo de este conflicto en 1946, en la época llamada “La Violencia” [4] que aunque mostro actores y organizaciones diferentes muestra una continuidad en diferentes ámbitos pero por sobre todo en la táctica de guerra de guerrillas que contrario a lo que afirma el Profesor Eduardo Pizarro Leongomez [5], no se dio de manera marginal sino que como veremos luego abarcó grandes regiones del país  como la cordillera oriental.

En este periodo el conflicto bipartidista con los conservadores en el poder alinearon la policía, gran parte del ejército y ejércitos privados al servicio de grandes terratenientes contra la población liberal y campesina que a su vez conformo estructuras que en un principio fueron de autodefensa y también de reacción contra los conservadores al estilo ojo por ojo, y que a la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán y al establecer retaguardias estratégicas y comunicación entre ellas conformaron alianzas y acuerdos no solo de carácter militar sino político y económico como vía para sobrellevar políticas estatales de bloqueo, distanciadas claramente de la dirección del partido liberal, consolidando control territorial sobre grandes zonas del país, como los llanos orientales, los páramos de la región andina, amplias zonas del suroccidente del país y muy rápidamente recogiendo armas, información, aprendizajes y veteranos del largo conflicto desde la guerra de los mil días.

Esto último tiene una relevancia mayor a la que tradicionalmente se la ha otorgado, pues este conflicto ya bipartidista permitió la profundización de la polarización política que junto con un ambiente de represión y violencia estatal contra los trabajadores y campesinos en el movimiento social pronto derivo en una cada vez más marcada polarización territorial, donde eran normales las poblaciones liberales o poblaciones conservadoras.

La radicalización liberal y el aumento de sus adeptos se vieron favorecidas por masacres y abusos en contra del movimiento popular que ya contaba desde mediados de la década del 20 con variopinta gama de organizaciones, comunistas, liberales radicales, anarco sindicalistas y anarquistas protagonizaron movilizaciones que podían llegar a los 100.000 participantes [6], sin contar huelgas en la naciente y multinacional industria Colombia, como la de la United fruit company en el departamento del Magdalena que de exigencias reivindicativas de los obreros termino en la descarnada masacre conocida como la masacre de las bananeras el 6 de diciembre de 1928 en la que el presidente de la republica Miguel Abadía Méndez, tras recibir amenazas Estadounidenses de invasión si no se protegían los intereses de la multinacional bananera, ordeno al general Cortes Vargas y alrededor de 300 soldados acribillar miles de obreros desarmados (aún no se conocen las cifras exactas de muertos).

El periodo de alta intensidad del conflicto que acompaño la vida del Doctor Jorge Eliecer, estuvo marcado por una fantasmagórica presencia de los estados unidos atisbando oportunidades y amenazas en función de la guerra fría, por lo que su preocupación fue proporcional a la creciente organización popular en torno a la ideología nacionalista y obrera del caudillo liberal, que no solo proponía una negativa ante la injerencia de los estados unidos o el bloque socialista, sino que planteaba la unión conservadora y liberal, cuya falta ya en aquel tiempo hartas muertes había causado, para unirse a su movimiento político. Gaitán pronto se convirtió en referente popular pues se pronunciaba a favor del esclarecimiento de los hechos de represión perpetrados por la fuerza pública, como la nombrada masacre de las bananeras, y daba voz a las grandes masas campesinas que le respaldaban electoralmente y que de a poco se convertirían en masas de desplazados y silenciados.

Tras apoteósicas y masivas manifestaciones en pro de la campaña presidencial del jefe liberal se auguraba una victoria. Sin embargo, el 9 de abril de 1948 es asesinado el jefe liberal a la salida de su oficina en la capital, al mismo tiempo gran logística y actividad estadounidense se desplegaba en el país con motivo de la celebración de la Conferencia panamericana, que posteriormente se convertiría en la actual OEA. Fue culpado un vendedor de dulces por el atroz crimen, una turba enardecida lo asesinó, se desato en la capital un levantamiento popular contra el estado central, que pronto sin dirección orgánica legítima se convirtió en una ola de destrucción y saqueo. El magnicidio tuvo eco en todo el país al tiempo que poblaciones enteras se preparaban para afrontar la guerra o morir calcinados junto con sus sueños y su dignidad, se adherían o conformaban nuevos grupos armados y se afilaban los machetes en cada patio.

Referencias

Gonzalo Sánchez, “De amnistías guerras y negociaciones”, en Memorias de un país en guerra, Bogotá, Planeta, 2001, págs.239 – 367. Guerras civiles y negociación política.

Uribe María. Las guerras civiles y la negociación política: Colombia, primera mitad del siglo XIX. En Revista de estudios Sociales No 16. Octubre de 2003. Pg 29-41.

Clausewitz. De la guerra. En http://www.biblioteca.org.ar/libros/153741.pdf

Waldmann (1997)( Como se citó en Pizarro 2004)

Eduardo Pizarro. Las Farc: ¿Repliegue estratégico, Debilitamiento o punto de inflexión? Capítulo de libro.

