Reseña: Armonizar ley moral y cultura

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Bryan Snehider Díaz

El artículo consiste en sistematizar la experiencia de la alcaldía mayor de Bogotá (1995-1997) en cuanto a acciones y resultados de prevención y control de la violencia, bajo la hipótesis del divorcio entre ley, moral y cultura y la manera en que la decisión de hacer “cultura ciudadana” como la principal prioridad de la ciudad se conecta con dicha hipótesis. Luego presenta la experiencia de la alcaldía, acciones y resultados, para ejemplificar mejoras de comportamiento que armonizan ley, cultura y moral.

El programa cultura ciudadana partió del reconocimiento de un divorcio entre tres sistemas reguladores del comportamiento: ley, moral y cultura. Buscó tener en cuenta la autonomía y la fuerza de la regulación cultural frente a la regulación jurídica y a la regulación moral individual. Esto tal vez sirva para mostrar que: la modificación consciente, socialmente visible y aceptada de hábitos y creencias colectivas puede volverse un componente crucial en la gestión pública y de la agenda común del gobierno y la sociedad civil.

El programa de cultura ciudadana parte de dos principios fundamentales: la diferenciación entre regulación jurídica (legal), regulación cultural (colectiva) y regulación moral (individual) que permite formular la hipótesis de divorcio entre ley, moral y cultura. Adicionalmente este divorcio puede reducirse mediante la interacción intensificada entre sujetos. Para clarificar los conceptos, una regla remite a un universo de comportamientos, donde esta establece un criterio para clasificar los mismos, en la realidad es posible identificar la coexistencia de distintos sistemas de reglas donde hasta lo que va contra las reglas adopta sus propias reglas. Parte de la modernidad se caracteriza por una clara invitación a construir sistemas de reglas propios que doten al sujeto de autonomía moral.

Para la modernidad, mientras un sujeto cumpla la ley, gota de una gran autonomía individual (moral), para Rawls, la solidez de las democracias contemporáneas depende del hecho de que tradiciones culturales apoyen por razones distintas unas mismas leyes. El criterio diferenciador entre las tres básicamente existe en función de su vigencia, fuente de autoridad, tipo de gratificación, sanciones aplicadas etc, para revisar cada uno de estos elementos en profundidad sugiero revisar el artículo original. Es claro por tanto que dentro de una sociedad contemporánea que presupone que el estado garantiza el cumplimiento de las leyes y que favorece la coexistencia de una pluralidad de morales y tradiciones

La unidad y el dominio de la ley pueden ser interpretadas como condiciones favorables al pluralismo moral y cultural, donde pluralismo moral y cultural no significan necesariamente ausencia de regulación moral y cultural. La fundamentación de las reglas, especialmente de las morales y culturales, no obstante deben ser compatibles con la existencia del pluralismo moral y cultural. Es propio de la democracia la construcción de reglas comunes atacadas por personas moral y culturalmente diferentes. Pluralismo cultural y moral se vuelven viables gracias a lo que hemos llamado congruencia entre ley cultura y moral, en una sociedad democrática ideal los tres sistemas de regulación tienden a ser congruentes, es decir todos los comportamientos moralmente válidos a la luz de la moral individual, suelen ser culturalmente aceptados, y a su vez lo culturalmente aceptado cabe dentro de lo legalmente permitido, el imperativo fundamental es que: la cultura exige más que la ley, y la moral más que la cultura.

Para el autor la falta de congruencia entre la regulación cultural del comportamiento y las regulaciones morales se expresa en Colombia como auge de la violencia, de la delincuencia y la corrupción, como ilegitimidad de las instituciones, como debilitamiento del poder y de muchas de las tradiciones culturales y como crisis de la moral individual. El dinamismo de la sociedad colombiana depende altamente de la regulación cultural que a veces no encaja dentro de la ley y lleva a las personas a actuar en contra de su convicción moral. En este el ejercicio sistemático de la violencia o el ejercicio de la corrupción crecen y se consolidan precisamente porque llegan a ser comportamientos culturalmente aceptados en ciertos contextos, tolerándose comportamientos ilegales y moralmente censurables.

Una de las tesis del artículo es que la comunicación y la interacción intensificada ayuda a reducir el divorcio entre ley, moral y cultura, donde el conflicto ha estado agravado por las limitaciones de la comunicación. Si la comunicación se intensifica, los interlocutores pretenden validez en lo que dicen, con más frecuencia y estas son aceptadas o problematizadas, la crítica y la justificación adquieren más espacio, donde hay más ocasiones para aceptar el reto de evaluar los argumentos propios o de la contra parte y las reglas pasan a evaluarse en términos de razones y resultados.

La comunicación facilita la puesta en relación de derechos con deberes, su racionalización y la virtud de animar a la sociedad a adherir la ley por propio interés. También ayuda a comprender cómo mis derechos se relacionan con los derechos de los demás y cómo su respeto se articula al complimiento de los deberes tanto propios como ajenos, entendiendo una sociedad como un sistema complejo donde las acciones tienen resultados que van más allá del primer momento. Una comunicación intensificada permite un fogueo más explícito y sincero de las propias convicciones y una crítica de lo visto como aceptable o normal, si la interacción estratégica se intensifica con la comunicación hay ocasiones para que las diferencias de intereses se manifiesten, los conflictos aparezcan a tiempo y que por tanto se teja un continuum entre la argumentación moral, la argumentación ante el otro y la argumentación jurídica.