CILEP. Pasado y presente del anarquismo y del anarcosindicalismo en Colombia. Buenos Aires: Libros de Anarres, 2011.

Notas

[1] Gonzalo Sánchez, “De amnistías guerras y negociaciones”, en Memorias de un país en guerra, Bogotá, Planeta, 2001, págs. 239 – 367. Guerras civiles y negociación política.

[2] Uribe María. Las guerras civiles y la negociación política: Colombia, primera mitad del siglo XIX. En Revista de estudios Sociales No 16. Octubre de 2003. Pg 29-41.

[3] Clausewitz. De la guerra.

[4] Waldman (1997)( Como se citó en Leongomez 2004)

[5] Eduardo Pizarro. Las Farc: ¿Repliegue estratégico, Debilitamiento o punto de inflexión? Capítulo de libro.

[6] Cilep. Pasado y presente del anarquismo y anarcosindicalismo en Colombia.

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¿Qué son las competencias ciudadanas?

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Bryan Snehider Díaz

Decir que la naturaleza humana es buena equivale a decir que los ciudadanos que crecen bajo instituciones razonables y justas, las cuales satisfacen alguna de las razonables concepciones políticas liberales de la justicia, sostendrán dichas instituciones y actuarán de tal manera que su mundo social perdure […] Tal vez no haya muchas instituciones de este tipo pero, si las hubiere, son aquellas que podemos entender, aprobar y respaldar con nuestros actos —  Jonh Rawls.

No se puede entender la realidad económica, política y social del país sin dar unos cuantos pasos atrás y mirar en retrospectiva a los acontecimientos más importantes que han configurado el funcionamiento de la estructura institucional y política durante las últimas décadas. La existencia de un conflicto acuciante y extenso ha generado un modo de vida particularmente hostil que ha calado profundamente en el ideario con el que vive el colombiano promedio y  entiende su realidad inmediata. Esto ha evitado el florecimiento de condiciones justas y equitativas, y en últimas ha desembocado en una crisis de civilidad y ciudadanía que no tiene implicaciones solamente morales sino también materiales y políticas.

La ciudadanía puede entenderse como la condición política que nos permite participar en la definición de nuestro propio destino, es algo que puede acatarse o ejercerse. El concepto de ciudadanía tiene sus génesis en occidente en una racionalidad ética y política orientada hacia la construcción y el cumplimiento de la norma. Acatar la ciudadanía significa tener conciencia de que se hace parte de un orden social. Mientras que la participación ciudadana implica una asimilación tal del orden social que convierte al ciudadano en un ente activo dentro de la construcción de dicha sociedad, dicha participación es una condición necesaria para el funcionamiento de los mecanismos propios de la democracia. La comprensión del sentido crítico de las normas y de su importancia práctica exige un pensamiento crítico y un criterio moral desde donde juzgar su pertinencia y validez, basados en cierto modo en el discurso racional de la autoridad de los mejores argumentos.

La participación ciudadana asegura la representatividad y es una condición necesaria para la construcción de condiciones justas y equitativas donde los intereses de todo tipo de ciudadanos sean tenidos en cuenta dentro del espectro político. Esto nos obliga a distinguir entre dos sentidos de autoridad. Uno de ellos cuando la autoridad se constituye como un fin en si mismo y no requiere justificación alguna más allá de las relaciones de poder establecidas. Desde este tipo de autoridad no se toleran las diferencias y cuando ello ocurre se adaptan a los intereses del gobernante. Un sentido de autoridad distinto a este implica un proceso de crítica, de debate, de aceptación temporal de algunos de los puntos de vista en disputa.

A través del tiempo, la educación ciudadana ha mantenido y actualizado el reto de construir sistemas sociales justos. En nuestra época esto significa que los niños y jóvenes expresen o desarrollen una preocupación particular por quienes no se encuentran incluidos y para quienes la justicia es apenas una aspiración. Es importante que los estudiantes comprendan la enorme complejidad que encierran las relaciones entre conocimiento, ideología y poder. Es allí donde la educación en todas sus formas adquiere un papel protagónico en el modo en que se desarrollan las instituciones y en la transformación de la percepción que puedan tener los potenciales ciudadanos a la hora de convertirlos en sujetos activos y generadores de transformación en su medio.

Las instituciones educativas tienen por tanto la responsabilidad de dirigir acciones hacia la superación de los rasgos negativos de la actividad política tales como: la corrupción, el uso del poder político para favorecer intereses personales y el clientelismo entre otros, los cuales impiden ejercitar la democracia, forjar espíritu de asociación, instruir en el civismo y resignificar y revalorar la actividad política desde una idead el bien común. Las normas morales y legales que sostienen un sistema así concebido no alcanzan validez por el solo hecho de ser formuladas, por el contrario requieren de esfuerzos cotidianos permanentes para su cumplimiento y realización; lo que solo es posible en la configuración de lo público, es decir, en la acción del ciudadano. Por ello el ejercicio de la ciudadanía desde las instituciones hacia los demás ámbitos requiere de una educación política que en este caso se entiende como el desarrollo de competencias ciudadanas.

Referencias

Garay, L. J. (2001). Repensar a Colombia hacia un nuevo contrato social. Tercer Mundo Editores.

Fisher, R., & Patton, B. M. (1991). Si de acuerdo!

ICFES. (2014). Módulo de Competencias ciudadanas SABER PRO 2014 – 2 Módulo de Competencias ciudadanas, 1–10. Retrieved from https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=competencias ciudadanas saber pro

Velásquez, A. maría, Chaux, E., & Lleras, J. (2004). Competencias Ciudadanas: De los Estándares al Aula (UNIANDES). Bogota.

Ruiz, A., & Chaux, E. (2005). La Formación de Competencias Ciudadanas.

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El proceso de la contratación pública: Una visión a la ley

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Bryan Snehider Díaz

El diseño de las estructuras jurídicas es de vital importancia para el desarrollo de la vida económica. Las instituciones y los derechos de propiedad definen la capacidad que tienen los mercados y las organizaciones humanas para cumplir eficazmente con su tarea de asignar los recursos escasos. Por eso es que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica, de la relación entre el estado y las personas a las que gobierna. En el presente texto pretendo explorar los principales elementos y requisitos contemplados por la ley colombiana en lo que respecta al proceso de contratación pública, las restricciones, los procedimientos y los mecanismos económicos subyacentes.

Para entender el proceso de contratación pública es necesario enfocarse primero en los organismos e instituciones que la ley ha erigido para regularla. En primera estancia, gracias al decreto de ley 4170 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en reconocimiento de la importancia de la compra y contratación pública decide crear Colombia Compra Eficiente (CCE), en función de la necesidad de crear políticas guía para la administración y compras y tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado a los planes de desarrollo. CCE está adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP), un departamento administrativo que pertenece a la rama ejecutiva y que como entidad técnica impulsa la planeación de una visión estratégica del país.

Según este mismo decreto de ley los participantes del sistema de compras y licitación pública son grosso modo: las entidades estatales que adelantan procesos de contratación, CCE, los oferentes, contratistas, supervisores e interventores. Estos interactúan al interior del plan nacional de adquisiciones, un documento que debe contener la lista de bienes, obras y servicios que los organismos públicos pretenden adquirir durante el año, según el Decreto 1510 del 2013. Este plan no es vinculante en tanto que las entidades pueden modificar sus compras según las necesidades, y el cambio en las circunstancias. Lo que la ley si obliga es a publicitar dicho presupuesto en la plataforma virtual: SECOP.

La participación en el proceso de licitación  pública está regulada por el registro único de proponentes (RUP), tal y como lo contempla el decreto 1082 del 2015, en esta las personas jurídicas, naturales, nacionales o extranjeras interesadas en participar en procesos de contratación deben registrarse, cumpliendo un listado de requisitos, descrita en una considerable cantidad de documentos que varían si se trata de una persona natural o una persona jurídica; donde se contemplan cosas como los bienes, obras y servicios que pretende ofrecer al estado, certificados de experiencia,  capacidad jurídica, estados financieros,  y demás contratos privados  o públicos de los que haga parte el sujeto de derecho.

Las cámaras de comercio posteriormente verificarán la validez de la información contenida y expedirán el formulario, y los requisitos habilitantes para permitir la participación de los sujetos en los procesos de contratación. Además el interesado en celebrar contratos debe acreditar su capacidad residual o de contratación, en relación con los contratos suscritos con entidades estatales o privadas, y el balance general auditado del año inmediatamente anterior. Para poder participar, el proponente debe acreditar una capacidad residual superior o igual a la capacidad residual establecida en los documentos del proceso, en conformidad con lo citado en los dos anteriores decretos.

El primer paso en el proceso de creación de un contrato de licitación es el análisis del sector económico en cuestión por parte de las entidades estatales. En este la entidad estatal primero está obligada a realizar una etapa de planeación y el análisis necesario para conocer el sector relativo, objeto del proceso, desde una enorme multiplicidad de perspectivas. Hecho esto, la entidad estatal debe determinar los requisitos habilitantes, que contiene grosso modo en el riesgo inherente al proceso de contratación, el valor del contrato, el análisis anteriormente realizado y el conocimiento de los  posibles oferentes.

Una vez realizado y sobre la base de planeación y evaluación económica del sector, se pasa a la elaboración del proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones del contrato, que tiene su base en las necesidades y restricciones identificadas durante el proceso de evaluación económica. Los pliegos de condiciones representan como tal, un documento contractual, en el cual se establecen las cláusulas que se aceptan en un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa o una subasta.