El ejercicio se basó en reconocer que “de leyes y moral estamos bien, debemos transformar algunos hábitos, algunas costumbres”. La regulación cultural y su congruencia con la regulación moral ayudan mucho a entender cómo funciona lo sano, lo no violento, lo no corrupto. La coordinación entre instituciones y la comprensión social del proceso, dependieron de la apropiación social e institucional de la idea misma de “Cultura Ciudadana”. La noción de cultura ciudadana buscaba impulsar ante todo la regulación interpersonal, y cultural a veces entre desconocidos, en el plan de desarrollo se definieron objetivos correspondientes a cultura ciudadana con prioridad en: aumentar el cumplimiento de las normas, aumentar la capacidad para que los ciudadanos lleven a otros al cumplimiento pacífico de las normas, aumentar la capacidad de concertación y solución pacífica de conflictos y aumentar la comunicación de los ciudadanos a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte.

En términos de las hipótesis se verificó que efectivamente la comunicación y la apertura, así como la aceptación de una interacción más intensa, podían en efecto reducir la violencia y la distancia entre regulación cultural y regulación jurídica. Se vio la cultura ciudadana como un común denominador que facilita el desarrollo del carácter pluricultural y abierto, libre, propio de las grandes ciudades. En este un elemento absolutamente crucial para multiplicar el efecto de las acciones fue su altísima visibilidad, lograda en buena parte por vía de los medios de comunicación, sin presupuesto y con formas novedosas de alto impacto visual o psicológico. Cuanto más oportuna, sincera, franca fue la comunicación más resultados favorables se alcanzaron, en ese sentido se contó con indicadores actualizados que permitían una evaluación frecuente de las acciones acometidas. En resumen, la estrategia buscó fortalecer la regulación cultural y moral, aumentar la congruencia y eficacia de estas regulaciones entre sí con la ley y debilitar la legitimidad de acciones contrarias a la ley.

La idea básica fue convertir los problemas de seguridad en un capítulo de los problemas de convivencia y propiciar la visión de los problemas de convivencia como un tema de congruencia entre regulación jurídica moral y cultural. Esta aproximación en vez de estigmatizar al delincuente construye una aproximación incluyente con grados diversos de tolerancia. Los planes se desarrollaban en torno a temáticas que respondían a problemas de violencia, legitimidad institucional o proyectos de cultura ciudadana, dando una mirada a los problemas de seguridad sin convertirlos en la principal prioridad y sin darle un tratamiento básicamente sectorial. El documento original documenta todas y cada una de las estrategias aplicadas con una revisión de su impacto, para tener una idea más profunda al respecto se recomienda una lectura detenida del mismo.

Nota. Este texto es un resumen de las ideas expuestas en Alcides, H., Cuartas, K., & Tarazona, G. (2010). LA BRECHA DIGITAL EN COLOMBIA: UN ANALISIS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES PARA SU DISMINUCIÓN, 59–71.

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¿Por qué son importantes las competencias ciudadanas?

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Bryan Snehider Díaz

Decir que la naturaleza humana es buena equivale a decir que los ciudadanos que crecen bajo instituciones razonables y justas, las cuales satisfacen alguna de las razonables concepciones políticas liberales de la justicia, sostendrán dichas instituciones y actuarán de tal manera que su mundo social perdure […] Tal vez no haya muchas instituciones de este tipo pero, si las hubiere, son aquellas que podemos entender, aprobar y respaldar con nuestros actos —  Jonh Rawls.

No se puede entender la realidad económica, política y social del país sin dar unos cuantos pasos atrás y mirar en retrospectiva a los acontecimientos más importantes que han configurado el funcionamiento de la estructura institucional y política durante las últimas décadas. La existencia de un conflicto acuciante y extenso ha generado un modo de vida particularmente hostil que ha calado profundamente en el ideario con el que vive el colombiano promedio y entiende su realidad inmediata. Esto ha evitado el florecimiento de condiciones justas y equitativas, y en últimas ha desembocado en una crisis de civilidad y ciudadanía que no tiene implicaciones solamente morales sino también materiales y políticas.

La ciudadanía puede entenderse como la condición política que nos permite participar en la definición de nuestro propio destino, es algo que puede acatarse o ejercerse. El concepto de ciudadanía tiene sus génesis en occidente en una racionalidad ética y política orientada hacia la construcción y el cumplimiento de la norma. Acatar la ciudadanía significa tener conciencia de que se hace parte de un orden social. Mientras que la participación ciudadana implica una asimilación tal del orden social que convierte al ciudadano en un ente activo dentro de la construcción de dicha sociedad, dicha participación es una condición necesaria para el funcionamiento de los mecanismos propios de la democracia. La comprensión del sentido crítico de las normas y de su importancia práctica exige un pensamiento crítico y un criterio moral desde donde juzgar su pertinencia y validez, basados en cierto modo en el discurso racional de la autoridad de los mejores argumentos.

La participación ciudadana asegura la representatividad y es una condición necesaria para la construcción de condiciones justas y equitativas donde los intereses de todo tipo de ciudadanos sean tenidos en cuenta dentro del espectro político. Esto nos obliga a distinguir entre dos sentidos de autoridad. Uno de ellos cuando la autoridad se constituye como un fin en sí mismo y no requiere justificación alguna más allá de las relaciones de poder establecidas. Desde este tipo de autoridad no se toleran las diferencias y cuando ello ocurre se adaptan a los intereses del gobernante. Un sentido de autoridad distinto a este implica un proceso de crítica, de debate, de aceptación temporal de algunos de los puntos de vista en disputa.

A través del tiempo, la educación ciudadana ha mantenido y actualizado el reto de construir sistemas sociales justos. En nuestra época esto significa que los niños y jóvenes expresen o desarrollen una preocupación particular por quienes no se encuentran incluidos y para quienes la justicia es apenas una aspiración. Es importante que los estudiantes comprendan la enorme complejidad que encierran las relaciones entre conocimiento, ideología y poder. Es allí donde la educación en todas sus formas adquiere un papel protagónico en el modo en que se desarrollan las instituciones y en la transformación de la percepción que puedan tener los potenciales ciudadanos a la hora de convertirlos en sujetos activos y generadores de transformación en su medio.

Las instituciones educativas tienen por tanto la responsabilidad de dirigir acciones hacia la superación de los rasgos negativos de la actividad política tales como: la corrupción, el uso del poder político para favorecer intereses personales y el clientelismo entre otros, los cuales impiden ejercitar la democracia, forjar espíritu de asociación, instruir en el civismo y resignificar y revalorar la actividad política desde una idead el bien común. Las normas morales y legales que sostienen un sistema así concebido no alcanzan validez por el solo hecho de ser formuladas, por el contrario, requieren de esfuerzos cotidianos permanentes para su cumplimiento y realización; lo que solo es posible en la configuración de lo público, es decir, en la acción del ciudadano. Por ello el ejercicio de la ciudadanía desde las instituciones hacia los demás ámbitos requiere de una educación política que en este caso se entiende como el desarrollo de competencias ciudadanas.

Referencias

Garay, L. J. (2001). Repensar a Colombia hacia un nuevo contrato social. Tercer Mundo Editores.

Fisher, R., & Patton, B. M. (1991). Si de acuerdo!

ICFES. (2014). Módulo de Competencias ciudadanas SABER PRO 2014 – 2 Módulo de Competencias ciudadanas, 1–10. Retrieved from https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=competenciasciudadanas saber pro

Velásquez, A. maría, Chaux, E., & Lleras, J. (2004). Competencias Ciudadanas: De los Estándares al Aula (UNIANDES). Bogota.

Ruiz, A., & Chaux, E. (2005). La Formación de Competencias Ciudadanas.
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Bryan Snehider Díaz

Hace un par de horas me pidieron que escribiera una columna de opinión sobre la polémica suscitada en el último partido entre Peru y Colombia en el marco de las eliminatorias para el mundial de Rusia 2018, cuando el capitán del equipo tricolor Radamel Falcao pareció concertar una “tregua” luego de enterarse que ambas selecciones podrían clasificar con un empate y permitiendo a la selección peruana disputar un más que seguro repechaje contra la selección de Australia. La situación es densa porque algunos celebraron el acuerdo, mientras que otros reclamaron vehementemente (en este caso particular el seleccionado chileno). Las opiniones no se hicieron esperar y los sacerdotes de lo correcto pronto cantaron sus letanías sobre la infame e inacabable tendencia a la corrupción, que para variar a base de repetir y repetir logran que uno se grave misales como: “los robos y los asesinatos empiezan en comportamientos como este”. Ante semejante encrucijada cabe preguntarse: ¿Quién tiene la última palabra para determinar lo que es correcto o incorrecto en semejante situación?

En primera estancia, como en todo deporte decente existe una entidad encargada de su regulación, que en este caso se trata de la federación internacional de futbol asociación FIFA.  En sus reglamentos contempla que todo aquello que atente contra la ética y la competitividad del deporte, siendo este en últimas la raíz más profunda del futbol, está plenamente prohibido y debe ser castigado, por lo que sin lugar a dudas el comportamiento visto en la cancha violó la ley y quizás si nos atenemos a las normas sociales pudo ser “inmoral”. Pero más allá de eso y como un estudiante de economía con un profundo interés en conceptos como reglas, validez, formalidad, o ética, me gustaría dar mi opinión y aprovechar para hablar un poco sobre un tema que me apasiona: la eficiencia de las normas sociales. En adelante me despegaré un poco del tema con el que empecé el escrito, con la esperanza (y si me acuerdo) de retomar el tema original a los ojos de lo expuesto.

¿Qué tan estables y eficientes son las normas sociales? Para entenderlo es de vital importancia cuestionarnos sobre el modo en que la mente comprende y obedece las normas. Si uno se atiene a lo dicho por el Banco Mundial en su informe para el desarrollo: mente economía y sociedad (2015) el ser humano utiliza tres grandes principios en la toma decisiones: El pensamiento rápido o automático que está diseñado para agrupar grandes cantidades de información en criterios sencillos que permitan tomar decisiones de manera intuitiva sin gastar grandes cantidades de recursos en el análisis de la información; el pensamiento social que pone a la persona en contacto con su medio y le permite tomar decisiones teniendo en cuenta el contexto, las reglas sociales y la estructura de valores e instituciones en las que este vive; y por último el pensamiento basado en modelos mentales, que en síntesis se trata de todos los marcos y estructuras de pensamiento heredas empírica o genéticamente y que nos permiten dotar de sentido al mundo.

Estos sistemas de creencias y de reglas son cambiante y dinámicos, y no se someten a un solo criterio universal: ni siquiera el de la supervivencia. Las personas cambian sus preferencias y aprenden sobre la realidad de manera tan impredecible que podríamos archivar una docena de sistemas normativos diferentes en los últimos cien años y probablemente las reglas que gobernaron entonces nos parecerían ridículas; y lo que es todavía peor nuestros sistemas de creencias tienden a evolucionar de manera más lenta que la realidad circundante por lo que es muy probable que mucho de lo que creemos cierto en este momento, en la realidad fáctica ya no lo sea. Las reglas no son criterios divinos capaces de juzgarlo todo, en realidad son instituciones que han surgido gracias a gigantescos procesos de negociación y que pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Si algo deja patente la lógica expuesta por el World Bank Group en su informe es que las reglas sociales tienen elementos cohesionadores que facilitan enormemente el funcionamiento del aparato económico y la convivencia, elementos como la identidad de grupo, la cooperación y las buenas costumbres sirven como facilitadores en contextos donde la negociación podría ser costosamente prohibitiva, pero también nos advierte sobre las limitaciones que tienen las normas, más allá de la tendencia que existe en la política moderna de ver el altruismo y la cooperación como una receta tautológicamente buena para todo. El instinto de cooperación y ayuda mutua también existe detrás de fenómenos indeseables como la corrupción o la guerra, o puede impedir la chispa necesaria para que fenómenos como la innovación puedan llevarse a cabo. De allí extraemos que una norma no es necesariamente válida y útil porque mucha gente lo crea así, ni tampoco es válida porque a nosotros nos parezca útil, la validez es un concepto mucho más complejo.