Una vez hecho esto se abre el aviso de convocatoria, donde los interesados en participar en el proceso, que se encuentren acreditados por el RUP, deben manifestar su interés en el proceso, según el aviso de convocatoria publicado en el organismo en cuestión. En el aviso de convocatoria se publicará también la primera versión de los pliegos de condiciones que deben contener la descripción técnica y detallada del contrato, la modalidad del proceso, las condiciones de costo y/o calidad que el estado desea obtener, las reglas y los mecanismos de selección, el valor y los riesgos asociados al contrato, los términos de supervisión y el cronograma. Los participantes podrán entonces hacer observaciones en un periodo determinado de días según la modalidad de selección y el estado podrá realizar modificaciones a los pliegos de condiciones, hasta que se cierre oficialmente el plazo de realización de las ofertas.

Una vez se han cerrado las ofertas da inicio al periodo de selección. La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista, teniendo en cuenta factores como las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta, tanto mínimas como ideales y el valor en dinero que la entidad estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional.

La entidad designará un comité evaluador, conformado por servidores públicos, para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés de cada uno. Para evitar la colusión entre oferentes, el estado podrá exigir explicaciones de los oferentes que considere han pujado con un valor artificialmente bajo. Una vez seleccionado un ganador y celebrado el contrato, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la superintendencia financiera, contrato que estará contemplado claramente en los pliegos de condiciones anteriormente mencionados.

Bibliografía

North, D. C. (1995). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. (F. de C. Económica., Ed.). México D.F.

Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015.

Decreto 1510 del 17 de julio del 2013.

Ley 80 de octubre 28 de 1993
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¿La economía como una ciencia experimental?

2268

Bryan Snehider Díaz

Según el diccionario de la real academia de la lengua española, la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos que se obtienen por medio de la observación y la experimentación, donde a partir de los mismos se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes haciendo uso de un método científico. La experimentación juega un papel fundamental en la obtención de conocimiento científico, esta consiste en estudiar un fenómeno en un ambiente controlado, aislando todas las variables que puedan incidir en él para poder deducir la causa o causalidad del fenómeno en cuestión.

La naturaleza y complejidad de los fenómenos que pueden ser observados es difuso, pero más allá de los fenómenos físicos, y químicos, más allá de electrones, sistemas de ecuaciones cuánticos y variables complejas, en el umbral de lo difuso y de lo complejo se encuentra el hombre. Es por ello que muchas ciencias sociales han tenido que conformarse con la elaboración de teorías basadas llanamente en la observación y en la creación de estructuras lógicas de difícil contrastación, que han limitado poderosamente la capacidad de estas a la hora de ofrecer respuestas confiables en la tarea de entender la conducta y la naturaleza humana.

A pesar de todo esto, algunas ramas  del las ciencias sociales, dentro de las cuales se incluye la economía, han incursionado en la experimentación, intentando bajo ciertos protocolos procedimentales reproducir en un ambiente controlado situaciones interesantes en términos científicos, con objetivo de capturar de la manera más exacta posible la naturaleza de la respuesta humana en ciertos ambientes. Dentro de estos intentos es posible localizar a la economía experimental que en el espectro de la teoría ha intentado reproducir situaciones con contenido económico al interior de un laboratorio con el objetivo de explicar y contrastar las teorías propuestas; para esto fue indispensable la construcción de todo un sistema epistemológico con el cual entender la racionalidad humana que hasta entonces había sido abordada por la economía de una manera ciertamente rígida e inapropiada.

La mayor parte de las ciencias evolucionaron al amparo de la ilustración, un movimiento intelectual que creía firmemente en el progreso basado en el uso de la lógica y en el descubrimiento de leyes universales, cuya comprensión permitiría la construcción de un orden científico, social y económico sin precedentes. Este movimiento tiene su raíz en una variada ramificación de corrientes filosóficas, entre las cuales podemos identificar el racionalismo filosófico, ideado inicialmente por René Descartes. La lógica de Descartes, que describe muy bien la naturaleza de la ilustración, es que todas las construcciones sociales y científicas relevantes eran el resultado de un ejercicio consciente de la lógica, esta es la naturaleza del afamado racionalismo constructivista.

Con este espíritu las grandes ciencias, al amparo de un grupo selecto de mentes iluminadas, lograron extender sus raíces y tejerlas cuidadosamente al interior de los círculos sociales y políticos más importantes de la sociedad moderna. Pronto dicha curiosidad se extendió más allá de los fenómenos propios de las ciencias naturales y se dirigió a la conducta, pensamiento, y racionalidad del ser humano, cuyo primer gran exponente, en lo que a economía respecta, fue el filósofo escoces Adam Smith, que en un esfuerzo increíble logró utilizar una dialéctica impecable para  explicar  lo que a su parecer era la naturaleza económica y moral del ser humano.

Pero más allá de eso existe al interior de los seres humanos otro orden racional, que los científicos sociales hasta hace poco no habían sido capaces de entender, un orden que puede observarse y sentirse al caminar al interior de un suburbio a media noche donde dealers y prostitutas caminan de una acera a otra intentando resguardarse del frío, cuyas raíces pueden seguirse hasta días negros y sombríos como el afamado jueves negro, cuando el sonido que indicaba el cierre de la bolsa dejaba, sin razón lógica aparente, a miles de personas en la quiebra, y que puede incluso olfatearse y sentirse cuando un maestro del piano interpreta su más perfecta y apreciada pieza musical. La lógica sobre la que hemos erigido nuestra civilización, lo que Vernon Smith (2005) denominó racionalidad ecológica.

Para entender correctamente a lo que Smith hace referencia con racionalidad ecológica hay que dar un par de pasos atrás y enfocarnos primero en lo dicho por el economista e historiador norteamericano Douglass North. Para North los intercambios económicos se fundamentan en más que la racionalidad, los intereses y la escasez relativa de los bienes, sino que además su eficiencia dependía de los acuerdos sociales que las personas idean para poder llevarlos a cabo, es decir en las instituciones. En un inicio la lógica de North (1995) puede parecernos demasiado abstracta, porque en últimas aquello que podemos observar al interior de un mercado son personas, mercancías y precios, pero si nos detenemos a observar cuidadosamente cada elemento presente en una transacción no tardaremos en identificar estos arreglos a los que la literatura económica ha denominado como instituciones.

Si analizamos detenidamente, una persona que asiste a un mercado a intercambiar mercancías, lo primero que podremos identificar es que esta intercambiará un fajo de papeles sellados sin utilidad aparente por mercancías útiles para la supervivencia en el sentido primitivo de la palabra, tales como alimentos, víveres, herramientas, etc. Lo segundo que podremos identificar es que dicha persona sabía que si quería adquirir dichas mercancías debería dirigirse al lugar en cuestión y no a otro, además de esto la persona ha decidido llevar dichos papeles, en vez de entrar con un arma en las manos y obligar al tendero a darle lo que necesita, todo esto surge gracias a un acuerdo tácito al que han llegado las personas a la hora de intercambiar mercancías y cuya naturaleza define también la naturaleza de la actividad económica.

Estos intercambios son dinámicos y evolucionan a lo largo del tiempo, es decir su funcionamiento tiende a adaptarse cuidadosamente a las necesidades del medio. Por ejemplo, el acuerdo a la hora de intercambiar solía ser entregar mercancías por mercancías, después metales por mercancías y al sol de hoy, solemos entrar a un mercado y no entregar nada a cambio, solo una promesa de pago. Una institución puede surgir según Vernom Smith de una situación en la cual algunas personas encuentran más fácil solucionar conflictos por medio de normas de buena comunidad, que acudiendo a los tribunales, pagando abogados y asumiendo el costo de un largo proceso judicial.

Un sistema ecológico por ende es un sistema no planeado que consta de determinados procesos evolutivos, tales como normas, tradiciones y “moralidad”, dicho sistema se caracteriza por prescindir en mayor o menor medida del razonamiento constructivista, pero no necesariamente por ello es menos eficiente, esto deja una gran lección, y es que las personas haciendo uso de la retrospección y de la experiencia, pueden realizar tareas de manera más eficiente, economizando tiempo y esfuerzo, como por ejemplo un malabarista al interpretar un truco, o un experto de la guitarra componiendo una nueva pieza. La racionalidad ecológica hace referencia al uso de todo el arsenal científico disponible para observar, identificar y comprender estos arreglos e incluir en los modelos teóricos la naturaleza evolutiva de los arreglos sociales que amplían el rango explicativo y predictivo de la teoría formal.

Allí es donde puede apreciarse a cabalidad  la importancia del laboratorio experimental que permite, por medio de ciertos procesos metodológicos, comprender el impacto y el comportamiento de los individuos sometidos a un grupo determinado de reglas e instituciones, además de permitirnos una comprensión más cercana de la manera en que estas surgen y del modo en que las personas responden a dichos incentivos. Esto nos lleva a identificar ciertos patrones de conducta en los individuos y por tanto a incorporar en nuestros modelos constructivistas factores que los acerquen más a una certera predicción de la realidad. Además dota a la economía de la capacidad de realizar experimentos que permitan, controlando ciertas variables, entender de una manera más exacta ciertos fenómenos económicos.

El paradigma de investigación al interior de las ciencias económicas se ha venido transformando a lo largo del tiempo, la cuestión no es ocultar los enormes éxitos predictivos de los modelos tradicionales, olvidándonos que estos dieron la base para que otras metodologías pudieran ser exploradas en tanto encontrábamos fallos importantes en sus predicciones, sino enfocarnos en explotar estas nuevas metodologías para dotar a la investigación en economía de herramientas más precisas y mejor adecuadas a la nueva realidad y a las respuestas que esta exige.

Bibliografía

Siegel, S. y Fouraker, L. E. (1960): Bargaining and group decision making: Experiments in bilateral monopoly, McGraw-Hill, Nueva York.

North, D. C. (1995). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. (F. de C. Económica., Ed.). México D.F.