Dentro de la lógica y la filosofía del derecho, una regla puede ser válida si cumple tres condiciones formales: que haya sido creada por un órgano competente, que se observe el procedimiento establecido para la creación de la misma, y que observe el ámbito material de regulación. No obstante la lona donde realmente se deciden la normas sociales es la realidad misma, donde millones de individuos con sus particularidades y generalidades interactúan para crear las condiciones de aceptación de una norma, esto es: los procedimientos, instituciones y ámbitos materiales necesarios para que una norma sea pueda ser dotada de validez formal. Estas no aparecen milagrosamente, sino que surgen gracias a un  intrincado proceso de negociación de personas que se basan en sus propios sesgos cognitivos, visión de la sociedad y modelos mentales para tomar decisiones; pretender hacer pasar la riqueza de matices en las que evoluciona la sociedad por el ojo anacrónico de ciertas normas legales, no solo es fútil, también es tonto.

El asunto entonces es: ¿Qué demonios tiene todo esto que ver con el futbol y el partido? Las reglas son importantes señores, nos permiten tener un sentido justo y claro de la negociación, sin reglas el jugador podría llevarse el balón con la mano, asesinar a su contrincante o poner una bomba en la tribuna. En los juegos, y sobre todo en juegos como el futbol, las normas son  de vital importancia, sin lugar a dudas si nos alejamos del pensamiento rápido podremos concluir que como individuos difícilmente podremos adelantar una investigación más acertada que la FIFA, y que esta penalizará el comportamiento, no porque le interese la sotana de aquellos que se autodenominan los profetas de lo correcto, o porque quiera que los chilenos se sientan mejor, sino porque sin reglas no existiría el futbol.

Pero sea que seamos estudiantes de economía o de cualquier otra área, hacemos bien en cuestionarnos con frialdad las creencias que sostenemos a veces con tanto énfasis, la realidad es compleja y las normas todavía más. ¿Qué habríamos hecho nosotros en el fragor y calor de un partido como ese? ¿Si hubiera sido nuestra selección no nos emocionaría ver como en un ambiente tan competitivo como el futbol a veces puede reinar la cooperación? Recuerdo que en unos de los relatos que sobreviven de la segunda guerra mundial, en la navidad del 44’ soldados alemanes y americanos que descansaban a pocos kilómetros del rin en la frontera belgo germana pudieron detener las hostilidades y compartir regalos, alcohol y un par de sonrisas, y esto permite entrever algo bello de fondo: siempre somos capaces incluso dentro del juego de actuar como manada. Es un juego, y está reglamentado, disfrutemos de los gajes y de lo impredecible que para las leyes hay tinta y papel de sobra.

Referencias

La ética en el partido entre Colombia y Perú

https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-etica-en-el-partido-entre-colombia-y-peru-articulo-719149

Informe sobre el Desarrollo Mundial 2015: Mente, sociedad y comportamiento.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20597

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Bryan Snehider Díaz

La relevancia de la educación para el funcionamiento de la sociedad hoy por hoy es uno de los tópicos más sonados en el análisis económico, ya que en el fondo la economía ha ido entendiendo que en muchos sentidos es una disciplina conductual; es decir que más allá de analizar la producción de bienes y servicios, fenómenos, como el intercambio, la distribución y el consumo tienen componentes sociológicos, antropológicos y políticos sin los cuales es imposible entender el vasto espectro de la actividad económica. En ese sentido la educación comprendida como el proceso facilitador del aprendizaje, mediante la adquisición de conocimiento, habilidades, valores y hábitos gracias a la transferencia realizada de una persona a un grupo de personas tiene un papel preponderante en el funcionamiento de las instituciones y el aparato productivo.

Para el presidente del Banco Mundial el señor Jim Yong Kim, la educación de funcionar como es debido fomenta el empleo, incrementa los ingresos, mejora la salud y reduce la pobreza. No obstante, la comprensión de la educación como un fenómeno de naturaleza económica plantea ciertos interrogantes de difícil solución y esto se debe a que la eficiencia de la educación en su misión social depende de los intereses motivación y coordinación de una cantidad considerable de agentes económicos, sometidos a incentivos diferentes y con una amalgama de preferencias exageradamente amplia. En síntesis, lo que en muchos sentidos dificulta el funcionamiento del sistema político es lo que vulgarmente llamamos como “voluntad política”; que no es otra cosa sino el proceso donde un grupo de personas son capaces de organizarse detrás de un líder de manera efectiva de modo tal que los problemas de coordinación se resuelvan y los objetivos que antes parecían imposibles estén ahora al alcance.

¿Cómo lograr que el sistema educativo funcione adecuadamente y qué implicaciones tiene esto? Lo primero que uno tomaría como lección de la ciencia económica es que no necesariamente la inversión de cantidades ingentes de recursos asegura el éxito de una organización, más allá del stock invertido lo verdaderamente importante es invertir los recursos en aquellos rubros que mayor impacto tienen, es decir maximizar el beneficio dada una asignación de recursos haciendo que pueda llegarse al punto donde el costo marginal y el ingreso marginal sean equivalentes. Evidentemente lograr semejante proeza en la práctica es sumamente complejo, debido a que uno simplemente no dispone de un sistema de ecuaciones que maximizar, por esto el Banco Mundial recomienda que ante todo proceso innovador se desarrollen instrumentos de medición adecuado para que la implementación pueda permitir un correcto seguimiento de los resultados y por tanto hacer lo más efectiva posible la inversión recursos.