Smith, V. L. (2005). Racionalidad constructivista y ecológica en economía (*), 197–273.
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Luis Rangel

Indudablemente el conflicto en Colombia se desarrolla en la actualidad bajo patrones muy diferentes a los que se mostraban ya desde la violencia de los 60s o la explosión del catalizador llamado Narcotráfico en los 80s. La actual visión del conflicto y la importancia que cobra plantea trascender las maneras periodísticas de estudio y requiere aplicar a la información sobre el conflicto herramientas analíticas acordes a su complejidad. Los recientes aportes sobre crimen organizado y carteles de las drogas en agencias de protección y la teoría de la decisión interdependiente (Gambetta, Nozick, Schelling) brindan un marco propicio según Estrada (2009) para tal trascendencia. Veremos en La evolución estratégica del conflicto armado en Colombia (Estrada. 2009) cómo opera el cambio estratégico en torno a las posibles alianzas entre rivales, concretamente paramilitares y estado colombiano.

Las partes en el conflicto armado se han valido de la posibilidad que ofrece y ha ofrecido el estado al limitar su presencia a ciertas regiones centrales o caracterizándola solo como presencia militar. Un estado que no atiende necesidades en su territorio nacional, sino a las propias por medio de la fuerza pública, sumado a una desigual y polarizada distribución de la riqueza, fueron caldo de cultivo para grupos paraestatales que desde hace décadas cambian, mutan y se acomodan para sobrevivir en cada contexto. Ante las necesidades ignoradas por el estado la actividad económica y las interacciones en estos territorios seguían requiriendo una garantía que pudiera mantener la percepción de seguridad frente a la propiedad y los intereses de los individuos. Aquí es donde la protección se configura como un servicio que presta la organización que ejerce control, que posee las capacidades militares, económicas y administrativas para brindar tal servicio y articularlo con su propia actividad económica.

Muy a pesar de lo que delirantemente se difundía tras el periodo del presidente Uribe, el conflicto Colombiano no termino. Esta aireada y apresurada afirmación tenía eco a partir del desarrollo de los programas de reinserción de dicho gobierno y la “terminación” de las estructuras paramilitares sumado a una insurgencia opacada por los éxitos militares de sus contendientes. Este episodio, confuso si se quiere, marca una pauta en términos estratégicos alrededor del conflicto Colombiano, pues redefine estrategias en un escenario ad portas de lo que parecía ser un cambio sustancial en tanto consolidación del poder hegemónico se refiere.

Una estrategia, una decisión que se toma determinada por la decisión, o la creencia en la decisión, que tomara el contendiente, siempre se rige por la racionalidad de los participantes. En Colombia, a pesar de que esta racionalidad pudiera llegar a tener dudosa existencia para algunos individuos inmersos en la guerra si ha definido las actuaciones del estado y los grupos paraestatales entendiéndolos como organizaciones. Es como dicha racionalidad permitió a tales grupos establecer alianzas que pudieran asegurar la continuación, después de su desmovilización, de sus servicios de protección y de sus actividades económicas, que después del estallido del fenómeno del narcotráfico tendieron a relacionarse con éste dados los dividendos que representaba.

Esta lucrativa actividad ilícita, para su expansión y llegada a mercados amplios y prometedores, requirió de convenciones y acuerdos sobre los territorios que tenían que ver con alguna fase del proceso de extracción, procesamiento o transporte y que incluían cualquier autoridad que pudiera incidir, políticos, instituciones, empresas; tal fenómeno derivo debido a su influencia en la inversión de ciertos valores en la población y una nueva matriz cultural tolerante al narcotráfico. El estado perdió la confianza al ser minado de intereses narcotraficantes en sus modos y sus acciones, más claramente aun con las relaciones de gobernantes, capos del narcotráfico y poderes mafiosos en conocimiento de la población. Una amalgama entre lo legal y lo ilegal compone las maneras por las que las agencias de protección, grupos paraestatales, ejercen en los territorios. Coaliciones de las que se sirven organizaciones paraestatales y la elite colombiana definen el aparato estatal desde afuera y desde adentro.

“Las redes de información tienen una expansión progresiva de naturaleza no lineal, que opera en una secuencia de relaciones causales que se dispersa conforme las creencias individuales y colectivas. La relación entre información y denuncia pasa en primera instancia por el rumor, comunicar un “dicen que”” (Estrada, 2009). Esta Información circulante cruzada con una red de intereses individuales y colectivos, derivan en ajuste de cuentas, retaliaciones, o motivos para hacer circular una amenaza o un incentivo a quien transmitió la información.

La información circulante en mayores cantidades llego a promulgar el final del conflicto, y reordeno sus “rezagos de la insurgencia” contra las “nuevas bandas emergentes”. Es en este preciso instante donde las estrategias en la partida comienzan a redefinirse. Estas últimas agrupaciones llegaron a copar territorios que fueron controlados antiguamente por la insurgencia o sus progenitores, los paramilitares. Contando con la criticable visión del autor que no manifiesta la relación umbilical estado-paramilitares, se afirma que el estado había “encontrado” un aliado en los grupos paramilitares con objetivos afines, ya no tenía por qué seguir concediéndoles tal beneficio, pues se vitoreaba la falacia del fin del conflicto y este contenía la zona positiva de negociación, o intereses comunes de gobierno y paramilitares. Sin la existencia de tal campo para el encuentro, el estado no tendría por qué reconocer a los grupos paramilitares fuera de los programas de reinserción, inclusive a los paramilitares que al cabo de los programas de reinserción volvían a sus antiguas zonas de actividad armada.