Por ello el economista Paul Roemer afirmó que: “la única forma es buscar la verdad a partir de los hechos y en ese sentido los hechos relacionados con la educación revelan una verdad dolorosa. Para muchos niños, escolarización no significa aprendizaje”. Por ello el informe de desarrollo del banco mundial se enfoca al menos en su primera parte en hacer ciertas sugerencias estructurales que pueden servir para solucionar parcialmente este problema. Según este, acciones tales como establecer condiciones equitativas, reduciendo el retraso del crecimiento y promoviendo el desarrollo cerebral a través de la nutrición en los primeros años de vida; atraer personas idóneas al ámbito de la enseñanza y mantenerlas motivadas; utilizar tecnologías que ayuden a los docentes a enseñar al nivel del estudiante y fortalecer la capacidad de gestión y las facultades de los directores de escuela podrían ayudar en este sentido.

El informe no escatima en términos de hacer recomendaciones de política de todo tipo que me sería imposible, así que intentando parafrasear un informe de más de un centenar de página, gráficos, datos, y análisis, el eje estructural de todas y cada una de ellas es: hacer que cada centavo invertido valga. Las herramientas que pueden ser utilizadas tales como: la generación de bases de datos interactivas y disponibles, la creación de mecanismos de transparencia, etc representan por si mismas líneas de investigación independientes con  sus pros y sus contras y que deben ser aplicadas de manera discrecional en contexto con la medición apropiada para cada país.

El fenómeno más preocupante sin lugar a dudas es que se ha observado que escolarización no necesariamente implica un impacto mayor de la educación en términos agregados, esto implica que como ha sucedido en muchas áreas del sector público el aumento de cobertura puede desencadenar problemas debido a los costos de transacción tan elevados que la estructura organizacional que está detrás se vea obligada a disminuir a niveles inaceptables la eficiencia en los servicios que presta. Es por ello que el banco es especialmente enfático en que el verdadero objetivo de la educación es generar competencias y habilidades, ya que estas son la columna vertebral de la adquisición de capital humano. La educación debe ofrecer a los estudiantes las habilidades necesarias para estar saludables, ser productivos y felices. Estas habilidades incluyen la capacidad de lograr tareas tan diferentes como entender una prescripción médica o escribir líneas complejas de software. Así como la adquisición de competencias sociales y emocionales necesarias para encajar dentro de las reglas de la sociedad moderna.

Referencias

Bank/Group, W. (2018). Learning to realize education’s promise.

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018

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Del origen del conflicto armado en Colombia (primera parte)

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Luis Roberto Rangel

Avanzar en el intento de establecer un contexto que pudiera determinar, o bien, una situación previa que haya podido definir el conflicto armado actual en Colombia, es una necesidad si lo que se quiere es avanzar en el análisis del proceso de paz en el país y sus episodios de negociación formal.  Es un reto dados dos aspectos a mi modo de ver: No existe un periodo en Colombia de tan siquiera una década para el cual se pueda afirmar que el país permaneció en paz, a pesar de acuerdos y treguas, por lo que el rastreo de un origen, en un sentido riguroso, nos llevaría sin más a la época de la invasión a América por parte de los europeos sin contar con los naturales conflictos entre pueblos indígenas.

Esto ya que desde aquella época se activaron conflictos inherentes al uso de la tierra (incluyendo actividades extractivas), el uso de la fuerza de trabajo de poblaciones e individuos, y la capacidad negada o asumida de la autodeterminación de pueblos y comunidades en sus territorios. Conflictos que no solo han permitido desarrollar en la población la capacidad de aprendizaje de las artes y técnicas propias del conflicto, sino que junto a condiciones económicas y geográficas determinadas ha creado una matriz axiológica en la que la violencia figura como garantía.

El proceso de definir los hechos que sirvan como causas, o bien, puedan dar como resultado ciertos fenómenos sociales, pero siempre será una labor de Sísifo, pues no existe aún un ente biológico o computarizado ni un método capaz de ordenar la casi infinita (si acaso no lo es) cadena causal de algún fenómeno con sus aristas, dimensiones, componentes, y detalles, suficientes para que la probabilidad favoreciera la sucesión del fenómeno A y no de B, aunque siempre será una labor fundamental para el análisis. Es este problema el que se ve en el fondo del abismo, por cuya orilla debe caminar muchas veces quien busca el entendimiento.  Y siendo el propósito avanzar en el análisis racional y comprensión, entonces si habrá que indagar en diferentes fuentes, muchas veces en un bando o el otro, algunas pocas amparadas por la ciencia, para comprender más allá del discurso mediático y de propaganda, más allá de la razón amañada y más cerca de nosotros mismos estos procesos y sus causas.

Es preciso anotar como fenómeno fundamental y trascendente en la historia Colombiana el conflicto de relativa intermitencia bélica que ha subsistido incluso desde antes de ser república y cuya última manifestación concreta es el conflicto armado actual de más de 50 años y sus respectivas negociaciones. Intermitente bélicamente pues en ciertos momentos no ha derivado en el encuentro en batalla, aunque sin lugar a dudas es loable atender a lo que no pocos analistas afirman sobre que Colombia es un país en guerra civil permanente [1], pues entienden la guerra civil no solo como el encuentro en batalla de ciudadanos, sino como la manifestación de esa intrincada red de intereses que se equilibran junto a lo bélico en función de la confrontación y se difunden hacia los diferentes ámbitos de la vida social, por sobre todo en los espacios sociopolíticos. Una concepción ortodoxa de la guerra podría no concordar con esta afirmación aceptada por la profesora María Teresa de Uribe (2003) o el investigador Gonzalo Sánchez (2001), y concordaría esencialmente con lo propuesto por Clausewitz cuando afirma que la guerra es “un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad” y donde es primordialmente un choque de fuerzas vivas. Comúnmente se parafrasea al prusiano al decir que la Guerra es la Política por otros medios, lo que corresponde al concepto de guerra absoluta en el que la guerra “pertenece a la política y adquiere naturalmente su carácter”[3]