A diferencia de las insurgencias, que son herederas de fenómenos violentos del siglo XIX, los grupos paramilitares no contaron con un sostén histórico-social para su estrategia, por lo que su retórica no tenía calado a pesar de las ayudas y asesorías de académicos colombianos y argentinos. Su argumento ejercía vigilancia y protección para la propiedad en los territorios, mas su estrategia al estar relacionada (y definida diría prematuramente) directamente con el objetivo estatal del mantenimiento del status quo en manos conocidas, no podría basarse nuevamente en la red de coherencia empleada por el estado para decidir sobre su coalición, en donde un punto nodal era, por lo menos ante el público, la existencia de grupos armados de oposición de corte narcotraficante y bandolero.

Sin esta necesidad compartida que representaba una insurgencia moribunda, la estrategia paramilitar dejaba una vacante. Quedaba sin una estrategia clara pero respondiendo a un mercado de los servicios de la protección y la vigilancia, más aun cuando capitales de los comandantes, socios y agrupaciones que representaban se encontraron determinadas por la continuidad de sus negocios, coaliciones regionales, y rutas controladas. Otra manera de ver el aliciente para la creación del nicho que vio renacer el paramilitarismo en bandas emergentes tuvo que ver con el capital de respaldo que lograron obtener gracias al préstamo de sus servicios, que mantuvo sus actividades económicas seguras inclusive bajo los ojos de la ley, esto definido nuevamente por los riesgos que tomaría una elite social y aliada si cambiara esta situación.

La reputación de esta elite como gobernantes, mantuvo esta condición anterior, y logró al mismo tiempo que luego de la deriva estratégica sufrida por los paramilitares posterior a la desmovilización, el estado no pusiera más en juego la estabilidad de su estatus quo y tuviera que, de dientes para afuera, atacar, mostrando resultados públicos, a su nuevo enemigo, las bandas emergentes. En esta necesidad gubernamental de mostrar efectividad frente a su “nuevo enemigo” se encuentra el marco causal para el lamentable fenómeno de los falsos positivos.

La estrategia paramilitar cambio heterogéneamente, del mismo modo en que se distribuían los poderes conforme mandos, financiación de los grupos y participación en el territorio. Tomó un carácter regional mientras se constituían cuerpos orgánicos con estructura de decisiones. La estrategia para estos grupos se consolido en el narcotráfico y mercados ilegales rentables como el contrabando. Esto definió nuevos criterios para la formación de alianzas, conservando estructuras económicas se pudieron flexibilizar sin el agravante estratégico compartido, ya no comprometidos con el estado en sus fines conservaron redes de información, capital de respaldo, alianzas y sociedades con grandes propietarios, empresarios y gobernantes. La estrategia ya no tendría que tener implicaciones políticas. Otra generación venía a cosechar, socios antiguos y nuevos departían con gusto, el festín alcanzaba para todos.

Vemos como la instrumentalización estratégica de los paramilitares por parte del estado Colombiano y/o una elite política, configurada regionalmente en muchos casos, no victimizó a ninguna de las dos partes sino que más bien abrió mercados para acuciosos y rapaces inversionistas nacionales y extranjeros, que luego del cambio estratégico de su perro de guerra paraestatal, vieron las fuerzas de su enemigo común, la insurgencia, menguadas a un límite razonable para tomar los riesgos y vieron sus necesidades de protección y seguridad satisfechas hasta el horizonte de sus inversiones.

Sin lugar a dudas las categorías desarrolladas a partir de la teoría de agencias de seguridad tiene aplicabilidad en nuestro contexto conflictual, más aun cuando interviene el análisis del fenómeno del narcotráfico en sus justas y abrumadoras proporciones. Sin embargo, tales análisis, tal y como proceden en la Evolución estratégica del conflicto se ven en mi lectura más cómodos cuando se habla de organizaciones paramilitares en específico, pues como se veía en los desarrollos anteriores las redes de coherencia que sostienen las estrategias de los grupos armados contienen diferentes criterios entre los que se destacan para algunos el mantenimiento de un capital de respaldo social e ideológico de tradición histórica en ciertas regiones del país, así como lo afirma el autor al referir el origen de organizaciones subversivas a guerras del siglo XIX, que si bien pueden cumplir en la actualidad con las condiciones para considerarlas agencias de protección conviene distinguir contando con los conflictos estratégicos inherentes. De allí que el procedimiento se dé con soltura cuando se habla de paramilitares, pero carezca de información para incluir a las insurgencias.