Distintas versiones se enfrentan a la hora del rastreo del origen del conflicto colombiano, contando con lo ya dicho sobre lo relativo y difuso de esta búsqueda, se abren paso dos teorías. Una de ellas, de manera exageradamente básica, sitúa el comienzo del actual conflicto con el nacimiento de las guerrillas de primera generación (Farc, Eln, Epl) a partir del año 64 y cuyo influjo ideológico estaba determinado por las revoluciones rusas, cubana y china respectivamente. La otra versión ampliamente aceptada, inclusive por guerrillas en cuestión, sitúa el comienzo de este conflicto en 1946, en la época llamada “La Violencia” [4] que aunque mostro actores y organizaciones diferentes muestra una continuidad en diferentes ámbitos pero por sobre todo en la táctica de guerra de guerrillas que contrario a lo que afirma el Profesor Eduardo Pizarro Leongomez [5], no se dio de manera marginal sino que como veremos luego abarcó grandes regiones del país  como la cordillera oriental.

En este periodo el conflicto bipartidista con los conservadores en el poder alinearon la policía, gran parte del ejército y ejércitos privados al servicio de grandes terratenientes contra la población liberal y campesina que a su vez conformo estructuras que en un principio fueron de autodefensa y también de reacción contra los conservadores al estilo ojo por ojo, y que a la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán y al establecer retaguardias estratégicas y comunicación entre ellas conformaron alianzas y acuerdos no solo de carácter militar sino político y económico como vía para sobrellevar políticas estatales de bloqueo, distanciadas claramente de la dirección del partido liberal, consolidando control territorial sobre grandes zonas del país, como los llanos orientales, los páramos de la región andina, amplias zonas del suroccidente del país y muy rápidamente recogiendo armas, información, aprendizajes y veteranos del largo conflicto desde la guerra de los mil días.

Esto último tiene una relevancia mayor a la que tradicionalmente se la ha otorgado, pues este conflicto ya bipartidista permitió la profundización de la polarización política que junto con un ambiente de represión y violencia estatal contra los trabajadores y campesinos en el movimiento social pronto derivo en una cada vez más marcada polarización territorial, donde eran normales las poblaciones liberales o poblaciones conservadoras.

La radicalización liberal y el aumento de sus adeptos se vieron favorecidas por masacres y abusos en contra del movimiento popular que ya contaba desde mediados de la década del 20 con variopinta gama de organizaciones, comunistas, liberales radicales, anarco sindicalistas y anarquistas protagonizaron movilizaciones que podían llegar a los 100.000 participantes [6], sin contar huelgas en la naciente y multinacional industria Colombia, como la de la United fruit company en el departamento del Magdalena que de exigencias reivindicativas de los obreros termino en la descarnada masacre conocida como la masacre de las bananeras el 6 de diciembre de 1928 en la que el presidente de la republica Miguel Abadía Méndez, tras recibir amenazas Estadounidenses de invasión si no se protegían los intereses de la multinacional bananera, ordeno al general Cortes Vargas y alrededor de 300 soldados acribillar miles de obreros desarmados (aún no se conocen las cifras exactas de muertos).

El periodo de alta intensidad del conflicto que acompaño la vida del Doctor Jorge Eliecer, estuvo marcado por una fantasmagórica presencia de los estados unidos atisbando oportunidades y amenazas en función de la guerra fría, por lo que su preocupación fue proporcional a la creciente organización popular en torno a la ideología nacionalista y obrera del caudillo liberal, que no solo proponía una negativa ante la injerencia de los estados unidos o el bloque socialista, sino que planteaba la unión conservadora y liberal, cuya falta ya en aquel tiempo hartas muertes había causado, para unirse a su movimiento político. Gaitán pronto se convirtió en referente popular pues se pronunciaba a favor del esclarecimiento de los hechos de represión perpetrados por la fuerza pública, como la nombrada masacre de las bananeras, y daba voz a las grandes masas campesinas que le respaldaban electoralmente y que de a poco se convertirían en masas de desplazados y silenciados.

Tras apoteósicas y masivas manifestaciones en pro de la campaña presidencial del jefe liberal se auguraba una victoria. Sin embargo, el 9 de abril de 1948 es asesinado el jefe liberal a la salida de su oficina en la capital, al mismo tiempo gran logística y actividad estadounidense se desplegaba en el país con motivo de la celebración de la Conferencia panamericana, que posteriormente se convertiría en la actual OEA. Fue culpado un vendedor de dulces por el atroz crimen, una turba enardecida lo asesinó, se desato en la capital un levantamiento popular contra el estado central, que pronto sin dirección orgánica legítima se convirtió en una ola de destrucción y saqueo. El magnicidio tuvo eco en todo el país al tiempo que poblaciones enteras se preparaban para afrontar la guerra o morir calcinados junto con sus sueños y su dignidad, se adherían o conformaban nuevos grupos armados y se afilaban los machetes en cada patio.

Referencias

Gonzalo Sánchez, “De amnistías guerras y negociaciones”, en Memorias de un país en guerra, Bogotá, Planeta, 2001, págs.239 – 367. Guerras civiles y negociación política.

Uribe María. Las guerras civiles y la negociación política: Colombia, primera mitad del siglo XIX. En Revista de estudios Sociales No 16. Octubre de 2003. Pg 29-41.

Clausewitz. De la guerra. En http://www.biblioteca.org.ar/libros/153741.pdf

Waldmann (1997)( Como se citó en Pizarro 2004)

Eduardo Pizarro. Las Farc: ¿Repliegue estratégico, Debilitamiento o punto de inflexión? Capítulo de libro.

CILEP. Pasado y presente del anarquismo y del anarcosindicalismo en Colombia. Buenos Aires: Libros de Anarres, 2011.

Notas

[1] Gonzalo Sánchez, “De amnistías guerras y negociaciones”, en Memorias de un país en guerra, Bogotá, Planeta, 2001, págs. 239 – 367. Guerras civiles y negociación política.

[2] Uribe María. Las guerras civiles y la negociación política: Colombia, primera mitad del siglo XIX. En Revista de estudios Sociales No 16. Octubre de 2003. Pg 29-41.

[3] Clausewitz. De la guerra.

[4] Waldman (1997)( Como se citó en Leongomez 2004)

[5] Eduardo Pizarro. Las Farc: ¿Repliegue estratégico, Debilitamiento o punto de inflexión? Capítulo de libro.

[6] Cilep. Pasado y presente del anarquismo y anarcosindicalismo en Colombia.

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¿Qué son las competencias ciudadanas?

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Bryan Snehider Díaz

Decir que la naturaleza humana es buena equivale a decir que los ciudadanos que crecen bajo instituciones razonables y justas, las cuales satisfacen alguna de las razonables concepciones políticas liberales de la justicia, sostendrán dichas instituciones y actuarán de tal manera que su mundo social perdure […] Tal vez no haya muchas instituciones de este tipo pero, si las hubiere, son aquellas que podemos entender, aprobar y respaldar con nuestros actos —  Jonh Rawls.

No se puede entender la realidad económica, política y social del país sin dar unos cuantos pasos atrás y mirar en retrospectiva a los acontecimientos más importantes que han configurado el funcionamiento de la estructura institucional y política durante las últimas décadas. La existencia de un conflicto acuciante y extenso ha generado un modo de vida particularmente hostil que ha calado profundamente en el ideario con el que vive el colombiano promedio y  entiende su realidad inmediata. Esto ha evitado el florecimiento de condiciones justas y equitativas, y en últimas ha desembocado en una crisis de civilidad y ciudadanía que no tiene implicaciones solamente morales sino también materiales y políticas.

La ciudadanía puede entenderse como la condición política que nos permite participar en la definición de nuestro propio destino, es algo que puede acatarse o ejercerse. El concepto de ciudadanía tiene sus génesis en occidente en una racionalidad ética y política orientada hacia la construcción y el cumplimiento de la norma. Acatar la ciudadanía significa tener conciencia de que se hace parte de un orden social. Mientras que la participación ciudadana implica una asimilación tal del orden social que convierte al ciudadano en un ente activo dentro de la construcción de dicha sociedad, dicha participación es una condición necesaria para el funcionamiento de los mecanismos propios de la democracia. La comprensión del sentido crítico de las normas y de su importancia práctica exige un pensamiento crítico y un criterio moral desde donde juzgar su pertinencia y validez, basados en cierto modo en el discurso racional de la autoridad de los mejores argumentos.

La participación ciudadana asegura la representatividad y es una condición necesaria para la construcción de condiciones justas y equitativas donde los intereses de todo tipo de ciudadanos sean tenidos en cuenta dentro del espectro político. Esto nos obliga a distinguir entre dos sentidos de autoridad. Uno de ellos cuando la autoridad se constituye como un fin en si mismo y no requiere justificación alguna más allá de las relaciones de poder establecidas. Desde este tipo de autoridad no se toleran las diferencias y cuando ello ocurre se adaptan a los intereses del gobernante. Un sentido de autoridad distinto a este implica un proceso de crítica, de debate, de aceptación temporal de algunos de los puntos de vista en disputa.

A través del tiempo, la educación ciudadana ha mantenido y actualizado el reto de construir sistemas sociales justos. En nuestra época esto significa que los niños y jóvenes expresen o desarrollen una preocupación particular por quienes no se encuentran incluidos y para quienes la justicia es apenas una aspiración. Es importante que los estudiantes comprendan la enorme complejidad que encierran las relaciones entre conocimiento, ideología y poder. Es allí donde la educación en todas sus formas adquiere un papel protagónico en el modo en que se desarrollan las instituciones y en la transformación de la percepción que puedan tener los potenciales ciudadanos a la hora de convertirlos en sujetos activos y generadores de transformación en su medio.

Las instituciones educativas tienen por tanto la responsabilidad de dirigir acciones hacia la superación de los rasgos negativos de la actividad política tales como: la corrupción, el uso del poder político para favorecer intereses personales y el clientelismo entre otros, los cuales impiden ejercitar la democracia, forjar espíritu de asociación, instruir en el civismo y resignificar y revalorar la actividad política desde una idead el bien común. Las normas morales y legales que sostienen un sistema así concebido no alcanzan validez por el solo hecho de ser formuladas, por el contrario requieren de esfuerzos cotidianos permanentes para su cumplimiento y realización; lo que solo es posible en la configuración de lo público, es decir, en la acción del ciudadano. Por ello el ejercicio de la ciudadanía desde las instituciones hacia los demás ámbitos requiere de una educación política que en este caso se entiende como el desarrollo de competencias ciudadanas.

Referencias

Garay, L. J. (2001). Repensar a Colombia hacia un nuevo contrato social. Tercer Mundo Editores.

Fisher, R., & Patton, B. M. (1991). Si de acuerdo!

ICFES. (2014). Módulo de Competencias ciudadanas SABER PRO 2014 – 2 Módulo de Competencias ciudadanas, 1–10. Retrieved from https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=competencias ciudadanas saber pro

Velásquez, A. maría, Chaux, E., & Lleras, J. (2004). Competencias Ciudadanas: De los Estándares al Aula (UNIANDES). Bogota.