Referencias

Estrada. F. 2009. Evolución estratégica del conflicto armado en Colombia. En: Munich Personal RePEc Archive. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20075/.
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Bryan Snehider Diaz

El equilibrio de Nash ha sido sin lugar a dudas uno de los aportes más brillantes que se ha hecho al campo de la teoría económica. De una manera sencilla, y matemáticamente precisa, Nash nos demuestra que en un ambiente donde las personas utilizan sus mejores estrategias es posible llegar a un resultado indeseable, donde como si fuera poco, ninguno de los participantes tendrá ninguna motivación para cambiar de parecer. Las conclusiones del equilibrio de Nash parecían sombrías, las personas en uso de sus facultades racionales podrían llegar con mucha facilidad a arreglos como: guerras mundiales, crisis políticas y financieras, destrucción de valor, odio, rencor y xenofobia; aunque si lo miramos con cierta renuencia, nos recordará sin duda la historia universal de la raza dominante en la tierra.

Pero como es evidente en el equilibrio de Nash, el rompe cabezas no está completo, y esto es especialmente evidente cuando observamos los arreglos sociales que las personas realizan en el diario vivir, no solo las leyes que nos gobiernan, sino también las instituciones financieras, las transacciones virtuales, la existencia de organismos internacionales e incluso la conciencia de que si mañana queremos comprar fruta es la plaza el lugar donde debemos acudir, son ejemplos de que de algún modo los seres humanos encuentran muchas veces la forma de establecer relaciones de mutuo beneficio, más allá de lo que un maximizador neto haría. En conclusión el conflicto y la cooperación pueden ser caras distintas de la misma moneda, es decir, personas respondiendo a los incentivos.

Esto es a lo que Jack Hirshleifer (2005) llama, el camino Coase y el camino Maquiavelo, en resumidas cuentas, Ronald Coase profería que las personas no dejarían escapar la oportunidad de asumir empresas de mutuo beneficio; mientras que Maquiavelo consideraba que nadie dejará pasar una oportunidad de obtener ventaja  a costa de los demás. La relación entre la racionalidad y las instituciones nos dejan claro que ambas cosas interactúan y existen en la realidad económica y material de las personas, pero sobre todo nos permiten concluir lo que es una de las ideas principales de este escrito: Es posible que los seres humanos en búsqueda de sus mayores beneficios lleguen a acuerdos socialmente indeseables.

Ejemplo de esto es el sistema político. La eficiencia del sistema político es de especial interés para la economía en general, sustancialmente porque es el ente que a grosso modo diseña la estructura institucional sobre la cual se generará la vida económica, la actividad política en sus múltiples dimensiones puede permitirnos entender a la perfección las diferencias y similitudes entre el camino Coase y el camino Maquiavelo. Por un lado es posible afirmar que la existencia y evolución de los sistemas políticos desde la esclavitud hasta las modernas democracias se debe en gran medida a la tendencia colectiva a encontrar maneras eficientes de realizar diversas actividades, mientras que a su vez también es posible encontrar casos tan desproporcionados de corrupción y conflicto, que no sería difícil considerar el camino de Maquiavelo como la conducta humana universal.

Se puede pensar por ejemplo en la literatura sobre el afamado fenómeno de la búsqueda de rentas, cuyas raíces se hunden profundas en la teoría económica, donde un individuo intenta obtener beneficios, explotando y utilizando a su favor el entorno político y económico. Como es obvio esta actividad genera un enorme costo social, en primera estancia porque las influencias ejercidas en el aparato político pueden llevar al nepotismo, al clientelismo, y a la asignación ineficiente de los recursos, además de que los entes privados que ejercen las actividades de influencia deben a su vez asumir un costo por estas. Por ejemplo, si al asignar una licitación los empresarios que van a competir por ella deben además del costo de llevar acabo el contrato, realizar actividades de influencia que representan al menos una proporción X del contrato que van a realizar, el costo inherente de realizar dicha actividad será más alto de lo que sería de no existir la búsqueda de rentas.

En los fenómenos ineficientes, como el fenómeno de la búsqueda de rentas es posible identificar la existencia de soluciones ineficientes que dependen en buena medida de las instituciones que rijan la asignación de recursos al interior de los mercados política, alejándonos del camino de Coase y originando una orgía de destrucción de recursos y bienestar sin precedentes. Esto nos lleva a la observancia de la enorme importancia que poseen las instituciones, si son diseñadas correctamente para evitar ineficiencias de mercado, conductas inmorales, y conductas nocivas para la estructura económica en general. No obstante diseñar las reglas de juego adecuadas es todo un arte, sobre el cual la economía experimental tiene mucho que decir, porque la segunda gran conclusión es que cuando se trata de personas, difícilmente  se puede llegar a soluciones satisfactorias fácilmente.

Bibliografia.

Krueger, Anne (1974). «The Political Economy of the Rent-Seeking Society». American Economic Review 64 (3): 291-303.

Hirshleifer, J. (2005). El lado oscuro de la fuerza.

Goeree, J. K., & Holt, C. A. (1999). Classroom Games Rent-Seeking and the Inefficiency of Non-Market Allocations, 13(3), 217–226.

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