Ruiz, A., & Chaux, E. (2005). La Formación de Competencias Ciudadanas.

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El proceso de la contratación pública: Una visión a la ley

2283

Bryan Snehider Díaz

El diseño de las estructuras jurídicas es de vital importancia para el desarrollo de la vida económica. Las instituciones y los derechos de propiedad definen la capacidad que tienen los mercados y las organizaciones humanas para cumplir eficazmente con su tarea de asignar los recursos escasos. Por eso es que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica, de la relación entre el estado y las personas a las que gobierna. En el presente texto pretendo explorar los principales elementos y requisitos contemplados por la ley colombiana en lo que respecta al proceso de contratación pública, las restricciones, los procedimientos y los mecanismos económicos subyacentes.

Para entender el proceso de contratación pública es necesario enfocarse primero en los organismos e instituciones que la ley ha erigido para regularla. En primera estancia, gracias al decreto de ley 4170 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en reconocimiento de la importancia de la compra y contratación pública decide crear Colombia Compra Eficiente (CCE), en función de la necesidad de crear políticas guía para la administración y compras y tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado a los planes de desarrollo. CCE está adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP), un departamento administrativo que pertenece a la rama ejecutiva y que como entidad técnica impulsa la planeación de una visión estratégica del país.

Según este mismo decreto de ley los participantes del sistema de compras y licitación pública son grosso modo: las entidades estatales que adelantan procesos de contratación, CCE, los oferentes, contratistas, supervisores e interventores. Estos interactúan al interior del plan nacional de adquisiciones, un documento que debe contener la lista de bienes, obras y servicios que los organismos públicos pretenden adquirir durante el año, según el Decreto 1510 del 2013. Este plan no es vinculante en tanto que las entidades pueden modificar sus compras según las necesidades, y el cambio en las circunstancias. Lo que la ley si obliga es a publicitar dicho presupuesto en la plataforma virtual: SECOP.

La participación en el proceso de licitación  pública está regulada por el registro único de proponentes (RUP), tal y como lo contempla el decreto 1082 del 2015, en esta las personas jurídicas, naturales, nacionales o extranjeras interesadas en participar en procesos de contratación deben registrarse, cumpliendo un listado de requisitos, descrita en una considerable cantidad de documentos que varían si se trata de una persona natural o una persona jurídica; donde se contemplan cosas como los bienes, obras y servicios que pretende ofrecer al estado, certificados de experiencia,  capacidad jurídica, estados financieros,  y demás contratos privados  o públicos de los que haga parte el sujeto de derecho.

Las cámaras de comercio posteriormente verificarán la validez de la información contenida y expedirán el formulario, y los requisitos habilitantes para permitir la participación de los sujetos en los procesos de contratación. Además el interesado en celebrar contratos debe acreditar su capacidad residual o de contratación, en relación con los contratos suscritos con entidades estatales o privadas, y el balance general auditado del año inmediatamente anterior. Para poder participar, el proponente debe acreditar una capacidad residual superior o igual a la capacidad residual establecida en los documentos del proceso, en conformidad con lo citado en los dos anteriores decretos.

El primer paso en el proceso de creación de un contrato de licitación es el análisis del sector económico en cuestión por parte de las entidades estatales. En este la entidad estatal primero está obligada a realizar una etapa de planeación y el análisis necesario para conocer el sector relativo, objeto del proceso, desde una enorme multiplicidad de perspectivas. Hecho esto, la entidad estatal debe determinar los requisitos habilitantes, que contiene grosso modo en el riesgo inherente al proceso de contratación, el valor del contrato, el análisis anteriormente realizado y el conocimiento de los  posibles oferentes.

Una vez realizado y sobre la base de planeación y evaluación económica del sector, se pasa a la elaboración del proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones del contrato, que tiene su base en las necesidades y restricciones identificadas durante el proceso de evaluación económica. Los pliegos de condiciones representan como tal, un documento contractual, en el cual se establecen las cláusulas que se aceptan en un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa o una subasta.

Una vez hecho esto se abre el aviso de convocatoria, donde los interesados en participar en el proceso, que se encuentren acreditados por el RUP, deben manifestar su interés en el proceso, según el aviso de convocatoria publicado en el organismo en cuestión. En el aviso de convocatoria se publicará también la primera versión de los pliegos de condiciones que deben contener la descripción técnica y detallada del contrato, la modalidad del proceso, las condiciones de costo y/o calidad que el estado desea obtener, las reglas y los mecanismos de selección, el valor y los riesgos asociados al contrato, los términos de supervisión y el cronograma. Los participantes podrán entonces hacer observaciones en un periodo determinado de días según la modalidad de selección y el estado podrá realizar modificaciones a los pliegos de condiciones, hasta que se cierre oficialmente el plazo de realización de las ofertas.

Una vez se han cerrado las ofertas da inicio al periodo de selección. La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista, teniendo en cuenta factores como las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta, tanto mínimas como ideales y el valor en dinero que la entidad estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional.

La entidad designará un comité evaluador, conformado por servidores públicos, para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés de cada uno. Para evitar la colusión entre oferentes, el estado podrá exigir explicaciones de los oferentes que considere han pujado con un valor artificialmente bajo. Una vez seleccionado un ganador y celebrado el contrato, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la superintendencia financiera, contrato que estará contemplado claramente en los pliegos de condiciones anteriormente mencionados.

Bibliografía

North, D. C. (1995). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. (F. de C. Económica., Ed.). México D.F.

Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015.

Decreto 1510 del 17 de julio del 2013.

Ley 80 de octubre 28 de 1993
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